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Referencia: SP/LEG/14481

LEY 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones

贸rgano emisor: JEFATURA DEL ESTADO
publicaci贸n: B.O.E. num. 114 - 10/05/2014
entrada en vigor: 11/05/2014
Correcci贸n de errores. (BOE n.潞 120, de 17 de mayo de 2014)
I
La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, transpuso al ordenamiento jur铆dico espa帽ol el marco regulador de las comunicaciones electr贸nicas aprobado por la Uni贸n Europea en el a帽o 2002, profundizando en los principios de libre competencia y m铆nima intervenci贸n administrativa consagrados en la normativa anterior.
Desde su aprobaci贸n, la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, ha sido objeto de diversas modificaciones tendentes a garantizar la aparici贸n y viabilidad de nuevos operadores, la protecci贸n de los derechos de los usuarios y la supervisi贸n administrativa de aquellos aspectos relacionados con el servicio p煤blico, el dominio p煤blico y la defensa de la competencia.
La 煤ltima de estas modificaciones, efectuada a trav茅s del real decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr贸nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci贸n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el茅ctrico y gasista, ha incorporado al ordenamiento jur铆dico espa帽ol el nuevo marco regulador europeo en materia de comunicaciones electr贸nicas del a帽o 2009.
Este nuevo marco europeo est谩 compuesto por la Directiva 2009/136/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (Derechos de los Usuarios), y la Directiva 2009/140/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (Mejor Regulaci贸n), y a partir del mismo se introducen en la Ley medidas destinadas a crear un marco adecuado para la realizaci贸n de inversiones en el despliegue de redes de nueva generaci贸n, de modo que se permita a los operadores ofrecer servicios innovadores y tecnol贸gicamente m谩s adecuados a las necesidades de los ciudadanos.
II
Las telecomunicaciones constituyen uno de los sectores m谩s din谩micos de la econom铆a y uno de los que m谩s pueden contribuir al crecimiento, la productividad, el empleo, y por tanto, al desarrollo econ贸mico y al bienestar social, afectando directamente al c铆rculo de protecci贸n de los intereses generales.
Actualmente, la evoluci贸n tecnol贸gica nos sit煤a en una nueva etapa 鈥搇a de extensi贸n de las redes de nueva generaci贸n鈥, que obliga a los poderes p煤blicos a reflexionar sobre la importancia de la funci贸n regulatoria.
La situaci贸n econ贸mica y financiera que afecta a una gran parte de los pa铆ses desarrollados, la necesidad actual de fomentar la inversi贸n e impulsar la competencia, son elementos esenciales a considerar en la revisi贸n del marco regulador.
El sector de las telecomunicaciones, sujeto a un proceso de permanente innovaci贸n tecnol贸gica, necesita de constantes e ingentes inversiones, lo que requiere acometer proyectos de gran envergadura que pueden verse afectados si se exigieran en condiciones distintas de despliegue de redes y de comercializaci贸n de servicios en los diferentes 谩mbitos territoriales.
La Agenda Digital para Europa, principal instrumento para el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, persigue que para 2020 todos los europeos tengan la posibilidad de acceder a conexiones de banda ancha a una velocidad como m铆nimo de 30 Mbps, y que, al menos, un 50 % de los hogares europeos est茅n abonados a conexiones de banda ancha superiores a 100 Mbps. Estos objetivos han quedado incorporados a la agenda digital espa帽ola, aprobada por el Gobierno en febrero de 2013.
Para ello, seg煤n estimaciones de la Comisi贸n Europea, se deber谩 invertir hasta dicha fecha una cantidad comprendida entre los 180.000 y 270.000 millones de euros. Se calcula que en Espa帽a ser谩n necesarias inversiones del sector privado por valor de 23.000 millones de euros.
Estas inversiones pueden tener un gran impacto econ贸mico y social. La Comisi贸n Europea estima que, por cada aumento de la penetraci贸n de la banda ancha en un 10 %, la econom铆a (PIB) crece entre el 1% y el 1,5%. A su vez, la OCDE considera que un incremento del 10% de penetraci贸n de banda ancha en cualquier a帽o implica un incremento del 1,5% de la productividad durante los siguientes 5 a帽os.
Asimismo, como ha se帽alado la Comisi贸n Europea, el despliegue de redes ultrarr谩pidas puede tener un importante impacto en la creaci贸n de empleo, estim谩ndose que la innovaci贸n podr铆a generar 2 millones de empleos para 2020, incluidos trabajos en sectores relacionados, como la provisi贸n de contenidos o la fabricaci贸n de equipos.
Por otra parte, adem谩s de estimular la inversi贸n, es necesario continuar promoviendo y velando por la competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones. Debe tenerse en cuenta en este sentido que el continuo proceso de innovaci贸n tecnol贸gica presente en este sector exige grandes inversiones en el despliegue de redes o infraestructuras y en la comercializaci贸n de servicios que generan igualmente barreras de entrada en el sector, dificultando en consecuencia la competencia. Esta Ley persigue como objetivo fomentar la competencia sin desincentivar las inversiones.
En consecuencia, introduce reformas estructurales en el r茅gimen jur铆dico de las telecomunicaciones dirigidas a facilitar el despliegue de redes y la prestaci贸n de servicios por parte de los operadores, para que ello les permita ofrecer a los usuarios servicios m谩s innovadores, de mayor calidad y cobertura, a precios m谩s competitivos y con mejores condiciones, lo que contribuir谩 a potenciar la competitividad y la productividad de la econom铆a espa帽ola en su conjunto. Tambi茅n favorece la seguridad jur铆dica, al compendiar la normativa vigente, y en particular en lo que se refiere al marco comunitario de las comunicaciones electr贸nicas.
Pero al mismo tiempo, y en la medida en que la existencia de competencia efectiva constituye un mecanismo eficaz de presi贸n sobre los precios, as铆 como sobre la calidad de los servicios y la innovaci贸n, la Ley contempla un conjunto de obligaciones o medidas que podr谩n imponerse ex ante a los operadores con poder significativo en el mercado. No obstante, ser谩 igualmente decisiva la labor ex post de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia en la persecuci贸n de las pr谩cticas restrictivas de la competencia, tanto de conductas colusorias, como de abusos de posici贸n de dominio, que puedan afectar a este sector. Es por tanto esencial que esta Comisi贸n lleve a cabo una continua supervisi贸n de los distintos mercados de comunicaciones electr贸nicas para garantizar, preservar y promover una competencia efectiva en ellos que proporcione finalmente beneficios a los usuarios.
III
La presente Ley persigue, por tanto, garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa, que requiere, en la actual situaci贸n de evoluci贸n tecnol贸gica e incertidumbre econ贸mica, asegurar un marco regulatorio claro y estable que fomente la inversi贸n, proporcione seguridad jur铆dica y elimine las barreras que han dificultado el despliegue de redes, y un mayor grado de competencia en el mercado.
Para ello, con fundamento en la competencia exclusiva estatal en materia de telecomunicaciones del art铆culo 149.1.21.陋 de la Constituci贸n y en las competencias de car谩cter transversal de los art铆culos 149.1.1.陋 y 149.1.13.陋 del texto constitucional, la Ley persigue, como uno de sus principales objetivos, el de recuperar la unidad de mercado en el sector de las telecomunicaciones, estableciendo procedimientos de coordinaci贸n y resoluci贸n de conflictos entre la legislaci贸n sectorial estatal y la legislaci贸n de las Administraciones competentes dictada en el ejercicio de sus competencias que pueda afectar al despliegue de redes y a la prestaci贸n de servicios.
Con el mismo objetivo de facilitar el despliegue de redes y la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas, se procede a una simplificaci贸n administrativa, eliminando licencias y autorizaciones por parte de la administraci贸n de las telecomunicaciones para determinadas categor铆as de instalaciones que hacen uso del espectro. En la misma l铆nea se prev茅 una revisi贸n de las licencias o autorizaciones por parte de las Administraciones competentes, eliminando su exigibilidad para determinadas instalaciones en propiedad privada o para la renovaci贸n tecnol贸gica de las redes y se facilita el despliegue de las nuevas redes permitiendo el acceso a las infraestructuras de otros sectores econ贸micos susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de redes de comunicaciones electr贸nicas.
En esta misma l铆nea de reducci贸n de cargas administrativas, la Ley simplifica las obligaciones de informaci贸n de los operadores, a los que 煤nicamente se les podr谩 solicitar aquella informaci贸n que no se encuentre ya en poder de las Autoridades Nacionales de Reglamentaci贸n.
Asimismo, se establecen condiciones estrictas para la existencia de operadores controlados directa o indirectamente por administraciones p煤blicas, de manera que, fuera del concepto de autoprestaci贸n, se garantice la provisi贸n de los servicios bajo condiciones de mercado y criterios de inversor privado, evitando de este modo que se produzcan distorsiones de la competencia, y con el objetivo de racionalizar el gasto p煤blico.
La Ley incorpora, asimismo, las previsiones recogidas en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creaci贸n de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y de la Competencia, atribuyendo en todo caso a dicha Comisi贸n las competencias de regulaci贸n ex ante y resoluci贸n de conflictos entre operadores reconocidas por la normativa comunitaria.
Por 煤ltimo, como necesario contrapunto a la reducci贸n de las cargas y obligaciones impuestas a los operadores, la Ley refuerza el control del dominio p煤blico radioel茅ctrico y las potestades de inspecci贸n y sanci贸n, facilitando la adopci贸n de medidas cautelares y revisando la cuant铆a de las sanciones.
En definitiva, los criterios de liberalizaci贸n del sector, libre competencia, de recuperaci贸n de la unidad de mercado y de reducci贸n de cargas que inspiran este texto legal pretenden aportar seguridad jur铆dica a los operadores y crear las condiciones necesarias para la existencia de una competencia efectiva, para la realizaci贸n de inversiones en el despliegue de redes de nueva generaci贸n y para la prestaci贸n de nuevos servicios, de modo que el sector pueda contribuir al necesario crecimiento econ贸mico del pa铆s.
IV
La Ley consta de ochenta y cuatro art铆culos agrupados en ocho t铆tulos, diecinueve disposiciones adicionales, doce disposiciones transitorias, una disposici贸n derogatoria, once disposiciones finales y dos anexos.
El T铆tulo I, 芦Disposiciones generales禄, establece, entre otras cuestiones, el objeto de la Ley, que no se limita a la regulaci贸n de las 芦comunicaciones electr贸nicas禄, t茅rmino que, de acuerdo con las Directivas comunitarias, engloba aspectos tales como la habilitaci贸n para actuar como operador, los derechos y obligaciones de operadores y usuarios, o el servicio universal, sino que aborda, de forma integral, el r茅gimen de las 芦telecomunicaciones禄 al que se refiere el art铆culo 149.1.21.陋 de la Constituci贸n Espa帽ola. Por ello, la presente Ley regula, asimismo, otras cuestiones como la instalaci贸n de equipos y sistemas, la interceptaci贸n legal de las telecomunicaciones, la conservaci贸n de datos, o la evaluaci贸n de conformidad de equipos y aparatos, temas que a nivel comunitario son objeto de normativa espec铆fica.
La Ley excluye expresamente de su regulaci贸n los contenidos difundidos a trav茅s de servicios de comunicaci贸n audiovisual, que constituyen parte del r茅gimen de los medios de comunicaci贸n social, y que se caracterizan por ser transmitidos en un solo sentido de forma simult谩nea a una multiplicidad de usuarios. No obstante, las redes utilizadas como soporte de los servicios de radiodifusi贸n sonora y televisiva y los recursos asociados s铆 son parte integrante de las comunicaciones electr贸nicas reguladas en la presente Ley.
Igualmente se excluye de su regulaci贸n la prestaci贸n de servicios sobre las redes de telecomunicaciones que no consistan principalmente en el transporte de se帽ales a trav茅s de dichas redes. Estos 煤ltimos son objeto de regulaci贸n en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci贸n y de comercio electr贸nico.
Asimismo, en este T铆tulo, se reordenan los objetivos y principios de la Ley, ya recogidos en la regulaci贸n anterior, incidiendo en la importancia de alcanzar un equilibrio entre el fomento de la innovaci贸n, el despliegue de nuevas redes, la prestaci贸n de nuevos servicios y la garant铆a de una competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones.
El T铆tulo II de la Ley, relativo al r茅gimen general de explotaci贸n de redes y prestaci贸n de servicios, refleja la plena liberalizaci贸n del sector.
De acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad, la habilitaci贸n para la prestaci贸n y explotaci贸n de redes viene concedida con car谩cter general e inmediato por la Ley con el 煤nico requisito de notificaci贸n al Registro de Operadores, que ahora pasa a encuadrarse en el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo.
Asimismo, deber谩n de ser objeto de notificaci贸n los casos de autoprestaci贸n por operadores controlados directa o indirectamente por administraciones p煤blicas. La Ley establece limitaciones concretas para la instalaci贸n y explotaci贸n de redes y la prestaci贸n de servicios por las administraciones p煤blicas, para evitar distorsiones a la competencia que puedan derivarse de la participaci贸n de operadores p煤blicos en el mercado de comunicaciones electr贸nicas.
De acuerdo con las Directivas de la Uni贸n Europea, la Ley se refiere a las funciones de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y de la Competencia, que en su calidad de autoridad nacional de regulaci贸n independiente, en todo caso ejercer谩 aquellas relacionadas con la imposici贸n de regulaci贸n ex ante en el marco de los procesos de an谩lisis de mercados, con la resoluci贸n de conflictos entre operadores y con la posible imposici贸n de la obligaci贸n de separaci贸n funcional, regulando las obligaciones aplicables a los operadores con poder significativo en mercados de referencia.
Asimismo, se han recogido determinadas previsiones en el T铆tulo II de esta Ley, al objeto de garantizar que los mercados de comunicaciones electr贸nicas se desarrollen en un entorno de competencia efectiva. A estos efectos, es necesario asegurar que los procesos de an谩lisis de mercados para la imposici贸n, en su caso, de obligaciones espec铆ficas en el marco de la regulaci贸n ex ante, se acometan con la debida periodicidad. De la misma manera, y con el fin de reprimir pr谩cticas restrictivas de la competencia, la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia supervisar谩 el funcionamiento de los distintos mercados de comunicaciones electr贸nicas, as铆 como a los distintos operadores que desarrollan su actividad en ellos.
El T铆tulo III de la Ley, relativo a obligaciones y derechos de operadores y usuarios, incluye los preceptos relativos al servicio universal, las obligaciones de integridad y seguridad de las redes y la ampliaci贸n de los derechos de los usuarios finales, y recoge importantes novedades en relaci贸n con los derechos de los operadores a la ocupaci贸n del dominio p煤blico y privado, al despliegue de redes y al acceso a infraestructuras de otros sectores.
En el 谩mbito de la simplificaci贸n administrativa, es necesario recordar que en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalizaci贸n del comercio y de determinados servicios, se han sustituido determinadas licencias para el despliegue de determinadas redes de telecomunicaciones en dominio privado por una declaraci贸n responsable.
En la presente Ley se establece que para el resto de actuaciones de despliegue de redes en dominio privado se puedan sustituir igualmente las licencias por una declaraci贸n responsable en aquellos casos en los que previamente el operador haya presentado ante las administraciones competentes un plan de despliegue y 茅ste haya sido aprobado, por cuanto que, en estos casos, la administraci贸n competente ya ha analizado y ponderado los intereses inherentes al ejercicio de sus propias competencias. Las actuaciones que impliquen una mera actualizaci贸n tecnol贸gica sin afectar a elementos de obra civil o m谩stiles no requerir谩n autorizaci贸n.
Con el objetivo de garantizar la unidad de mercado, facilitar la instalaci贸n y despliegue de redes y la prestaci贸n de nuevos servicios, la Ley incorpora los mecanismos necesarios de cooperaci贸n y resoluci贸n de conflictos. Los instrumentos de planeamiento territorial o urban铆stico elaborados por las administraciones p煤blicas competentes que puedan afectar al despliegue de redes ser谩n objeto de informe del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo, previ茅ndose cuando sea necesario un procedimiento de negociaci贸n entre el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo y los 贸rganos encargados de la aprobaci贸n, modificaci贸n o revisi贸n de dichos instrumentos de planificaci贸n.
Por 煤ltimo, se contempla la necesaria previsi贸n de infraestructuras de comunicaciones electr贸nicas en zonas de urbanizaci贸n y se garantiza el derecho de acceso de los operadores a infraestructuras de administraciones p煤blicas y a infraestructuras lineales como electricidad, gas, agua, saneamiento o transporte. Estas medidas se encuentran alineadas con las propuestas realizadas por la Comisi贸n Europea en su documento de 27 de abril de 2012 relativo a las medidas para reducir los costes del despliegue de las redes de muy alta velocidad en Europa.
Con el objetivo de reforzar los derechos de los usuarios, se clarifican los derechos introducidos en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones por el real decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo. Es destacable la mejor identificaci贸n de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones relacionados con la protecci贸n de datos de car谩cter personal y la privacidad de las personas, y el mantenimiento del procedimiento extrajudicial de resoluci贸n de controversias entre operadores y usuarios finales ante el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo. Asimismo se prev茅 que la normativa espec铆fica sectorial establecida en la presente Ley prevalecer谩 sobre la normativa general de defensa de los consumidores y usuarios, tal y como queda recogido en la propia normativa comunitaria, en particular en el apartado 2 del art铆culo 3 de la Directiva 2011/83/UE de 25 de octubre de 2011 sobre los derechos de los consumidores.
En el T铆tulo IV, relativo a la evaluaci贸n de la conformidad de equipos y aparatos, se regulan, entre otros, aspectos tales como la normalizaci贸n t茅cnica, la evaluaci贸n de la conformidad de equipos y aparatos, y las condiciones que deben cumplir las instalaciones.
En relaci贸n con la administraci贸n del dominio p煤blico radioel茅ctrico, el T铆tulo V procede a una clarificaci贸n de los principios aplicables, de las actuaciones que abarca dicha administraci贸n, de los tipos de uso y de los distintos t铆tulos habilitantes, introduce una simplificaci贸n administrativa para el acceso a determinadas bandas de frecuencia, y consolida las 煤ltimas reformas en materia de duraci贸n, modificaci贸n, extinci贸n y revocaci贸n de t铆tulos y en relaci贸n al mercado secundario del espectro. Como novedad, se introducen medidas destinadas a evitar el uso del espectro por quienes no disponen de t铆tulo habilitante para ello, garantizando con ello la disponibilidad y uso eficiente de este recurso escaso, en particular mediante su protecci贸n activa y la colaboraci贸n de los operadores de red.
El T铆tulo VI, 芦La administraci贸n de las telecomunicaciones禄 determina las competencias que tienen atribuidas las diferentes Autoridades Nacionales de Reglamentaci贸n. Concretamente, este t铆tulo incorpora el reparto competencial que inspira la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creaci贸n de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y de la Competencia, atribuyendo a dicha Comisi贸n funciones como la definici贸n y an谩lisis de los mercados de referencia relativos a redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas, la identificaci贸n del operador u operadores con poder significativo de mercado, el establecimiento, si procede, de obligaciones espec铆ficas a dichos operadores, la resoluci贸n de conflictos en los mercados de comunicaciones electr贸nicas o la determinaci贸n del coste neto en la prestaci贸n del servicio universal, entre otras.
En el T铆tulo VII, 芦Tasas en materia de telecomunicaciones禄 y en el Anexo I, la Ley introduce importantes mejoras respecto de la regulaci贸n contenida en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, en materia de tasas de telecomunicaciones. En particular, se reduce el l铆mite m谩ximo de la tasa general de operadores dirigida a financiar los costes en que incurren las Autoridades Nacionales de Reglamentaci贸n por la aplicaci贸n del r茅gimen jur铆dico establecido en esta Ley y se establece un esquema de ajuste autom谩tico a los costes a los que han tenido que hacer frente las Autoridades Nacionales de Reglamentaci贸n.
El T铆tulo VIII relativo a inspecci贸n y r茅gimen sancionador refuerza las potestades inspectoras, exigiendo la colaboraci贸n de los titulares de fincas o inmuebles en los que se ubiquen instalaciones de telecomunicaciones para la identificaci贸n de los titulares de dichas instalaciones, mejora la tipificaci贸n de infracciones, revisa la clasificaci贸n y cuant铆a de las sanciones, proporciona criterios para la determinaci贸n de la cuant铆a de la sanci贸n, y facilita la adopci贸n de medidas cautelares que podr谩n acordarse incluso antes de iniciar el expediente sancionador.
Las disposiciones adicionales regulan, entre otras cuestiones, el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informaci贸n, las obligaciones en materia de acceso condicional, acceso a determinados servicios de radiodifusi贸n y televisi贸n, televisi贸n de formato ancho y obligaciones de transmisi贸n, as铆 como la creaci贸n de la Comisi贸n Interministerial sobre radiofrecuencias y salud encargada de informar sobre las medidas aprobadas en materia de protecci贸n sanitaria frente a emisiones radioel茅ctricas y de los m煤ltiples controles a que son sometidas las instalaciones generadoras de dichas emisiones.
En particular, una de las disposiciones adicionales persigue la universalizaci贸n de la banda ancha ultrarr谩pida, en virtud de la cual el Gobierno establecer谩 una Estrategia Nacional de Redes Ultrarr谩pidas que tenga como objetivo impulsar el despliegue de redes de acceso ultrarr谩pido a la banda ancha, tanto fijo como m贸vil, de cara a lograr su universalizaci贸n, as铆 como fomentar su adopci贸n por ciudadanos, empresas y administraciones, para garantizar la cohesi贸n social y territorial en colaboraci贸n con las administraciones territoriales.
En la ejecuci贸n de esta Estrategia se podr谩n incluir medidas como la realizaci贸n anual de convocatorias p煤blicas de ayudas para la extensi贸n de la cobertura de la banda ancha ultrarr谩pida que, bajo el principio de neutralidad tecnol贸gica, doten de cobertura a zonas en las que no existe oferta y en las que no est茅 prevista en el corto plazo, en particular, con el objetivo de permitir acortar plazos de conexi贸n y abaratar costes en n煤cleos rurales de dif铆cil orograf铆a y baja densidad de poblaci贸n. Estas convocatorias p煤blicas garantizar谩n que las ayudas cubrir谩n s贸lo un porcentaje de la inversi贸n, que las ayudas se adjudicar谩n en r茅gimen de concurrencia competitiva, y que la necesidad de la ayuda se encuentra justificada en la existencia de un d茅ficit comercial a corto o medio plazo que impide la ejecuci贸n del proyecto dada su baja rentabilidad, y contemple mecanismos para evitar una posible sobre compensaci贸n.
Asimismo, se establecer谩n zonas de actuaci贸n preferente en base a las mayores necesidades de los usuarios, de su car谩cter dinamizador, del grado de presencia de PYMES o de centros de actividad econ贸mica como pol铆gonos industriales o centros tur铆sticos y de otros factores como el equilibrio territorial, su mayor incidencia sobre el desarrollo econ贸mico, su alejamiento, o la disponibilidad de financiaci贸n con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Dicha Estrategia se complementar谩 con otras medidas contempladas en la presente Ley orientadas a facilitar el despliegue de redes ultrarr谩pidas de acceso fijo y m贸vil, y facilitar la modernizaci贸n y renovaci贸n de las redes.
Por su parte, las disposiciones transitorias regulan diferentes aspectos que facilitar谩n la transici贸n hacia la aplicaci贸n de esta nueva Ley, como la adaptaci贸n de los operadores controlados directa o indirectamente por administraciones p煤blicas al r茅gimen previsto en el art铆culo 9 o el r茅gimen transitorio para la fijaci贸n de las tasas recogidas en el Anexo I.
Por 煤ltimo, en las disposiciones finales, la Ley modifica diversos textos normativos. En particular, se modifican diversos preceptos de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci贸n y de Comercio Electr贸nico, a fin de adaptarla al marco social y econ贸mico actual. En concreto, se introducen precisiones sobre el consentimiento del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos derivado de dispositivos de almacenamiento y recuperaci贸n de datos en sus equipos terminales, y se establecen criterios para la modulaci贸n de las sanciones.
T脥TULO I-Disposiciones generales
Art铆culo 1. Objeto y 谩mbito de aplicaci贸n de la Ley
1. El 谩mbito de aplicaci贸n de esta Ley es la regulaci贸n de las telecomunicaciones, que comprenden la explotaci贸n de las redes y la prestaci贸n de los servicios de comunicaciones electr贸nicas y los recursos asociados, de conformidad con el art铆culo 149.1.21.陋 de la Constituci贸n.
2. Quedan excluidos del 谩mbito de esta Ley los servicios de comunicaci贸n audiovisual, los contenidos audiovisuales transmitidos a trav茅s de las redes, as铆 como el r茅gimen b谩sico de los medios de comunicaci贸n social de naturaleza audiovisual a que se refiere el art铆culo 149.1.27.陋 de la Constituci贸n.
Asimismo, se excluyen del 谩mbito de esta Ley los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas, las actividades que consistan en el ejercicio del control editorial sobre dichos contenidos y los servicios de la Sociedad de la Informaci贸n, regulados en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci贸n y de Comercio Electr贸nico, que no consistan, en su totalidad o principalmente, en el transporte de se帽ales a trav茅s de redes de comunicaciones electr贸nicas.
Art铆culo 2. Las telecomunicaciones como servicios de inter茅s general
1. Las telecomunicaciones son servicios de inter茅s general que se prestan en r茅gimen de libre competencia.
2. S贸lo tienen la consideraci贸n de servicio p煤blico o est谩n sometidos a obligaciones de servicio p煤blico los servicios regulados en el art铆culo 4 y en el T铆tulo III de esta Ley.
La imposici贸n de obligaciones de servicio p煤blico perseguir谩 la consecuci贸n de los objetivos establecidos en el art铆culo 3 de esta Ley y podr谩 recaer sobre los operadores que obtengan derechos de ocupaci贸n del dominio p煤blico o de la propiedad privada, de derechos de uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico, de derechos de uso de recursos p煤blicos de numeraci贸n, direccionamiento o de denominaci贸n o que ostenten la condici贸n de operador con poder significativo en un determinado mercado de referencia.
Art铆culo 3. Objetivos y principios de la Ley
Los objetivos y principios de esta Ley son los siguientes:
a) Fomentar la competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones para potenciar al m谩ximo los beneficios para las empresas y los consumidores, principalmente en t茅rminos de bajada de los precios, calidad de los servicios e innovaci贸n, teniendo debidamente en cuenta la variedad de condiciones en cuanto a la competencia y los consumidores que existen en las distintas 谩reas geogr谩ficas, y velando por que no exista falseamiento ni restricci贸n de la competencia en la explotaci贸n de redes o en la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas, incluida la transmisi贸n de contenidos.
b) Desarrollar la econom铆a y el empleo digital, promover el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y de todos los nuevos servicios digitales que las nuevas redes ultrarr谩pidas permiten, impulsando la cohesi贸n social y territorial, mediante la mejora y extensi贸n de las redes, as铆 como la prestaci贸n de los servicios de comunicaciones electr贸nicas y el suministro de los recursos asociados a ellas.
c) Promover el despliegue de redes y la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas, fomentando la conectividad y la interoperabilidad extremo a extremo y su acceso, en condiciones de igualdad y no discriminaci贸n.
d) Promover el desarrollo de la industria de productos y equipos de telecomunicaciones.
e) Contribuir al desarrollo del mercado interior de servicios de comunicaciones electr贸nicas en la Uni贸n Europea.
f) Promover la inversi贸n eficiente en materia de infraestructuras incluyendo, cuando proceda, la competencia basada en infraestructuras, fomentando la innovaci贸n y teniendo debidamente en cuenta los riesgos en que incurren las empresas inversoras.
g) Hacer posible el uso eficaz de los recursos limitados de telecomunicaciones, como la numeraci贸n y el espectro radioel茅ctrico, y la adecuada protecci贸n de este 煤ltimo, y el acceso a los derechos de ocupaci贸n de la propiedad p煤blica y privada.
h) Fomentar, en la medida de lo posible, la neutralidad tecnol贸gica en la regulaci贸n.
i) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio p煤blico en la explotaci贸n de redes y la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas a las que se refiere el T铆tulo III, en especial las de servicio universal.
j) Defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso a los servicios de comunicaciones electr贸nicas en condiciones adecuadas de elecci贸n, precio y buena calidad, promoviendo la capacidad de los usuarios finales para acceder y distribuir la informaci贸n o utilizar las aplicaciones y los servicios de su elecci贸n, en particular a trav茅s de un acceso abierto a Internet. En la prestaci贸n de estos servicios deben salvaguardarse los imperativos constitucionales de no discriminaci贸n, de respeto a los derechos al honor y a la intimidad, la protecci贸n a la juventud y a la infancia, la protecci贸n de los datos personales y el secreto en las comunicaciones.
k) Salvaguardar y proteger en los mercados de telecomunicaciones la satisfacci贸n de las necesidades de grupos sociales espec铆ficos, las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas en situaci贸n de dependencia y usuarios con necesidades sociales especiales, atendiendo a los principios de igualdad de oportunidades y no discriminaci贸n. En lo relativo al acceso a los servicios de comunicaciones electr贸nicas de las personas en situaci贸n de dependencia, se fomentar谩 el cumplimiento de las normas o las especificaciones pertinentes relativas a normalizaci贸n t茅cnica publicadas de acuerdo con la normativa comunitaria.
l) Facilitar el acceso de los usuarios con discapacidad a los servicios de comunicaciones electr贸nicas y al uso de equipos terminales.
Art铆culo 4. Servicios de telecomunicaciones para la defensa nacional, la seguridad p煤blica, la seguridad vial y la protecci贸n civil
1. S贸lo tienen la consideraci贸n de servicio p煤blico los servicios regulados en este art铆culo.
2. Las redes, servicios, instalaciones y equipos de telecomunicaciones que desarrollen actividades esenciales para la defensa nacional integran los medios destinados a 茅sta, se reservan al Estado y se rigen por su normativa espec铆fica.
3. El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo es el 贸rgano de la Administraci贸n General del Estado con competencia, de conformidad con la legislaci贸n espec铆fica sobre la materia y lo establecido en esta Ley, para ejecutar, en la medida en que le afecte, la pol铆tica de defensa nacional en el sector de las telecomunicaciones, con la debida coordinaci贸n con el Ministerio de Defensa y siguiendo los criterios fijados por 茅ste.
En el marco de las funciones relacionadas con la defensa civil, corresponde al Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo estudiar, planear, programar, proponer y ejecutar cuantas medidas se relacionen con su aportaci贸n a la defensa nacional en el 谩mbito de las telecomunicaciones.
A tales efectos, los Ministerios de Defensa y de Industria, Energ铆a y Turismo coordinar谩n la planificaci贸n del sistema de telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas, a fin de asegurar, en la medida de lo posible, su compatibilidad con los servicios civiles. Asimismo elaborar谩n los programas de coordinaci贸n tecnol贸gica precisos que faciliten la armonizaci贸n, homologaci贸n y utilizaci贸n, conjunta o indistinta, de los medios, sistemas y redes civiles y militares en el 谩mbito de las telecomunicaciones. Para el estudio e informe de estas materias, se constituir谩n los 贸rganos interministeriales que se consideren adecuados, con la composici贸n y competencia que se determinen mediante real decreto.
4. En los 谩mbitos de la seguridad p煤blica, seguridad vial y de la protecci贸n civil, en su espec铆fica relaci贸n con el uso de las telecomunicaciones, el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo cooperar谩 con el Ministerio del Interior y con los 贸rganos responsables de las comunidades aut贸nomas con competencias sobre las citadas materias.
5. Los bienes muebles o inmuebles vinculados a los centros, establecimientos y dependencias afectos a la explotaci贸n de las redes y a la prestaci贸n de los servicios de telecomunicaciones dispondr谩n de las medidas y sistemas de seguridad, vigilancia, difusi贸n de informaci贸n, prevenci贸n de riesgos y protecci贸n que se determinen por el Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Defensa, del Interior o de Industria, Energ铆a y Turismo, dentro del 谩mbito de sus respectivas competencias. Estas medidas y sistemas deber谩n estar disponibles en las situaciones de normalidad o en las de crisis, as铆 como en los supuestos contemplados en la Ley Org谩nica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los Estados de Alarma, Excepci贸n y Sitio, y en la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protecci贸n Civil.
