El Gobierno ha venido aprobando desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 medidas de protección social para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica inicialmente vinculadas al estado de alarma, pero cuya eficacia temporal fue preciso prorrogar ante la persistencia de los efectos negativos en la situación económica de los sectores más vulnerables. Así, el inicial Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaban medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, ha sido modificado hasta nueve veces por los Reales Decretos Leyes 37/2020, de 22 de diciembre, 1/2021, de 19 enero, 2/2021, de 26 de enero, 8/2021, de 4 de mayo, 16/2021, de 3 de agosto, 21/2021, de 26 de octubre, 2/2022, de 22 de febrero, el Real Decreto-Ley 20/2022, de 27 de diciembre, Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio y posteriormente, Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, el, por el que se prorrogaban determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que ampliaba hasta el 31 de diciembre de 2024 la suspensión de los desahucios y lanzamientos, y la posibilidad de solicitar, hasta el 31 de enero de 2025, la compensación por parte del arrendador o propietario afectado por tal suspensión.

Pues bien, de nuevo, el Consejo de ministros aprueba el Real Decreto-ley Real Decreto-ley 9/2024, de 23de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas