CARGANDO...

Opinión. Noviembre 2020

SP/DOCT/106833

COVID y proceso contencioso-administrativo: nuevas medidas específicas y generales tras la Ley 3/2020, de 18 de septiembre

Julián López Martínez. Director de Sepín Administrativo. Abogado

RESUMEN Tras el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril que adoptó una serie de medidas urgentes para paliar los efectos de la crisis del COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, la nueva Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia da un paso más adoptando nuevas medidas procesales y organizativas para la reactivación del normal funcionamiento de los Juzgados y Tribunales.


Además, destaca la nueva distribución de competencias para la ratificación judicial de las medidas sanitarias.

PALABRAS CLAVE COVID-19; medidas sanitarias; juicios telemáticos; competencia judicial; togas; Tablón Edictal Electrónico.

Introducción
El pasado sábado 19 de septiembre el BOE publicaba Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia (SP/LEG/30929), y que supone un paso más del legislador en su intención de paliar y evitar en la medida de lo posible el colapso de los tribunales al ya dado en pleno estado de alarma con el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 (SP/LEG/29451), al que ahora deroga.
La nueva Ley que, según su preámbulo, no pretende únicamente adaptar la Administración de Justicia a la "nueva normalidad" sino erigirla en factor decisivo para la recuperación económica, acoge un variado grupo de medidas de gran trascendencia jurídico/procesal, además de conllevar la modificación de numerosas disposiciones legales, entre las que destaca, sin duda alguna, la de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (SP/LEG/2922), pero también otras como la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales (SP/LEG/5845), la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (SP/LEG/7796) o, una nueva modificación del procedimiento simplificado regulado en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (SP/LEG/22875).
La Ley se divide en 3 Capítulos (el segundo de ellos dedicado fundamentalmente a los concursos de acreedores, si bien incluyendo también una p
revisión específica sobre la disolución por causa de pérdidas), 7 Disposiciones Adicionales, 2 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y hasta 13Disposiciones Finales, muchas de las cuales tienen por objeto llevar a efecto las modificaciones legales citadas, mientras que en otras se imponen obligaciones programáticas y, por supuesto, culminan con la entrada en vigor, que no deja lugar a dudas, excepciones o matices: "Esta Le

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave 

Productos Recomendados