6. El Gobierno, con car谩cter excepcional y transitorio, podr谩 acordar la asunci贸n por la Administraci贸n General del Estado de la gesti贸n directa de determinados servicios o de la explotaci贸n de ciertas redes de comunicaciones electr贸nicas, de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P煤blico, aprobado por el real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para garantizar la seguridad p煤blica y la defensa nacional. Asimismo, en el caso de incumplimiento de las obligaciones de servicio p煤blico a las que se refiere el T铆tulo III de esta Ley, el Gobierno, previo informe preceptivo de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y de la Competencia, e igualmente con car谩cter excepcional y transitorio, podr谩 acordar la asunci贸n por la Administraci贸n General del Estado de la gesti贸n directa de los correspondientes servicios o de la explotaci贸n de las correspondientes redes. En este 煤ltimo caso, podr谩, con las mismas condiciones, intervenir la prestaci贸n de los servicios de comunicaciones electr贸nicas.
Los acuerdos de asunci贸n de la gesti贸n directa del servicio y de intervenci贸n de 茅ste o los de intervenir o explotar las redes a los que se refiere el p谩rrafo anterior se adoptar谩n por el Gobierno por propia iniciativa o a instancia de una Administraci贸n p煤blica competente. En este 煤ltimo caso ser谩 preciso que la Administraci贸n p煤blica tenga competencias en materia de seguridad o para la prestaci贸n de los servicios p煤blicos afectados por el anormal funcionamiento del servicio o de la red de comunicaciones electr贸nicas. En el supuesto de que el procedimiento se inicie a instancia de una Administraci贸n distinta de la del Estado, aqu茅lla tendr谩 la consideraci贸n de interesada y podr谩 evacuar informe con car谩cter previo a la resoluci贸n final.
7. La regulaci贸n contenida en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo previsto en la normativa espec铆fica sobre telecomunicaciones relacionadas con la seguridad p煤blica y la defensa nacional.
T脥TULO II-Explotaci贸n de redes y prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas en r茅gimen de libre competencia
CAP脥TULO I-Disposiciones generales
Art铆culo 5. Principios aplicables
1. La explotaci贸n de las redes y la prestaci贸n de los servicios de comunicaciones electr贸nicas se realizar谩 en r茅gimen de libre competencia sin m谩s limitaciones que las establecidas en esta Ley y su normativa de desarrollo.
2. La adquisici贸n de los derechos de uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico, de ocupaci贸n del dominio p煤blico o de la propiedad privada y de los recursos de numeraci贸n, direccionamiento y denominaci贸n necesarios para la explotaci贸n de redes y para la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas deber谩 realizarse conforme a lo dispuesto en esta Ley y en lo no contemplado en la misma por su normativa espec铆fica.
3. Las medidas que se adopten en relaci贸n al acceso o al uso por parte de los usuarios finales de los servicios y las aplicaciones a trav茅s de redes de comunicaciones electr贸nicas respetar谩n los derechos y libertades fundamentales, como queda garantizado en el Convenio Europeo para la Protecci贸n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea, en los principios generales del Derecho comunitario y en la Constituci贸n Espa帽ola.
Cualquiera de esas medidas relativas al acceso o al uso por parte de los usuarios finales de los servicios y las aplicaciones a trav茅s de redes de comunicaciones electr贸nicas, que sea susceptible de restringir esos derechos y libertades fundamentales solo podr谩 imponerse si es adecuada, proporcionada y necesaria en una sociedad democr谩tica, y su aplicaci贸n estar谩 sujeta a las salvaguardias de procedimiento apropiadas de conformidad con las normas mencionadas en el p谩rrafo anterior. Por tanto, dichas medidas solo podr谩n ser adoptadas respetando debidamente el principio de presunci贸n de inocencia y el derecho a la vida privada, a trav茅s de un procedimiento previo, justo e imparcial, que incluir谩 el derecho de los interesados a ser o铆dos, sin perjuicio de que concurran las condiciones y los arreglos procesales adecuados en los casos de urgencia debidamente justificados, de conformidad con el Convenio Europeo para la Protecci贸n de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Asimismo, se garantizar谩 el derecho a la tutela judicial efectiva y en tiempo oportuno.
Art铆culo 6. Requisitos exigibles para la explotaci贸n de las redes y la prestaci贸n de los servicios de comunicaciones electr贸nicas
1. Podr谩n explotar redes y prestar servicios de comunicaciones electr贸nicas a terceros las personas f铆sicas o jur铆dicas nacionales de un Estado miembro de la Uni贸n Europea o de otra nacionalidad, cuando, en el segundo caso, as铆 est茅 previsto en los acuerdos internacionales que vinculen al Reino de Espa帽a. Para el resto de personas f铆sicas o jur铆dicas, el Gobierno podr谩 autorizar excepciones de car谩cter general o particular a la regla anterior.
2. Los interesados en la explotaci贸n de una determinada red o en la prestaci贸n de un determinado servicio de comunicaciones electr贸nicas deber谩n, con anterioridad al inicio de la actividad, comunicarlo previamente al Registro de operadores en los t茅rminos que se determinen mediante real decreto, someti茅ndose a las condiciones previstas para el ejercicio de la actividad que pretendan realizar.
Sin perjuicio de lo dispuesto para los operadores controlados directa o indirectamente por administraciones p煤blicas en el art铆culo 7, quedan exentos de esta obligaci贸n quienes exploten redes y presten servicios de comunicaciones electr贸nicas en r茅gimen de autoprestaci贸n.
Art铆culo 7. Registro de operadores
1. Se crea, dependiente del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo, el Registro de operadores. Dicho Registro ser谩 de car谩cter p煤blico y su regulaci贸n se har谩 por real decreto. Se garantizar谩 que el acceso a dicho Registro pueda efectuarse por medios electr贸nicos. En 茅l deber谩n inscribirse los datos relativos a las personas f铆sicas o jur铆dicas que hayan notificado su intenci贸n de explotar redes o prestar servicios de comunicaciones electr贸nicas, las condiciones para desarrollar la actividad y sus modificaciones.
2. Cuando el Registro de operadores constate que la notificaci贸n a que se refiere el apartado 2 del art铆culo anterior no re煤ne los requisitos establecidos dictar谩 resoluci贸n motivada en un plazo m谩ximo de 15 d铆as h谩biles, no teniendo por realizada aqu茅lla.
3. Las administraciones p煤blicas deber谩n comunicar al Registro de operadores todo proyecto de instalaci贸n o explotaci贸n de redes de comunicaciones electr贸nicas en r茅gimen de autoprestaci贸n que haga uso del dominio p煤blico, tanto si dicha instalaci贸n o explotaci贸n vaya a realizarse de manera directa o a trav茅s de cualquier entidad o sociedad. Mediante real decreto podr谩n especificarse aquellos supuestos en que, en atenci贸n a las caracter铆sticas, la dimensi贸n de la red proyectada o la naturaleza de los servicios a prestar, no resulte necesario efectuar dicha comunicaci贸n.
4. Quienes resultasen seleccionados para la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas armonizados en procedimientos de licitaci贸n convocados por las instituciones de la Uni贸n Europea ser谩n inscritos de oficio en el Registro de operadores.
5. No ser谩 preciso el consentimiento del interesado para el tratamiento de los datos de car谩cter personal que haya de contener el Registro ni para la comunicaci贸n de dichos datos que se derive de su publicidad.
Art铆culo 8. Condiciones para la prestaci贸n de servicios o la explotaci贸n de redes de comunicaciones electr贸nicas
1. La explotaci贸n de las redes y la prestaci贸n de los servicios de comunicaciones electr贸nicas se sujetar谩n a las condiciones previstas en esta Ley y su normativa de desarrollo, entre las cuales se incluir谩n las de salvaguarda de los derechos de los usuarios finales.
2. Con arreglo a los principios de objetividad y de proporcionalidad, el Gobierno podr谩 modificar las condiciones impuestas previa audiencia de los interesados, del Consejo de Consumidores y Usuarios y, en su caso, de las asociaciones m谩s representativas de los restantes usuarios, e informe de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y de la Competencia. La modificaci贸n se realizar谩 mediante real decreto, en el que deber谩 constar la justificaci贸n en que se sustenta y establecer谩 un plazo para que los operadores se adapten a aqu茅lla.
3. Las entidades p煤blicas o privadas que, de acuerdo con la legislaci贸n vigente, tengan derechos especiales o exclusivos para la prestaci贸n de servicios en otro sector econ贸mico y que exploten redes p煤blicas o presten servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico deber谩n llevar cuentas separadas y auditadas para sus actividades de comunicaciones electr贸nicas, o establecer una separaci贸n estructural para las actividades asociadas con la explotaci贸n de redes o la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas. Mediante real decreto podr谩 establecerse la exenci贸n de esta obligaci贸n para las entidades cuyos ingresos brutos de explotaci贸n anuales por actividades asociadas con las redes o servicios de comunicaciones electr贸nicas sea inferior a 50 millones de euros.
Art铆culo 9. Instalaci贸n y explotaci贸n de redes p煤blicas y prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas en r茅gimen de prestaci贸n a terceros por las administraciones p煤blicas
1. La instalaci贸n y explotaci贸n de redes p煤blicas o la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas en r茅gimen de prestaci贸n a terceros por operadores controlados directa o indirectamente por administraciones p煤blicas se regir谩 de manera espec铆fica por lo dispuesto en el presente art铆culo.
2. La instalaci贸n y explotaci贸n de redes p煤blicas o la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas en r茅gimen de prestaci贸n a terceros por operadores controlados directa o indirectamente por administraciones p煤blicas se realizar谩 dando cumplimiento al principio de inversor privado, con la debida separaci贸n de cuentas, con arreglo a los principios de neutralidad, transparencia, no distorsi贸n de la competencia y no discriminaci贸n, y cumpliendo con la normativa sobre ayudas de Estado a que se refieren los art铆culos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea.
Mediante real decreto, previo informe de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, se determinar谩n las condiciones en que los operadores controlados directa o indirectamente por administraciones p煤blicas deber谩n llevar a cabo la instalaci贸n y explotaci贸n de redes p煤blicas o la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas en r茅gimen de prestaci贸n a terceros y, en especial, los criterios, condiciones y requisitos para que dichos operadores act煤en con sujeci贸n al principio de inversor privado. En particular, en dicho real decreto se establecer谩n los supuestos en los que, como excepci贸n a la exigencia de actuaci贸n con sujeci贸n al principio de inversor privado, los operadores controlados directa o indirectamente por administraciones p煤blicas podr谩n instalar y explotar redes p煤blicas y prestar servicios de comunicaciones electr贸nicas en r茅gimen de prestaci贸n a terceros que no distorsionen la competencia o cuando se confirme fallo del mercado y no exista inter茅s de concurrencia en el despliegue del sector privado por ausencia o insuficiencia de inversi贸n privada, ajust谩ndose la inversi贸n p煤blica al principio de necesidad, con la finalidad de garantizar la necesaria cohesi贸n territorial y social.
3. Una Administraci贸n P煤blica s贸lo podr谩 instalar y explotar redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas o prestar servicios de comunicaciones electr贸nicas en r茅gimen de prestaci贸n a terceros a trav茅s de entidades o sociedades que tengan entre su objeto social o finalidad la instalaci贸n y explotaci贸n de redes o la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas.
La instalaci贸n o explotaci贸n de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas y la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas en r茅gimen de prestaci贸n a terceros por los 贸rganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal, se realizar谩 en las condiciones establecidas en el art铆culo 38 de la presente Ley.
4. La instalaci贸n y explotaci贸n de redes p煤blicas o la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas en r茅gimen de prestaci贸n a terceros por operadores controlados directa o indirectamente por administraciones p煤blicas deber谩n llevarse a cabo en las condiciones establecidas en el art铆culo 8 y, en particular, en las siguientes condiciones:
a) Los operadores tienen reconocido directamente el derecho a acceder en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias a las infraestructuras y recursos asociados utilizados por los operadores controlados directa o indirectamente por administraciones p煤blicas para la instalaci贸n y explotaci贸n de redes de comunicaciones electr贸nicas.
b) Los operadores tienen reconocido directamente el derecho de uso compartido de las infraestructuras de red de comunicaciones electr贸nicas y sus recursos asociados instaladas por los operadores controlados directa o indirectamente por administraciones p煤blicas en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias.
c) Si las administraciones p煤blicas reguladoras o titulares del dominio p煤blico ostentan la propiedad, total o parcial, o ejercen el control directo o indirecto de operadores que explotan redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas o servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles para el p煤blico, deber谩n mantener una separaci贸n estructural entre dichos operadores y los 贸rganos encargados de la regulaci贸n y gesti贸n de los derechos de utilizaci贸n del dominio p煤blico correspondiente.
Art铆culo 10. Obligaciones de suministro de informaci贸n
1. Las Autoridades Nacionales de Reglamentaci贸n de Telecomunicaciones podr谩n, en el 谩mbito de su actuaci贸n, requerir a las personas f铆sicas o jur铆dicas que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electr贸nicas, as铆 como a aquellos otros agentes que intervengan en este mercado, la informaci贸n necesaria para el cumplimiento de alguna de las siguientes finalidades:
a) Satisfacer necesidades estad铆sticas o de an谩lisis y para la elaboraci贸n de informes de seguimiento sectoriales.
b) Comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas para la prestaci贸n de servicios o la explotaci贸n de redes de comunicaciones electr贸nicas, en particular, cuando la explotaci贸n de las redes conlleve emisiones radioel茅ctricas.
c) Comprobar que la prestaci贸n de servicios o la explotaci贸n de redes de comunicaciones electr贸nicas por parte de operadores controlados directa o indirectamente por administraciones p煤blicas cumplen las condiciones establecidas por esta Ley y sus normas de desarrollo.
d) Evaluar la procedencia de las solicitudes de derechos de uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico y de la numeraci贸n.
e) Comprobar el uso efectivo y eficiente de frecuencias y n煤meros y el cumplimiento de las obligaciones que resulten de los derechos de uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico, de la numeraci贸n, direccionamiento y denominaci贸n o de la ocupaci贸n del dominio p煤blico o de la propiedad privada.
f) Elaborar an谩lisis que permitan la definici贸n de los mercados de referencia, el establecimiento de condiciones espec铆ficas a los operadores con poder significativo de mercado en aqu茅llos y conocer el modo en que la futura evoluci贸n de las redes o los servicios puede repercutir en los servicios mayoristas que las empresas ponen a disposici贸n de sus competidores. Asimismo, podr谩 exigirse a las empresas con un poder significativo en los mercados mayoristas que presenten datos contables sobre los mercados minoristas asociados con dichos mercados mayoristas.
g) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones espec铆ficas impuestas en el marco de la regulaci贸n ex ante y el cumplimiento de las resoluciones dictadas para resolver conflictos entre operadores.
h) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones de servicio p煤blico y obligaciones de car谩cter p煤blico, as铆 como determinar los operadores encargados de prestar el servicio universal.
i) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones que resulten necesarias para garantizar un acceso equivalente para los usuarios finales con discapacidad y que 茅stos se beneficien de la posibilidad de elecci贸n de empresas y servicios disponibles para la mayor铆a de los usuarios finales.
j) La puesta a disposici贸n de los ciudadanos de informaci贸n o aplicaciones interactivas que posibiliten realizar comparativas sobre precios, cobertura y calidad de los servicios, en inter茅s de los usuarios.
k) La adopci贸n de medidas destinadas a facilitar la coubicaci贸n o el uso compartido de elementos de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas y recursos asociados.
l) Evaluar la integridad y la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas.
m) Cumplir los requerimientos que vengan impuestos en el ordenamiento jur铆dico.
n) Comprobar el cumplimiento del resto de obligaciones nacidas de esta Ley.
o) Planificar de manera eficiente el uso de fondos p煤blicos destinados, en su caso, al despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones.
Esta informaci贸n, excepto aquella a la que se refieren los p谩rrafos d) y o), no podr谩 exigirse antes del inicio de la actividad y se suministrar谩 en el plazo y forma que se establezca en cada requerimiento, atendidas las circunstancias del caso. Las Autoridades Nacionales de Reglamentaci贸n garantizar谩n la confidencialidad de la informaci贸n suministrada que pueda afectar a la seguridad e integridad de las redes y de los servicios de comunicaciones electr贸nicas o al secreto comercial o industrial.
2. Las administraciones p煤blicas podr谩n solicitar la informaci贸n que sea necesaria en el ejercicio de sus competencias.
Las administraciones p煤blicas, antes de solicitar informaci贸n en materia de telecomunicaciones a las personas f铆sicas o jur铆dicas que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electr贸nicas para el ejercicio de sus funciones, deber谩n recabar dicha informaci贸n de las Autoridades Nacionales de Reglamentaci贸n. 脷nicamente en el caso de que las Autoridades Nacionales de Reglamentaci贸n no dispongan de la informaci贸n solicitada o la misma no pueda ser proporcionada al ser confidencial por razones de seguridad o de secreto comercial o industrial, los 贸rganos competentes de las administraciones p煤blicas podr谩n solicitar dicha informaci贸n en materia de telecomunicaciones de las personas f铆sicas o jur铆dicas que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electr贸nicas.
3. Las solicitudes de informaci贸n que se realicen de conformidad con los apartados anteriores habr谩n de ser motivadas y proporcionadas al fin perseguido.
Art铆culo 11. Normas t茅cnicas
1. El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo fomentar谩 el uso de las normas o especificaciones t茅cnicas identificadas en la relaci贸n que la Comisi贸n Europea elabore como base para fomentar la armonizaci贸n del suministro de redes de comunicaciones electr贸nicas, servicios de comunicaciones electr贸nicas y recursos y servicios asociados, especialmente en los 谩mbitos de acceso e interconexi贸n.
En particular, garantizar谩 la utilizaci贸n de las normas o especificaciones t茅cnicas cuya aplicaci贸n declare obligatoria la Comisi贸n Europea, de conformidad con lo establecido en la normativa de la Uni贸n Europea, en la medida necesaria para garantizar la interoperabilidad de los servicios y para potenciar la libertad de elecci贸n de los usuarios.
En ausencia de dichas normas o especificaciones promover谩 la aplicaci贸n de las normas o recomendaciones internacionales aprobadas por la Uni贸n Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT), la Comisi贸n Internacional de Normalizaci贸n (ISO) y la Comisi贸n Electrot茅cnica Internacional (CEI).
Mediante real decreto se podr谩n determinar las formas de elaboraci贸n y, en su caso, de adopci贸n de las especificaciones t茅cnicas aplicables a redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas, en particular, a efectos de garantizar el cumplimiento de requisitos en materia de despliegue de redes, obligaciones de servicio p煤blico, interoperabilidad, integridad y seguridad de redes y servicios.
Mediante real decreto se establecer谩 el procedimiento de comunicaci贸n de las citadas especificaciones a la Comisi贸n Europea de conformidad con la normativa de la Uni贸n Europea.
2. La Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia tambi茅n fomentar谩 y garantizar谩 el uso de las normas o especificaciones t茅cnicas en los t茅rminos se帽alados en el apartado anterior en el ejercicio de sus funciones de la regulaci贸n ex ante y de resoluci贸n de conflictos entre operadores.
CAP脥TULO II-Acceso a las redes y recursos asociados e interconexi贸n
Art铆culo 12. Principios generales aplicables al acceso a las redes y recursos asociados y a su interconexi贸n
1. Este cap铆tulo y su desarrollo reglamentario ser谩n aplicables a la interconexi贸n y a los accesos a redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas y a sus recursos asociados, salvo que el beneficiario del acceso sea un usuario final, de acuerdo con la definici贸n que se da a los conceptos de acceso e interconexi贸n en el anexo II de la presente Ley.
2. Los operadores de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas tendr谩n el derecho y, cuando se solicite por otros operadores de redes de comunicaciones electr贸nicas, la obligaci贸n de negociar la interconexi贸n mutua con el fin de prestar servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico, con el objeto de garantizar as铆 la prestaci贸n de servicios y su interoperabilidad.
3. No existir谩n restricciones que impidan que los operadores negocien entre s铆 acuerdos de acceso e interconexi贸n.
4. La persona f铆sica o jur铆dica habilitada para explotar redes o prestar servicios en otro Estado miembro de la Uni贸n Europea que solicite acceso o interconexi贸n en Espa帽a no necesitar谩 llevar a cabo la notificaci贸n a la que se refiere el art铆culo 6 de la Ley cuando no explote redes ni preste servicios de comunicaciones electr贸nicas en el territorio nacional.
5. Sin perjuicio de las medidas que puedan adoptarse en relaci贸n con las empresas que tengan un poder significativo en el mercado de acuerdo con lo previsto en el art铆culo 14 de esta Ley, la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia podr谩 intervenir en las relaciones entre operadores o entre operadores y otras entidades que se beneficien de las obligaciones de acceso e interconexi贸n, a petici贸n de cualquiera de las partes implicadas, o de oficio cuando est茅 justificado, con objeto de fomentar y, en su caso, garantizar la adecuaci贸n del acceso, la interconexi贸n y la interoperabilidad de los servicios, as铆 como la consecuci贸n de los objetivos establecidos en el art铆culo 3. La decisi贸n de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia ser谩 vinculante y se adoptar谩 en el plazo indicado en la Ley 3/2013 de creaci贸n de dicha Comisi贸n.
6. Las obligaciones y condiciones que se impongan de conformidad con este cap铆tulo ser谩n objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias.
7. Los operadores que obtengan informaci贸n de otros, con anterioridad, durante o con posterioridad al proceso de negociaci贸n de acuerdos de acceso o interconexi贸n, destinar谩n dicha informaci贸n exclusivamente a los fines para los que les fue facilitada y respetar谩n en todo momento la confidencialidad de la informaci贸n transmitida o almacenada, en especial respecto de terceros, incluidos otros departamentos de la propia empresa, filiales o asociados.
CAP脥TULO III-Regulaci贸n ex ante de los mercados y resoluci贸n de conflictos
Art铆culo 13. Mercados de referencia y operadores con poder significativo en el mercado
1. La Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, teniendo en cuenta la Recomendaci贸n de la Comisi贸n Europea sobre mercados relevantes, las Directrices de la Comisi贸n Europea para el an谩lisis de mercados y determinaci贸n de operadores con poder significativo en el mercado y los dict谩menes y posiciones comunes pertinentes adoptados por el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electr贸nicas (ORECE), definir谩, previo informe del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo y del Ministerio de Econom铆a y Competitividad y mediante resoluci贸n publicada en el 芦Bolet铆n Oficial del Estado禄, los mercados de referencia relativos a redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas, entre los que se incluir谩n los correspondientes mercados de referencia al por mayor y al por menor, y el 谩mbito geogr谩fico de los mismos, cuyas caracter铆sticas pueden justificar la imposici贸n de obligaciones espec铆ficas.
En todo caso, la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, en aplicaci贸n de la normativa en materia de competencia, en especial, de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, de los art铆culos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea, y de la Ley 3/2013, de creaci贸n de la Comisi贸n, deber谩 supervisar el funcionamiento de los distintos mercados de comunicaciones electr贸nicas, as铆 como la actividad de los operadores ya tengan o no poder significativo en el mercado, para preservar, garantizar y promover condiciones de competencia efectiva en los mismos.
2. Asimismo, teniendo en cuenta las referencias citadas en el p谩rrafo anterior, la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia llevar谩 a cabo un an谩lisis de los citados mercados:
a) En un plazo m谩ximo de tres a帽os contado desde la adopci贸n de una medida anterior relativa a ese mercado. No obstante, y de modo excepcional, este plazo podr谩 ampliarse a un m谩ximo de tres a帽os suplementarios cuando las autoridades nacionales de reglamentaci贸n hayan notificado una propuesta de ampliaci贸n razonada a la Comisi贸n Europea y esta no haya hecho ninguna objeci贸n en el plazo de un mes respecto de la ampliaci贸n notificada.
b) En el plazo m谩ximo de dos a帽os desde la adopci贸n de una recomendaci贸n sobre mercados relevantes revisada, para los mercados no notificados previamente a la Comisi贸n Europea.
Si la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia no hubiera concluido su an谩lisis de un mercado relevante que figura en la Recomendaci贸n de Mercados Relevantes dentro de los plazos establecidos, el ORECE le prestar谩 asistencia, a petici贸n de la propia Comisi贸n, para la conclusi贸n del an谩lisis del mercado concreto y la determinaci贸n de las obligaciones espec铆ficas que deban imponerse. La Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, contando con esta colaboraci贸n, notificar谩 el proyecto de medida a la Comisi贸n Europea en un plazo de seis meses.
El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo, en virtud de lo dispuesto en el art铆culo 5.2 de la Ley 3/2013, podr谩 solicitar a la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia para que realice el an谩lisis de un mercado determinado de comunicaciones electr贸nicas cuando concurran razones de inter茅s general, o bien se aprecien indicios de falta de competencia efectiva.
La Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, en los planes anuales o plurianuales de actuaci贸n que apruebe y en los que debe constar sus objetivos y prioridades a tenor de lo dispuesto en el art铆culo 20.16 de la Ley 3/2013, deber谩 identificar los mercados relevantes que vaya a analizar y las actuaciones necesarias para la adecuada realizaci贸n de dicho an谩lisis dentro de los plazos previstos en este apartado.
El Presidente de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, en el marco del control parlamentario anual a que se refiere el art铆culo 39.1 de la Ley 3/2013, deber谩 dar cuenta del resultado de los an谩lisis de los mercados y el cumplimiento de los plazos establecidos en este apartado.
3. El an谩lisis a que se refiere el apartado anterior tendr谩 como finalidad determinar si los distintos mercados de referencia se desarrollan en un entorno de competencia efectiva. En caso contrario, la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia previo informe del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo y del Ministerio de Econom铆a y Competitividad, identificar谩 y har谩 p煤blicos el operador u operadores que poseen un poder significativo en cada mercado considerado.
Cuando un operador u operadores tengan, individual o conjuntamente, poder significativo en un mercado de referencia (mercado primario), la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia podr谩 declarar que lo tienen tambi茅n en otro mercado de referencia estrechamente relacionado con el anterior (mercado secundario) cuando los v铆nculos entre ambos sean tales que resulte posible ejercer en el mercado secundario el peso que se tiene en el mercado primario, reforzando de esta manera el poder en el mercado del operador. En este supuesto, podr谩n imponerse obligaciones espec铆ficas adecuadas en el mercado secundario, en virtud del apartado siguiente.
4. En aquellos mercados en que se constate la inexistencia de un entorno de competencia efectiva, la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, previo informe del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo y del Ministerio de Econom铆a y Competitividad, impondr谩 las obligaciones espec铆ficas apropiadas que sean exigibles a los operadores que hayan sido identificados como operadores con poder significativo en dichos mercados. Podr谩 a estos efectos mantener o modificar obligaciones espec铆ficas que tuvieran impuestas. En la determinaci贸n de dichas obligaciones espec铆ficas se otorgar谩 preferencia a las medidas en mercados al por mayor frente a las actuaciones en los mercados al por menor correspondientes.
Las obligaciones espec铆ficas a que se refieren los p谩rrafos anteriores se basar谩n en la naturaleza del problema identificado, ser谩n proporcionadas y estar谩n justificadas en el cumplimiento de los objetivos del art铆culo 3 de esta Ley. Dichas obligaciones se mantendr谩n en vigor durante el tiempo estrictamente imprescindible.
5. En los mercados en los que se constate la existencia de competencia efectiva, la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia suprimir谩 las obligaciones espec铆ficas que, en su caso, tuvieran impuestas los operadores por haber sido declarados con poder significativo en dichos mercados.
Art铆culo 14. Obligaciones espec铆ficas aplicables a los operadores con poder significativo en mercados de referencia
1. La Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, en la forma y en las condiciones que se determinen en desarrollo del apartado 5 de este art铆culo, podr谩 imponer a los operadores que, de conformidad con dicho art铆culo, hayan sido declarados con poder significativo en el mercado obligaciones espec铆ficas en materia de:
a) Transparencia, en relaci贸n con la interconexi贸n y el acceso, conforme a las cuales los operadores deber谩n hacer p煤blico determinado tipo de informaci贸n, como la relativa a contabilidad, especificaciones t茅cnicas, caracter铆sticas de las redes, condiciones de suministro y utilizaci贸n, incluidas, en su caso, las condiciones que pudieran limitar el acceso o la utilizaci贸n de servicios o aplicaciones, as铆 como los precios. En particular, cuando de conformidad con la letra b) se impongan a un operador obligaciones de no discriminaci贸n, se le podr谩 exigir que publique una oferta de referencia.
Asimismo, se garantizar谩 que los operadores a los que de conformidad con la letra d) se impongan obligaciones en relaci贸n con el acceso al por mayor a la infraestructura de la red dispongan de una oferta de referencia. Mediante real decreto se establecer谩 el contenido m铆nimo de elementos que debe contemplar dicha oferta.
b) No discriminaci贸n, que garantizar谩n, en particular, que el operador aplique condiciones equivalentes en circunstancias semejantes a otros operadores que presten servicios equivalentes y proporcione a terceros servicios e informaci贸n de la misma calidad que los que proporcione para sus propios servicios o los de sus filiales o asociados y en las mismas condiciones.
c) Separaci贸n de cuentas, en el formato y con la metodolog铆a que, en su caso, se especifiquen.
d) Acceso a elementos o a recursos espec铆ficos de las redes y a su utilizaci贸n, as铆 como a recursos y a servicios asociados tales como servicios de identidad, localizaci贸n y presencia.
e) Control de precios, tales como la fijaci贸n de precios, la orientaci贸n de los precios en funci贸n de los costes y el establecimiento de una contabilidad de costes, con objeto de garantizar la formaci贸n de precios competitivos y evitar precios excesivos y m谩rgenes no competitivos en detrimento de los usuarios finales. La Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia velar谩 para que estos mecanismos de control de precios que se impongan sirvan para fomentar la competencia efectiva y los beneficios para los consumidores y usuarios en t茅rminos de precios y calidad de los servicios. Para favorecer la inversi贸n por parte del operador, en particular en redes de pr贸xima generaci贸n, la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia tendr谩 en cuenta la inversi贸n efectuada, permitiendo una tasa razonable de rendimiento en relaci贸n con el capital correspondiente invertido, habida cuenta de todos los riesgos espec铆ficos de un nuevo proyecto de inversi贸n concreto.
2. En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, previo sometimiento al mecanismo de consulta previsto en la disposici贸n adicional octava, podr谩 imponer obligaciones espec铆ficas relativas al acceso o a la interconexi贸n que no se limiten a las materias enumeradas en el apartado anterior.
3. Cuando la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia estudie la conveniencia de imponer las obligaciones espec铆ficas de acceso previstas en la letra d) del apartado 1 de este art铆culo, habr谩 de considerar, en particular, los siguientes elementos:
a) la viabilidad t茅cnica y econ贸mica de utilizar o instalar recursos que compitan entre s铆, a la vista del ritmo de desarrollo del mercado, teniendo en cuenta la naturaleza y el tipo de interconexi贸n o acceso de que se trate, incluida la viabilidad de otros productos de acceso previo, como el acceso a conductos,
b) la posibilidad de proporcionar el acceso propuesto, en relaci贸n con la capacidad disponible,
c) la inversi贸n inicial del propietario de los recursos, sin olvidar las inversiones p煤blicas realizadas ni los riesgos inherentes a las inversiones,
d) la necesidad de salvaguardar la competencia a largo plazo, prestando especial atenci贸n a la competencia econ贸micamente eficiente basada en las infraestructuras,
e) cuando proceda, los derechos pertinentes en materia de propiedad intelectual, y
f) el suministro de servicios paneuropeos.
4. Cuando la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia imponga obligaciones espec铆ficas a un operador de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas para que facilite acceso podr谩 establecer determinadas condiciones t茅cnicas u operativas al citado operador o a los beneficiarios de dicho acceso siempre que ello sea necesario para garantizar el funcionamiento normal de la red, conforme se establezca mediante real decreto. Las obligaciones de atenerse a normas o especificaciones t茅cnicas concretas estar谩n de acuerdo con las normas a que se refiere el art铆culo 11.
5. Mediante real decreto, el Gobierno identificar谩 las obligaciones espec铆ficas que la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia podr谩 imponer en los mercados de referencia considerados en este art铆culo y determinar谩 las condiciones para su imposici贸n, modificaci贸n o supresi贸n.
