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Doctrina y Consultas

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Artículo Monográfico. Septiembre 2020

SP/DOCT/104321

Cohecho, tráfico de influencias, malversación y financiación ilegal de partidos políticos

Pablo Rafael Ruz Gutiérrez. Magistrado del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Móstoles (Madrid)

I. Exordio: la responsabilidad penal de las personas jurídicas en clave anticorrupción
II. Cohecho
1. Régimen legal
2. Conductas típicas
3. Consecuencias jurídicas
4. Aplicabilidad a la persona jurídica de la excusa absolutoria prevista en el art. 426 CP
III. Tráfico de influencias
1. Régimen legal
2. Conductas típicas
3. Consecuencias jurídicas
4. Análisis de un supuesto de imputación de persona jurídica por delitos de tráfico de influencias y cohecho: Auto del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional de 27 de julio de 2018
IV. Malversación
1. Régimen legal
2. Conductas típicas
A) Tipos básicos (art. 432.1 y 2 CP)
B) Tipo agravado (art. 432.3 CP)
C) Tipo hiperagravado (art. 432.3, in fine, CP)
D) Tipo atenuado (art. 433 CP)
E) Tipo específico de malversación "falsaria" (art. 433 bis CP)
F) Malversación impropia (art. 435, apdos. 1.º a 4.º CP)
3. Consecuencias jurídicas
V. Financiación ilegal de partidos políticos
1. Consideraciones preliminares: prevención (y no solo sanción) de la corrupción
2. Algunos apuntes sobre la responsabilidad penal de los partidos políticos
3. Régimen legal
4. Conductas típicas
A) Tipo básico (art. 304 bis.1 y 4 CP)
B) Tipo agravado (art. 304 bis.2 y 4 CP)
C) Tipo hiperagravado (art. 304 bis.3 y 4 CP)
5. Consecuencias jurídicas
VI. Consideraciones comunes sobre los programas de cumplimiento normativo o compliance
1. Eficacia y relevancia penal del compliance
2. Canales de denuncia o whistleblowing: su importancia para prevenir (y perseguir) la corrupción protagonizada por la persona jurídica
VII. Bibliografía
I. Exordio: la responsabilidad penal de las personas jurídicas en clave anticorrupción
Al comenzar este capítulo, y antes de profundizar en el análisis de la responsabilidad penal corporativa vinculada a los delitos contra la Administración Pública sancionados en el Código Penal (CP) –junto con las cuestiones relacionadas con la tipificación penal autónoma de los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos tras la reforma operada en el Texto Legal por la LO 1/2015, de 30 de marzo–, creo obligado iniciar la presente exposición a partir de una convicción personal, compartida con parte de la doctrina, que al mismo tiempo servirá de orientación o contexto a las presentes líneas: el novedoso

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