Debo hacer constar que, por lo menos según mi criterio, esta nueva normativa, Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y Alquiler, con entrada en vigor el 6 de marzo de 2019 y convalidado por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados el 3 de abril de este mismo año, es algo más equilibrada que la anterior, aunque sin llegar a alcanzar una equiparación de los derechos y obligaciones de las dos partes. En todo caso, hay que señalar que, a partir del día 6 de marzo de 2019, los nuevos contratos de arrendamiento de vivienda y los procesos de desahucio por falta de pago o expiración del término tienen que acogerse a las normas de esta disposición legal.

Pues bien, en todo caso, considero que, sin duda, hubiera sido mucho mejor presentar un Proyecto más estudiado y equitativo jurídicamente para ambas partes, arrendador y arrendatario, por ejemplo, con una disposición con carácter de Ley, con las Cortes en plenitud de funcionamiento, basado en la Propuesta que hizo el actual Gobierno cuando estaba en la oposición, publicada en el BOE en marzo del año 2018. No llego a entender cómo lo que era bueno entonces ahora no lo es, cuando la verdad es todo lo contrario, aquella Propuesta era mucho más completa y equilibrada, aparte de que tenía la valentía de fijar determinadas condiciones, con rango de ley estatal, para los arrendamientos "turísticos", algo que, como se dirá, considero totalmente necesario y aqu