Art铆culo 15. Resoluci贸n de conflictos
1. La Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia resolver谩 los conflictos que se susciten en relaci贸n con las obligaciones existentes en virtud de la presente Ley y su normativa de desarrollo entre operadores o entre operadores y otras entidades que se beneficien de las obligaciones de acceso e interconexi贸n, de acuerdo con la definici贸n que se da a los conceptos de acceso e interconexi贸n en el anexo II de la presente Ley.
La Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, previa audiencia de las partes, dictar谩 resoluci贸n vinculante sobre los extremos objeto del conflicto, en el plazo indicado en la Ley de creaci贸n de esta Comisi贸n, sin perjuicio de que puedan adoptarse medidas provisionales hasta el momento en que se dicte la resoluci贸n definitiva.
2. En caso de producirse un conflicto transfronterizo en el que una de las partes est茅 radicada en otro Estado miembro de la Uni贸n Europea, la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, en caso de que cualquiera de las partes as铆 lo solicite, coordinar谩, en los t茅rminos que se establezcan mediante real decreto, sus esfuerzos para encontrar una soluci贸n al conflicto con la otra u otras autoridades nacionales de reglamentaci贸n afectadas.
La Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia podr谩 solicitar que el ORECE adopte un dictamen sobre las medidas que deben tomarse para resolver el litigio.
Cuando se haya transmitido al ORECE tal solicitud, la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia deber谩 esperar el dictamen del ORECE antes de tomar medidas para resolver el litigio. Ello no constituir谩 un obst谩culo para que la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia adopte medidas urgentes en caso necesario.
Cualquier obligaci贸n impuesta a una empresa por la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia en la resoluci贸n de un litigio deber谩 tener en cuenta en la mayor medida posible el dictamen adoptado por el ORECE.
CAP脥TULO IV-Separaci贸n funcional
Art铆culo 16. Separaci贸n funcional obligatoria
1. Cuando la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia llegue a la conclusi贸n de que las obligaciones espec铆ficas impuestas, en virtud de lo dispuesto en el art铆culo 14, no han bastado para conseguir una competencia efectiva y que sigue habiendo problemas de competencia importantes y persistentes o fallos del mercado en relaci贸n con mercados al por mayor de productos de acceso, podr谩 decidir la imposici贸n, como medida excepcional, a los operadores con poder significativo en el mercado integrados verticalmente, de la obligaci贸n de traspasar las actividades relacionadas con el suministro al por mayor de productos de acceso a una unidad empresarial que act煤e independientemente.
Esa unidad empresarial suministrar谩 productos y servicios de acceso a todas las empresas, incluidas otras unidades empresariales de la sociedad matriz, en los mismos plazos, t茅rminos y condiciones, en particular en lo que se refiere a niveles de precios y de servicio, y mediante los mismos sistemas y procesos.
La imposici贸n de la obligaci贸n de separaci贸n funcional prevista en el presente art铆culo se entender谩 sin perjuicio de las medidas estructurales que se pudieran adoptar en aplicaci贸n de la normativa en materia de competencia.
2. Cuando la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia se proponga imponer una obligaci贸n de separaci贸n funcional, elaborar谩 una propuesta que incluya:
a) motivos que justifiquen las conclusiones a las que ha llegado,
b) razones por las que hay pocas posibilidades, o ninguna, de competencia basada en la infraestructura en un plazo razonable,
c) un an谩lisis del impacto previsto sobre la autoridad reguladora, sobre la empresa, particularmente en lo que se refiere a los trabajadores de la empresa separada y al sector de las comunicaciones electr贸nicas en su conjunto, sobre los incentivos para invertir en el sector en su conjunto, en especial por lo que respecta a la necesidad de garantizar la cohesi贸n social y territorial, as铆 como sobre otras partes interesadas, incluido en particular el impacto previsto sobre la competencia en infraestructuras y cualquier efecto negativo potencial sobre los consumidores, y
d) un an谩lisis de las razones que justifiquen que esta obligaci贸n es el medio m谩s adecuado para aplicar soluciones a los problemas de competencia o fallos del mercado que se hayan identificado.
3. El proyecto de medida incluir谩 los elementos siguientes:
a) la naturaleza y el grado precisos de la separaci贸n, especificando en particular el estatuto jur铆dico de la entidad empresarial separada,
b) una indicaci贸n de los activos de la entidad empresarial separada y de los productos o servicios que debe suministrar esta entidad,
c) los mecanismos de gobernanza para garantizar la independencia del personal empleado por la entidad empresarial separada y la estructura de incentivos correspondiente,
d) las normas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones,
e) las normas para garantizar la transparencia de los procedimientos operativos, en particular de cara a otras partes interesadas, y
f) un programa de seguimiento para garantizar el cumplimiento, incluida la publicaci贸n de un informe anual.
4. La propuesta de imposici贸n de la obligaci贸n de separaci贸n funcional, una vez que el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo y el Ministerio de Econom铆a y Competitividad, como Autoridades Nacionales de Reglamentaci贸n identificadas en el apartado 1 del art铆culo 68, hayan emitido informe sobre la misma, se presentar谩 a la Comisi贸n Europea.
5. Tras la decisi贸n de la Comisi贸n Europea, la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia llevar谩 a cabo, de conformidad con el procedimiento previsto en el art铆culo 13, un an谩lisis coordinado de los distintos mercados relacionados con la red de acceso. Sobre la base de su evaluaci贸n, previo informe del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo y del Ministerio de Econom铆a y Competitividad, la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia impondr谩, mantendr谩, modificar谩 o suprimir谩 las obligaciones espec铆ficas correspondientes.
Art铆culo 17. Separaci贸n funcional voluntaria
1. En el supuesto de que una empresa designada como poseedora de poder significativo en uno o varios mercados pertinentes se proponga transferir sus activos de red de acceso local, o una parte sustancial de los mismos, a una persona jur铆dica separada de distinta propiedad, o establecer una entidad empresarial separada para suministrar a todos los proveedores minoristas, incluidas sus propias divisiones minoristas, productos de acceso completamente equivalentes, deber谩 informar con anterioridad al Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo, al Ministerio de Econom铆a y Competitividad y a la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia. Las empresas informar谩n tambi茅n al Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo, al Ministerio de Econom铆a y Competitividad y a la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia de cualquier cambio de dicho prop贸sito, as铆 como del resultado final del proceso de separaci贸n.
2. En el caso de que se realice la separaci贸n funcional voluntaria, la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia evaluar谩 el efecto de la transacci贸n prevista sobre las obligaciones reglamentarias impuestas a esa entidad, llevando a cabo, de conformidad con el procedimiento previsto en el art铆culo 14, un an谩lisis coordinado de los distintos mercados relacionados con la red de acceso. Sobre la base de su evaluaci贸n, previo informe del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo, la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia impondr谩, mantendr谩, modificar谩 o suprimir谩 las obligaciones espec铆ficas correspondientes.
Art铆culo 18. Obligaciones espec铆ficas adicionales a la separaci贸n funcional
Las empresas a las que se haya impuesto o que hayan decidido la separaci贸n funcional podr谩n estar sujetas a cualquiera de las obligaciones espec铆ficas enumeradas en el art铆culo 14 en cualquier mercado de referencia en que hayan sido designadas como poseedoras de poder significativo en el mercado.
CAP脥TULO V-Numeraci贸n, direccionamiento y denominaci贸n
Art铆culo 19. Principios generales
1. Para los servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico se proporcionar谩n los n煤meros, direcciones y nombres que se necesiten para permitir su efectiva prestaci贸n, tom谩ndose esta circunstancia en consideraci贸n en los planes nacionales correspondientes y en sus disposiciones de desarrollo.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la regulaci贸n de los nombres de dominio de internet bajo el indicativo del pa铆s correspondiente a Espa帽a (芦.es禄) se regir谩 por su normativa espec铆fica.
3. Corresponde al Gobierno la aprobaci贸n por real decreto de los planes nacionales de numeraci贸n, direccionamiento y denominaci贸n, teniendo en cuenta las decisiones aplicables que se adopten en el seno de las organizaciones y los foros internacionales.
4. Corresponde al Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo la elaboraci贸n de las propuestas de planes nacionales para su elevaci贸n al Gobierno, y el desarrollo normativo de estos planes que podr谩n establecer condiciones asociadas a la utilizaci贸n de los recursos p煤blicos de numeraci贸n, direccionamiento y denominaci贸n, en particular la designaci贸n del servicio para el que se utilizar谩n estos recursos, incluyendo cualquier requisito relacionado con el suministro de dicho servicio.
5. Corresponde al Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo el otorgamiento de los derechos de uso de los recursos p煤blicos regulados en los planes nacionales de numeraci贸n, direccionamiento y denominaci贸n.
Los procedimientos para el otorgamiento de estos derechos ser谩n abiertos, objetivos, no discriminatorios, proporcionados y transparentes. Estos procedimientos se establecer谩n mediante real decreto.
Las decisiones relativas a los otorgamientos de derechos de uso se adoptar谩n, comunicar谩n y har谩n p煤blicas en el plazo m谩ximo de tres semanas desde la recepci贸n de la solicitud completa, salvo cuando se apliquen procedimientos de selecci贸n comparativa o competitiva, en cuyo caso, el plazo m谩ximo ser谩 de seis semanas desde el fin del plazo de recepci贸n de ofertas. Transcurrido el plazo m谩ximo sin haberse notificado la resoluci贸n expresa, se podr谩 entender desestimada la solicitud por silencio administrativo. Asimismo, tambi茅n se har谩n p煤blicas las decisiones que se adopten relativas a la cancelaci贸n de derechos de uso.
6. Los operadores que presten servicios telef贸nicos disponibles al p煤blico u otros servicios que permitan efectuar y recibir llamadas a n煤meros del plan nacional de numeraci贸n telef贸nica deber谩n cursar las llamadas que se efect煤en a los rangos de numeraci贸n telef贸nica nacional y, cuando permitan llamadas internacionales, al espacio europeo de numeraci贸n telef贸nica y a otros rangos de numeraci贸n internacional, en los t茅rminos que se especifiquen en los planes nacionales de numeraci贸n o en sus disposiciones de desarrollo, sin perjuicio del derecho del usuario de desconexi贸n de determinados servicios.
Los operadores que presten servicios telef贸nicos disponibles al p煤blico u otros servicios que permitan las llamadas internacionales adoptar谩n las medidas oportunas para que sean cursadas cuantas llamadas se efect煤en procedentes de y con destino al espacio europeo de numeraci贸n telef贸nica, a tarifas similares a las que se aplican a las llamadas con origen o destino en otros pa铆ses comunitarios.
7. El otorgamiento de derechos de uso de los recursos p煤blicos de numeraci贸n, direccionamiento y denominaci贸n regulados en los planes nacionales no supondr谩 el otorgamiento de m谩s derechos que los de su utilizaci贸n conforme a lo que se establece en esta Ley.
8. Los operadores a los que se haya otorgado el derecho de uso de una serie de n煤meros no podr谩n discriminar a otros operadores en lo que se refiere a las secuencias de n煤meros utilizadas para dar acceso a los servicios de 茅stos.
9. Todos los operadores y, en su caso, los fabricantes y los comerciantes estar谩n obligados a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las decisiones que se adopten por el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo en materia de numeraci贸n, direccionamiento y denominaci贸n.
10. Los usuarios finales tendr谩n, en los t茅rminos que determine la normativa de desarrollo de la Ley, acceso a los recursos p煤blicos regulados en los planes nacionales. Esta normativa podr谩 prever, cuando est茅 justificado, el otorgamiento de derechos de uso de n煤meros, nombres o direcciones a los usuarios finales para determinados rangos que a tal efecto se definan en los planes nacionales o en sus disposiciones de desarrollo.
11. Los operadores que exploten redes p煤blicas de comunicaciones o presten servicios telef贸nicos disponibles al p煤blico, siempre que sea t茅cnica y econ贸micamente posible, adoptar谩n las medidas que sean necesarias para que los usuarios finales puedan tener acceso a los servicios utilizando n煤meros no geogr谩ficos en la Uni贸n Europea, y que puedan tener acceso, con independencia de la tecnolog铆a y los dispositivos utilizados por el operador, a todos los n煤meros proporcionados en la Uni贸n Europea, incluidos los de los planes nacionales de numeraci贸n de los Estados miembros, los del espacio europeo de numeraci贸n telef贸nica, y los N煤meros Universales Internacionales de Llamada Gratuita.
12. El Gobierno apoyar谩 la armonizaci贸n de determinados n煤meros o series de n煤meros concretos dentro de la Uni贸n Europea cuando ello promueva al mismo tiempo el funcionamiento del mercado interior y el desarrollo de servicios paneuropeos.
Art铆culo 20. Planes nacionales
1. Los planes nacionales y sus disposiciones de desarrollo designar谩n los servicios para los que puedan utilizarse los n煤meros y, en su caso, direcciones y nombres correspondientes, incluido cualquier requisito relacionado con la prestaci贸n de tales servicios y las condiciones asociadas a su uso, que ser谩n proporcionadas y no discriminatorias. Asimismo, los planes nacionales y sus disposiciones de desarrollo podr谩n incluir los principios de fijaci贸n de precios y los precios m谩ximos que puedan aplicarse a los efectos de garantizar la protecci贸n de los consumidores.
2. El contenido de los citados planes y el de los actos derivados de su desarrollo y gesti贸n ser谩n p煤blicos, salvo en lo relativo a materias que puedan afectar a la seguridad nacional.
3. A fin de cumplir con las obligaciones y recomendaciones internacionales o para garantizar la disponibilidad suficiente de n煤meros, direcciones y nombres, el Ministro de Industria, Energ铆a y Turismo podr谩, mediante orden que se publicar谩 con la debida antelaci贸n a su entrada en vigor, y previo informe preceptivo de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, modificar la estructura y la organizaci贸n de los planes nacionales o, en ausencia de 茅stos o de planes espec铆ficos para cada servicio, establecer medidas sobre la utilizaci贸n de los recursos num茅ricos y alfanum茅ricos necesarios para la prestaci贸n de los servicios. Se habr谩n de tener en cuenta, a tales efectos, los intereses de los afectados y los gastos de adaptaci贸n que, de todo ello, se deriven para los operadores y para los usuarios.
4. Los planes nacionales o sus disposiciones de desarrollo podr谩n establecer procedimientos de selecci贸n competitiva o comparativa para el otorgamiento de derechos de uso de n煤meros y nombres con valor econ贸mico excepcional o que sean particularmente apropiados para la prestaci贸n de determinados servicios de inter茅s general. Estos procedimientos respetar谩n los principios de publicidad, concurrencia y no discriminaci贸n para todas las partes interesadas.
Art铆culo 21. Conservaci贸n de los n煤meros telef贸nicos por los abonados
1. Los operadores garantizar谩n, de conformidad con lo establecido en el art铆culo 47, que los abonados con n煤meros del plan nacional de numeraci贸n telef贸nica puedan conservar, previa solicitud, los n煤meros que les hayan sido asignados, con independencia del operador que preste el servicio. Mediante real decreto se fijar谩n los supuestos a los que sea de aplicaci贸n la conservaci贸n de n煤meros, as铆 como los aspectos t茅cnicos y administrativos necesarios para que 茅sta se lleve a cabo. En aplicaci贸n de este real decreto y su normativa de desarrollo, la Comisi贸n Nacional de los Mercados y de la Competencia podr谩 fijar, mediante circular, caracter铆sticas y condiciones para la conservaci贸n de los n煤meros.
2. Los costes derivados de la actualizaci贸n de los elementos de la red y de los sistemas necesarios para hacer posible la conservaci贸n de los n煤meros deber谩n ser sufragados por cada operador sin que, por ello, tengan derecho a percibir indemnizaci贸n alguna. Los dem谩s costes que produzca la conservaci贸n de los n煤meros telef贸nicos se repartir谩n, a trav茅s del oportuno acuerdo, entre los operadores afectados por el cambio. A falta de acuerdo, resolver谩 la Comisi贸n Nacional de los Mercados y de la Competencia. Los precios de interconexi贸n para la aplicaci贸n de las facilidades de conservaci贸n de los n煤meros habr谩n de estar orientados en funci贸n de los costes y, en caso de imponerse cuotas directas a los abonados, no deber谩n tener, en ning煤n caso, efectos disuasorios para el uso de dichas facilidades.
Art铆culo 22. N煤meros armonizados para los servicios armonizados europeos de valor social
1. El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo promover谩 el conocimiento por la poblaci贸n de los n煤meros armonizados europeos que comienzan por las cifras 116 y fomentar谩 la prestaci贸n en Espa帽a de los servicios de valor social para los que est谩n reservados tales n煤meros, poni茅ndolos a disposici贸n de los interesados en su prestaci贸n.
2. El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo adoptar谩 las iniciativas pertinentes para que los usuarios finales con discapacidad puedan tener el mejor acceso posible a los servicios prestados a trav茅s de los n煤meros armonizados europeos que comienzan por las cifras 116. En la atribuci贸n de tales n煤meros, dicho Ministerio establecer谩 las condiciones que faciliten el acceso a los servicios que se presten a trav茅s de ellos por los usuarios finales con discapacidad.
Entre las referidas condiciones podr谩n incluirse, en funci贸n del servicio en concreto de valor social que se trate, la de posibilitar la comunicaci贸n total a trav茅s de voz, texto y video para que las personas con discapacidad sensorial no se queden excluidas.
3. Las administraciones p煤blicas competentes en la regulaci贸n o supervisi贸n de cada uno de los servicios que se presten a trav茅s de los n煤meros armonizados europeos que comienzan por las cifras 116 velar谩n por que los ciudadanos reciban una informaci贸n adecuada sobre la existencia y utilizaci贸n de estos servicios de valor social.
T脥TULO III-Obligaciones de servicio p煤blico y derechos y obligaciones de car谩cter p煤blico en la explotaci贸n de redes y en la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas
CAP脥TULO I-Obligaciones de servicio p煤blico
SECCI脫N 1.陋-Delimitaci贸n
Art铆culo 23. Delimitaci贸n de las obligaciones de servicio p煤blico
1. Este cap铆tulo tiene por objeto garantizar la existencia de servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico, de adecuada calidad en todo el territorio nacional a trav茅s de una competencia y una libertad de elecci贸n reales, y hacer frente a las circunstancias en que las necesidades de los usuarios finales no se vean atendidas de manera satisfactoria por el mercado.
2. Los operadores se sujetar谩n al r茅gimen de obligaciones de servicio p煤blico y de car谩cter p煤blico, de acuerdo con lo establecido en este t铆tulo. Cuando se impongan obligaciones de servicio p煤blico, conforme a lo dispuesto en este cap铆tulo, se aplicar谩 con car谩cter supletorio el r茅gimen establecido para la concesi贸n de servicio p煤blico determinado por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P煤blico, aprobado por el real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
3. El cumplimiento de las obligaciones de servicio p煤blico en la explotaci贸n de redes p煤blicas y en la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas para los que aqu茅llas sean exigibles se efectuar谩 con respeto a los principios de igualdad, transparencia, no discriminaci贸n, continuidad, adaptabilidad, disponibilidad y permanencia y conforme a los t茅rminos y condiciones que mediante real decreto se determinen.
4. Corresponde al Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo el control y el ejercicio de las facultades de la Administraci贸n relativas a las obligaciones de servicio p煤blico y de car谩cter p煤blico a que se refiere este art铆culo.
5. Cuando el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo constate que cualquiera de los servicios a que se refiere este art铆culo se est谩 prestando en competencia, en condiciones de precio, cobertura y calidad de servicio similares a aquellas en que los operadores designados deben prestarlas, podr谩, previo informe de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y de la Competencia y audiencia a los interesados, determinar el cese de su prestaci贸n como obligaci贸n de servicio p煤blico y, en consecuencia, de la financiaci贸n prevista para tales obligaciones.
Art铆culo 24. Categor铆as de obligaciones de servicio p煤blico
Los operadores est谩n sometidos a las siguientes categor铆as de obligaciones de servicio p煤blico:
a) El servicio universal en los t茅rminos contenidos en la secci贸n 2.陋 de este cap铆tulo.
b) Otras obligaciones de servicio p煤blico impuestas por razones de inter茅s general, en la forma y con las condiciones establecidas en la secci贸n 3.陋 de este cap铆tulo.
SECCI脫N 2.陋-El servicio universal
Art铆culo 25. Concepto y 谩mbito de aplicaci贸n
1. Se entiende por servicio universal el conjunto definido de servicios cuya prestaci贸n se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localizaci贸n geogr谩fica, con una calidad determinada y a un precio asequible.
Bajo el mencionado concepto de servicio universal se deber谩 garantizar, en los t茅rminos y condiciones que mediante real decreto se determinen por el Gobierno, que:
a) Todos los usuarios finales puedan obtener una conexi贸n a la red p煤blica de comunicaciones electr贸nicas desde una ubicaci贸n fija siempre que sus solicitudes se consideren razonables en los t茅rminos que mediante real decreto se determinen y que, incluir谩n, entre otros factores, el coste de su provisi贸n. La conexi贸n debe permitir realizar comunicaciones de voz, fax y datos, a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet. La conexi贸n a la red p煤blica de comunicaciones con capacidad de acceso funcional a Internet deber谩 permitir comunicaciones de datos en banda ancha a una velocidad en sentido descendente de 1 Mbit por segundo. El Gobierno podr谩 actualizar esta velocidad de acuerdo con la evoluci贸n social, econ贸mica y tecnol贸gica, y las condiciones de competencia en el mercado, teniendo en cuenta los servicios utilizados por la mayor铆a de los usuarios.
b) Se satisfagan todas las solicitudes razonables de prestaci贸n de un servicio telef贸nico disponible al p煤blico a trav茅s de la conexi贸n a que se refiere el p谩rrafo anterior, de modo que se permita efectuar y recibir llamadas nacionales e internacionales.
c) Se ponga a disposici贸n de los abonados al servicio telef贸nico disponible al p煤blico una gu铆a general de n煤meros de abonados, ya sea impresa o electr贸nica, o ambas, que se actualice, como m铆nimo, una vez al a帽o. Mediante real decreto se determinar谩n los colectivos de abonados que pueden solicitar que se le entregue la gu铆a impresa. Asimismo, que se ponga a disposici贸n de todos los usuarios finales de dicho servicio, incluidos los usuarios de tel茅fonos p煤blicos de pago, al menos un servicio de informaci贸n general sobre n煤meros de abonados. Todos los abonados al servicio telef贸nico disponible al p煤blico tendr谩n derecho a figurar en la mencionada gu铆a general, sin perjuicio, en todo caso, del respeto a las normas que regulen la protecci贸n de los datos personales y el derecho a la intimidad.
d) Exista una oferta suficiente de tel茅fonos p煤blicos de pago u otros puntos de acceso p煤blico a la telefon铆a vocal en todo el territorio nacional, que satisfaga razonablemente las necesidades de los usuarios finales en lo relativo a la cobertura geogr谩fica, al n煤mero de aparatos u otros puntos de acceso, y a la calidad de los servicios, garantice la accesibilidad de estos tel茅fonos por los usuarios con discapacidades y permita efectuar gratuitamente llamadas de emergencia desde los tel茅fonos p煤blicos de pago sin tener que utilizar ninguna forma de pago utilizando el n煤mero 煤nico de llamadas de emergencia 112 y otros n煤meros de emergencia espa帽oles.
e) Los usuarios finales con discapacidad tengan acceso a los servicios incluidos en los p谩rrafos b), c) y d) de este apartado, a un nivel equivalente al que disfrutan otros usuarios finales.
f) Se ofrezcan a los consumidores que sean personas f铆sicas, de acuerdo con condiciones transparentes, p煤blicas y no discriminatorias, opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotaci贸n comercial con objeto de garantizar, en particular, que las personas con necesidades sociales especiales puedan tener acceso a la red y a los servicios que componen el concepto de servicio universal. Con el mismo objeto podr谩n aplicarse, cuando proceda, limitaciones de precios, tarifas comunes, equiparaci贸n geogr谩fica u otros reg铆menes similares a las prestaciones incluidas en este art铆culo.
El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo supervisar谩 la evoluci贸n y el nivel de la tarificaci贸n al p煤blico de los conceptos que forman parte del servicio universal, bien sean prestados por el operador designado, o bien se encuentren disponibles en el mercado en caso de que no se hayan designado operadores en relaci贸n con estos servicios, en particular en relaci贸n con los niveles nacionales de precios al consumo y de rentas.
2. Mediante real decreto se podr谩n adoptar medidas a fin de garantizar que los usuarios finales con discapacidad tambi茅n puedan beneficiarse de la capacidad de elecci贸n de operadores de que disfruta la mayor铆a de los usuarios finales. Asimismo, podr谩n establecerse sistemas de ayuda directa a los consumidores que sean personas f铆sicas con rentas bajas o con necesidades sociales especiales.
3. Todas las obligaciones que se incluyen en el servicio universal estar谩n sujetas a los mecanismos de financiaci贸n que se establecen en el art铆culo 27.
4. El Gobierno, de conformidad con la normativa comunitaria, podr谩 revisar el alcance de las obligaciones de servicio universal.
Art铆culo 26. Designaci贸n de los operadores encargados de la prestaci贸n del servicio universal
1. Cuando la prestaci贸n de cualquiera de los elementos integrantes del servicio universal no quede garantizada por el libre mercado, el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo designar谩 uno o m谩s operadores para que garanticen la prestaci贸n eficiente de dichos elementos del servicio universal, de manera que quede cubierta la totalidad del territorio nacional. A estos efectos podr谩n designarse operadores diferentes para la prestaci贸n de diversos elementos del servicio universal y abarcar distintas zonas del territorio nacional.
2. El sistema de designaci贸n de operadores encargados de garantizar la prestaci贸n de los servicios, prestaciones y ofertas del servicio universal se establecer谩 mediante real decreto, con sujeci贸n a los principios de eficiencia, objetividad, transparencia y no discriminaci贸n sin excluir a priori la designaci贸n de ninguna empresa. En todo caso, contemplar谩 un mecanismo de licitaci贸n p煤blica para dichos servicios, prestaciones y ofertas. Estos procedimientos de designaci贸n garantizar谩n que la prestaci贸n del servicio universal se haga de manera rentable y se podr谩n utilizar como medio para determinar el coste neto derivado de las obligaciones asignadas, a los efectos de lo dispuesto en el art铆culo 27.1.
3. Cuando el operador designado para la prestaci贸n del servicio universal se proponga entregar una parte o la totalidad de sus activos de red de acceso local a una persona jur铆dica separada de distinta propiedad, informar谩 con la debida antelaci贸n al Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo a fin de evaluar las repercusiones de la operaci贸n prevista en el suministro de acceso desde una ubicaci贸n fija y la prestaci贸n de servicios telef贸nicos, de conformidad con el art铆culo 25. El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo, como consecuencia de la evaluaci贸n realizada, podr谩 imponer, modificar o suprimir obligaciones al operador designado.
4. El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo podr谩 establecer objetivos de rendimiento aplicables al operador u operadores designados para la prestaci贸n del servicio universal.
5. El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo notificar谩 a la Comisi贸n Europea las obligaciones de servicio universal impuestas al operador u operadores designados para el cumplimiento de obligaciones de servicio universal, as铆 como los cambios relacionados con dichas obligaciones o con el operador u operadores designados.
Art铆culo 27. Coste y financiaci贸n del servicio universal
1. La Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia determinar谩 si la obligaci贸n de la prestaci贸n del servicio universal puede implicar una carga injustificada para los operadores obligados a su prestaci贸n.
En caso de que se considere que puede existir dicha carga injustificada, el coste neto de prestaci贸n del servicio universal ser谩 determinado peri贸dicamente por la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia de acuerdo con los procedimientos de designaci贸n previstos en el art铆culo 26.2 o en funci贸n del ahorro neto que el operador conseguir铆a si no tuviera la obligaci贸n de prestar el servicio universal.
Para la determinaci贸n de este ahorro neto la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia desarrollar谩 y publicar谩 una metodolog铆a de acuerdo con los criterios que se establezcan mediante real decreto.
2. El coste neto de la obligaci贸n de prestaci贸n del servicio universal ser谩 financiado por un mecanismo de reparto, en condiciones de transparencia y no discriminaci贸n, por aquellos operadores que obtengan por la explotaci贸n de redes o la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas unos ingresos brutos de explotaci贸n anuales superiores a 100 millones de euros. Esta cifra podr谩 ser actualizada o modificada mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, previo informe de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, en funci贸n de la evoluci贸n del mercado y de las cuotas que los distintos operadores tienen en cada momento en el mercado.
3. Una vez fijado este coste, la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia determinar谩 las aportaciones que correspondan a cada uno de los operadores con obligaciones de contribuci贸n a la financiaci贸n del servicio universal.
Dichas aportaciones, as铆 como, en su caso, las deducciones y exenciones aplicables, se verificar谩n de acuerdo con las condiciones que se establezcan por real decreto.
Las aportaciones recibidas se depositar谩n en el Fondo nacional del servicio universal, que se crea por esta Ley.
4. El Fondo nacional del servicio universal tiene por finalidad garantizar la financiaci贸n del servicio universal. Los activos en met谩lico procedentes de los operadores con obligaciones de contribuir a la financiaci贸n del servicio universal se depositar谩n en este fondo, en una cuenta espec铆fica designada a tal efecto. Los gastos de gesti贸n de esta cuenta ser谩n deducidos de su saldo, y los rendimientos que 茅ste genere, si los hubiere, minorar谩n la contribuci贸n de los aportantes.
En la cuenta podr谩n depositarse aquellas aportaciones que sean realizadas por cualquier persona f铆sica o jur铆dica que desee contribuir, desinteresadamente, a la financiaci贸n de cualquier prestaci贸n propia del servicio universal.
Los operadores sujetos a obligaciones de prestaci贸n del servicio universal recibir谩n de este fondo la cantidad correspondiente al coste neto que les supone dicha obligaci贸n, calculado seg煤n el procedimiento establecido en este art铆culo.
La Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia se encargar谩 de la gesti贸n del Fondo nacional del servicio universal. Mediante real decreto se determinar谩 su estructura, organizaci贸n, mecanismos de control y la forma y plazos en los que se realizar谩n las aportaciones.
5. Mediante real decreto podr谩 preverse la existencia de un mecanismo de compensaci贸n directa entre operadores para aquellos casos en que la magnitud del coste no justifique los costes de gesti贸n del fondo nacional del servicio universal.
SECCI脫N 3.陋-Otras obligaciones de servicio p煤blico
Art铆culo 28. Otras obligaciones de servicio p煤blico
1. El Gobierno podr谩, por necesidades de la defensa nacional, de la seguridad p煤blica, seguridad vial o de los servicios que afecten a la seguridad de las personas o a la protecci贸n civil, imponer otras obligaciones de servicio p煤blico distintas de las de servicio universal a los operadores.
2. El Gobierno podr谩, asimismo, imponer otras obligaciones de servicio p煤blico, previo informe de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, as铆 como de la administraci贸n territorial competente, motivadas por:
a) Razones de cohesi贸n territorial.
b) Razones de extensi贸n del uso de nuevos servicios y tecnolog铆as, en especial a la sanidad, a la educaci贸n, a la acci贸n social y a la cultura.
c) Por la necesidad de facilitar la comunicaci贸n entre determinados colectivos que se encuentren en circunstancias especiales y est茅n insuficientemente atendidos con la finalidad de garantizar la suficiencia de su oferta.
d) Por la necesidad de facilitar la disponibilidad de servicios que comporten la acreditaci贸n de fehaciencia del contenido del mensaje remitido o de su remisi贸n o recepci贸n.
3. Mediante real decreto se regular谩 el procedimiento de imposici贸n de las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior y su forma de financiaci贸n.
4. En cualquier caso, la obligaci贸n de encaminar las llamadas a los servicios de emergencia sin derecho a contraprestaci贸n econ贸mica de ning煤n tipo debe ser asumida tanto por los operadores que presten servicios de comunicaciones electr贸nicas al p煤blico para efectuar llamadas nacionales a n煤meros de un plan nacional de numeraci贸n telef贸nica, como por los que exploten redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas. Esta obligaci贸n se impone a dichos operadores respecto de las llamadas dirigidas al n煤mero telef贸nico 112 de atenci贸n a emergencias y a otros que se determinen mediante real decreto, incluidas aquellas que se efect煤en desde tel茅fonos p煤blicos de pago, sin que sea necesario utilizar ninguna forma de pago en estos casos.
