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Artículo Monográfico. Junio 2020

SP/DOCT/106550

El estatuto jurídico de las personas investigadas/acusadas con discapacidad por trastorno mental en el proceso penal de adultos

Ignacio José Subijana Zunzunegui. Magistrado. Presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Doctor en Derecho

RESUMEN La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006 (BOE de 21 de abril de 2008), obliga a implementar un estatuto jurídico específico para las personas con discapacidad involucradas, como investigadas-acusadas, en un proceso penal para, por una parte, no discriminarlas y, por otra, permitir que tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones que los demás. La presente reflexión trata de explorar sobre los ajustes procesales que el cumplimiento de este mandato normativo obliga a introducir para las personas con discapacidad por trastorno mental en cuatro momentos del proceso penal: la investigación, la adopción de medidas cautelares privativas de libertad, el enjuiciamiento y la sentencia.

The Convention on the Rights of Persons with Disabilities of 13 December 2006 (BOE of 21 April 2008) requires the implementation of a specific legal statute for persons with disabilities involved, as investigators or defendants, in criminal proceedings in order, on the one hand, not to discriminate against them and, on the other hand, to allow them access to justice on an equal footing with others. The present reflection seeks to explore the procedural adjustments that compliance with this normative mandate requires to be made for persons with disabilities due to mental disorder at four stages of the criminal process: investigation, adoption of custodial measures, prosecution and sentencing.

PALABRAS CLAVE Discapacidad, trastorno mental, ajuste procesal, defensa, protección.

Ruth solía decir que estamos compuestos por partes diferentes, algunas buenas, otras malas, y que una mente sana es capaz de tolerar esa ambivalencia y hacer malabarismos con las partes buenas y las malas a la vez. La enfermedad mental consiste precisamente en la falta de esa especie de integración, de modo que acabamos perdiendo el contacto con las partes inaceptables de nosotros mismos.
ALEX MICHAELIDES, La paciente silenciosa.
I. Introducción
El art. 13 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad suscrito en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 (cuyo instrumento de ratificación fue publicado en el BOE del 13 de diciembre de 2008) (SP/LEG/27401), en adelante CDPD, impone a los Estados Parte, entre otros, el compromiso de que aseguren que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones que los demás (art. 13 CDPD). Este mandato supone, en el ordenamiento jurídico español, la plasmación del deber promocional que compete a los poderes públicos de crear las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas (art. 9.2 de la Constitución española —en adelante CE—). Esta previsión constitucional nutre a un sistema normativo proactivo en la creación de los presupuestos necesarios para el ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales de las personas con alguna discapacidad (art. 49 CE) y, además, alienta una práctica judicial que, conforme al criterio hermenéutico diseñado por el art. 10.2 CE, venga presida por el deber positivo de velar por evitar la indefensión. El referido art. 13 CDPD parte de dos premisas: la primera, que las personas con discapacidad no pueden ser discriminadas por una condición personal que integra su identidad; la segunda, que es una obligación de los Estados implementar las compensaciones que sean precisas para que sean eliminadas las limitaciones en el ejercicio de los derechos que
puedan venir provocadas por la discapacidad <a href="javascript:void(null);" class="nota_en_documento" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="El principio de igualdad tiene dos plasmaciones específicas que da lugar a dos posiciones distintas del Estado para su satisfacción. La primera, formal o de libertad, se centra en el igual valor de todas las diferencias que integran la identidad personal cuya tutela genera los derechos de lib

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