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Artículo Monográfico. Octubre 2020

SP/DOCT/106877

Responsabilidad penal por contagio de COVID-19 en centro penitenciario y la concurrencia de causa de justificación

María José Trenzado Asensio. Magistrada Suplente de la Audiencia Provincial de Barcelona. Doctora en Derecho

RESUMEN La situación de pandemia actual, provocada por el virus del COVID-19, evoca el tratamiento doctrinal del SIDA, en cuanto a que la obligación de la Administración Penitenciaria de velar por la vida y la salud de los internos (art. 43 Constitución de 1978) —en virtud de la relación de sujeción especial que se establece—, sitúa a aquella, desde el punto de vista criminal, en una posición de garante cualificada. La no evitación de la transmisión mediante actos situados en la esfera de competencia de los funcionarios de esta Administración, mediante la realización de actos posibles y exigibles puede derivar en responsabilidad penal. La doctrina examina la colisión de deberes que se puede presentar, entre el deber de actividad —por la posición de garante de la vida y salud de los internos—, y el deber de omisión —por la evitación de injerencias en la intimidad o libertad de los reclusos afectados por el virus—, y “en ocasiones” como la presente del COVID-19, un sector doctrinal entiende que la adopción (como auténtico deber —por necesidad y proporcionalidad—, al no haber un modo menos lesivo de evitar el mal que amenaza), de medidas de intervención en situaciones de “peligro de peligro”, se configuraría como un estado de necesidad, y dada su naturaleza de causa de justificación, supondría la ausencia de antijuridicidad. A sensu contrario, su no adopción podría conducir a su configuración como un delito de comisión por omisión.

The current pandemic situation, caused by the COVID-19 virus, evokes the doctrinal treatment of AIDS, in that the obligation of the Penitentiary Administration to ensure the life and health of inmates (art. 43 Constitution of 1978) —by virtue of the special subjection relationship that is established—, places it, from the criminal point of view, in a position of qualified guarantor. The non-avoidance of the transmission through acts situated in the sphere of competence of the officials of this Administration, by carrying out possible and enforceable acts, may lead to criminal liability. The doctrine examines the collision of duties that may arise, between the duty of activity —due to the position of guarantor of the life and health of the inmates— and the duty of omission —due to the avoidance of interference in privacy or freedom of inmates affected by the virus—, and "sometimes" like the present one of COVID-19, a doctrinal sector understands that adoption, (as an authentic duty —by necessity and proportionality—, as there is no less harmful way to avoid evil that threatens), of intervention measures in situations of “danger of danger”, would be configured as a state of necessity, and given its nature as a cause of justification, it would imply the absence of illegality. On the contrary, its non-adoption could lead to its configuration as a crime of commission by omission.

PALABRAS CLAVE COVID-19, SIDA, relación de sujeción especial, funcionarios, Administración Penitenciaria, vida, salud, internos, responsabilidad criminal, posición de garante cualificada, comisión por omisión, colisión de deberes, estado de necesidad, peligro, causa de justificación, antijuridicidad, delito.

COVID-19, AIDS, special subjection relationship, officials, Prison Administration, life, health, inmates, criminal responsibility, position of qualified guarantor, commission by omission, collision of duties, state of need, danger, cause of justification, anti-juridicity, crime.

I. Introducción
El ingreso en prisión de una persona, sea como detenido, preso preventivo o condenado, da lugar al nacimiento de una relación jurídica de sujeción especial Nota entre la Administración penitenciaria y el preso (SSTC 57/1994, de 28 de febrero —SP/SENT/315844—, 120/1990, de 27 de junio —SP/SENT/315216— 61/19
90, 2/1987 y 74/1985) mediante la que se puede determinar que el interno se integra en una situación preexistente que proyecta su autoridad, al margen de la condición de ciudadano que le es inherente, adquiriendo así un status específico de individuos sujetos a un poder público que, para nada, se corresponde con el que disfrutan los ciudadanos libres.En el caso de los reclusos penitenciarios la Ley Orgánica 1/1979,

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