En todo caso, el servicio de llamadas de emergencia ser谩 gratuito para los usuarios, cualquiera que sea la Administraci贸n p煤blica responsable de su prestaci贸n y con independencia del tipo de terminal que se utilice.
Asimismo, los operadores pondr谩n gratuitamente a disposici贸n de las autoridades receptoras de dichas llamadas la informaci贸n que mediante real decreto se determine relativa a la ubicaci贸n de su procedencia.
Mediante real decreto se establecer谩n criterios para la precisi贸n y la fiabilidad de la informaci贸n facilitada sobre la ubicaci贸n de las personas que efect煤an llamadas a los servicios de emergencia.
El acceso a los servicios de emergencia para los usuarios finales con discapacidad ser谩 equivalente al que disfrutan otros usuarios finales.
Las autoridades responsables de la prestaci贸n de los servicios 112 velar谩n por que los ciudadanos reciban una informaci贸n adecuada sobre la existencia y utilizaci贸n de este n煤mero, en particular, mediante iniciativas espec铆ficamente dirigidas a las personas que viajen a otros Estados miembros de la Uni贸n Europea.
CAP脥TULO II-Derechos de los operadores y despliegue de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas
SECCI脫N 1.陋-Derechos de los operadores a la ocupaci贸n del dominio p煤blico, a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiaci贸n forzosa y al establecimiento a su favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad
Art铆culo 29. Derecho de ocupaci贸n de la propiedad privada
1. Los operadores tendr谩n derecho, en los t茅rminos de este cap铆tulo, a la ocupaci贸n de la propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para la instalaci贸n de la red en la medida prevista en el proyecto t茅cnico presentado y siempre que no existan otras alternativas t茅cnica o econ贸micamente viables, ya sea a trav茅s de su expropiaci贸n forzosa o mediante la declaraci贸n de servidumbre forzosa de paso para la instalaci贸n de infraestructura de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas. En ambos casos tendr谩n la condici贸n de beneficiarios en los expedientes que se tramiten, conforme a lo dispuesto en la legislaci贸n sobre expropiaci贸n forzosa.
Los operadores asumir谩n los costes a los que hubiera lugar por esta ocupaci贸n.
La ocupaci贸n de la propiedad privada se llevar谩 a cabo tras la instrucci贸n y resoluci贸n por el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo del oportuno procedimiento, en que deber谩n cumplirse todos los tr谩mites y respetarse todas las garant铆as establecidas a favor de los titulares afectados en la legislaci贸n de expropiaci贸n forzosa.
2. La aprobaci贸n por el 贸rgano competente del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo del proyecto t茅cnico para la ocupaci贸n de propiedad privada llevar谩 impl铆cita, en cada caso concreto, la declaraci贸n de utilidad p煤blica y la necesidad de ocupaci贸n para la instalaci贸n de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas, a efectos de lo previsto en la legislaci贸n de expropiaci贸n forzosa.
3. Con car谩cter previo a la aprobaci贸n del proyecto t茅cnico, se recabar谩 informe del 贸rgano de la comunidad aut贸noma competente en materia de ordenaci贸n del territorio, que habr谩 de ser emitido en el plazo m谩ximo de 30 d铆as h谩biles desde su solicitud. Si el proyecto afecta a un 谩rea geogr谩fica relevante o pudiera tener afecciones ambientales, este plazo ser谩 ampliado hasta tres meses. Asimismo, se recabar谩 informe de los Ayuntamientos afectados sobre compatibilidad del proyecto t茅cnico con la ordenaci贸n urban铆stica vigente, que deber谩 ser emitido en el plazo de 30 d铆as desde la recepci贸n de la solicitud.
4. En las expropiaciones que se lleven a cabo para la instalaci贸n de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas ligadas de manera espec铆fica al cumplimiento de obligaciones de servicio p煤blico se seguir谩 el procedimiento especial de urgencia establecido en la Ley de Expropiaci贸n Forzosa, cuando as铆 se haga constar en la resoluci贸n del 贸rgano competente del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo que apruebe el oportuno proyecto t茅cnico.
Art铆culo 30. Derecho de ocupaci贸n del dominio p煤blico
Los operadores tendr谩n derecho, en los t茅rminos de este cap铆tulo, a la ocupaci贸n del dominio p煤blico en la medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la red p煤blica de comunicaciones electr贸nicas de que se trate.
Los titulares del dominio p煤blico garantizar谩n el acceso de todos los operadores a dicho dominio en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias, sin que en ning煤n caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso u ocupaci贸n de dicho dominio p煤blico en beneficio de un operador determinado o de una red concreta de comunicaciones electr贸nicas. En particular, la ocupaci贸n o el derecho de uso de dominio p煤blico para la instalaci贸n o explotaci贸n de una red no podr谩 ser otorgado o asignado mediante procedimientos de licitaci贸n.
Art铆culo 31. Normativa aplicable a la ocupaci贸n del dominio p煤blico y la propiedad privada
1. La normativa dictada por cualquier Administraci贸n P煤blica que afecte al despliegue de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas deber谩, en todo caso, reconocer el derecho de ocupaci贸n del dominio p煤blico o la propiedad privada para el despliegue de las redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas de conformidad con lo dispuesto en este t铆tulo.
2. Las normas que se dicten por las correspondientes Administraciones, de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, deber谩n cumplir, al menos, los siguientes requisitos:
a) Ser publicadas en un diario oficial del 谩mbito correspondiente a la Administraci贸n competente as铆 como en la p谩gina web de dicha Administraci贸n P煤blica y, en todo caso, ser accesibles por medios electr贸nicos.
b) Prever un procedimiento r谩pido, sencillo, eficiente y no discriminatorio de resoluci贸n de las solicitudes de ocupaci贸n, que no podr谩 exceder de seis meses contados a partir de la presentaci贸n de la solicitud, salvo en caso de expropiaci贸n.
c) Garantizar la transparencia de los procedimientos y que las normas aplicables fomenten una competencia leal y efectiva entre los operadores.
d) Garantizar el respeto de los l铆mites impuestos a la intervenci贸n administrativa en esta Ley en protecci贸n de los derechos de los operadores. En particular, la exigencia de documentaci贸n que los operadores deban aportar deber谩 ser motivada, tener una justificaci贸n objetiva, ser proporcionada al fin perseguido y limitarse a lo estrictamente necesario.
3. Si las administraciones p煤blicas reguladoras o titulares del dominio p煤blico a que se refiere este art铆culo ostentan la propiedad, total o parcial, o ejercen el control directo o indirecto de operadores que explotan redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas o servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles para el p煤blico, deber谩n mantener una separaci贸n estructural entre dichos operadores y los 贸rganos encargados de la regulaci贸n y gesti贸n de los derechos de utilizaci贸n del dominio p煤blico correspondiente.
Art铆culo 32. Ubicaci贸n compartida y uso compartido de la propiedad p煤blica o privada
1. Los operadores de comunicaciones electr贸nicas podr谩n celebrar de manera voluntaria acuerdos entre s铆 para determinar las condiciones para la ubicaci贸n o el uso compartido de sus infraestructuras, con plena sujeci贸n a la normativa de defensa de la competencia.
Las administraciones p煤blicas fomentar谩n la celebraci贸n de acuerdos voluntarios entre operadores para la ubicaci贸n compartida y el uso compartido de infraestructuras situadas en bienes de titularidad p煤blica o privada, en particular con vistas al despliegue de elementos de las redes r谩pidas y ultrarr谩pidas de comunicaciones electr贸nicas.
2. La ubicaci贸n compartida de infraestructuras y recursos asociados y la utilizaci贸n compartida del dominio p煤blico o la propiedad privada tambi茅n podr谩 ser impuesta de manera obligatoria a los operadores que tengan derecho a la ocupaci贸n de la propiedad p煤blica o privada. A tal efecto, en los t茅rminos en que mediante real decreto se determine, el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo, previo tr谩mite de audiencia a los operadores afectados y de manera motivada, podr谩 imponer, con car谩cter general o para casos concretos, la utilizaci贸n compartida del dominio p煤blico o la propiedad privada en que se van a establecer las redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas o el uso compartido de las infraestructuras y recursos asociados.
Cuando una Administraci贸n p煤blica competente considere que por razones de medio ambiente, salud p煤blica, seguridad p煤blica u ordenaci贸n urbana y territorial procede la imposici贸n de la utilizaci贸n compartida del dominio p煤blico o la propiedad privada, podr谩 instar de manera motivada al Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo el inicio del procedimiento establecido en el p谩rrafo anterior. En estos casos, antes de que el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo imponga la utilizaci贸n compartida del dominio p煤blico o la propiedad privada, el citado departamento ministerial deber谩 realizar un tr谩mite para que la Administraci贸n p煤blica competente que ha instado el procedimiento pueda efectuar alegaciones por un plazo de 15 d铆as h谩biles.
3. Las medidas adoptadas de conformidad con el presente art铆culo deber谩n ser objetivas, transparentes, no discriminatorias y proporcionadas. Cuando proceda, estas medidas se aplicar谩n de forma coordinada con las Administraciones competentes correspondientes.
Art铆culo 33. Otras servidumbres y limitaciones a la propiedad
1. La protecci贸n del dominio p煤blico radioel茅ctrico tiene como finalidades su aprovechamiento 贸ptimo, evitar su degradaci贸n y el mantenimiento de un adecuado nivel de calidad en el funcionamiento de los distintos servicios de radiocomunicaciones.
Podr谩n establecerse las limitaciones a la propiedad y a la intensidad de campo el茅ctrico y las servidumbres que resulten necesarias para la protecci贸n radioel茅ctrica de determinadas instalaciones o para asegurar el adecuado funcionamiento de estaciones o instalaciones radioel茅ctricas utilizadas para la prestaci贸n de servicios p煤blicos, por motivos de seguridad p煤blica o cuando as铆 sea necesario en virtud de acuerdos internacionales, en los t茅rminos de la disposici贸n adicional segunda y las normas de desarrollo de esta Ley.
2. Asimismo podr谩n imponerse l铆mites a los derechos de uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico para la protecci贸n de otros bienes jur铆dicamente protegidos prevalentes o de servicios p煤blicos que puedan verse afectados por la utilizaci贸n de dicho dominio p煤blico, en los t茅rminos que mediante real decreto se determinen. En la imposici贸n de estos l铆mites se debe efectuar un previo tr谩mite de audiencia a los titulares de los derechos de uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico que pueden verse afectados y se deber谩n respetar los principios de transparencia y publicidad.
SECCI脫N 2.陋-Normativa de las administraciones p煤blicas que afecte al despliegue de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas
Art铆culo 34. Colaboraci贸n entre administraciones p煤blicas en el despliegue de las redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas
1. La Administraci贸n del Estado y las administraciones p煤blicas deber谩n colaborar a trav茅s de los mecanismos previstos en la presente Ley y en el resto del ordenamiento jur铆dico, a fin de hacer efectivo el derecho de los operadores de comunicaciones electr贸nicas de ocupar la propiedad p煤blica y privada para realizar el despliegue de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas.
2. Las redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas constituyen equipamiento de car谩cter b谩sico y su previsi贸n en los instrumentos de planificaci贸n urban铆stica tiene el car谩cter de determinaciones estructurantes. Su instalaci贸n y despliegue constituyen obras de inter茅s general.
3. La normativa elaborada por las administraciones p煤blicas que afecte al despliegue de las redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas y los instrumentos de planificaci贸n territorial o urban铆stica deber谩n recoger las disposiciones necesarias para impulsar o facilitar el despliegue de infraestructuras de redes de comunicaciones electr贸nicas en su 谩mbito territorial, en particular, para garantizar la libre competencia en la instalaci贸n de redes y en la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas y la disponibilidad de una oferta suficiente de lugares y espacios f铆sicos en los que los operadores decidan ubicar sus infraestructuras.
De esta manera, dicha normativa o instrumentos de planificaci贸n no podr谩n establecer restricciones absolutas o desproporcionadas al derecho de ocupaci贸n del dominio p煤blico y privado de los operadores ni imponer soluciones tecnol贸gicas concretas, itinerarios o ubicaciones concretas en los que instalar infraestructuras de red de comunicaciones electr贸nicas. En este sentido, cuando una condici贸n pudiera implicar la imposibilidad de llevar a cabo la ocupaci贸n del dominio p煤blico o la propiedad privada, el establecimiento de dicha condici贸n deber谩 estar plenamente justificado e ir acompa帽ado de las alternativas necesarias para garantizar el derecho de ocupaci贸n de los operadores y su ejercicio en igualdad de condiciones.
Las administraciones p煤blicas contribuir谩n a garantizar y hacer real una oferta suficiente de lugares y espacios f铆sicos en los que los operadores decidan ubicar sus infraestructuras identificando dichos lugares y espacios f铆sicos en los que poder cumplir el doble objetivo de que los operadores puedan ubicar sus infraestructuras de redes de comunicaciones electr贸nicas as铆 como la obtenci贸n de un despliegue de las redes ordenado desde el punto de vista territorial.
4. La normativa elaborada por las administraciones p煤blicas en el ejercicio de sus competencias que afecte al despliegue de las redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas y los instrumentos de planificaci贸n territorial o urban铆stica deber谩n cumplir con lo dispuesto en la normativa sectorial de telecomunicaciones. En particular, deber谩n respetar los par谩metros y requerimientos t茅cnicos esenciales necesarios para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas, establecidos en la disposici贸n adicional und茅cima y en las normas reglamentarias aprobadas en materia de telecomunicaciones, y los l铆mites en los niveles de emisi贸n radioel茅ctrica tolerable fijados por el Estado.
En el ejercicio de su iniciativa normativa, cuando esta afecte al despliegue de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas, las administraciones p煤blicas actuar谩n de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jur铆dica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia.
Los operadores no tendr谩n obligaci贸n de aportar la documentaci贸n o informaci贸n de cualquier naturaleza que ya obre en poder de la Administraci贸n. El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo establecer谩, mediante real decreto, la forma en que se facilitar谩 a las administraciones p煤blicas la informaci贸n que precisen para el ejercicio de sus propias competencias.
5. Los operadores deber谩n hacer uso de las canalizaciones subterr谩neas o en el interior de las edificaciones que permitan el despliegue y explotaci贸n de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas.
En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea posible su uso por razones t茅cnicas o econ贸micas, los operadores podr谩n efectuar despliegues a茅reos siguiendo los previamente existentes.
Igualmente, en los mismos casos, los operadores podr谩n efectuar por fachadas despliegue de cables y equipos que constituyan redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas y sus recursos asociados, si bien para ello deber谩n utilizar, en la medida de lo posible, los despliegues, canalizaciones, instalaciones y equipos previamente instalados.
Los despliegues a茅reos y por fachadas no podr谩n realizarse en casos justificados de edificaciones del patrimonio hist贸rico-art铆stico o que puedan afectar a la seguridad p煤blica.
6. Para la instalaci贸n de las estaciones o infraestructuras radioel茅ctricas utilizadas para la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles para el p煤blico a las que se refiere la disposici贸n adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalizaci贸n del comercio y de determinados servicios, no podr谩 exigirse la obtenci贸n de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o an谩logas, en los t茅rminos indicados en la citada ley.
Para la instalaci贸n de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas o de estaciones radioel茅ctricas en dominio privado distintas de las se帽aladas en el p谩rrafo anterior, no podr谩 exigirse por parte de las administraciones p煤blicas competentes la obtenci贸n de licencia o autorizaci贸n previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, o de car谩cter medioambiental, ni otras licencias o aprobaciones de clase similar o an谩logas que sujeten a previa autorizaci贸n dicha instalaci贸n, en el caso de que el operador haya presentado a la administraci贸n p煤blica competente para el otorgamiento de la licencia o autorizaci贸n un plan de despliegue o instalaci贸n de red de comunicaciones electr贸nicas, en el que se contemplen dichas infraestructuras o estaciones, y siempre que el citado plan haya sido aprobado por dicha administraci贸n.
En el Plan de despliegue o instalaci贸n, el operador deber谩 prever los supuestos en los que se van a efectuar despliegues a茅reos o por fachadas de cables y equipos en los t茅rminos indicados en el apartado anterior.
Este plan de despliegue o instalaci贸n a presentar por el operador se sujetar谩 al contenido y deber谩 respetar las condiciones t茅cnicas exigidas mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros.
El plan de despliegue o instalaci贸n de red p煤blica de comunicaciones electr贸nicas se entender谩 aprobado si, transcurridos dos meses desde su presentaci贸n, la administraci贸n p煤blica competente no ha dictado resoluci贸n expresa.
Las licencias o autorizaciones previas que, de acuerdo con los p谩rrafos anteriores, no puedan ser exigidas, ser谩n sustituidas por declaraciones responsables, de conformidad con lo establecido en el art铆culo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R茅gimen Jur铆dico de las administraciones p煤blicas y del Procedimiento Administrativo Com煤n, relativas al cumplimiento de las previsiones legales establecidas en la normativa vigente. En todo caso, el declarante deber谩 estar en posesi贸n del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.
La declaraci贸n responsable deber谩 contener una manifestaci贸n expl铆cita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, incluido, en su caso, estar en posesi贸n de la documentaci贸n que as铆 lo acredite.
Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la infraestructura o estaci贸n radioel茅ctrica, las declaraciones responsables se tramitar谩n conjuntamente siempre que ello resulte posible.
La presentaci贸n de la declaraci贸n responsable, con el consiguiente efecto de habilitaci贸n a partir de ese momento para ejecutar la instalaci贸n, no prejuzgar谩 en modo alguno la situaci贸n y efectivo acomodo de las condiciones de la infraestructura o estaci贸n radioel茅ctrica a la normativa aplicable, ni limitar谩 el ejercicio de las potestades administrativas de comprobaci贸n, inspecci贸n, sanci贸n, y, en general, de control que a la administraci贸n en cualquier orden, estatal, auton贸mico o local, le est茅n atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso.
La inexactitud, falsedad u omisi贸n, de car谩cter esencial, en cualquier dato, manifestaci贸n o documento que se acompa帽e o incorpore a una declaraci贸n responsable, o la no presentaci贸n de la declaraci贸n responsable determinar谩 la imposibilidad de explotar la instalaci贸n y, en su caso, la obligaci贸n de retirarla desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Reglamentariamente se establecer谩n los elementos de la declaraci贸n responsable que tendr谩n dicho car谩cter esencial.
7. En el caso de que sobre una infraestructura de red p煤blica de comunicaciones electr贸nicas, fija o m贸vil, incluidas las estaciones radioel茅ctricas de comunicaciones electr贸nicas, ya est茅 ubicada en dominio p煤blico o privado, se realicen actuaciones de innovaci贸n tecnol贸gica o adaptaci贸n t茅cnica que supongan la incorporaci贸n de nuevo equipamiento o la realizaci贸n de emisiones radioel茅ctricas en nuevas bandas de frecuencias o con otras tecnolog铆as, sin variar los elementos de obra civil y m谩stil, no se requerir谩 ning煤n tipo de concesi贸n, autorizaci贸n o licencia nueva o modificaci贸n de la existente o declaraci贸n responsable o comunicaci贸n previa a las administraciones p煤blicas competentes por razones de ordenaci贸n del territorio, urbanismo o medioambientales.
8. Cuando las administraciones p煤blicas elaboren proyectos que impliquen la variaci贸n en la ubicaci贸n de una infraestructura o un elemento de la red de transmisi贸n de comunicaciones electr贸nicas, deber谩n dar audiencia previa al operador titular de la infraestructura afectada, a fin de que realice las alegaciones pertinentes sobre los aspectos t茅cnicos, econ贸micos y de cualquier otra 铆ndole respecto a la variaci贸n proyectada.
Nota
Declarado inconstitucional y nulo el inciso "transcurridos dos meses desde su presentaci贸n" del p谩rrafo 5.潞 del apartado 6 del art. 34, por STC, Sala Pleno, 20/2016, de 4 de febrero (SP/SENT/842928).
Art铆culo 35. Mecanismos de colaboraci贸n entre el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo y las administraciones p煤blicas para el despliegue de las redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas
1. El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo y las administraciones p煤blicas tienen los deberes de rec铆proca informaci贸n y de colaboraci贸n y cooperaci贸n mutuas en el ejercicio de sus actuaciones de regulaci贸n y que puedan afectar a las telecomunicaciones, seg煤n lo establecido por el ordenamiento vigente.
Esta colaboraci贸n se articular谩, entre otros, a trav茅s de los mecanismos establecidos en los siguientes apartados, que podr谩n ser complementados mediante acuerdos de coordinaci贸n y cooperaci贸n entre el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo y las administraciones p煤blicas competentes, garantizando en todo caso un tr谩mite de audiencia para los interesados.
2. Los 贸rganos encargados de los procedimientos de aprobaci贸n, modificaci贸n o revisi贸n de los instrumentos de planificaci贸n territorial o urban铆stica que afecten al despliegue de las redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas deber谩n recabar el oportuno informe del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo. Dicho informe versar谩 sobre la adecuaci贸n de dichos instrumentos de planificaci贸n con la presente Ley y con la normativa sectorial de telecomunicaciones y sobre las necesidades de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas en el 谩mbito territorial a que se refieran.
El referido informe preceptivo ser谩 previo a la aprobaci贸n del instrumento de planificaci贸n de que se trate y tendr谩 car谩cter vinculante en lo que se refiere a su adecuaci贸n a la normativa sectorial de telecomunicaciones, en particular, al r茅gimen jur铆dico de las telecomunicaciones establecido por la presente Ley y su normativa de desarrollo, y a las necesidades de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas, debiendo se帽alar expresamente los puntos y aspectos respecto de los cuales se emite con ese car谩cter vinculante.
El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo emitir谩 el informe en un plazo m谩ximo de tres meses. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art铆culo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, transcurrido dicho plazo, el informe se entender谩 emitido con car谩cter favorable y podr谩 continuarse con la tramitaci贸n del instrumento de planificaci贸n.
A falta de solicitud del preceptivo informe, no podr谩 aprobarse el correspondiente instrumento de planificaci贸n territorial o urban铆stica en lo que se refiere al ejercicio de las competencias estatales en materia de telecomunicaciones.
En el caso de que el informe no sea favorable, los 贸rganos encargados de la tramitaci贸n de los procedimientos de aprobaci贸n, modificaci贸n o revisi贸n de los instrumentos de planificaci贸n territorial o urban铆stica dispondr谩n de un plazo m谩ximo de un mes, a contar desde la recepci贸n del informe, para remitir al Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo sus alegaciones al informe, motivadas por razones de medio ambiente, salud p煤blica, seguridad p煤blica u ordenaci贸n urbana y territorial.
El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo, a la vista de las alegaciones presentadas, emitir谩 un nuevo informe en el plazo m谩ximo de un mes a contar desde la recepci贸n de las alegaciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art铆culo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, transcurrido dicho plazo, el informe se entender谩 emitido con car谩cter favorable y podr谩 continuarse con la tramitaci贸n del instrumento de planificaci贸n. El informe tiene car谩cter vinculante, de forma que si el informe vuelve a ser no favorable, no podr谩 aprobarse el correspondiente instrumento de planificaci贸n territorial o urban铆stica en lo que se refiere al ejercicio de las competencias estatales en materia de telecomunicaciones.
3. Mediante orden, el Ministro de Industria, Energ铆a y Turismo podr谩 establecer la forma en que han de solicitarse los informes a que se refiere el apartado anterior y la informaci贸n a facilitar por parte del 贸rgano solicitante, en funci贸n del tipo de instrumento de planificaci贸n territorial o urban铆stica, pudiendo exigirse a las administraciones p煤blicas competentes su tramitaci贸n por v铆a electr贸nica.
4. En la medida en que la instalaci贸n y despliegue de las redes de comunicaciones electr贸nicas constituyen obras de inter茅s general, el conjunto de administraciones p煤blicas tienen la obligaci贸n de facilitar el despliegue de infraestructuras de redes de comunicaciones electr贸nicas en su 谩mbito territorial, para lo cual deben dar debido cumplimiento a los deberes de rec铆proca informaci贸n y de colaboraci贸n y cooperaci贸n mutuas en el ejercicio de sus actuaciones y de sus competencias.
En defecto de acuerdo entre las administraciones p煤blicas, cuando quede plenamente justificada la necesidad de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas, y siempre y cuando se cumplan los par谩metros y requerimientos t茅cnicos esenciales para garantizar el funcionamiento de las redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas establecidos en el apartado 4 del art铆culo anterior, el Consejo de Ministros podr谩 autorizar la ubicaci贸n o el itinerario concreto de una infraestructura de red de comunicaciones electr贸nicas, en cuyo caso la administraci贸n p煤blica competente deber谩 incorporar necesariamente en sus respectivos instrumentos de ordenaci贸n las rectificaciones imprescindibles para acomodar sus determinaciones a aqu茅llas.
5. La tramitaci贸n por la administraci贸n p煤blica competente de una medida cautelar que impida o paralice o de una resoluci贸n que deniegue la instalaci贸n de la infraestructura de red que cumpla los par谩metros y requerimientos t茅cnicos esenciales para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas establecidos en el apartado 4 del art铆culo anterior, excepto en edificaciones del patrimonio hist贸rico-art铆stico, ser谩 objeto de previo informe preceptivo del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo, que dispone del plazo m谩ximo de un mes para su emisi贸n y que ser谩 evacuado tras, en su caso, los intentos que procedan de encontrar una soluci贸n negociada con los 贸rganos encargados de la tramitaci贸n de la citada medida o resoluci贸n.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el art铆culo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, transcurrido dicho plazo, el informe se entender谩 emitido con car谩cter favorable y podr谩 continuarse con la tramitaci贸n de la medida o resoluci贸n.
A falta de solicitud del preceptivo informe, as铆 como en el supuesto de que el informe no sea favorable, no se podr谩 aprobar la medida o resoluci贸n.
6. El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo promover谩 con la asociaci贸n de entidades locales de 谩mbito estatal con mayor implantaci贸n la elaboraci贸n de un modelo tipo de declaraci贸n responsable a que se refiere el apartado 6 del art铆culo anterior.
7. Igualmente, el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo aprobar谩 recomendaciones para la elaboraci贸n por parte de las administraciones p煤blicas competentes de las normas o instrumentos contemplados en la presente secci贸n, que podr谩n contener modelos de ordenanzas municipales elaborados conjuntamente con la asociaci贸n de entidades locales de 谩mbito estatal con mayor implantaci贸n. En el caso de municipios se podr谩 reemplazar la solicitud de informe a que se refiere el apartado 2 de este art铆culo por la presentaci贸n al Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo del proyecto de instrumento acompa帽ado de la declaraci贸n del Alcalde del municipio acreditando el cumplimiento de dichas recomendaciones.
8. El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo podr谩 crear, mediante real decreto, un punto de informaci贸n 煤nico a trav茅s del cual los operadores de comunicaciones electr贸nicas acceder谩n por v铆a electr贸nica a toda la informaci贸n relativa sobre las condiciones y procedimientos aplicables para la instalaci贸n y despliegue de redes de comunicaciones electr贸nicas y sus recursos asociados.
Las Comunidades Aut贸nomas y las Corporaciones Locales podr谩n, mediante la suscripci贸n del oportuno convenio de colaboraci贸n con el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo, adherirse al punto de informaci贸n 煤nico, en cuyo caso, los operadores de comunicaciones electr贸nicas deber谩n presentar en formato electr贸nico a trav茅s de dicho punto las declaraciones responsables a que se refiere el apartado 6 del art铆culo anterior y permisos de toda 铆ndole para ocupar dominio p煤blico y privado necesario para el despliegue de dichas redes que vayan dirigidas a la respectiva Comunidad Aut贸noma o Corporaci贸n Local.
El punto de informaci贸n 煤nico ser谩 gestionado por el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo y ser谩 el encargado de remitir a la Comunidad Aut贸noma o Corporaci贸n Local que se haya adherido a dicho punto todas las declaraciones responsables y solicitudes que para la instalaci贸n y despliegue de redes de comunicaciones electr贸nicas y sus recursos asociados les hayan presentado los operadores de comunicaciones electr贸nicas.
El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo, las Comunidades Aut贸nomas y la asociaci贸n de entidades locales de 谩mbito estatal con mayor implantaci贸n fomentar谩n el uso de este punto de informaci贸n 煤nico por el conjunto de las administraciones p煤blicas con vistas a reducir cargas y costes administrativos, facilitar la interlocuci贸n de los operadores con la administraci贸n y simplificar el cumplimiento de los tr谩mites administrativos.
Art铆culo 36. Previsi贸n de infraestructuras de comunicaciones electr贸nicas en proyectos de urbanizaci贸n y en obras civiles financiadas con recursos p煤blicos
1. Cuando se acometan proyectos de urbanizaci贸n, el proyecto t茅cnico de urbanizaci贸n deber谩 prever la instalaci贸n de infraestructura de obra civil para facilitar el despliegue de las redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas, pudiendo incluir adicionalmente elementos y equipos de red pasivos en los t茅rminos que determine la normativa t茅cnica de telecomunicaciones que se dicte en desarrollo de este art铆culo.
Las infraestructuras que se instalen para facilitar el despliegue de las redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas conforme al p谩rrafo anterior formar谩n parte del conjunto resultante de las obras de urbanizaci贸n y pasar谩n a integrarse en el dominio p煤blico municipal. La administraci贸n p煤blica titular de dicho dominio p煤blico pondr谩 tales infraestructuras a disposici贸n de los operadores interesados en condiciones de igualdad, transparencia y no discriminaci贸n.
Mediante real decreto se establecer谩 el dimensionamiento y caracter铆sticas t茅cnicas m铆nimas que habr谩n de reunir estas infraestructuras.
2. En las obras civiles financiadas total o parcialmente con recursos p煤blicos se prever谩, en los supuestos y condiciones que se determinen mediante real decreto, la instalaci贸n de recursos asociados y otras infraestructuras de obra civil para facilitar el despliegue de las redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas, que se pondr谩n a disposici贸n de los operadores interesados en condiciones de igualdad, transparencia y no discriminaci贸n.
SECCI脫N 3.陋-Acceso a infraestructuras susceptibles de alojar redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas
Art铆culo 37. Acceso a las infraestructuras susceptibles de alojar redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas
1. Las administraciones p煤blicas titulares de infraestructuras susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas facilitar谩n el acceso a dichas infraestructuras, siempre que dicho acceso no comprometa la continuidad y seguridad de la prestaci贸n de los servicios de car谩cter p煤blico que en dichas infraestructuras realiza su titular, en condiciones objetivas, de transparencia y no discriminaci贸n a los operadores que instalen o exploten redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas, sin que en ning煤n caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso a las infraestructuras citadas en beneficio de un operador determinado o de una red concreta de comunicaciones electr贸nicas. En particular, el acceso a dichas infraestructuras para la instalaci贸n o explotaci贸n de una red no podr谩 ser otorgado o reconocido mediante procedimientos de licitaci贸n.
2. Las entidades o sociedades encargadas de la gesti贸n de infraestructuras de transporte de competencia estatal, as铆 como las empresas y operadores de otros sectores distintos al de las comunicaciones electr贸nicas que sean titulares o gestoras de infraestructuras en el dominio p煤blico del Estado, de las Comunidades Aut贸nomas o de las Entidades Locales o beneficiarias de expropiaciones forzosas y que sean susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas facilitar谩n el acceso a dichas infraestructuras a los operadores que instalen o exploten redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas, siempre que dicho acceso no comprometa la continuidad y seguridad de la prestaci贸n de los servicios que en dichas infraestructuras realiza su titular. En particular, este acceso se reconoce en relaci贸n con las infraestructuras viarias, ferroviarias, puertos, aeropuertos, abastecimiento de agua, saneamiento, y del transporte y la distribuci贸n de gas y electricidad. El acceso deber谩 facilitarse en condiciones de igualdad, transparencia y no discriminaci贸n.
3. Por infraestructuras susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas se entender谩n tubos, postes, conductos, cajas, c谩maras, armarios, y cualquier recurso asociado que pueda ser utilizado para desplegar y albergar cables de comunicaciones electr贸nicas, equipos, dispositivos, o cualquier otro recurso an谩logo necesario para el despliegue e instalaci贸n de las redes.
