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Artículo Monográfico. Enero 2021

SP/DOCT/108146

Algunas reflexiones a propósito del Real Decreto-ley 36/2020, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

José María Ayala de la Torre. Socio Director de Ayala de la Torre Abogados. Abogado del Estado en excedencia. Javier Rodríguez Herráez. Abogado de Ayala de la Torre Abogados

RESUMEN Los autores analizan las principales implicaciones del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este Real Decreto-Ley encaminado a la realización de reformas estructurales que permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID 19, se enmarcan en Instrumento Europeo de Recuperación de 21 de julio de 2020 dotado con unos fondos económicos de los cuales corresponderían a España unos 140.000 millones de euros para el periodo 2021-26.

En este contexto, lleva a cabo la regulación de los nuevos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTES).

Además, el RD-Ley modifica, entre otras, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

PALABRAS CLAVE Pandemia; Covid; Administración Pública; PERTES; convenios administrativos;

El pasado 30 de diciembre el Consejo de Ministros procedió a la aprobación, mediante Real Decreto Ley, de un conjunto de medidas normativas cuyo objeto es una correcta y adecuada ejecución del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Un correcto enfoque de las referidas medidas exige analizar, sucintamente, el origen de la misma. Por ello debemos comenzar indicando que el fundamento de las profundas modificaciones jurídicas que trae consigo el RDL 36/2020 no es otro que la pandemia originada por la COVID-19, o mejor sea dicho, las consecuencias que la misma pueden llegar a generar. La raíz de la vorágine normativa en que nos encontramos inmersos se encuentra, pues, en tratar de mitigar los efectos negativos que la emergencia sanitaria puede extender al ámbito socioeconómico en un contexto de máxima incertidumbre. Abordar los retos que esta situación extraordinaria planteará en los próximos años se ha convertido en cuestión prioritaria no solo a nivel nacional sino europeo. Baste recordar las conclusiones de la Reunión Extraordinaria del Consejo UE de 21 de julio de 2020, que venían a establecer que el carácter excepcional de la situación económica y social derivada de la COVID-19 exigía la adopción de medidas excepcionales para respaldar la recuperación y la resiliencia de las economías de los Estados Miembros, lo que, a su vez, provocaba la necesidad de contar con importantes inversiones públicas y privadas a escala europea. Fruto de ello, la UE ha refo
rzado el marco financiero plurianual (2021-2027) con un Mecanismo extraordinario de naturaleza temporal, el "Next Generation EU" que cuenta con una dotación de 750.000 millones de euros, de los cuales, corresponden a España unos 140.000 millones de euros, una cuantía a la que se podrá acceder tanto en forma de préstamos como de transferencias (a fondo perdido) siempre que el destino de los mismos esté destinado a las acciones incluidas de

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