TC, Pleno, 120/2024, de 8 de octubre. Recurso 3955/2022
Ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga
SP/SENT/1237502
EXTRACTOS
Rechazada la queja contra el conjunto de la Ley 1/2022, del Parlamento de Cataluña, pues la competencia del art.149.1.1 CE no implica que corresponda al legislador estatal en exclusiva la regulación de la función social del derecho de propiedad
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La definición de la función social de la vivienda del art. 5.2 b) de la Ley 18/2007, en redacción dada por art.1.1 de la Ley 1/2022, encuentra amparo en la competencia autonómica y no supone invasión de competencia estatal
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La competencia sobre la propiedad de la vivienda y su función social en el territorio de Cataluña incluye previsiones como el art. 7.1 de la Ley 24/2015, en redacción dada por el art.10 Ley 1/2022: no se vulnera el art. 149.1.8 CE
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Declarados nulos e inconstitucionales :art.1.3 Ley 1/2022, apdos.1 y 2 de la D.Adicional Primera de la Ley 24/2015 (redacción dada por Ley 1/2022), y la D.Transitoria
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El art.10 Ley 24/2015 no respeta los límites del contrato de arrendamiento urbano, configurado en la normativa estatal, imponiendo a su finalización la celebración de un nuevo contrato: declarado inconstitucional y nulo
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Vulneración del art. 149.1.8 CE en cuanto al apartado 3 de la disposición adicional primera de la Ley 24/2015
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El art. 7 de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, que añade un apartado 5 al art. 126 de la Ley 18/2007, debe ser declarado inconstitucional y nulo
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Los efectos de la declaración de inconstitucionalidad no afectarán a situaciones jurídicas consolidadas, manteniéndose en sus términos los contratos de alquiler social celebrados con anterioridad a esta resolución
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Declara inconstitucionales y nulos los preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022: 1.3, 7, 11 y 12, que añade la disposición adicional primera a la Ley 24/2015, afectando a los apartados 1, 2 e inciso del 3, y disposición transitoria
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Votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez Sancho y Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera, César Tolosa Tribiño y José María Macías Castaño
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ANTECEDENTES DE HECHO
1. Mediante escrito presentado en el registro de este tribunal el 3 de junio de 2022, el procurador de los tribunales don Manuel Sánchez-Puelles y González-Carvajal y don Jaime Eduardo de Olano Vela, comisionado por más de cincuenta diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, interpusieron recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016, para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, y, subsidiariamente, contra los arts. 1.1, 1.3, 7, 8, 9.2, 10, 11 y 12 y la disposición transitoria.
El recurso comienza con la referencia a la STC 16/2021, de 28 de enero, que declaró inconstitucionales diversos preceptos del Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, indicando que el contenido de la Ley 1/2022 es prácticamente el mismo que fue anulado por dicha sentencia. Asimismo, se resumen las vulneraciones que se imputan a la ley en su conjunto, y las que se dirigen contra preceptos concretos, relacionando igualmente los preceptos constitucionales que se consideran infringidos.
La impugnación de la Ley 1/2022 se fundamenta, en síntesis, en las siguientes alegaciones:
A) En primer lugar, se desarrolla la tacha dirigida contra el conjunto de la Ley 1/2022. Los recurrentes consideran que esta regula las condiciones básicas del derecho de propiedad en Cataluña, y restringe desproporcionadamente la facultad de los propietarios para reivindicar su dominio, lo que supone una vulneración del art. 149.1.1 CE, en relación con los arts. 14, 33 y 139 CE. A tal efecto,