4. Mediante real decreto se determinar谩n los procedimientos, plazos, requisitos y condiciones en los que se facilitar谩 el acceso a las infraestructuras susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas, as铆 como las causas por las que se pueda denegar dicho acceso.
5. El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo podr谩 exigir a las administraciones p煤blicas y sus entidades y sociedades, as铆 como a las empresas y operadores a que se refieren los dos primeros apartados de este art铆culo, que suministren la informaci贸n necesaria para elaborar de forma coordinada un inventario detallado de la naturaleza, la disponibilidad y el emplazamiento geogr谩fico de las infraestructuras susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas. Dicho inventario se facilitar谩 a los operadores de redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas.
6. Las partes negociar谩n libremente los acuerdos del acceso a que se refiere este art铆culo y sus condiciones, incluidas las contraprestaciones econ贸micas. Cualquiera de las partes podr谩 presentar un conflicto sobre el acceso y sus condiciones ante la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, la cual, previa audiencia de las partes, dictar谩 resoluci贸n vinculante sobre los extremos objeto del conflicto, en el plazo indicado en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creaci贸n de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, sin perjuicio de que puedan adoptarse medidas provisionales hasta el momento en que se dicte la resoluci贸n definitiva.
7. Las administraciones p煤blicas titulares de las infraestructuras a las que se hace referencia en este art铆culo tendr谩n derecho a establecer las compensaciones econ贸micas que correspondan por el uso que de ellas se haga por parte de los operadores.
Art铆culo 38. Acceso o uso de las redes de comunicaciones electr贸nicas titularidad de los 贸rganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal
1. Los 贸rganos o entes pertenecientes a la Administraci贸n General del Estado as铆 como cualesquiera otras entidades o sociedades encargados de la gesti贸n de infraestructuras de transporte de competencia estatal que presten, directamente o a trav茅s de entidades o sociedades intermedias, servicios de comunicaciones electr贸nicas o comercialicen la explotaci贸n de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas, negociar谩n con los operadores de redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas interesados en el acceso o uso de las redes de comunicaciones electr贸nicas de las que aquellos sean titulares.
2. Las condiciones para el acceso o uso de estas redes han de ser equitativas, no discriminatorias, objetivas, transparentes, neutrales y a precios de mercado, siempre que se garantice al menos la recuperaci贸n de coste de las inversiones y su operaci贸n y mantenimiento, para todos los operadores de redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas, incluidos los pertenecientes o vinculados a dichos 贸rganos o entes, sin que en ning煤n caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso o uso a dichas redes en beneficio de un operador determinado o de una red concreta de comunicaciones electr贸nicas. En todo caso, deber谩 preservarse la seguridad de las infraestructuras de transporte en las que est谩n instaladas las redes de comunicaciones electr贸nicas a que se refiere este art铆culo y de los servicios que en dichas infraestructuras se prestan.
3. Las partes acordar谩n libremente los acuerdos del acceso o uso a que se refiere este art铆culo, a partir de las condiciones establecidas en el apartado anterior. Cualquiera de las partes podr谩 presentar un conflicto sobre el acceso y sus condiciones ante la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, la cual, previa audiencia de las partes, dictar谩 resoluci贸n vinculante sobre los extremos objeto del conflicto, en el plazo indicado en la Ley de creaci贸n de dicha Comisi贸n, sin perjuicio de que puedan adoptarse medidas provisionales hasta el momento en que se dicte la resoluci贸n definitiva.
CAP脥TULO III-Secreto de las comunicaciones y protecci贸n de los datos personales y derechos y obligaciones de car谩cter p煤blico vinculados con las redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas
Art铆culo 39. Secreto de las comunicaciones
1. Los operadores que exploten redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas o que presten servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico deber谩n garantizar el secreto de las comunicaciones de conformidad con los art铆culos 18.3 y 55.2 de la Constituci贸n, debiendo adoptar las medidas t茅cnicas necesarias.
2. Los operadores est谩n obligados a realizar las interceptaciones que se autoricen de acuerdo con lo establecido en el art铆culo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la Ley Org谩nica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia y en otras normas con rango de ley org谩nica. Asimismo, deber谩n adoptar a su costa las medidas que se establecen en este art铆culo y en los reglamentos correspondientes.
3. La interceptaci贸n a que se refiere el apartado anterior deber谩 facilitarse para cualquier comunicaci贸n que tenga como origen o destino el punto de terminaci贸n de red o el terminal espec铆fico que se determine a partir de la orden de interceptaci贸n legal, incluso aunque est茅 destinada a dispositivo de almacenamiento o procesamiento de la informaci贸n; asimismo, la interceptaci贸n podr谩 realizarse sobre un terminal conocido y con unos datos de ubicaci贸n temporal para comunicaciones desde locales p煤blicos. Cuando no exista una vinculaci贸n fija entre el sujeto de la interceptaci贸n y el terminal utilizado, 茅ste podr谩 ser determinado din谩micamente cuando el sujeto de la interceptaci贸n lo active para la comunicaci贸n mediante un c贸digo de identificaci贸n personal.
4. El acceso se facilitar谩 para todo tipo de comunicaciones electr贸nicas, en particular, por su penetraci贸n y cobertura, para las que se realicen mediante cualquier modalidad de los servicios de telefon铆a y de transmisi贸n de datos, se trate de comunicaciones de v铆deo, audio, intercambio de mensajes, ficheros o de la transmisi贸n de facs铆miles.
El acceso facilitado servir谩 tanto para la supervisi贸n como para la transmisi贸n a los centros de recepci贸n de las interceptaciones de la comunicaci贸n electr贸nica interceptada y la informaci贸n relativa a la interceptaci贸n, y permitir谩 obtener la se帽al con la que se realiza la comunicaci贸n.
5. Los sujetos obligados deber谩n facilitar al agente facultado, salvo que por las caracter铆sticas del servicio no est茅n a su disposici贸n, los datos indicados en la orden de interceptaci贸n legal, de entre los que se relacionan a continuaci贸n:
a) Identidad o identidades del sujeto objeto de la medida de la interceptaci贸n.
Se entiende por identidad: etiqueta t茅cnica que puede representar el origen o el destino de cualquier tr谩fico de comunicaciones electr贸nicas, en general identificada mediante un n煤mero de identidad de comunicaciones electr贸nicas f铆sico (tal como un n煤mero de tel茅fono) o un c贸digo de identidad de comunicaciones electr贸nicas l贸gico o virtual (tal como un n煤mero personal) que el abonado puede asignar a un acceso f铆sico caso a caso.
b) Identidad o identidades de las otras partes involucradas en la comunicaci贸n electr贸nica.
c) Servicios b谩sicos utilizados.
d) Servicios suplementarios utilizados.
e) Direcci贸n de la comunicaci贸n.
f) Indicaci贸n de respuesta.
g) Causa de finalizaci贸n.
h) Marcas temporales.
i) Informaci贸n de localizaci贸n.
j) Informaci贸n intercambiada a trav茅s del canal de control o se帽alizaci贸n.
6. Adem谩s de la informaci贸n relativa a la interceptaci贸n prevista en el apartado anterior, los sujetos obligados deber谩n facilitar al agente facultado, salvo que por las caracter铆sticas del servicio no est茅n a su disposici贸n, de cualquiera de las partes que intervengan en la comunicaci贸n que sean clientes del sujeto obligado, los siguientes datos:
a) Identificaci贸n de la persona f铆sica o jur铆dica.
b) Domicilio en el que el proveedor realiza las notificaciones.
Y, aunque no sea abonado, si el servicio de que se trata permite disponer de alguno de los siguientes:
c) N煤mero de titular de servicio (tanto el n煤mero de directorio como todas las identificaciones de comunicaciones electr贸nicas del abonado).
d) N煤mero de identificaci贸n del terminal.
e) N煤mero de cuenta asignada por el proveedor de servicios Internet.
f) Direcci贸n de correo electr贸nico.
7. Junto con los datos previstos en los apartados anteriores, los sujetos obligados deber谩n facilitar, salvo que por las caracter铆sticas del servicio no est茅 a su disposici贸n, informaci贸n de la situaci贸n geogr谩fica del terminal o punto de terminaci贸n de red origen de la llamada, y de la del destino de la llamada. En caso de servicios m贸viles, se proporcionar谩 una posici贸n lo m谩s exacta posible del punto de comunicaci贸n y, en todo caso, la identificaci贸n, localizaci贸n y tipo de la estaci贸n base afectada.
8. Los sujetos obligados deber谩n facilitar al agente facultado, de entre los datos previstos en los apartados 5, 6 y 7 de este art铆culo, s贸lo aqu茅llos que est茅n incluidos en la orden de interceptaci贸n legal.
9. Con car谩cter previo a la ejecuci贸n de la orden de interceptaci贸n legal, los sujetos obligados deber谩n facilitar al agente facultado informaci贸n sobre los servicios y caracter铆sticas del sistema de telecomunicaci贸n que utilizan los sujetos objeto de la medida de la interceptaci贸n y, si obran en su poder, los correspondientes nombres de los abonados con sus n煤meros de documento nacional de identidad, tarjeta de identidad de extranjero o pasaporte, en el caso de personas f铆sicas, o denominaci贸n y c贸digo de identificaci贸n fiscal en el caso de personas jur铆dicas.
10. Los sujetos obligados deber谩n tener en todo momento preparadas una o m谩s interfaces a trav茅s de las cuales las comunicaciones electr贸nicas interceptadas y la informaci贸n relativa a la interceptaci贸n se transmitir谩n a los centros de recepci贸n de las interceptaciones. Las caracter铆sticas de estas interfaces y el formato para la transmisi贸n de las comunicaciones interceptadas a estos centros estar谩n sujetas a las especificaciones t茅cnicas que se establezcan por el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo.
11. En el caso de que los sujetos obligados apliquen a las comunicaciones objeto de interceptaci贸n legal alg煤n procedimiento de compresi贸n, cifrado, digitalizaci贸n o cualquier otro tipo de codificaci贸n, deber谩n entregar aquellas desprovistas de los efectos de tales procedimientos, siempre que sean reversibles.
Las comunicaciones interceptadas deben proveerse al centro de recepci贸n de las interceptaciones con una calidad no inferior a la que obtiene el destinatario de la comunicaci贸n.
Art铆culo 40. Interceptaci贸n de las comunicaciones electr贸nicas por los servicios t茅cnicos
1. Con pleno respeto al derecho al secreto de las comunicaciones y a la exigencia, conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de autorizaci贸n judicial para la interceptaci贸n de contenidos, cuando para la realizaci贸n de las tareas de control para la eficaz utilizaci贸n del dominio p煤blico radioel茅ctrico o para la localizaci贸n de interferencias perjudiciales sea necesaria la utilizaci贸n de equipos, infraestructuras e instalaciones t茅cnicas de interceptaci贸n de se帽ales no dirigidas al p煤blico en general, ser谩 de aplicaci贸n lo siguiente:
a) La Administraci贸n de las telecomunicaciones deber谩 dise帽ar y establecer sus sistemas t茅cnicos de interceptaci贸n de se帽ales en forma tal que se reduzca al m铆nimo el riesgo de afectar a los contenidos de las comunicaciones.
b) Cuando, como consecuencia de las interceptaciones t茅cnicas efectuadas, quede constancia de los contenidos, los soportes en los que 茅stos aparezcan deber谩n ser custodiados hasta la finalizaci贸n, en su caso, del expediente sancionador que hubiera lugar o, en otro caso, destruidos inmediatamente. En ninguna circunstancia podr谩n ser objeto de divulgaci贸n.
2. Las mismas reglas se aplicar谩n para la vigilancia del adecuado empleo de las redes y la correcta prestaci贸n de los servicios de comunicaciones electr贸nicas.
3. Lo establecido en este art铆culo se entiende sin perjuicio de las facultades que a la Administraci贸n atribuye el art铆culo 60.
Art铆culo 41. Protecci贸n de los datos de car谩cter personal
1. Los operadores que exploten redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas o que presten servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico, incluidas las redes p煤blicas de comunicaciones que den soporte a dispositivos de identificaci贸n y recopilaci贸n de datos, deber谩n adoptar las medidas t茅cnicas y de gesti贸n adecuadas para preservar la seguridad en la explotaci贸n de su red o en la prestaci贸n de sus servicios, con el fin de garantizar la protecci贸n de los datos de car谩cter personal. Dichas medidas incluir谩n, como m铆nimo:
a) La garant铆a de que s贸lo el personal autorizado tenga acceso a los datos personales para fines autorizados por la Ley.
b) La protecci贸n de los datos personales almacenados o transmitidos de la destrucci贸n accidental o il铆cita, la p茅rdida o alteraci贸n accidentales o el almacenamiento, tratamiento, acceso o revelaci贸n no autorizados o il铆citos.
c) La garant铆a de la aplicaci贸n efectiva de una pol铆tica de seguridad con respecto al tratamiento de datos personales.
La Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos, en el ejercicio de su competencia de garant铆a de la seguridad en el tratamiento de datos de car谩cter personal, podr谩 examinar las medidas adoptadas por los operadores que exploten redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas o que presten servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico y podr谩 formular recomendaciones sobre las mejores pr谩cticas con respecto al nivel de seguridad que deber铆a conseguirse con estas medidas.
2. En caso de que exista un riesgo particular de violaci贸n de la seguridad de la red p煤blica o del servicio de comunicaciones electr贸nicas, el operador que explote dicha red o preste el servicio de comunicaciones electr贸nicas informar谩 a los abonados sobre dicho riesgo y sobre las medidas a adoptar.
3. En caso de violaci贸n de los datos personales, el operador de servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico notificar谩 sin dilaciones indebidas dicha violaci贸n a la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos. Si la violaci贸n de los datos pudiera afectar negativamente a la intimidad o a los datos personales de un abonado o particular, el operador notificar谩 tambi茅n la violaci贸n al abonado o particular sin dilaciones indebidas.
La notificaci贸n de una violaci贸n de los datos personales a un abonado o particular afectado no ser谩 necesaria si el proveedor ha probado a satisfacci贸n de la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos que ha aplicado las medidas de protecci贸n tecnol贸gica convenientes y que estas medidas se han aplicado a los datos afectados por la violaci贸n de seguridad. Unas medidas de protecci贸n de estas caracter铆sticas podr铆an ser aquellas que convierten los datos en incomprensibles para toda persona que no est茅 autorizada a acceder a ellos.
Sin perjuicio de la obligaci贸n del proveedor de informar a los abonados o particulares afectados, si el proveedor no ha notificado ya al abonado o al particular la violaci贸n de los datos personales, la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos podr谩 exigirle que lo haga, una vez evaluados los posibles efectos adversos de la violaci贸n.
En la notificaci贸n al abonado o al particular se describir谩 al menos la naturaleza de la violaci贸n de los datos personales y los puntos de contacto donde puede obtenerse m谩s informaci贸n y se recomendar谩n medidas para atenuar los posibles efectos adversos de dicha violaci贸n. En la notificaci贸n a la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos se describir谩n adem谩s las consecuencias de la violaci贸n y las medidas propuestas o adoptadas por el proveedor respecto a la violaci贸n de los datos personales.
Los operadores deber谩n llevar un inventario de las violaciones de los datos personales, incluidos los hechos relacionados con tales infracciones, sus efectos y las medidas adoptadas al respecto, que resulte suficiente para permitir a la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos verificar el cumplimiento de las obligaciones de notificaci贸n reguladas en este apartado. Mediante real decreto podr谩 establecerse el formato y contenido del inventario.
A los efectos establecidos en este art铆culo, se entender谩 como violaci贸n de los datos personales la violaci贸n de la seguridad que provoque la destrucci贸n, accidental o il铆cita, la p茅rdida, la alteraci贸n, la revelaci贸n o el acceso no autorizados, de datos personales transmitidos, almacenados o tratados de otro modo en relaci贸n con la prestaci贸n de un servicio de comunicaciones electr贸nicas de acceso p煤blico.
La Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos podr谩 adoptar directrices y, en caso necesario, dictar instrucciones sobre las circunstancias en que se requiere que el proveedor notifique la violaci贸n de los datos personales, sobre el formato que debe adoptar dicha notificaci贸n y sobre la manera de llevarla a cabo, con pleno respeto a las disposiciones que en su caso sean adoptadas en esta materia por la Comisi贸n Europea.
4. Lo dispuesto en el presente art铆culo ser谩 sin perjuicio de la aplicaci贸n de la Ley Org谩nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci贸n de Datos de Car谩cter Personal y su normativa de desarrollo.
Art铆culo 42. Conservaci贸n y cesi贸n de datos relativos a las comunicaciones electr贸nicas y a las redes p煤blicas de comunicaciones
La conservaci贸n y cesi贸n de los datos generados o tratados en el marco de la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas o de redes p煤blicas de comunicaci贸n a los agentes facultados a trav茅s de la correspondiente autorizaci贸n judicial con fines de detecci贸n, investigaci贸n y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el C贸digo Penal o en las leyes penales especiales se rige por lo establecido en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservaci贸n de datos relativos a las comunicaciones electr贸nicas y a las redes p煤blicas de comunicaciones.
Art铆culo 43. Cifrado en las redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas
1. Cualquier tipo de informaci贸n que se transmita por redes de comunicaciones electr贸nicas podr谩 ser protegida mediante procedimientos de cifrado.
2. El cifrado es un instrumento de seguridad de la informaci贸n. Entre sus condiciones de uso, cuando se utilice para proteger la confidencialidad de la informaci贸n, se podr谩 imponer la obligaci贸n de facilitar a un 贸rgano de la Administraci贸n General del Estado o a un organismo p煤blico, los algoritmos o cualquier procedimiento de cifrado utilizado, as铆 como la obligaci贸n de facilitar sin coste alguno los aparatos de cifra a efectos de su control de acuerdo con la normativa vigente.
Art铆culo 44. Integridad y seguridad de las redes y de los servicios de comunicaciones electr贸nicas
1. Los operadores de redes y de servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico, gestionar谩n adecuadamente los riesgos de seguridad que puedan afectar a sus redes y servicios a fin de garantizar un adecuado nivel de seguridad y evitar o reducir al m铆nimo el impacto de los incidentes de seguridad en los usuarios y en las redes interconectadas.
2. Asimismo, los operadores de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas garantizar谩n la integridad de las mismas a fin de asegurar la continuidad en la prestaci贸n de los servicios que utilizan dichas redes.
3. Los operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico notificar谩n al Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo las violaciones de la seguridad o p茅rdidas de integridad que hayan tenido un impacto significativo en la explotaci贸n de las redes o los servicios.
Cuando proceda, el Ministerio informar谩 a las autoridades nacionales competentes de otros Estados miembros y a la Agencia Europea de Seguridad en las Redes y la Informaci贸n (ENISA). Asimismo, podr谩 informar al p煤blico o exigir a las empresas que lo hagan, en caso de estimar que la divulgaci贸n de la violaci贸n reviste inter茅s p煤blico. Una vez al a帽o, el Ministerio presentar谩 a la Comisi贸n y a la ENISA un informe resumido sobre las notificaciones recibidas y las medidas adoptadas de conformidad con este apartado.
Del mismo modo, el Ministerio comunicar谩 a la Secretar铆a de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior aquellos incidentes que afectando a los operadores estrat茅gicos nacionales sean de inter茅s para la mejora de la protecci贸n de infraestructuras cr铆ticas, en el marco de la Ley 8/2011, de 28 de abril, reguladora de las mismas. Tambi茅n el Ministerio comunicar谩 a la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia las violaciones de la seguridad o p茅rdidas de integridad a que se refiere este apartado que afecten o puedan afectar a las obligaciones espec铆ficas impuestas por dicha Comisi贸n en los mercados de referencia.
4. El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo establecer谩 los mecanismos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones anteriores y, en su caso, dictar谩 las instrucciones correspondientes, que ser谩n vinculantes para los operadores, incluidas las relativas a las fechas l铆mite de aplicaci贸n, para que adopten determinadas medidas relativas a la integridad y seguridad de redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas. Entre ellas, podr谩 imponer:
a) La obligaci贸n de facilitar la informaci贸n necesaria para evaluar la seguridad y la integridad de sus servicios y redes, incluidos los documentos sobre las pol铆ticas de seguridad.
b) La obligaci贸n de someterse a una auditor铆a de seguridad realizada por un organismo independiente o por una autoridad competente, y de poner el resultado a disposici贸n del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo. El coste de la auditor铆a ser谩 sufragado por el operador.
5. En particular, los operadores garantizar谩n la mayor disponibilidad posible de los servicios telef贸nicos disponibles al p煤blico a trav茅s de las redes p煤blicas de comunicaciones en caso de fallo catastr贸fico de la red o en casos de fuerza mayor, y adoptar谩n todas las medidas necesarias para garantizar el acceso sin interrupciones a los servicios de emergencia.
6. El presente art铆culo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del art铆culo 4 de la presente Ley.
CAP脥TULO IV-Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electr贸nicas en los edificios
Art铆culo 45. Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electr贸nicas en los edificios
1. Mediante real decreto se desarrollar谩 la normativa legal en materia de infraestructuras comunes de comunicaciones electr贸nicas en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios. Dicho real decreto determinar谩, tanto el punto de interconexi贸n de la red interior con las redes p煤blicas, como las condiciones aplicables a la propia red interior. Asimismo regular谩 las garant铆as aplicables al acceso a los servicios de comunicaciones electr贸nicas a trav茅s de sistemas individuales en defecto de infraestructuras comunes de comunicaciones electr贸nicas, y el r茅gimen de instalaci贸n de 茅stas en todos aquellos aspectos no previstos en las disposiciones con rango legal reguladoras de la materia.
2. La normativa t茅cnica b谩sica de edificaci贸n que regule la infraestructura de obra civil en el interior de los edificios y conjuntos inmobiliarios deber谩 tomar en consideraci贸n las necesidades de soporte de los sistemas y redes de comunicaciones electr贸nicas fijadas de conformidad con la normativa a que se refiere el apartado 1, previendo que la infraestructura de obra civil disponga de capacidad suficiente para permitir el paso de las redes de los distintos operadores, de forma que se facilite la posibilidad de uso compartido de estas infraestructuras por aqu茅llos.
3. La normativa reguladora de las infraestructuras comunes de comunicaciones electr贸nicas promover谩 la sostenibilidad de las edificaciones y conjuntos inmobiliarios, de uso residencial, industrial, terciario y dotacional, facilitando la introducci贸n de aquellas tecnolog铆as de la informaci贸n y las comunicaciones que favorezcan su eficiencia energ茅tica, accesibilidad y seguridad, tendiendo hacia la implantaci贸n progresiva en Espa帽a del concepto de hogar digital.
4. Los operadores podr谩n instalar los tramos finales de las redes fijas de comunicaciones electr贸nicas de acceso ultrarr谩pido as铆 como sus recursos asociados en los edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios que est茅n acogidos, o deban acogerse, al r茅gimen de propiedad horizontal o a los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo superior a un a帽o, salvo los que alberguen una sola vivienda, al objeto de que cualquier copropietario o, en su caso, arrendatario del inmueble pueda hacer uso de dichas redes.
En el caso de edificios en los que no exista una infraestructura com煤n de comunicaciones electr贸nicas en el interior del edificio o conjunto inmobiliario, o la existente no permita instalar el correspondiente acceso ultrarr谩pido, dicha instalaci贸n podr谩 realizarse haciendo uso de los elementos comunes de la edificaci贸n. En los casos en los que no sea posible realizar la instalaci贸n en el interior de la edificaci贸n o finca por razones t茅cnicas o econ贸micas, la instalaci贸n podr谩 realizarse utilizando las fachadas de las edificaciones.
El operador que se proponga instalar los tramos finales de red y sus recursos asociados a que se refiere el presente apartado, deber谩 comunicarlo por escrito a la comunidad de propietarios o, en su caso, al propietario del edificio, junto con un proyecto de la actuaci贸n que pretende realizar, antes de iniciar cualquier instalaci贸n. El formato, contenido, y plazos formales de presentaci贸n tanto de la comunicaci贸n escrita como del proyecto de actuaci贸n referidos en el presente p谩rrafo ser谩n determinados reglamentariamente. En todo caso, corresponder谩 al operador acreditar que la comunicaci贸n escrita ha sido entregada.
La instalaci贸n no podr谩 realizarse si en el plazo de un mes desde que la comunicaci贸n se produzca, la comunidad de propietarios o el propietario acredita ante el operador que ninguno de los copropietarios o arrendatarios del edificio est谩 interesado en disponer de las infraestructuras propuestas, o afirma que va a realizar, dentro de los tres meses siguientes a la contestaci贸n, la instalaci贸n de una infraestructura com煤n de comunicaciones electr贸nicas en el interior del edificio o la adaptaci贸n de la previamente existente que permitan dicho acceso ultrarr谩pido. Transcurrido el plazo de un mes antes se帽alado desde que la comunicaci贸n se produzca sin que el operador hubiera obtenido respuesta, o el plazo de tres meses siguientes a la contestaci贸n sin que se haya realizado la instalaci贸n de la infraestructura com煤n de comunicaciones electr贸nicas, el operador estar谩 habilitado para iniciar la instalaci贸n de los tramos finales de red y sus recursos asociados, si bien ser谩 necesario que el operador indique a la comunidad de propietarios o al propietario el d铆a de inicio de la instalaci贸n.
El procedimiento del p谩rrafo anterior no ser谩 aplicable al operador que se proponga instalar los tramos finales de red fija de comunicaciones electr贸nicas de acceso ultrarr谩pido y sus recursos asociados en un edificio o conjunto inmobiliario en el que otro operador haya iniciado o instalado tramos finales de dichas redes; o en aquellos casos en los que se trate de un tramo para dar continuidad a una instalaci贸n que sea necesaria para proporcionar acceso a dichas redes en edificios o fincas colindantes o cercanas y no exista otra alternativa econ贸micamente eficiente y t茅cnicamente viable, todo ello sin perjuicio de que, en todo caso, deba existir una comunicaci贸n previa m铆nima de un mes de antelaci贸n del operador a la comunidad de propietarios o al propietario junto con una descripci贸n de la actuaci贸n que pretende realizar, antes de iniciar cualquier instalaci贸n. En todo caso, ser谩 necesario que el operador indique a la comunidad de propietarios o al propietario el d铆a de inicio de la instalaci贸n.
5. Los operadores ser谩n responsables de cualquier da帽o que infrinjan en las edificaciones o fincas como consecuencia de las actividades de instalaci贸n de las redes y recursos asociados a que se refiere el apartado anterior.
6. Por orden del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo se determinar谩n los aspectos t茅cnicos que deben cumplir los operadores en la instalaci贸n de los recursos asociados a las redes fijas de comunicaciones electr贸nicas de acceso ultrarr谩pido as铆 como la obra civil asociada en los supuestos contemplados en el apartado 4 de este art铆culo, con el objetivo de reducir molestias y cargas a los ciudadanos, optimizar la instalaci贸n de las redes y facilitar el despliegue de las redes por los distintos operadores.
7. El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo podr谩 imponer a los operadores y a los propietarios de los correspondientes recursos asociados, previo tr谩mite de informaci贸n p煤blica, obligaciones objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias relativas a la utilizaci贸n compartida de los tramos finales de las redes de acceso, incluyendo los que discurran por el interior de las edificaciones y conjuntos inmobiliarios, o hasta el primer punto de concentraci贸n o distribuci贸n ubicado en su exterior, cuando la duplicaci贸n de esta infraestructura sea econ贸micamente ineficiente o f铆sicamente inviable.
8. El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo crear谩 y mantendr谩 un inventario centralizado y actualizado de todos aquellos edificios o conjuntos inmobiliarios que disponen de infraestructuras comunes de telecomunicaciones instaladas. Dicho inventario ser谩 puesto a disposici贸n de los operadores.
CAP脥TULO V-Derechos de los usuarios finales
Art铆culo 46. Derechos de los usuarios finales de servicios de comunicaciones electr贸nicas
1. Son titulares de los derechos espec铆ficos reconocidos en este Cap铆tulo, en las condiciones establecidas en el mismo, los usuarios finales de servicios de comunicaciones electr贸nicas. Los operadores estar谩n obligados a respetar los derechos reconocidos en este Cap铆tulo.
El reconocimiento de los derechos espec铆ficos de los usuarios finales de redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico que efect煤a este Cap铆tulo se entiende sin perjuicio de los derechos que otorga a los consumidores el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobado por el real decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
2. Las disposiciones que esta ley y su desarrollo reglamentario contiene en materia de derechos espec铆ficos de los usuarios finales de servicios de comunicaciones electr贸nicas, en aquellos aspectos expresamente previstos en las disposiciones del derecho de la Uni贸n Europea de las que traigan causa, ser谩n de aplicaci贸n preferente en caso de conflicto con las disposiciones que regulen con car谩cter general los derechos de los consumidores y usuarios.
Art铆culo 47. Derechos espec铆ficos de los usuarios finales de redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico
1. Los derechos espec铆ficos de los usuarios finales de redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas se establecer谩n por real decreto que regular谩:
a) El derecho a celebrar contratos por parte de los usuarios finales con los operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico, as铆 como el contenido m铆nimo de dichos contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el art铆culo 53.
b) El derecho a resolver el contrato en cualquier momento. Este derecho incluye el de resolverlo anticipadamente y sin penalizaci贸n en el supuesto de modificaci贸n de las condiciones contractuales impuestas por el operador por motivos v谩lidos especificados en aqu茅l y sin perjuicio de otras causas de resoluci贸n unilateral.
c) El derecho al cambio de operador, con conservaci贸n de los n煤meros del plan nacional de numeraci贸n telef贸nica en los supuestos en que as铆 se contemple en el plazo m谩ximo de un d铆a laborable. No se podr谩 transferir a los usuarios finales a otro operador en contra de su voluntad.
Los usuarios finales deber谩n recibir informaci贸n adecuada sobre el cambio de operador, cuyo proceso es dirigido por el operador receptor, antes y durante el proceso, as铆 como inmediatamente despu茅s de su conclusi贸n.
Los contratos de los usuarios finales con los operadores cedentes, en lo relativo a los servicios afectados por la conservaci贸n de los n煤meros, quedar谩n autom谩ticamente resueltos una vez concluido el proceso de cambio de operador.
El retraso en la conservaci贸n de los n煤meros y los abusos de la conservaci贸n por parte de los operadores o en su nombre, dar谩 derecho a los abonados a una compensaci贸n en los t茅rminos que se establezcan mediante real decreto, en el que se fijar谩n asimismo los supuestos en que dicha compensaci贸n ser谩 autom谩tica. Las condiciones y procedimientos para la resoluci贸n de los contratos no deber谩n constituir un factor disuasorio para cambiar de operador.
d) El derecho a la informaci贸n, que deber谩 ser veraz, eficaz, suficiente, transparente, comparable, sobre los servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico, sin perjuicio de lo dispuesto en el art铆culo 54.
e) Los supuestos, plazos y condiciones en que el usuario, previa solicitud, podr谩 ejercer el derecho de desconexi贸n de determinados servicios, contempl谩ndose la necesidad de petici贸n expresa para el acceso a servicios de distinta consideraci贸n.
f) El derecho a la continuidad del servicio, y a obtener una compensaci贸n autom谩tica por su interrupci贸n, en los supuestos que se determinen mediante real decreto.
g) Los supuestos de aprobaci贸n por parte del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo de las condiciones generales de los contratos, entre los que se incluir谩n los celebrados entre los usuarios finales y los operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electr贸nicas con obligaciones de servicio p煤blico.
La aprobaci贸n administrativa a la que se refiere el p谩rrafo anterior no excluye el control ni administrativo ni judicial de las condiciones generales de la contrataci贸n contenidas en los citados contratos, conforme a la normativa vigente.
h) El derecho a recibir informaci贸n completa, comparable, pertinente, fiable, actualizada y de f谩cil consulta sobre la calidad de los servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico y sobre las medidas adoptadas para garantizar un acceso equivalente para los usuarios finales con discapacidad.
i) El derecho a elegir un medio de pago para el abono de los correspondientes servicios entre los com煤nmente utilizados en el tr谩fico comercial.
j) El derecho a acceder a los servicios de emergencias de forma gratuita sin tener que utilizar ning煤n medio de pago.
k) El derecho a la facturaci贸n detallada, clara y sin errores, sin perjuicio del derecho a recibir facturas no desglosadas a petici贸n del usuario.
l) El derecho a detener el desv铆o autom谩tico de llamadas efectuado a su terminal por parte de un tercero.
m) El derecho a impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la presentaci贸n de la identificaci贸n de su l铆nea en las llamadas que genere o la presentaci贸n de la identificaci贸n de su l铆nea al usuario que le realice una llamada.
