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Artículo Monográfico. Febrero 2021

SP/DOCT/108657

Policía medioambiental: Propuesta de creación equipos de investigación y protección medioambiental

Jorge Moradell Ávila. Fiscal de Medio Ambiente de Teruel. Miembro de la Asociación de Fiscales.

RESUMEN Entre las labores más características de la Administración, se encuentran las relativas a funciones de prevención y vigilancia, licencia y control previo de actividades muy variadas; actividades donde haya que defender un bien jurídico colectivo o difuso, como por ejemplo el medio ambiente, y la inspección y sanción en su caso, sobre tales actividades, a ejercer siempre en defensa del interés público (artículo 103 de la Constitución Española).


Y suele distinguirse entre la potestad coactiva administrativa frente a la jurisdicción penal, con la consideración de que a la Administración le corresponde la función preventiva y sancionadora de primer grado, y al derecho penal la sancionadora de segundo grado o penal, para los casos más graves que atenten contra los bienes jurídicos considerados valiosos, como para justificar una reacción penal (y en tal sentido reza el artículo 45 de la Constitución).


Pues bien, no podrán ejercitarse correctamente unas u otras funciones por las Administraciones, o tampoco por los Tribunales, sea en vía Contencioso – Administrativa (artículo 106 CE), sea en vía Penal, sin un previo trabajo “de campo” de funcionarios públicos o agentes de la autoridad, que hagan la labor policial de vigilancia, control, inspección, recogida de vestigios para análisis posterior, constancia y denuncia, y un largo etc.; es lo que denominamos labor de “Policía Administrativa”, que inevitablemente se intersecciona con la que denominamos funciones de “Policía Judicial” (artículo 126 CE), siendo ambas paralelas, muy similares en sus principios de actuación y si acaso distinguibles por el destinatario de las actuaciones, y la manera de plasmar estas.


En cualquier caso la labor policial es, en muchos casos, los cimientos del ejercicio de las potestades administrativas y jurisdiccionales, en defensa del interés público, y en definitiva la aplicación real de las leyes; sin un cuerpo policial institucionalizado, organizado, coordinado, con suficiencia de potestades, medios personales y medios materiales, muy difícilmente podrá ser mínimamente efectiva para hacer cumplir las normas, en especial las de rango legal, de ahí la cita inicial: “Es importante disponer de leyes, pero de nada sirven si no se aplican”.

Among the most characteristic tasks of the Administration, are those related to prevention and surveillance functions, licensing and prior control of very varied activities, where it is necessary to defend a collective or diffuse legal asset, such as the environment, and inspection and sanction, where appropriate, on such activities, always to be exercised in defense of the public interest (article 103 of the Spanish Constitution).


And it is usually distinguished between the administrative coercive power versus the criminal jurisdiction, with the consideration that the Administration corresponds to the preventive and penalizing function of the first degree, and the penal law the second degree or penal penalty, for the most serious cases. that violate legal assets considered valuable, as to justify a criminal reaction (and in this sense Article 45 of the Constitution says).


Well, one or other functions may not be properly exercised by the Administrations, or by the Courts, either in Contentious-Administrative proceedings (Article 106 Spanish Constitution), or in Criminal proceedings, without prior “field work” by public officials or agents of the authority, who do the police work of surveillance, control, inspection, collection of traces for later analysis, record and complaint, and a long etc .; This is what we call the work of the "Administrative Police", which inevitably intersects with what we call the functions of the "Judicial Police" (article 126 Spanish Constitution), both being parallel, very similar in their principles of action and if anything distinguishable by the recipient the actions, and the way to capture them.


In any case, police work is, in many cases, the foundation for the exercise of administrative and jurisdictional powers, in defense of the public interest, and ultimately the actual application of the laws; Without an institutionalized, organized, coordinated police force, with sufficient powers, personal means and material means, it will hardly be possible to be minimally effective in enforcing the norms, especially those of legal rank, hence the initial quote: “It is important to have of laws, but they are useless if they are not applied ”.

PALABRAS CLAVE Policía Medioambiental, Equipos de investigación y protección ambiental.

Environmental Police, Investigation teams and environmental protection.

I. Concepto y funciones
I.1.- Definición
Un "EQUIPO PARA LA INVESTIGACIÓN Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL" (EIPROM), estaría formado por Agentes de la autoridad para la Protección de la Naturaleza (APNs.), como denominación de los cuerpos que de forma muy similar existen en las Comunidades Autónomas Españolas, y como así les refiere la Ley de Montes 43/2003, del Estado, entre otras normas, y su artículo 6 q), en redacción dada por Ley 10/2006. Sin olvidar, por supuesto, el reparto competencial entre el Estado Central y las CCAAs en los ámbitos estatutario, policial y medio ambiental, de carácter básico para el primero (artículo 149, 18ª, 23ª y 29ª CE). Resultaría en cierta forma un despliegue en el territorio más intenso, pero en íntima colaboración, con el SEPRONA de la Guardia Civil.
En respuesta a la consideración de Policía Judicial "en sentido genérico" de los APNs, (Ley 10/2006, que reforma la Ley de Montes 43/2003, artículo 6, apartado q), como se dice), y precisamente para racionalizar y profundizar en dicha labor, los Equipos de Investigación en el seno de los distintos cuerpos de Agentes de Protección de la Naturaleza, existirían específicamente con el fin de realizar funciones de cuantificación y seguimiento de los valores medioambientales de cada Comunidad Autónoma. Así como de prevención, inspección, investigación, información, aseguramiento y denuncia de las posibles agresiones que pueda sufrir el medio natural. Actuando como Agentes de la Autoridad y en ocasiones como
Policía Judicial (Artículo 126 de la Constitución, Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 547 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Enjuiciamiento Criminal), a la hora de poner en conocimiento del órgano administrativo o judicial competente, que dictamine las responsabilidades, de acuerdo con las denuncias, actuaciones, inspecciones, informes y pruebas aportadas por el EIPROM de las presuntas infracciones.<div clas

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