Los usuarios finales no podr谩n ejercer este derecho cuando se trate de llamadas de emergencia a trav茅s del n煤mero 112 o comunicaciones efectuadas a entidades que presten servicios de llamadas de urgencia que se determinen mediante real decreto.
Por un per铆odo de tiempo limitado, los usuarios finales no podr谩n ejercer este derecho cuando el abonado a la l铆nea de destino haya solicitado la identificaci贸n de las llamadas maliciosas o molestas realizadas a su l铆nea.
n) El derecho a impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la presentaci贸n de la identificaci贸n de la l铆nea de origen en las llamadas entrantes y a rechazar las llamadas entrantes en que dicha l铆nea no aparezca identificada.
En este supuesto y en el anterior, los operadores que presten servicios de comunicaciones electr贸nicas al p煤blico para efectuar llamadas nacionales a n煤meros de un plan nacional de numeraci贸n telef贸nica, as铆 como los que exploten redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas, deber谩n cumplir las condiciones que mediante real decreto se determinen sobre la visualizaci贸n, restricci贸n y supresi贸n de la identificaci贸n de la l铆nea de origen y conectada.
2. Los operadores deber谩n disponer de un servicio de atenci贸n al cliente, gratuito para los usuarios, que tenga por objeto facilitar informaci贸n y atender y resolver las quejas y reclamaciones de sus clientes.
Los servicios de atenci贸n al cliente mediante el canal telef贸nico deber谩n garantizar una atenci贸n personal directa, m谩s all谩 de la posibilidad de utilizar complementariamente otros medios t茅cnicos a su alcance para mejorar dicha atenci贸n. Los operadores pondr谩n a disposici贸n de sus clientes m茅todos para la acreditaci贸n documental de las gestiones o reclamaciones realizadas, como el otorgamiento de un n煤mero de referencia o la posibilidad de enviar al cliente un documento en soporte duradero.
Art铆culo 48. Derecho a la protecci贸n de datos personales y la privacidad en relaci贸n con las comunicaciones no solicitadas, con los datos de tr谩fico y de localizaci贸n y con las gu铆as de abonados
1. Respecto a la protecci贸n de datos personales y la privacidad en relaci贸n con las comunicaciones no solicitadas los usuarios finales de los servicios de comunicaciones electr贸nicas tendr谩n los siguientes derechos:
a) A no recibir llamadas autom谩ticas sin intervenci贸n humana o mensajes de fax, con fines de comunicaci贸n comercial sin haber prestado su consentimiento previo e informado para ello.
b) A oponerse a recibir llamadas no deseadas con fines de comunicaci贸n comercial que se efect煤en mediante sistemas distintos de los establecidos en la letra anterior y a ser informado de este derecho.
2. Respecto a la protecci贸n de datos personales y la privacidad en relaci贸n con los datos de tr谩fico y los datos de localizaci贸n distintos de los datos de tr谩fico, los usuarios finales de los servicios de comunicaciones electr贸nicas tendr谩n los siguientes derechos:
a) A que se hagan an贸nimos o se cancelen sus datos de tr谩fico cuando ya no sean necesarios a los efectos de la transmisi贸n de una comunicaci贸n. Los datos de tr谩fico necesarios a efectos de la facturaci贸n de los abonados y los pagos de las interconexiones podr谩n ser tratados 煤nicamente hasta que haya expirado el plazo para la impugnaci贸n de la factura del servicio, para la devoluci贸n del cargo efectuado por el operador, para el pago de la factura o para que el operador pueda exigir su pago.
b) A que sus datos de tr谩fico sean utilizados para promoci贸n comercial de servicios de comunicaciones electr贸nicas o para la prestaci贸n de servicios de valor a帽adido, en la medida y durante el tiempo necesarios para tales servicios o promoci贸n comercial 煤nicamente cuando hubieran prestado su consentimiento informado para ello. Los usuarios finales dispondr谩n del derecho de retirar su consentimiento para el tratamiento de los datos de tr谩fico en cualquier momento y con efecto inmediato.
c) A que s贸lo se proceda al tratamiento de sus datos de localizaci贸n distintos a los datos de tr谩fico cuando se hayan hecho an贸nimos o previo su consentimiento informado y 煤nicamente en la medida y por el tiempo necesarios para la prestaci贸n, en su caso, de servicios de valor a帽adido, con conocimiento inequ铆voco de los datos que vayan a ser sometidos a tratamiento, la finalidad y duraci贸n del mismo y el servicio de valor a帽adido que vaya a ser prestado. Los usuarios finales dispondr谩n del derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento y con efecto inmediato para el tratamiento de los datos de localizaci贸n distintos de tr谩fico.
Los usuarios finales no podr谩n ejercer este derecho cuando se trate de llamadas de emergencia a trav茅s del n煤mero 112 o comunicaciones efectuadas a entidades que presten servicios de llamadas de urgencia que se determinen por el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo.
3. Respecto a la protecci贸n de datos personales y la privacidad en relaci贸n con las gu铆as de abonados, los usuarios finales de los servicios de comunicaciones electr贸nicas tendr谩n los siguientes derechos:
a) A figurar en las gu铆as de abonados.
b) A ser informados gratuitamente de la inclusi贸n de sus datos en las gu铆as, as铆 como de la finalidad de las mismas, con car谩cter previo a dicha inclusi贸n.
c) A no figurar en las gu铆as o a solicitar la omisi贸n de algunos de sus datos, en la medida en que tales datos sean pertinentes para la finalidad de la gu铆a que haya estipulado su proveedor.
4. Lo establecido en las letras a) y c) del apartado 2 de este art铆culo se entiende sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservaci贸n de datos relativos a las comunicaciones electr贸nicas y a las redes p煤blicas de comunicaciones.
Art铆culo 49. Gu铆as de abonados
1. La elaboraci贸n y comercializaci贸n de las gu铆as de abonados a los servicios de comunicaciones electr贸nicas y la prestaci贸n de los servicios de informaci贸n sobre ellos se realizar谩 en r茅gimen de libre competencia.
A tal efecto, las empresas que asignen n煤meros de tel茅fono a los abonados habr谩n de dar curso a todas las solicitudes razonables de suministro de informaci贸n pertinente para la prestaci贸n de los servicios de informaci贸n sobre n煤meros de abonados y gu铆as accesibles al p煤blico, en un formato aprobado y en unas condiciones equitativas, objetivas, orientadas en funci贸n de los costes y no discriminatorias, estando sometido el suministro de la citada informaci贸n y su posterior utilizaci贸n a la normativa en materia de protecci贸n de datos vigente en cada momento.
El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo deber谩 suministrar gratuitamente a las entidades que vayan a elaborar gu铆as telef贸nicas de abonados, a las que presten el servicio de consulta telef贸nica sobre n煤meros de abonado y a las que presten los servicios de llamadas de emergencia, los datos que le faciliten los operadores, de conformidad con las condiciones que se establezcan mediante real decreto.
2. Se garantiza el acceso de los usuarios finales a los servicios de informaci贸n sobre n煤meros de abonados, para cuya consecuci贸n el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo podr谩 imponer obligaciones y condiciones a las empresas que controlan el acceso a los usuarios finales en materia de prestaci贸n de servicios de informaci贸n sobre n煤meros de abonado que deber谩n ser objetivas, equitativas, no discriminatorias y transparentes.
3. El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo adoptar谩, siempre que sea t茅cnica y econ贸micamente posible, medidas para garantizar el acceso directo de los usuarios finales al servicio de informaci贸n sobre n煤meros de abonados de otro pa铆s comunitario mediante llamada vocal o SMS.
Art铆culo 50. Calidad de servicio
1. Por Orden del Ministro de Industria, Energ铆a y Turismo se podr谩n fijar requisitos m铆nimos de calidad de servicio que, en su caso, se exijan a los operadores de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas, con objeto de evitar la degradaci贸n del servicio y la obstaculizaci贸n o ralentizaci贸n del tr谩fico en las redes, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan mediante real decreto.
El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo facilitar谩 a la Comisi贸n Europea, a su debido tiempo antes de establecer tales requisitos, un resumen de los motivos para la acci贸n, los requisitos previstos y la l铆nea de acci贸n propuesta. Dicha informaci贸n se pondr谩 tambi茅n a disposici贸n del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electr贸nicas (ORECE).
2. Asimismo, se podr谩n establecer los par谩metros de calidad que habr谩n de cuantificarse, as铆 como los posibles mecanismos de certificaci贸n de la calidad, al objeto de garantizar que los usuarios finales, incluidos los usuarios finales con discapacidad, tengan acceso a una informaci贸n completa, comparable, fiable y de f谩cil consulta.
Art铆culo 51. Acceso a n煤meros o servicios
1. En la medida que resulte necesario para la consecuci贸n de los objetivos establecidos en el art铆culo 3 y, en particular, para salvaguardar los derechos e intereses de los usuarios, mediante real decreto o en los Planes Nacionales de numeraci贸n, direccionamiento y denominaci贸n y sus disposiciones de desarrollo, podr谩n establecerse requisitos sobre capacidades o funcionalidades m铆nimas que deber谩n cumplir determinados tipos de servicios.
2. Asimismo, mediante real decreto, previo informe de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, se establecer谩n las condiciones en las que los operadores de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas o servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico lleven a cabo el bloqueo de acceso a n煤meros o servicios, siempre que est茅 justificado por motivos de tr谩fico no permitido y de tr谩fico irregular con fines fraudulentos, y los casos en que los prestadores de servicios de comunicaciones electr贸nicas retengan los correspondientes ingresos por interconexi贸n u otros servicios. La Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia podr谩 ordenar el bloqueo de acceso a n煤meros o servicios por motivos de tr谩fico irregular con fines fraudulentos cuando tengan su origen en un conflicto entre operadores en materia de acceso o interconexi贸n que le sea planteado por dichos operadores. En ning煤n caso podr谩 exigirse al amparo de este apartado el bloqueo a servicios no incluidos en el 谩mbito de aplicaci贸n de esta Ley, como los servicios de la Sociedad de la Informaci贸n regulados en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci贸n y de comercio electr贸nico.
3. Mediante Resoluci贸n el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci贸n podr谩 establecer que, por razones de protecci贸n de los derechos de los usuarios finales de servicios de comunicaciones electr贸nicas, en especial, relacionadas con la facturaci贸n y las tarifas que se aplican en la prestaci贸n de determinados servicios, algunos n煤meros o rangos de numeraci贸n s贸lo sean accesibles previa petici贸n expresa del usuario, en las condiciones que se fijen en dicha Resoluci贸n.
Art铆culo 52. Regulaci贸n de las condiciones b谩sicas de acceso por personas con discapacidad
Mediante real decreto se podr谩n establecer las condiciones b谩sicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnolog铆as, productos y servicios relacionados con las comunicaciones electr贸nicas. En la citada norma se establecer谩n los requisitos que deber谩n cumplir los operadores para garantizar que los usuarios con discapacidad:
a) Puedan tener un acceso a servicios de comunicaciones electr贸nicas equivalente al que disfrutan la mayor铆a de los usuarios finales.
b) Se beneficien de la posibilidad de elecci贸n de empresa y servicios disponible para la mayor铆a de usuarios finales.
1. Antes de la celebraci贸n de un contrato entre usuarios finales y los operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico, los operadores proporcionar谩n a los usuarios finales al menos la informaci贸n que a estos efectos se establece en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
Adicionalmente a lo establecido en el p谩rrafo anterior, los operadores tambi茅n proporcionar谩n, antes de la celebraci贸n del contrato, la informaci贸n espec铆fica sobre el servicio de comunicaciones electr贸nicas que se establezca mediante real decreto, y al menos:
a) Descripci贸n de los servicios a proveer y posibles limitaciones en su uso.
b) Los precios y tarifas aplicables, con los conceptos y detalles que se establezcan mediante real decreto.
c) Duraci贸n de los contratos y causas para su resoluci贸n.
d) Informaci贸n sobre restricciones impuestas en cuanto a las posibilidades de utilizar el equipo terminal suministrado.
e) Condiciones aplicables en relaci贸n con la conservaci贸n de n煤meros.
2. El contenido de los contratos que se celebren entre los usuarios finales y los operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico se regular谩 mediante real decreto, e incluir谩 de forma clara, comprensible y f谩cilmente accesible, al menos, el siguiente contenido espec铆fico:
a) Los servicios prestados, incluyendo, en particular:
i) Si se facilita o no el acceso a los servicios de emergencia e informaci贸n sobre la ubicaci贸n de las personas que efect煤an la llamada, as铆 como cualquier otra limitaci贸n para la prestaci贸n de servicios de emergencia.
ii) Informaci贸n sobre cualquier otra condici贸n que limite el acceso o la utilizaci贸n de los servicios y las aplicaciones.
iii) Los niveles m铆nimos de calidad de servicio que se ofrecen, en particular, el plazo para la conexi贸n inicial, as铆 como, en su caso, otros par谩metros de calidad de servicio establecidos reglamentariamente.
iv) Informaci贸n sobre cualquier procedimiento establecido por la empresa para medir y gestionar el tr谩fico de forma que se evite agotar o saturar el enlace de la red, e informaci贸n sobre la manera en que esos procedimientos pueden afectar a la calidad del servicio.
v) Los tipos de mantenimiento ofrecidos y los servicios de apoyo facilitados al cliente, as铆 como los medios para entrar en contacto con dichos servicios.
vi) Cualquier restricci贸n impuesta por el proveedor en cuanto a las posibilidades de utilizar el equipo terminal suministrado.
b) La decisi贸n del abonado acerca de la posibilidad de incluir o no sus datos personales en una gu铆a determinada y los datos de que se trate.
c) La duraci贸n del contrato y las condiciones para su renovaci贸n y para la terminaci贸n de los servicios y la resoluci贸n del contrato, incluidos:
i) Cualquier uso o duraci贸n m铆nimos u otros requisitos requeridos para aprovechar las promociones.
ii) Todos los gastos relacionados con la conservaci贸n del n煤mero y otros identificadores.
iii) Todos los gastos relacionados con la resoluci贸n del contrato, incluida la recuperaci贸n de costes relacionada con los equipos terminales.
iv) Las condiciones en las que en los supuestos de cambio de operador con conservaci贸n de n煤meros, el operador cedente se comprometa, en su caso, a reembolsar cualquier cr茅dito restante en las tarjetas prepago.
d) El modo de iniciar los procedimientos de resoluci贸n de litigios, de conformidad con el art铆culo 55.
e) Los tipos de medidas que podr铆a tomar la empresa en caso de incidentes de seguridad o integridad o de amenazas y vulnerabilidad.
3. Mediante real decreto podr谩 establecerse la obligatoriedad de que los contratos incluyan la informaci贸n que determine la autoridad competente, en relaci贸n con el uso de las redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas para desarrollar actividades il铆citas o para difundir contenidos nocivos, as铆 como sobre los medios de protecci贸n frente a riesgos para la seguridad personal, la privacidad y los datos personales, siempre que sean pertinentes para el servicio prestado.
4. Los operadores deber谩n entregar o remitir a los usuarios por escrito o en cualquier otro soporte duradero el contrato celebrado.
Art铆culo 54. Transparencia y publicaci贸n de informaci贸n
1. Mediante real decreto se establecer谩n las condiciones para que los operadores de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas o servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico publiquen informaci贸n transparente, comparable, adecuada y actualizada sobre los precios y tarifas aplicables, y, en su caso, sobre los gastos y condiciones relacionadas con la terminaci贸n de los contratos, as铆 como informaci贸n sobre el acceso y la utilizaci贸n de los servicios que prestan a los usuarios finales, que ser谩 publicada de forma clara, comprensible y f谩cilmente accesible.
2. El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo fomentar谩 la divulgaci贸n de informaci贸n comparable con objeto de que los usuarios finales puedan hacer una evaluaci贸n independiente del coste de las modalidades de uso alternativas, por ejemplo, mediante gu铆as alternativas o t茅cnicas similares, y regular谩 las condiciones para que la informaci贸n publicada por los operadores de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas o servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico pueda ser utilizada gratuitamente por terceros, con el fin de vender o permitir la utilizaci贸n de estas gu铆as interactivas o t茅cnicas similares.
3. Mediante real decreto se regular谩n las condiciones para garantizar que los operadores de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas o servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico:
a) Ofrezcan a los abonados informaci贸n sobre las tarifas aplicables en relaci贸n con cualquier n煤mero o servicio sujetos a condiciones de precios espec铆ficas, por lo que se refiere a cada una de las categor铆as de servicios, pudi茅ndose exigir que dicha informaci贸n se facilite inmediatamente antes de efectuar las llamadas.
b) Informen a los abonados sobre todo cambio de acceso a los servicios de emergencia o a la informaci贸n relativa a la ubicaci贸n de las personas que efect煤an las llamadas en el servicio al que est谩n abonados.
c) Informen a los abonados de los cambios en las condiciones que limiten el acceso o la utilizaci贸n de los servicios y las aplicaciones.
d) Proporcionen informaci贸n sobre cualquier procedimiento establecido por el proveedor para medir y gestionar el tr谩fico de forma que se evite agotar o saturar el enlace de la red y sobre la manera en que esos procedimientos pueden afectar la calidad del servicio.
e) Informen a los abonados de su derecho a decidir si incluyen sus datos personales en una gu铆a y los tipos de datos de que se trata.
f) Informen de forma peri贸dica y detallada a los abonados con discapacidad de los productos y servicios dirigidos a ellos.
4. El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo podr谩 exigir a los operadores de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas o servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico que difundan de forma gratuita, y en un determinado formato, informaci贸n de inter茅s p煤blico a los antiguos y nuevos abonados, cuando proceda, por las mismas v铆as utilizadas normalmente por 茅stos para comunicarse con los abonados, informaci贸n que cubrir谩 los siguientes aspectos:
a) Los usos m谩s comunes de los servicios de comunicaciones electr贸nicas para desarrollar actividades il铆citas o para difundir contenidos nocivos, en particular cuando ello atente contra los derechos y libertades de terceros, incluyendo las infracciones de los derechos de autor y derechos afines, as铆 como sus consecuencias jur铆dicas.
b) Los medios de protecci贸n contra los riesgos para la seguridad personal, la privacidad, y los datos de car谩cter personal en el uso de los servicios de comunicaciones electr贸nicas.
5. El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo publicar谩 peri贸dicamente los datos resultantes de la gesti贸n del procedimiento de resoluci贸n de controversias establecido en el apartado 1 del art铆culo 55. Los datos incluir谩n un nivel de desagregaci贸n que permita obtener informaci贸n acerca de los servicios, materias y operadores sobre los que versan las reclamaciones recibidas.
Art铆culo 55. Resoluci贸n de controversias
1. Los usuarios finales que sean personas f铆sicas tendr谩n derecho a disponer de un procedimiento extrajudicial, transparente, no discriminatorio, sencillo y gratuito para resolver sus controversias con los operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico, cuando tales controversias se refieran a sus derechos espec铆ficos como usuarios finales de servicios de comunicaciones electr贸nicas reconocidos en esta Ley y su normativa de desarrollo y de acuerdo con lo recogido en la normativa comunitaria.
A tal fin, el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo establecer谩 mediante orden un procedimiento conforme al cual, los usuarios finales que sean personas f铆sicas podr谩n someterle dichas controversias, con arreglo a los principios establecidos en el apartado anterior. Los operadores estar谩n obligados a someterse al procedimiento, as铆 como a cumplir la resoluci贸n que le ponga fin. En cualquier caso, el procedimiento que se adopte establecer谩 el plazo m谩ximo en el que deber谩 notificarse la resoluci贸n expresa, transcurrido el cual se podr谩 entender desestimada la reclamaci贸n por silencio administrativo, sin perjuicio de que la Administraci贸n de telecomunicaciones tenga la obligaci贸n de resolver la reclamaci贸n de forma expresa, de acuerdo con lo establecido en el art铆culo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R茅gimen Jur铆dico de las administraciones p煤blicas y del Procedimiento Administrativo Com煤n. La resoluci贸n que se dicte podr谩 impugnarse ante la jurisdicci贸n contencioso-administrativa.
2. Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del derecho de los usuarios finales a someter las controversias al conocimiento de las Juntas arbitrales de consumo, de acuerdo con la legislaci贸n vigente en la materia. Si las Juntas arbitrales de consumo acuerdan conocer sobre la controversia, no ser谩 posible acudir al procedimiento del apartado anterior.
T脥TULO IV-Evaluaci贸n de la conformidad de equipos y aparatos
Art铆culo 56. Normalizaci贸n t茅cnica
1. Mediante real decreto se podr谩n establecer los supuestos y condiciones en que los operadores de redes p煤blicas y servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico habr谩n de publicar las especificaciones t茅cnicas precisas y adecuadas de las interfaces ofrecidas en Espa帽a, con anterioridad a la posibilidad de acceso p煤blico a los servicios prestados a trav茅s de dichas interfaces.
2. Mediante real decreto se determinar谩n las formas de elaboraci贸n, en su caso, de las especificaciones t茅cnicas aplicables a los equipos y aparatos de telecomunicaciones, a efectos de garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales en los procedimientos de evaluaci贸n de conformidad y se fijar谩n los equipos y aparatos exceptuados de la aplicaci贸n de dicha evaluaci贸n.
En los supuestos en que la normativa lo prevea, el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo podr谩 aprobar especificaciones t茅cnicas distintas de las anteriores para aparatos de telecomunicaci贸n.
Art铆culo 57. Evaluaci贸n de la conformidad
1. Los aparatos de telecomunicaci贸n, entendiendo por tales cualquier dispositivo no excluido expresamente del real decreto que desarrolle este t铆tulo que sea equipo radioel茅ctrico o equipo terminal de telecomunicaci贸n, o ambas cosas a la vez, deber谩n evaluar su conformidad con los requisitos esenciales recogidos en las disposiciones que lo determinen, ser conformes con todas las disposiciones que se establezcan e incorporar el marcado correspondiente como consecuencia de la evaluaci贸n realizada. Podr谩 exceptuarse de la aplicaci贸n de lo dispuesto en este t铆tulo el uso de los equipos que mediante real decreto se determine, como los equipos de radioaficionados construidos por el propio usuario y no disponibles para venta en el mercado, conforme a lo dispuesto en su regulaci贸n espec铆fica.
2. Para la importaci贸n desde terceros pa铆ses no pertenecientes a la Uni贸n Europea, la puesta en el mercado, la puesta en servicio y la utilizaci贸n de un aparato de telecomunicaciones de los indicados en el apartado anterior ser谩 requisito imprescindible que el agente econ贸mico establecido en la Uni贸n Europea o el usuario de 茅ste haya verificado previamente la conformidad de los aparatos con los requisitos esenciales que les sean aplicables mediante los procedimientos que se determinen en el real decreto que se establezca al efecto, as铆 como el cumplimiento de las disposiciones que se dicten en el mismo.
3. El cumplimiento de todos los requisitos que se establezcan en el real decreto indicado incluye la habilitaci贸n para la conexi贸n de los aparatos destinados a conectarse a los puntos de terminaci贸n de una red p煤blica de comunicaciones electr贸nicas. Dicho cumplimiento no supone autorizaci贸n de uso para los equipos radioel茅ctricos sujetos a la obtenci贸n de autorizaci贸n o concesi贸n de dominio p煤blico radioel茅ctrico en los t茅rminos establecidos en esta Ley.
4. El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo podr谩 promover procedimientos complementarios de certificaci贸n voluntaria para los aparatos de telecomunicaci贸n que incluir谩n, al menos, la evaluaci贸n de la conformidad indicada en los cap铆tulos anteriores.
5. El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo podr谩 realizar los controles adecuados para asegurar que los equipos puestos en el mercado han evaluado su conformidad de acuerdo con lo dispuesto en este t铆tulo. La persona f铆sica o jur铆dica responsable de los equipos puestos en el mercado facilitar谩 de manera gratuita la puesta a disposici贸n de los equipos para poder llevar a cabo dichos controles.
Mediante real decreto se establecer谩 el procedimiento aplicable a la retirada del mercado de productos que incumplan lo dispuesto en este t铆tulo.
Art铆culo 58. Reconocimiento mutuo
1. Los aparatos de telecomunicaci贸n que hayan evaluado su conformidad con los requisitos esenciales en otro Estado miembro de la Uni贸n Europea o en virtud de los acuerdos de reconocimiento mutuo celebrados por ella con terceros pa铆ses, y cumplan con las dem谩s disposiciones aplicables en la materia, tendr谩n la misma consideraci贸n, en lo que se refiere a lo dispuesto en este T铆tulo IV, que los aparatos cuya conformidad se ha verificado en Espa帽a y cumplan, asimismo, las dem谩s disposiciones legales en la materia.
2. El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo establecer谩 los procedimientos para el reconocimiento de la conformidad de los aparatos de telecomunicaci贸n a los que se refieren los acuerdos de reconocimiento mutuo que establezca la Uni贸n Europea con terceros pa铆ses.
3. Los aparatos de telecomunicaci贸n que utilicen el espectro radioel茅ctrico con par谩metros de radio no armonizados en la Uni贸n Europea no podr谩n ser puestos en el mercado mientras no hayan sido autorizados por el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo, adem谩s de haber evaluado la conformidad con las normas aplicables a aqu茅llos y ser conformes con el resto de disposiciones que les sean aplicables.
Art铆culo 59. Condiciones que deben cumplir las instalaciones e instaladores
1. La instalaci贸n de los aparatos de telecomunicaci贸n deber谩 ser realizada siguiendo las instrucciones proporcionadas por el agente econ贸mico, manteniendo, en cualquier caso, inalteradas las condiciones bajo las cuales se ha verificado su conformidad con los requisitos esenciales, en los t茅rminos establecidos en los art铆culos anteriores de este t铆tulo.
2. La prestaci贸n a terceros de servicios de instalaci贸n o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicaci贸n se realizar谩 en r茅gimen de libre competencia sin m谩s limitaciones que las establecidas en esta Ley y su normativa de desarrollo.
Podr谩n prestar servicios de instalaci贸n o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicaci贸n las personas f铆sicas o jur铆dicas nacionales de un Estado miembro de la Uni贸n Europea o con otra nacionalidad, cuando, en el segundo caso, as铆 est茅 previsto en los acuerdos internacionales que vinculen al Reino de Espa帽a. Para el resto de personas f铆sicas o jur铆dicas, el Gobierno podr谩 autorizar excepciones de car谩cter general o particular a la regla anterior.
Mediante real decreto se establecer谩n los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad consistente en la prestaci贸n a terceros de servicios de instalaci贸n o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicaci贸n relativos a la capacidad t茅cnica y a la cualificaci贸n profesional para el ejercicio de la actividad, medios t茅cnicos y cobertura m铆nima del seguro, aval o de cualquier otra garant铆a financiera. Los requisitos de acceso a la actividad y su ejercicio ser谩n proporcionados, no discriminatorios, transparentes y objetivos, y estar谩n clara y directamente vinculados al inter茅s general concreto que los justifique.
Los interesados en la prestaci贸n a terceros de servicios de instalaci贸n o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicaci贸n deber谩n, con anterioridad al inicio de la actividad, presentar al Registro de empresas instaladoras de telecomunicaci贸n, por medios electr贸nicos o telem谩ticos, una declaraci贸n responsable sobre el cumplimiento de los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad.
La declaraci贸n responsable habilita para la prestaci贸n a terceros de servicios de instalaci贸n o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicaci贸n en todo el territorio espa帽ol y con una duraci贸n indefinida.
Cuando se constate el incumplimiento de alguno de los requisitos determinados reglamentariamente, se le dirigir谩 al interesado una notificaci贸n para que subsane dicho incumplimiento en el plazo de quince d铆as. Transcurrido dicho plazo sin que la subsanaci贸n se hubiera producido, se proceder谩 a dictar resoluci贸n privando de eficacia a la declaraci贸n y se cancelar谩 la inscripci贸n registral.
Cualquier hecho que suponga modificaci贸n de alguno de los datos incluidos en la declaraci贸n originaria deber谩 ser comunicado por el interesado por medios electr贸nicos o telem谩ticos, en el plazo m谩ximo de un mes a partir del momento en que se produzca, a la Secretar铆a de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci贸n, que proceder谩 a la inscripci贸n de la modificaci贸n en el Registro de empresas instaladoras de telecomunicaci贸n.
Si como consecuencia de la prestaci贸n de servicios de instalaci贸n o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicaci贸n se pusiera en peligro la seguridad de las personas o de las redes p煤blicas de telecomunicaciones, la Secretar铆a de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci贸n podr谩 dictar resoluci贸n motivada por la que, previa audiencia del interesado, se adopte de forma cautelar e inmediata y por el tiempo imprescindible para ello la suspensi贸n del ejercicio de la actividad de instalaci贸n para el interesado, sin perjuicio de que se pueda incoar el oportuno expediente sancionador de conformidad con lo establecido en el T铆tulo VIII.
Ser谩 libre la prestaci贸n temporal u ocasional en el territorio espa帽ol de servicios de instalaci贸n o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicaci贸n por personas f铆sicas o jur铆dicas legalmente establecidas en otros Estados miembros de la Uni贸n Europea para el ejercicio de la misma actividad, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones en materia de reconocimiento de cualificaciones profesionales que sean de aplicaci贸n a los profesionales que se desplacen.
3. El Registro de empresas instaladoras de telecomunicaci贸n ser谩 de car谩cter p煤blico y su regulaci贸n se har谩 mediante real decreto. En 茅l se inscribir谩n de oficio los datos relativos a las personas f铆sicas o jur铆dicas que hayan declarado su intenci贸n de prestar servicios de instalaci贸n o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicaci贸n y sus modificaciones, a partir de la informaci贸n contenida en las declaraciones. Los tr谩mites relativos a la inscripci贸n en el mismo no podr谩n suponer un retraso de la habilitaci贸n para ejercer la actividad.
T脥TULO V-Dominio p煤blico radioel茅ctrico
Art铆culo 60. De la administraci贸n del dominio p煤blico radioel茅ctrico
1. El espectro radioel茅ctrico es un bien de dominio p煤blico, cuya titularidad y administraci贸n corresponden al Estado. Dicha administraci贸n se ejercer谩 de conformidad con lo dispuesto en este t铆tulo y en los tratados y acuerdos internacionales en los que Espa帽a sea parte, atendiendo a la normativa aplicable en la Uni贸n Europea y a las resoluciones y recomendaciones de la Uni贸n Internacional de Telecomunicaciones y de otros organismos internacionales.
2. La administraci贸n del dominio p煤blico radioel茅ctrico se llevar谩 a cabo teniendo en cuenta su importante valor social, cultural y econ贸mico y la necesaria cooperaci贸n con otros Estados miembros de la Uni贸n Europea y con la Comisi贸n Europea en la planificaci贸n estrat茅gica, la coordinaci贸n y la armonizaci贸n del uso del espectro radioel茅ctrico en la Uni贸n Europea.
En el marco de dicha cooperaci贸n se fomentar谩 la coordinaci贸n de los enfoques pol铆ticos en materia de espectro radioel茅ctrico en la Uni贸n Europea y, cuando proceda, la armonizaci贸n de las condiciones necesarias para la creaci贸n y el funcionamiento del mercado interior de las comunicaciones electr贸nicas. Para ello, se tendr谩n en cuenta, entre otros, los aspectos econ贸micos, de seguridad, de salud, de inter茅s p煤blico, de libertad de expresi贸n, culturales, cient铆ficos, sociales y t茅cnicos de las pol铆ticas de la Uni贸n Europea, as铆 como los diversos intereses de las comunidades de usuarios del espectro, atendiendo siempre a la necesidad de garantizar un uso eficiente y efectivo de las radiofrecuencias y a los beneficios para los consumidores, como la realizaci贸n de econom铆as de escala y la interoperabilidad de los servicios.
3. En particular, son principios aplicables a la administraci贸n del dominio p煤blico radioel茅ctrico, entre otros, los siguientes:
a) Garantizar un uso eficaz y eficiente de este recurso.
b) Fomentar la neutralidad tecnol贸gica y de los servicios, y el mercado secundario del espectro.
c) Fomentar una mayor competencia en el mercado de las comunicaciones electr贸nicas.
4. La administraci贸n del dominio p煤blico radioel茅ctrico tiene por objetivo el establecimiento de un marco jur铆dico que asegure unas condiciones armonizadas para su uso y que permita su disponibilidad y uso eficiente, y abarca un conjunto de actuaciones entre las cuales se incluyen las siguientes:
a) Planificaci贸n: Elaboraci贸n y aprobaci贸n de los planes de utilizaci贸n.
b) Gesti贸n: Establecimiento, de acuerdo con la planificaci贸n previa, de las condiciones t茅cnicas de explotaci贸n y otorgamiento de los derechos de uso.
c) Control: Comprobaci贸n t茅cnica de las emisiones, detecci贸n y eliminaci贸n de interferencias, inspecci贸n t茅cnica de instalaciones, equipos y aparatos radioel茅ctricos, as铆 como el control de la puesta en el mercado de 茅stos 煤ltimos.
Igualmente, incluye la protecci贸n del dominio p煤blico radioel茅ctrico, consistente, entre otras actuaciones, en la realizaci贸n de emisiones sin contenidos sustantivos en aquellas frecuencias y canales radioel茅ctricos cuyos derechos de uso, en el 谩mbito territorial correspondiente, no hayan sido otorgados, con independencia de que dichas frecuencias o canales radioel茅ctricos sean objeto en la pr谩ctica de ocupaci贸n o uso efectivo.
d) Aplicaci贸n del r茅gimen sancionador.
5. La utilizaci贸n de frecuencias radioel茅ctricas mediante redes de sat茅lites se incluye dentro de la administraci贸n del dominio p煤blico radioel茅ctrico.
Asimismo, la utilizaci贸n del dominio p煤blico radioel茅ctrico necesaria para la utilizaci贸n de los recursos 贸rbita-espectro en el 谩mbito de la soberan铆a espa帽ola y mediante sat茅lites de comunicaciones queda reservada al Estado. Su explotaci贸n estar谩 sometida al derecho internacional y se realizar谩, en la forma que mediante real decreto se determine, mediante su gesti贸n directa por el Estado o mediante concesi贸n. En todo caso, la gesti贸n podr谩 tambi茅n llevarse a cabo mediante conciertos con organismos internacionales.
Art铆culo 61. Facultades del Gobierno para la administraci贸n del dominio p煤blico radioel茅ctrico
El Gobierno desarrollar谩 mediante real decreto las condiciones para la adecuada administraci贸n del dominio p煤blico radioel茅ctrico. En dicho real decreto se regular谩, como m铆nimo, lo siguiente:
a) El procedimiento para la elaboraci贸n de los planes de utilizaci贸n del espectro radioel茅ctrico, que incluyen el Cuadro Nacional de Atribuci贸n de Frecuencias, los planes t茅cnicos nacionales de radiodifusi贸n y televisi贸n, cuya aprobaci贸n corresponder谩 al Gobierno, y las necesidades de espectro radioel茅ctrico para la defensa nacional. Los datos relativos a esta 煤ltima materia tendr谩n el car谩cter de reservados.
b) El procedimiento de determinaci贸n, control e inspecci贸n de los niveles 煤nicos de emisi贸n radioel茅ctrica tolerable y que no supongan un peligro para la salud p煤blica, que deber谩n ser respetados en todo caso y momento por las diferentes instalaciones o infraestructuras a instalar y ya instaladas que hagan uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico. En la determinaci贸n de estos niveles 煤nicos de emisi贸n radioel茅ctrica tolerable se tendr谩 en cuenta tanto criterios t茅cnicos en el uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico, como criterios de preservaci贸n de la salud de las personas, y en concordancia con lo dispuesto por las recomendaciones de la Comisi贸n Europea. Tales l铆mites deber谩n ser respetados, en todo caso, por el resto de administraciones p煤blicas, tanto auton贸micas como locales.
c) Los procedimientos, plazos y condiciones para la habilitaci贸n del ejercicio de los derechos de uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico, que revestir谩 la forma de autorizaci贸n general, autorizaci贸n individual, afectaci贸n o concesi贸n administrativas.
En particular, se regular谩n los procedimientos abiertos de otorgamiento de derechos de uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico, que se basar谩n en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados y tendr谩n en cuenta, entre otras circunstancias, la tecnolog铆a utilizada, el inter茅s de los servicios, las bandas y su grado de aprovechamiento. Tambi茅n tendr谩n en consideraci贸n la valoraci贸n econ贸mica para el interesado del uso del dominio p煤blico, dado que 茅ste es un recurso escaso y, en su caso, las ofertas presentadas por los licitadores.
No obstante lo anterior, cuando resulte necesario el otorgamiento de derechos individuales de utilizaci贸n de radiofrecuencias a proveedores de servicios de contenidos radiof贸nicos o televisivos para lograr un objetivo de inter茅s general establecido de conformidad con el Derecho de la Uni贸n Europea, podr谩n establecerse excepciones al requisito de procedimiento abierto.
d) El procedimiento para la reasignaci贸n del uso de bandas de frecuencias con el objetivo de alcanzar un uso m谩s eficiente del espectro radioel茅ctrico, en funci贸n de su idoneidad para la prestaci贸n de nuevos servicios o de la evaluaci贸n de las tecnolog铆as, que podr谩 incluir el calendario de actuaciones y la evaluaci贸n de los costes asociados, en particular, los ocasionados a los titulares de derechos de uso afectados por estas actuaciones de reasignaci贸n, que podr谩n verse compensados a trav茅s de un fondo econ贸mico o cualquier otro mecanismo de compensaci贸n que se establezca.
e) Las condiciones no discriminatorias, proporcionadas y transparentes asociadas a los t铆tulos habilitantes para el uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico, entre las que se incluir谩n las necesarias para garantizar el uso efectivo y eficiente de las frecuencias y los compromisos contra铆dos por los operadores en los procesos de licitaci贸n previstos en el art铆culo 63. Estas condiciones buscar谩n promover en todo caso la consecuci贸n de los mayores beneficios posibles para los usuarios, as铆 como mantener los incentivos suficientes para la inversi贸n y la innovaci贸n.
f) Las condiciones de otorgamiento de t铆tulos habilitantes para el uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico para fines experimentales o eventos de corta duraci贸n.
g) La adecuada utilizaci贸n del espectro radioel茅ctrico mediante el empleo de equipos y aparatos.
Art铆culo 62. T铆tulos habilitantes para el uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico
1. El uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico podr谩 ser com煤n, especial o privativo.
El uso com煤n del dominio p煤blico radioel茅ctrico no precisar谩 de ning煤n t铆tulo habilitante y se llevar谩 a cabo en las bandas de frecuencias y con las caracter铆sticas t茅cnicas que se establezcan al efecto.
El uso especial del dominio p煤blico radioel茅ctrico es el que se lleve a cabo de las bandas de frecuencias habilitadas para su explotaci贸n de forma compartida, sin limitaci贸n de n煤mero de operadores o usuarios y con las condiciones t茅cnicas y para los servicios que se establezcan en cada caso.
El uso privativo del dominio p煤blico radioel茅ctrico es el que se realiza mediante la explotaci贸n en exclusiva o por un n煤mero limitado de usuarios de determinadas frecuencias en un mismo 谩mbito f铆sico de aplicaci贸n.
2. Los t铆tulos habilitantes mediante los que se otorguen derechos de uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico revestir谩n la forma de autorizaci贸n general, autorizaci贸n individual, afectaci贸n o concesi贸n administrativas. El plazo para el otorgamiento de los t铆tulos habilitantes ser谩 de seis semanas desde la entrada de la solicitud en cualquiera de los registros del 贸rgano administrativo competente, sin perjuicio de lo establecido para los derechos de uso con limitaci贸n de n煤mero. Dicho plazo no ser谩 de aplicaci贸n cuando sea necesaria la coordinaci贸n internacional de frecuencias o afecte a reservas de posiciones orbitales.
3. El otorgamiento de derechos de uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico revestir谩 la forma de autorizaci贸n general en los supuestos de uso especial de las bandas de frecuencia habilitadas a tal efecto a trav茅s de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas instaladas o explotadas por operadores de comunicaciones electr贸nicas.
La autorizaci贸n general se entender谩 concedida sin m谩s tr谩mite que la notificaci贸n a la Secretar铆a de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci贸n, mediante el procedimiento y con los requisitos que se establezcan mediante orden del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo, sin perjuicio de la obligaci贸n de abono de las tasas correspondientes. Cuando dicha Secretar铆a de Estado constate que la notificaci贸n no re煤ne los requisitos establecidos anteriormente, dictar谩 resoluci贸n motivada en un plazo m谩ximo de 15 d铆as, no teniendo por realizada aqu茅lla.
4. El otorgamiento de derechos de uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico revestir谩 la forma de autorizaci贸n individual en los siguientes supuestos:
a) Si se trata de una reserva de derecho de uso especial por radioaficionados u otros sin contenido econ贸mico en cuya regulaci贸n espec铆fica as铆 se establezca.
b) Si se otorga el derecho de uso privativo para autoprestaci贸n por el solicitante, salvo en el caso de administraciones p煤blicas, que requerir谩n de afectaci贸n demanial.
5. En el resto de supuestos no contemplados en los apartados anteriores, el derecho al uso privativo del dominio p煤blico radioel茅ctrico requerir谩 una concesi贸n administrativa. Para el otorgamiento de dicha concesi贸n, ser谩 requisito previo que los solicitantes ostenten la condici贸n de operador de comunicaciones electr贸nicas y que en ellos no concurra alguna de las prohibiciones de contratar reguladas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P煤blico, aprobado por el real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Las concesiones de uso privativo del dominio p煤blico radioel茅ctrico reservado para la prestaci贸n de servicios audiovisuales se otorgar谩 por la Secretar铆a de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci贸n aneja al t铆tulo habilitante audiovisual. La duraci贸n de estas concesiones ser谩 la del t铆tulo habilitante audiovisual. En estos supuestos, el operador en cuyo favor se otorgue la concesi贸n no tiene por qu茅 ostentar la condici贸n de operador de comunicaciones electr贸nicas sino la de prestador de servicios audiovisuales.
6. Es competencia de la Secretar铆a de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci贸n el otorgamiento de los t铆tulos habilitantes salvo en los supuestos de otorgamiento por procedimiento de licitaci贸n contemplado en el art铆culo 63.
Las resoluciones mediante las cuales se otorguen las concesiones de dominio p煤blico radioel茅ctrico se dictar谩n en la forma y plazos que se establezcan mediante real decreto que establecer谩, asimismo, la informaci贸n que se har谩 p煤blica sobre dichas concesiones.
7. Quienes resultasen seleccionados para la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas armonizados en procedimientos de licitaci贸n convocados por las instituciones de la Uni贸n Europea en los que se establezca la reserva a su favor de derechos de uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico, se inscribir谩n de oficio en el Registro de operadores. La Secretar铆a de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci贸n otorgar谩 la concesi贸n demanial a los operadores antes mencionados. En las citadas concesiones se incluir谩n, entre otras, las condiciones que proceda establecidas en los procedimientos de licitaci贸n, as铆 como los compromisos adquiridos por el operador en dicho procedimiento.
8. En el Cuadro Nacional de Atribuci贸n de Frecuencias o en los pliegos reguladores de los procedimientos de licitaci贸n para el otorgamiento de t铆tulos habilitantes se podr谩n establecer cautelas para evitar comportamientos especulativos o acaparamiento de derechos de uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico, en particular mediante la fijaci贸n de l铆mites en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo empresarial o la fijaci贸n de plazos estrictos para la explotaci贸n de los derechos de uso por parte de su titular. A tal efecto, el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo podr谩 adoptar medidas tales como ordenar la venta o la cesi贸n de derechos de uso de radiofrecuencias. Estas cautelas se establecer谩n y aplicar谩n de manera que sean proporcionadas, no discriminatorias y transparentes.
9. Con car谩cter previo a la utilizaci贸n del dominio p煤blico radioel茅ctrico, se exigir谩, preceptivamente, la aprobaci贸n del proyecto t茅cnico y la inspecci贸n o el reconocimiento favorable de las instalaciones por la Secretar铆a de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci贸n, con el fin de comprobar que se ajustan a las condiciones previamente autorizadas.
En funci贸n de la naturaleza del servicio, de la banda de frecuencias empleada, de la importancia t茅cnica de las instalaciones que se utilicen o por razones de eficacia en la gesti贸n del espectro, podr谩 sustituirse la aprobaci贸n del proyecto t茅cnico por una declaraci贸n responsable de conformidad con lo establecido en el art铆culo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R茅gimen Jur铆dico de las administraciones p煤blicas y del Procedimiento Administrativo Com煤n, sin perjuicio de que la Secretar铆a de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci贸n pueda exigir en cualquier momento la presentaci贸n del proyecto t茅cnico. Asimismo, podr谩 acordarse la sustituci贸n de la inspecci贸n previa por una certificaci贸n expedida por t茅cnico competente.
10. Los operadores que exploten las redes o servicios de comunicaciones electr贸nicas que hagan uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico deber谩n disponer del correspondiente t铆tulo habilitante de dicho uso.
Los operadores que vayan a efectuar materialmente emisiones radioel茅ctricas mediante el uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico por encargo de otras personas o entidades deber谩n verificar, previamente al inicio de dichas emisiones, que las entidades a cuya disposici贸n ponen su red ostentan el correspondiente t铆tulo habilitante en materia de uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico. Dichos operadores no podr谩n poner a disposici贸n de las entidades referidas su red y, en consecuencia, no podr谩n dar el acceso a su red a dichas entidades ni podr谩n efectuar las mencionadas emisiones en caso de ausencia del citado t铆tulo habilitante.
Art铆culo 63. T铆tulos habilitantes otorgados mediante un procedimiento de licitaci贸n
1. Cuando sea preciso para garantizar el uso eficaz y eficiente del espectro radioel茅ctrico, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de conseguir los m谩ximos beneficios para los usuarios y facilitar el desarrollo de la competencia, el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo podr谩, previa audiencia a las partes interesadas, incluidas las asociaciones de consumidores y usuarios, limitar el n煤mero de concesiones demaniales a otorgar sobre dicho dominio para la explotaci贸n de redes p煤blicas y la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas. Toda decisi贸n de limitar el otorgamiento de derechos de uso habr谩 de ser publicada, exponiendo los motivos de la misma. La limitaci贸n del n煤mero de t铆tulos habilitantes ser谩 revisable por el propio Ministerio, de oficio o a instancia de parte, en la medida en que desaparezcan las causas que la motivaron.
2. Cuando, de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, el Ministro de Industria, Energ铆a y Turismo limite el n煤mero de concesiones demaniales a otorgar en una determinada banda de frecuencias, se tramitar谩 un procedimiento de licitaci贸n para el otorgamiento de las mismas que respetar谩 en todo caso los principios de publicidad, concurrencia y no discriminaci贸n para todas las partes interesadas. Para ello se aprobar谩, mediante orden del Ministro de Industria, Energ铆a y Turismo, la convocatoria y el pliego de bases por el que se regir谩 la licitaci贸n.
El procedimiento de licitaci贸n deber谩 resolverse mediante orden del Ministro de Industria, Energ铆a y Turismo en un plazo m谩ximo de ocho meses desde la convocatoria de la licitaci贸n.
Art铆culo 64. Duraci贸n, modificaci贸n, extinci贸n y revocaci贸n de los t铆tulos habilitantes para el uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico
1. Los derechos de uso privativo del dominio p煤blico radioel茅ctrico sin limitaci贸n de n煤mero se otorgar谩n, con car谩cter general, por un per铆odo que finalizar谩 el 31 de diciembre del a帽o natural en que cumplan su quinto a帽o de vigencia, renovables por per铆odos de cinco a帽os en funci贸n de las disponibilidades y previsiones de la planificaci贸n de dicho dominio p煤blico. Mediante real decreto se determinar谩n los supuestos en los que podr谩 fijarse un per铆odo de duraci贸n distinto para los derechos de uso privativo del dominio p煤blico radioel茅ctrico sin limitaci贸n de n煤mero.
2. Los derechos de uso privativo con limitaci贸n de n煤mero tendr谩n la duraci贸n prevista en los correspondientes procedimientos de licitaci贸n que, en todo caso, ser谩 de un m谩ximo de veinte a帽os, incluyendo posibles pr贸rrogas y sin posibilidad de renovaci贸n autom谩tica. A la hora de determinar en el procedimiento de licitaci贸n la duraci贸n concreta de los derechos de uso, se tendr谩n en cuenta, entre otros criterios, las inversiones que se exijan y los plazos para su amortizaci贸n, las obligaciones vinculadas a los derechos de uso, como la cobertura m铆nima que se imponga, y las bandas de frecuencias cuyos derechos de uso se otorguen, en los t茅rminos que se concreten mediante real decreto.
3. Con arreglo a los principios de objetividad y de proporcionalidad, atendiendo principalmente a las necesidades de la planificaci贸n y del uso eficiente y a la disponibilidad del espectro radioel茅ctrico, en los t茅rminos establecidos mediante real decreto, el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo podr谩 modificar los t铆tulos habilitantes para el uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico, previa audiencia del interesado.
Cuando los t铆tulos hubiesen sido otorgados por el procedimiento de licitaci贸n se requerir谩, adem谩s, informe previo de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y de Competencia y audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios y, en su caso, de las asociaciones m谩s representativas de los restantes usuarios durante un plazo suficiente, que salvo en circunstancias excepcionales no podr谩 ser inferior a cuatro semanas. En estos casos la modificaci贸n se realizar谩 mediante orden ministerial, previo informe de la Comisi贸n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ贸micos, que establecer谩 un plazo para que los titulares se adapten a ella.
La modificaci贸n de los t铆tulos habilitantes para el uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico, en los casos en que justificadamente haya que establecer condiciones distintas a las que exist铆an cuando se otorg贸 el t铆tulo, podr谩 consistir en prolongar la duraci贸n de derechos ya existentes, incluso m谩s all谩 de las duraciones establecidas en los apartados anteriores.
4. Los t铆tulos habilitantes para el uso del dominio p煤blico se extinguir谩n por:
a) Las causas que resulten aplicables de las rese帽adas en el art铆culo 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las administraciones p煤blicas.
b) Muerte del titular del derecho de uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico o extinci贸n de la persona jur铆dica titular.
c) Renuncia del titular, con efectos desde su aceptaci贸n por el 贸rgano competente del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo.
d) P茅rdida de la condici贸n de operador del titular del derecho de uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico, cuando dicha condici贸n fuera necesaria, o cualquier causa que imposibilite la prestaci贸n del servicio por su titular.
e) Falta de pago de la tasa por reserva del dominio p煤blico radioel茅ctrico.
f) P茅rdida de adecuaci贸n de las caracter铆sticas t茅cnicas de la red al Cuadro Nacional de Atribuci贸n de Frecuencias, sin que exista posibilidad de otorgar al titular otras bandas.
g) Mutuo acuerdo entre el titular y el 贸rgano competente del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo.
h) Transcurso del tiempo para el que se otorgaron. En el caso de los derechos de uso sin limitaci贸n de n煤mero, por el transcurso del tiempo para el que se otorgaron sin que se haya efectuado su renovaci贸n.
i) Por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones del titular contempladas como causa de revocaci贸n.
j) Aquellas otras causas que se establezcan en el t铆tulo habilitante, conforme a la presente Ley.
5. El 贸rgano competente del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo, a trav茅s del procedimiento administrativo general de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R茅gimen Jur铆dico de las administraciones p煤blicas y del Procedimiento Administrativo Com煤n, podr谩 acordar la revocaci贸n de los t铆tulos habilitantes para el uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico por las siguientes causas:
a) El incumplimiento de las condiciones y requisitos t茅cnicos aplicables al uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico.
b) No pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur铆dicos Documentados.
c) No efectuar un uso eficaz o eficiente del dominio p煤blico radioel茅ctrico.
d) La revocaci贸n sucesiva de dos autorizaciones administrativas de transferencia de t铆tulo o de cesi贸n de derechos de uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico sobre el mismo t铆tulo habilitante en el plazo de un a帽o.
e) La utilizaci贸n de las frecuencias con fines distintos a los que motivaron su asignaci贸n o para otros diferentes de los de la prestaci贸n del servicio o el ejercicio de la actividad que haya motivado su asignaci贸n.
Art铆culo 65. Protecci贸n activa del dominio p煤blico radioel茅ctrico
1. La Secretar铆a de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci贸n, en cualquier momento, podr谩 efectuar una protecci贸n activa del dominio p煤blico radioel茅ctrico mediante la realizaci贸n de emisiones sin contenidos sustantivos en aquellas frecuencias y canales radioel茅ctricos cuyos derechos de uso, en el 谩mbito territorial correspondiente, no hayan sido otorgados.
Esta potestad se ejercitar谩 sin perjuicio de las actuaciones inspectoras y sancionadoras que se puedan llevar a cabo para depurar las responsabilidades en que se hubieran podido incurrir por el uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico sin disponer de t铆tulo habilitante, por la producci贸n de interferencias perjudiciales o por la comisi贸n de cualquier otra infracci贸n tipificada en el marco del r茅gimen sancionador establecido en el T铆tulo VIII de esta Ley.
2. Mediante real decreto se regular谩 el procedimiento para el ejercicio de la potestad de protecci贸n activa del dominio p煤blico radioel茅ctrico en el caso de que la frecuencia o canal radioel茅ctrico sea objeto de una ocupaci贸n o uso efectivo sin que se disponga de t铆tulo habilitante, con sujeci贸n a las siguientes normas:
a) Se constatar谩 la ocupaci贸n o uso efectivo de la frecuencia o canal radioel茅ctrico sin que se disponga de t铆tulo habilitante para ello.
b) Se efectuar谩 un tr谩mite de previa audiencia a la persona f铆sica o jur铆dica que est茅 efectuando la ocupaci贸n o el uso de la frecuencia o canal radioel茅ctrico sin t铆tulo habilitante o, en su caso, al titular de las infraestructuras, de la finca o del inmueble desde donde se produce la emisi贸n en esa frecuencia, para que en el plazo de 10 d铆as h谩biles alegue lo que estime oportuno.
c) En su caso, una vez efectuado el tr谩mite de previa audiencia, se requerir谩 a la persona o titular mencionado anteriormente con el que se evacu贸 dicho tr谩mite, para que en el plazo de 8 d铆as h谩biles proceda al cese de las emisiones no autorizadas.
d) En el caso de que no se proceda al cese de las emisiones no autorizadas, la Secretar铆a de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci贸n podr谩 iniciar sus emisiones en dicha frecuencia o canal radioel茅ctrico.
Art铆culo 66. Neutralidad tecnol贸gica y de servicios en el uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico
1. En las bandas de radiofrecuencias declaradas disponibles para los servicios de comunicaciones electr贸nicas en el Cuadro Nacional de Atribuci贸n de Frecuencias se podr谩 emplear cualquier tipo de tecnolog铆a utilizada para los servicios de comunicaciones electr贸nicas de conformidad con el Derecho de la Uni贸n Europea.
Podr谩n, no obstante, preverse restricciones proporcionadas y no discriminatorias a los tipos de tecnolog铆a de acceso inal谩mbrico o red radioel茅ctrica utilizados para los servicios de comunicaciones electr贸nicas cuando sea necesario para:
a) Evitar interferencias perjudiciales.
b) Proteger la salud p煤blica frente a los campos electromagn茅ticos.
c) Asegurar la calidad t茅cnica del servicio.
d) Garantizar un uso compartido m谩ximo de las radiofrecuencias.
e) Garantizar un uso eficiente del espectro.
f) Garantizar el logro de un objetivo de inter茅s general.
2. En las bandas de radiofrecuencias declaradas disponibles para los servicios de comunicaciones electr贸nicas en el Cuadro Nacional de Atribuci贸n de Frecuencias se podr谩 prestar cualquier tipo de servicios de comunicaciones electr贸nicas, de conformidad con el Derecho de la Uni贸n Europea.
Podr谩n, no obstante, preverse restricciones proporcionadas y no discriminatorias a los tipos de servicios de comunicaciones electr贸nicas que se presten, incluido, cuando proceda, el cumplimiento de un requisito del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Uni贸n Internacional de Telecomunicaciones.
Las medidas que exijan que un servicio de comunicaciones electr贸nicas se preste en una banda espec铆fica disponible para los servicios de comunicaciones electr贸nicas deber谩n estar justificadas para garantizar el logro de objetivos de inter茅s general definidos con arreglo al Derecho de la Uni贸n Europea, tales como:
a) La seguridad de la vida.
b) La promoci贸n de la cohesi贸n social, regional o territorial.
c) La evitaci贸n del uso ineficiente de las radiofrecuencias.
d) La promoci贸n de la diversidad cultural y ling眉铆stica y del pluralismo de los medios de comunicaci贸n, mediante, por ejemplo, la prestaci贸n de servicios de radiodifusi贸n y televisi贸n.
脷nicamente se impondr谩 la atribuci贸n espec铆fica de una banda de frecuencias para la prestaci贸n de un determinado servicio de comunicaciones electr贸nicas cuando est茅 justificado por la necesidad de proteger servicios relacionados con la seguridad de la vida o, excepcionalmente, cuando sea necesario para alcanzar objetivos de inter茅s general definidos con arreglo al Derecho de la Uni贸n Europea.
3. Las restricciones a la utilizaci贸n de bandas de frecuencias que, en su caso, se establezcan de conformidad con los apartados anteriores s贸lo podr谩n adoptarse tras haber dado a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre la medida propuesta, en un plazo razonable.
4. Peri贸dicamente, la Secretar铆a de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci贸n revisar谩 la pertinencia de mantener las restricciones a la utilizaci贸n de bandas de frecuencias que, en su caso, se establezcan de conformidad con los apartados anteriores, har谩 p煤blicos los resultados de estas revisiones y elevar谩 las propuestas correspondientes al 贸rgano competente para su aprobaci贸n.
Art铆culo 67. Mercado secundario en el dominio p煤blico radioel茅ctrico
1. Los t铆tulos habilitantes de uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico podr谩n ser transferidos y los derechos de uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico podr谩n ser cedidos, ya sea de forma total o parcial, en las condiciones de autorizaci贸n que se establezcan mediante real decreto.
En dicho real decreto se identificar谩n igualmente las bandas de frecuencia en las que se pueden efectuar operaciones de transferencia de t铆tulos o cesi贸n de derechos de uso de dominio p煤blico radioel茅ctrico, en particular, las bandas de frecuencias que en su caso se identifiquen en el 谩mbito de la Uni贸n Europea.
2. En el caso de la cesi贸n total o parcial, 茅sta en ning煤n caso eximir谩 al titular del derecho de uso cedente de las obligaciones asumidas frente a la Administraci贸n. Cualquier transferencia de t铆tulo habilitante o cesi贸n de derechos de uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico deber谩 en todo caso respetar las condiciones t茅cnicas de uso establecidas en el Cuadro Nacional de Atribuci贸n de Frecuencias o en los planes t茅cnicos o las que, en su caso, est茅n fijadas en las medidas t茅cnicas de aplicaci贸n de la Uni贸n Europea.
3. Mediante real decreto se establecer谩n las restricciones a la transferencia o arrendamiento de derechos individuales de uso de radiofrecuencias cuando dichos derechos se hubieran obtenido inicialmente de forma gratuita.
T脥TULO VI-La administraci贸n de las telecomunicaciones
Art铆culo 68. Competencias de la Administraci贸n General del Estado y de sus organismos p煤blicos
1. Tendr谩n la consideraci贸n de Autoridad Nacional de Reglamentaci贸n de Telecomunicaciones:
a) El Gobierno.
b) Los 贸rganos superiores y directivos del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo que, de conformidad con la estructura org谩nica del departamento, asuman las competencias asignadas a este ministerio en materias reguladas por esta Ley.
c) Los 贸rganos superiores y directivos del Ministerio de Econom铆a y Competitividad que, de conformidad con la estructura org谩nica del departamento, asuman las competencias asignadas a este ministerio en materias reguladas por esta Ley.
d) La Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de las competencias que se le ha asignado en materias reguladas por esta Ley.
2. En el desarrollo de las competencias que tengan encomendadas, las autoridades nacionales de reglamentaci贸n a las que se refiere el apartado 1 cooperar谩n mutuamente, con los restantes 贸rganos de control de otros Estados y con los organismos pertinentes de la Uni贸n Europea, a fin de fomentar la aplicaci贸n coherente de la normativa comunitaria en materia de comunicaciones electr贸nicas y contribuir al desarrollo del mercado interior. Con tal fin, apoyar谩n activamente los objetivos de la Comisi贸n y del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electr贸nicas (ORECE) de promover una mayor coordinaci贸n. Asimismo colaborar谩n con ambas instituciones, a fin de determinar qu茅 tipos de instrumentos y soluciones son los m谩s apropiados para tratar situaciones particulares de mercado.
3. En el desarrollo de las competencias que tengan encomendadas las autoridades nacionales de reglamentaci贸n a las que se refiere el apartado 1, aplicar谩n principios reguladores objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados, con arreglo a los siguientes fines y criterios:
a) Promover un entorno regulador previsible, garantizando un enfoque regulador coherente en per铆odos de revisi贸n apropiados.
b) Fomentar la inversi贸n eficiente orientada al mercado y la innovaci贸n en infraestructuras nuevas y mejoradas, incluso asegurando que toda obligaci贸n relativa al acceso tenga debidamente en cuenta los riesgos en que incurren las empresas inversoras, y permitir diferentes modalidades de cooperaci贸n entre los inversores y las partes que soliciten el acceso, con el fin de diversificar el riesgo de las inversiones y velar por que se respeten la competencia en el mercado y el principio de no discriminaci贸n.
c) Imponer obligaciones espec铆ficas 煤nicamente cuando no exista una competencia efectiva y sostenible, y suprimir dichas obligaciones en cuanto se constate el cumplimiento de dicha condici贸n.
d) Garantizar que, en circunstancias similares, no se dispense un trato discriminatorio a las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas.
e) Salvaguardar la competencia en beneficio de los consumidores y promover, cuando sea posible, la competencia basada en las infraestructuras.
f) Tener debidamente en cuenta la variedad de condiciones en cuanto a la competencia y los consumidores que existen en las distintas regiones geogr谩ficas.
g) Ejercer sus responsabilidades de tal modo que se promueva la eficiencia, la competencia sostenible y el m谩ximo beneficio para los usuarios finales.
Art铆culo 69. Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo
Los 贸rganos superiores y directivos del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo que, de conformidad con la estructura org谩nica del departamento, asuman las competencias asignadas a este ministerio, ejercer谩n las siguientes funciones:
a) Ejecutar la pol铆tica adoptada por el Gobierno en los servicios de telecomunicaciones para la defensa nacional y la protecci贸n civil a los que se refiere el art铆culo 4 de la presente Ley.
b) Gestionar el Registro de Operadores.
c) Ejercer las competencias que en materia de acceso a las redes y recursos asociados, interoperabilidad e interconexi贸n le atribuye la presente Ley y su desarrollo reglamentario, en particular, en los siguientes supuestos:
1. En los procedimientos de licitaci贸n para la obtenci贸n de derechos de uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico.
2. Cuando se haga necesario para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre datos personales y protecci贸n de la intimidad en el sector de las comunicaciones electr贸nicas.
3. Cuando resulte preciso para garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de telecomunicaciones.
d) Proponer al Gobierno la aprobaci贸n de los planes nacionales de numeraci贸n, direccionamiento y denominaci贸n, el otorgamiento de los derechos de uso de los recursos p煤blicos regulados en dichos planes y ejercer las dem谩s competencias que le atribuye el cap铆tulo V del T铆tulo II de la presente Ley.
e) Proponer al Gobierno la pol铆tica a seguir para facilitar el desarrollo y la evoluci贸n de las obligaciones de servicio p煤blico a las que se hace referencia en el cap铆tulo I del T铆tulo III y la desarrollar谩 asumiendo la competencia de control y seguimiento de las obligaciones de servicio p煤blico que correspondan a los distintos operadores en la explotaci贸n de redes o la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas.
f) Proponer al Gobierno la pol铆tica a seguir para reconocer y garantizar los derechos y obligaciones de car谩cter p煤blico en la explotaci贸n de redes y en la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas as铆 como los derechos de los usuarios finales a los que se hace referencia en los cap铆tulos II, III y V del T铆tulo III.
g) Gestionar el Registro de empresas instaladoras de telecomunicaci贸n.
h) Formular las propuestas para la elaboraci贸n de normativa relativa a las infraestructuras comunes de comunicaciones electr贸nicas en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios, y el seguimiento de su implantaci贸n en Espa帽a.
i) Ejercer las funciones en materia de la evaluaci贸n de la conformidad de equipos y aparatos a las que se refiere el T铆tulo IV.
j) Ejercer las funciones en materia de administraci贸n del dominio p煤blico radioel茅ctrico a las que se refiere el T铆tulo V. En particular, ejercer谩 las siguientes funciones:
1. La propuesta de planificaci贸n, la gesti贸n y el control del dominio p煤blico radioel茅ctrico, as铆 como la tramitaci贸n y el otorgamiento de los t铆tulos habilitantes para su utilizaci贸n.
2. El ejercicio de las funciones atribuidas a la Administraci贸n General del Estado en materia de autorizaci贸n e inspecci贸n de instalaciones radioel茅ctricas en relaci贸n con los niveles 煤nicos de emisi贸n radioel茅ctrica permitidos a que se refiere el art铆culo 61 de esta Ley.
3. La gesti贸n de un registro p煤blico de radiofrecuencias, accesible a trav茅s de Internet, en el que constar谩n los titulares de concesiones administrativas para el uso privativo del dominio p煤blico radioel茅ctrico.
4. La elaboraci贸n de proyectos y desarrollo de los planes t茅cnicos nacionales de radiodifusi贸n y televisi贸n.
5. La comprobaci贸n t茅cnica de emisiones radioel茅ctricas para la identificaci贸n, localizaci贸n y eliminaci贸n de interferencias perjudiciales, infracciones, irregularidades y perturbaciones de los sistemas de radiocomunicaci贸n, y la verificaci贸n del uso efectivo y eficiente del dominio p煤blico radioel茅ctrico por parte de los titulares de derechos de uso.
6. La protecci贸n del dominio p煤blico radioel茅ctrico, para lo cual podr谩, entre otras actuaciones, realizar emisiones en aquellas frecuencias y canales radioel茅ctricos cuyos derechos de uso, en el 谩mbito territorial correspondiente, no hayan sido otorgados.
7. La gesti贸n de la asignaci贸n de los recursos 贸rbita-espectro para comunicaciones por sat茅lite.
8. La elaboraci贸n de estudios e informes y, en general, el asesoramiento de la Administraci贸n General del Estado en todo lo relativo a la administraci贸n del dominio p煤blico radioel茅ctrico.
9. La participaci贸n en los organismos internacionales relacionados con la planificaci贸n del espectro radioel茅ctrico.
k) Gestionar en per铆odo voluntario las tasas en materia de telecomunicaciones a que se refiere la presente Ley.
l) Ejercer las funciones de gesti贸n, liquidaci贸n, inspecci贸n y recaudaci贸n en periodo voluntario de las aportaciones a realizar por los operadores de telecomunicaciones y por los prestadores privados del servicio de comunicaci贸n audiovisual televisiva, de 谩mbito geogr谩fico estatal o superior al de una Comunidad Aut贸noma, reguladas en los art铆culos 5 y 6 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiaci贸n de la Corporaci贸n Radio y Televisi贸n Espa帽ola.
m) Realizar las funciones atribuidas de manera expresa por la normativa comunitaria, la presente Ley y su normativa de desarrollo.
n) Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por ley o por real decreto.
Art铆culo 70. La Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia
1. La naturaleza, funciones, estructura, personal, presupuesto y dem谩s materias que configuran la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia est谩n reguladas en la Ley de creaci贸n de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia.
2. En particular, en las materias reguladas por la presente Ley, la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia ejercer谩 las siguientes funciones:
a) Definir y analizar los mercados de referencia relativos a redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas, entre los que se incluir谩n los correspondientes mercados de referencia al por mayor y al por menor, y el 谩mbito geogr谩fico de los mismos, cuyas caracter铆sticas pueden justificar la imposici贸n de obligaciones espec铆ficas, en los t茅rminos establecidos en el art铆culo 13 de la presente Ley y su normativa de desarrollo.
b) Identificar el operador u operadores que poseen un poder significativo en el mercado cuando del an谩lisis de los mercados de referencia se constate que no se desarrollan en un entorno de competencia efectiva.
c) Establecer, cuando proceda, las obligaciones espec铆ficas que correspondan a los operadores con poder significativo en mercados de referencia, en los t茅rminos establecidos en el art铆culo 14 de la presente Ley y su normativa de desarrollo.
d) Resolver los conflictos en los mercados de comunicaciones electr贸nicas a los que se refiere el art铆culo 15 de la presente Ley.
En particular, le corresponder谩 resolver conflictos entre operadores relativos a la determinaci贸n de las condiciones concretas para la puesta en pr谩ctica de la obligaci贸n impuesta por el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo de la utilizaci贸n compartida del dominio p煤blico o la propiedad privada, o de la ubicaci贸n compartida de infraestructuras y recursos asociados, de acuerdo con el procedimiento regulado en el art铆culo 32 de la presente Ley, as铆 como resolver conflictos sobre el acceso a infraestructuras susceptibles de alojar redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas y el acceso a las redes de comunicaciones electr贸nicas titularidad de los 贸rganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal, en los t茅rminos establecidos por los art铆culos 37 y 38 de la presente Ley.
e) Decidir la imposici贸n, como medida excepcional, a los operadores con poder significativo en el mercado integrados verticalmente, de la obligaci贸n de separaci贸n funcional de acuerdo con los requisitos y procedimientos indicados en el art铆culo 16 de la presente Ley.
f) Fijar las caracter铆sticas y condiciones para la conservaci贸n de los n煤meros en aplicaci贸n de los aspectos t茅cnicos y administrativos que mediante real decreto se establezcan para que 茅sta se lleve a cabo.
g) Intervenir en las relaciones entre operadores o entre operadores y otras entidades que se beneficien de las obligaciones de acceso e interconexi贸n, con objeto de fomentar y, en su caso, garantizar la adecuaci贸n del acceso, la interconexi贸n y la interoperabilidad de los servicios, en los t茅rminos establecidos en el art铆culo 12 de la presente Ley y su normativa de desarrollo.
h) Determinar la cuant铆a que supone el coste neto en la prestaci贸n del servicio universal, a que se refiere al art铆culo 27 de la presente Ley.
i) Definir y revisar la metodolog铆a para determinar el coste neto del servicio universal, tanto en lo que respecta a la imputaci贸n de costes como a la atribuci贸n de ingresos, que deber谩 basarse en procedimientos y criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionales y tener car谩cter p煤blico.
j) Establecer el procedimiento para cuantificar los beneficios no monetarios obtenidos por el operador u operadores encargados de la prestaci贸n del servicio universal.
k) Decidir la imposici贸n de obligaciones a los operadores que dispongan de interfaces de programa de aplicaciones (API) y gu铆as electr贸nicas de programaci贸n (EPG) para que faciliten el acceso a estos recursos, en la medida que sea necesario para garantizar el acceso de los usuarios finales a determinados servicios digitales de radiodifusi贸n y televisi贸n.
l) Ser consultada por el Gobierno y el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo en materia de comunicaciones electr贸nicas, particularmente en aquellas materias que puedan afectar al desarrollo libre y competitivo del mercado. Igualmente podr谩 ser consultada en materia de comunicaciones electr贸nicas por las comunidades aut贸nomas y las corporaciones locales.
En el ejercicio de esta funci贸n, participar谩, mediante informe, en el proceso de elaboraci贸n de normas que afecten a su 谩mbito de competencias en materia de comunicaciones electr贸nicas.
m) Realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equidad, que le sean sometidas por los operadores de comunicaciones electr贸nicas en aplicaci贸n de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
n) Realizar las funciones atribuidas de manera expresa por la normativa comunitaria, la presente Ley y su normativa de desarrollo.
帽) Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por ley o por real decreto.
T脥TULO VII-Tasas en materia de telecomunicaciones
Art铆culo 71. Tasas en materia de telecomunicaciones
1. Las tasas en materia de telecomunicaciones gestionadas por la Administraci贸n General del Estado ser谩n las recogidas en el anexo I de esta Ley.
2. Dichas tasas tendr谩n como finalidad:
a) Cubrir los gastos administrativos que ocasione el trabajo de regulaci贸n relativo a la preparaci贸n y puesta en pr谩ctica del derecho comunitario derivado y actos administrativos, como las relativas a la interconexi贸n y acceso.
b) Los que ocasionen la gesti贸n, control y ejecuci贸n del r茅gimen establecido en esta Ley.
c) Los que ocasionen la gesti贸n, control y ejecuci贸n de los derechos de ocupaci贸n del dominio p煤blico, los derechos de uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico y la numeraci贸n.
d) La gesti贸n de las notificaciones reguladas en el art铆culo 6 de esta Ley.
e) Los gastos de cooperaci贸n internacional, armonizaci贸n y normalizaci贸n y el an谩lisis de mercado.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las tasas establecidas por el uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico, la numeraci贸n y el dominio p煤blico necesario para la instalaci贸n de redes de comunicaciones electr贸nicas tendr谩n como finalidad la necesidad de garantizar el uso 贸ptimo de estos recursos, teniendo en cuenta el valor del bien cuyo uso se otorga y su escasez. Dichas tasas deber谩n ser no discriminatorias, transparentes, justificadas objetivamente y ser proporcionadas a su fin. Asimismo, deber谩n fomentar el cumplimiento de los objetivos y principios establecidos en el art铆culo 3, en los t茅rminos que se establezcan mediante real decreto.
4. Las tasas a que se refieren los apartados anteriores ser谩n impuestas de manera objetiva, transparente y proporcional, de manera que se minimicen los costes administrativos adicionales y las cargas que se derivan de ellos.
5. La revisi贸n en v铆a administrativa de los actos de aplicaci贸n, gesti贸n y recaudaci贸n de las tasas en materia de telecomunicaciones habr谩 de sujetarse a lo previsto en el art铆culo 22.3 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios P煤blicos.
6. El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo, respecto de las tasas a las que se refiere el apartado 1, y las administraciones competentes que gestionen y liquiden tasas subsumibles en el apartado 2 de este art铆culo, publicar谩n un resumen anual de los gastos administrativos que justifican su imposici贸n y del importe total de la recaudaci贸n. Asimismo, las administraciones competentes que gestionen y liquiden tasas subsumibles en el apartado 3 de este art铆culo publicar谩n anualmente el importe total de la recaudaci贸n obtenida de los operadores de redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas.
T脥TULO VIII-Inspecci贸n y r茅gimen sancionador
Art铆culo 72. Funciones inspectoras
1. La funci贸n inspectora en materia de telecomunicaciones corresponde a:
a) El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo.
b) La Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia.
2. Ser谩 competencia del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo la inspecci贸n:
a) De los servicios y de las redes de comunicaciones electr贸nicas y de sus condiciones de prestaci贸n y explotaci贸n.
b) De los equipos y aparatos, de las instalaciones y de los sistemas civiles.
c) Del dominio p煤blico radioel茅ctrico.
d) De los servicios de tarificaci贸n adicional que se soporten sobre redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas.
3. Corresponder谩 a la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, en los t茅rminos establecidos en la Ley de creaci贸n de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, la inspecci贸n de las actividades de los operadores de telecomunicaciones respecto de las cuales tenga competencia sancionadora de conformidad con esta Ley.
4. Para la realizaci贸n de determinadas actividades de inspecci贸n t茅cnica, la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, en materias de su competencia en el 谩mbito de aplicaci贸n de esta Ley, podr谩 solicitar la actuaci贸n del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo.
Art铆culo 73. Facultades de inspecci贸n
1. Los funcionarios destinados en la Secretar铆a de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci贸n del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo tienen, en el ejercicio de sus funciones inspectoras en materia de telecomunicaciones, la consideraci贸n de autoridad p煤blica y podr谩n solicitar, a trav茅s de la autoridad gubernativa correspondiente, el apoyo necesario de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
2. Los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta Ley vendr谩n obligados a facilitar al personal de inspecci贸n, en el ejercicio de sus funciones, el acceso a sus instalaciones. Tambi茅n deber谩n permitir que dicho personal lleve a cabo el control de los elementos afectos a los servicios o actividades que realicen, de las redes que instalen o exploten y de cuantos documentos est谩n obligados a poseer o conservar.
Los titulares de fincas o bienes inmuebles en los que se ubiquen equipos, estaciones o cualquier clase de instalaciones de telecomunicaciones tendr谩n la obligaci贸n de permitir el acceso a dichos bienes por parte del personal de Inspecci贸n a que se refiere este art铆culo. A estos efectos, el acceso por el personal de Inspecci贸n a las mencionadas fincas o inmuebles requerir谩 el consentimiento de dichos titulares o autorizaci贸n judicial s贸lo cuando sea necesario entrar en un domicilio constitucionalmente protegido o efectuar registros en el mismo. Los 贸rganos jurisdiccionales de lo Contencioso-Administrativo resolver谩n sobre el otorgamiento de la autorizaci贸n judicial en el plazo m谩ximo de 72 horas.
3. Los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta Ley quedan obligados a poner a disposici贸n del personal de inspecci贸n cuantos libros, registros y documentos, sea cual fuere su soporte, y medios t茅cnicos 茅ste considere precisos, incluidos los programas inform谩ticos y los archivos magn茅ticos, 贸pticos o de cualquier otra clase.
Asimismo, deber谩n facilitarles, a su petici贸n, cualquier tipo de documentaci贸n que el personal de la Inspecci贸n les exija para la determinaci贸n de la titularidad de los equipos o la autor铆a de emisiones o actividades.
4. Las obligaciones establecidas en los dos apartados anteriores ser谩n exigibles a los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta Ley y que sean directamente responsables de la explotaci贸n de la red, la prestaci贸n del servicio o la realizaci贸n de la actividad regulada por esta Ley, y tambi茅n ser谩n exigibles a quienes den soporte a las actuaciones anteriores, a los titulares de las fincas o los inmuebles en donde se ubiquen equipos o instalaciones de telecomunicaciones, a las asociaciones de empresas y a los administradores y otros miembros del personal de todas ellas.
5. Los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta Ley est谩n obligados a someterse a las inspecciones de los funcionarios del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo. La negativa u obstrucci贸n al acceso a las instalaciones fincas o bienes inmuebles o a facilitar la informaci贸n o documentaci贸n requerida ser谩 sancionada, conforme a los art铆culos siguientes de este t铆tulo, como obstrucci贸n a la labor inspectora.
6. En particular, el personal de inspecci贸n tendr谩 las siguientes facultades:
a) Precintar todos los locales, instalaciones, equipos, libros o documentos y dem谩s bienes de la empresa durante el tiempo y en la medida en que sea necesario para la inspecci贸n.
b) Realizar comprobaciones, mediciones, obtener fotograf铆as, v铆deos, y grabaciones de imagen o sonido.
7. Las actuaciones de inspecci贸n, comprobaci贸n o investigaci贸n llevadas a cabo por el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo podr谩n desarrollarse, a elecci贸n de sus servicios:
a) En cualquier despacho, oficina o dependencia de la persona o entidad inspeccionada o de quien las represente.
b) En los propios locales del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo.
c) En cualquier despacho, oficina, dependencia o lugar en los que existan pruebas de los hechos objeto de inspecci贸n.
8. El personal de la Inspecci贸n del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo, a los efectos del cumplimiento de las funciones previstas en este art铆culo, tendr谩 acceso gratuito a todo registro p煤blico, en particular, en los Registros de la Propiedad y Mercantiles el acceso a la informaci贸n registral se realizar谩 por medios electr贸nicos, en la forma determinada en su normativa reguladora.
Art铆culo 74. Responsabilidad por las infracciones en materia de telecomunicaciones
La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras de las telecomunicaciones ser谩 exigible:
a) En el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas para la explotaci贸n de redes o la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas, a la persona f铆sica o jur铆dica que desarrolle la actividad.
b) En las cometidas con motivo de la explotaci贸n de redes o la prestaci贸n de servicios sin haber efectuado la notificaci贸n a que se refiere el art铆culo 6 de esta Ley o sin disponer de t铆tulo habilitante para el uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico cuando dicho t铆tulo sea necesario, a la persona f铆sica o jur铆dica que realice la actividad.
Para identificar a la persona f铆sica o jur铆dica que realiza la actividad, se puede solicitar colaboraci贸n a la persona f铆sica o jur铆dica que tenga la disponibilidad de los equipos e instalaciones por cualquier t铆tulo jur铆dico v谩lido en derecho o careciendo de 茅ste o a la persona f铆sica o jur铆dica titular de la finca o inmueble en donde se ubican los equipos e instalaciones. Si no se presta la citada colaboraci贸n de manera que dicha persona f铆sica o jur铆dica participa de manera esencial en la conducta infractora, se considerar谩 que la misma es responsable de las infracciones cometidas por quien realiza la actividad. Esta responsabilidad es solidaria de la exigible a la persona f铆sica o jur铆dica que realiza la actividad.
c) En las cometidas por los usuarios, por las empresas instaladoras de telecomunicaci贸n, por los agentes econ贸micos relacionados con equipos y aparatos de telecomunicaci贸n o por otras personas que, sin estar comprendidas en los p谩rrafos anteriores, realicen actividades reguladas en la normativa sobre telecomunicaciones, a la persona f铆sica o jur铆dica cuya actuaci贸n se halle tipificada por el precepto infringido o a la que las normas correspondientes atribuyen espec铆ficamente la responsabilidad.
Art铆culo 75. Clasificaci贸n de las infracciones
Las infracciones de las normas reguladoras de las telecomunicaciones se clasifican en muy graves, graves y leves.
Art铆culo 76. Infracciones muy graves
Se consideran infracciones muy graves:
1. La realizaci贸n de actividades sin disponer de la habilitaci贸n oportuna en las materias reguladas por esta Ley, cuando legalmente sea necesaria.
2. El incumplimiento de los requisitos exigibles para la explotaci贸n de las redes y prestaci贸n de los servicios de comunicaciones electr贸nicas establecidos en los art铆culos 6.1 y 6.2.
3. La utilizaci贸n del dominio p煤blico radioel茅ctrico, frecuencias o canales radioel茅ctricos sin disponer de la concesi贸n de uso privativo del dominio p煤blico radioel茅ctrico a que se refiere el art铆culo 62, cuando legalmente sea necesario.
4. La utilizaci贸n del dominio p煤blico radioel茅ctrico, frecuencias o canales radioel茅ctricos no adecuada al correspondiente plan de utilizaci贸n del espectro radioel茅ctrico o al Cuadro Nacional de Atribuci贸n de Frecuencias.
5. La realizaci贸n de emisiones radioel茅ctricas no autorizadas que vulneren o perjudiquen el desarrollo o implantaci贸n de lo establecido en los Planes de utilizaci贸n del dominio p煤blico radioel茅ctrico o en el Cuadro Nacional de Atribuci贸n de Frecuencias.
6. La producci贸n deliberada, en Espa帽a o en los pa铆ses vecinos, de interferencias definidas como perjudiciales en esta Ley, incluidas las causadas por estaciones radioel茅ctricas que est茅n instaladas o en funcionamiento a bordo de un buque, de una aeronave o de cualquier otro objeto flotante o aerotransportado que transmita emisiones desde fuera del territorio espa帽ol para su posible recepci贸n total o parcial en 茅ste.
7. No atender el requerimiento de cesaci贸n hecho por la Secretar铆a de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci贸n, en los supuestos de producci贸n de interferencias.
8. La instalaci贸n, puesta en servicio o utilizaci贸n de terminales o de equipos de telecomunicaci贸n, tanto los que hacen uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico como los conectados, directa o indirectamente, a las redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas que no hayan evaluado su conformidad, conforme al T铆tulo IV de esta Ley, si se producen da帽os muy graves a las comunicaciones o a las redes.
9. La importaci贸n o la venta al por mayor de equipos o aparatos cuya conformidad no haya sido evaluada de acuerdo con lo dispuesto en el T铆tulo IV de esta Ley, o con los acuerdos o convenios internacionales celebrados por el Estado espa帽ol.
10. La interceptaci贸n, sin autorizaci贸n, de telecomunicaciones no destinadas al p煤blico en general, as铆 como la divulgaci贸n del contenido.
11. El incumplimiento de las resoluciones firmes en v铆a administrativa o de las medidas previas y medidas cautelares a que se refieren los art铆culos 81 y 82 de esta Ley dictadas por el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo en el ejercicio de sus funciones en materia de comunicaciones electr贸nicas.
12. El incumplimiento de las resoluciones firmes en v铆a administrativa o de las medidas cautelares a que se refiere el art铆culo 82 de esta Ley dictadas por la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de sus funciones en materia de comunicaciones electr贸nicas, con excepci贸n de las que se lleve a cabo en el procedimiento arbitral previo sometimiento voluntario de las partes.
13. El incumplimiento de las resoluciones firmes en v铆a administrativa relativas a las reclamaciones por controversias entre los usuarios finales y los operadores.
14. La instalaci贸n negligente de infraestructuras comunes de telecomunicaci贸n en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios que sean causa de da帽os muy graves en las redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas.
15. El incumplimiento grave por parte de los operadores de las obligaciones en materia de acceso, interconexi贸n e interoperabilidad de los servicios a las que est茅n sometidas por la vigente legislaci贸n.
16. El incumplimiento grave de las caracter铆sticas y condiciones establecidas para la conservaci贸n de los n煤meros.
17. El incumplimiento reiterado mediante infracciones tipificadas como graves en los t茅rminos expresados en el art铆culo 79.4 de esta Ley.
Art铆culo 77. Infracciones graves
Se consideran infracciones graves:
1. La instalaci贸n de estaciones radioel茅ctricas sin autorizaci贸n, cuando, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de las telecomunicaciones, sea necesaria, o la instalaci贸n de estaciones radioel茅ctricas con caracter铆sticas distintas a las autorizadas o, en su caso, a las contenidas en el proyecto t茅cnico aprobado, o de estaciones radioel茅ctricas a bordo de un buque, de una aeronave o de cualquier otro objeto flotante o aerotransportado, que, en el mar o fuera de 茅l, posibilite la transmisi贸n de emisiones desde el exterior para su posible recepci贸n total o parcial en territorio nacional.
2. El uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico en condiciones distintas a las previstas en el t铆tulo habilitante oportuno a que se refiere el art铆culo 62, o, en su caso, distintas de las aprobadas en el proyecto t茅cnico de las instalaciones, entre ellas utilizando par谩metros t茅cnicos distintos de los propios del t铆tulo, o emplazamientos diferentes de los aprobados o potencias de emisi贸n superiores a las autorizadas, cuando provoque alteraciones que dificulten la correcta prestaci贸n de otros servicios por otros operadores, en Espa帽a o en los pa铆ses vecinos.
3. El incumplimiento por los titulares de concesiones de uso privativo del dominio p煤blico radioel茅ctrico de las condiciones esenciales que se les impongan por el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo.
4. La mera producci贸n, en Espa帽a o en los pa铆ses vecinos, de interferencias definidas como perjudiciales en esta Ley que no se encuentren comprendidas en el art铆culo anterior.
5. La emisi贸n de se帽ales de identificaci贸n falsas o enga帽osas.
6. Efectuar emisiones radioel茅ctricas que incumplan los l铆mites de exposici贸n establecidos en la normativa de desarrollo del art铆culo 61 de esta Ley e incumplir las dem谩s medidas de seguridad establecidas en ella, incluidas las obligaciones de se帽alizaci贸n o vallado de las instalaciones radioel茅ctricas. Asimismo, contribuir, mediante emisiones no autorizadas, a que se incumplan gravemente dichos l铆mites.
7. La transferencia de t铆tulos habilitantes o cesi贸n de derechos de uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico, sin cumplir con los requisitos establecidos a tal efecto por la normativa de desarrollo de esta Ley.
8. El incumplimiento de las obligaciones que se deriven de las designaciones o acreditaciones que realice la Administraci贸n de telecomunicaciones en materia de evaluaci贸n de la conformidad de equipos y aparatos de telecomunicaci贸n, de conformidad con la normativa europea y nacional que les sean de aplicaci贸n.
9. La instalaci贸n, puesta en servicio o utilizaci贸n de terminales o de equipos conectados a las redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas que no hayan evaluado su conformidad, conforme al T铆tulo IV de esta Ley.
10. La venta u oferta de venta, ya sea en establecimientos o por medios telem谩ticos o telef贸nicos, de equipos o aparatos cuya conformidad con los requisitos esenciales aplicables no haya sido evaluada de acuerdo con lo dispuesto en el T铆tulo IV de esta Ley o con las disposiciones, los acuerdos o convenios internacionales que obliguen al Estado espa帽ol.
11. La negativa o la obstrucci贸n a ser inspeccionado, la no colaboraci贸n con la inspecci贸n cuando 茅sta sea requerida y la no identificaci贸n por la persona f铆sica o jur铆dica que tenga la disponibilidad de los equipos e instalaciones o sea titular de la finca o inmueble en donde se ubican los equipos e instalaciones de la persona f铆sica o jur铆dica que explote redes o preste servicios sin haber efectuado la notificaci贸n a que se refiere el art铆culo 6 de esta Ley o sin disponer de t铆tulo habilitante para el uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico cuando dicho t铆tulo sea necesario.
12. El ejercicio de la actividad de instalaci贸n y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicaci贸n sin haber efectuado la declaraci贸n responsable o sin cumplir los requisitos a los que se refiere el art铆culo 59.
13. La instalaci贸n negligente de infraestructuras comunes de telecomunicaci贸n en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios que sean causa de da帽os en las redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas, salvo que deba ser considerada como infracci贸n muy grave.
14. La alteraci贸n, la manipulaci贸n o la omisi贸n del marcado de los equipos de telecomunicaci贸n en cualquiera de las partes donde reglamentariamente deban ser colocados; la alteraci贸n de la documentaci贸n de los equipos o de los manuales de instalaci贸n; as铆 como el suministro de informaci贸n para la alteraci贸n de las caracter铆sticas t茅cnicas o de las frecuencias de funcionamiento del aparato.
15. El incumplimiento por las entidades colaboradoras de la Administraci贸n para la normalizaci贸n y la homologaci贸n de las prescripciones t茅cnicas y del contenido de las autorizaciones o de los conciertos que les afecten, con arreglo a lo que reglamentariamente se determine.
16. La negativa a cumplir las obligaciones de servicio p煤blico seg煤n lo establecido en el T铆tulo III de la Ley y su normativa de desarrollo.
17. La negativa a cumplir las condiciones para la prestaci贸n de servicios o la explotaci贸n de redes de comunicaciones electr贸nicas.
18. El cumplimiento tard铆o o defectuoso por los operadores de las resoluciones firmes en v铆a administrativa relativas a las reclamaciones por controversias entre los usuarios finales y los operadores.
19. El incumplimiento de las condiciones determinantes de las atribuciones y el otorgamiento de los derechos de uso de los recursos de numeraci贸n incluidos en los planes de numeraci贸n.
20. El incumplimiento por los operadores de las obligaciones relativas a la integridad y seguridad en la prestaci贸n de servicios o la explotaci贸n de redes de comunicaciones electr贸nica.
21. El incumplimiento por los operadores de las obligaciones establecidas para la utilizaci贸n compartida del dominio p煤blico o la propiedad privada en que se van a establecer las redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas o el uso compartido de las infraestructuras y recursos asociados.
22. El incumplimiento por los operadores, o por los propietarios de los correspondientes recursos asociados, de las obligaciones establecidas para la utilizaci贸n compartida de los tramos finales de las redes de acceso.
23. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la utilizaci贸n de normas o especificaciones t茅cnicas declaradas obligatorias por la Comisi贸n Europea.
24. La alteraci贸n, la manipulaci贸n o la omisi贸n de las caracter铆sticas t茅cnicas en la documentaci贸n de las instalaciones comunes de telecomunicaci贸n en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios que se presente a la Administraci贸n o a los propietarios.
25. El incumplimiento por los operadores controlados directa o indirectamente por administraciones p煤blicas de las obligaciones establecidas en el art铆culo 9.
26. El cumplimiento tard铆o o defectuoso de las resoluciones firmes en v铆a administrativa o de las medidas previas y medidas cautelares a que se refieren los art铆culos 81 y 82 de esta Ley dictadas por el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo en el ejercicio de sus funciones en materia de comunicaciones electr贸nicas.
27. El cumplimiento tard铆o o defectuoso de las resoluciones firmes en v铆a administrativa o de las medidas cautelares a que se refiere el art铆culo 82 de esta Ley dictadas por la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de sus funciones en materia de comunicaciones electr贸nicas, con excepci贸n de las que se lleve a cabo en el procedimiento arbitral previo sometimiento voluntario de las partes.
28. El incumplimiento por parte de los operadores de las obligaciones en materia de acceso, interconexi贸n e interoperabilidad de los servicios a las que est茅n sometidas por la vigente legislaci贸n.
29. La falta de notificaci贸n a la Administraci贸n por el titular de una red de comunicaciones electr贸nicas de los servicios que se est茅n prestando a trav茅s de ella cuando esta informaci贸n sea exigible de acuerdo con la normativa aplicable.
30. La puesta a disposici贸n de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas a favor de entidades para que se realicen emisiones radioel茅ctricas cuando no se ostente el correspondiente t铆tulo habilitante para el uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico.
31. La expedici贸n de certificaciones de instalaciones de telecomunicaci贸n que no concuerden con la realidad.
32. El incumplimiento deliberado, por parte de los operadores, de las obligaciones en materia de interceptaci贸n legal de comunicaciones impuestas en desarrollo del art铆culo 39 de la presente Ley.
33. Cursar tr谩fico contrario a planes nacionales e internacionales de numeraci贸n.
34. Cursar tr谩fico irregular con fines fraudulentos en las redes p煤blicas y servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico.
35. No facilitar, cuando resulte exigible conforme a lo previsto por la normativa reguladora de las comunicaciones electr贸nicas, los datos requeridos por la Administraci贸n una vez transcurridos tres meses a contar desde la finalizaci贸n del plazo otorgado en el requerimiento de informaci贸n o una vez finalizado el plazo otorgado en el segundo requerimiento de la misma informaci贸n.
36. El incumplimiento de las caracter铆sticas y condiciones establecidas para la conservaci贸n de los n煤meros.
37. La vulneraci贸n grave de los derechos de los consumidores y usuarios finales, seg煤n lo establecido en el t铆tulo III de la Ley y su normativa de desarrollo.
38. El incumplimiento reiterado mediante infracciones tipificadas como leves en los t茅rminos expresados en el art铆culo 79.4 de esta Ley.
Art铆culo 78. Infracciones leves
Se consideran infracciones leves:
1. La producci贸n de cualquier tipo de emisi贸n radioel茅ctrica no autorizada o no adecuada con el correspondiente plan de utilizaci贸n del espectro radioel茅ctrico, salvo que deba ser considerada como infracci贸n grave o muy grave.
2. El establecimiento de comunicaciones utilizando estaciones no autorizadas.
3. La mera producci贸n de interferencias, en Espa帽a o en los pa铆ses vecinos, cuando no deba ser considerada como infracci贸n grave o muy grave.
4. No facilitar los datos requeridos por la Administraci贸n o retrasar injustificadamente su aportaci贸n cuando resulte exigible conforme a lo previsto por la normativa reguladora de las comunicaciones electr贸nicas.
5. La utilizaci贸n del dominio p煤blico radioel茅ctrico, frecuencias o canales radioel茅ctricos sin disponer de la autorizaci贸n general, autorizaci贸n individual o afectaci贸n demanial para el uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico a las que se refiere el art铆culo 62, cuando legalmente sea necesario.
6. La instalaci贸n de estaciones radioel茅ctricas de radioaficionado careciendo de autorizaci贸n.
7. El incumplimiento por los titulares de autorizaciones generales, autorizaciones individuales o afectaciones demaniales para el uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico de las condiciones esenciales que se les impongan por el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo.
8. La explotaci贸n de redes o la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas sin cumplir los requisitos exigibles para realizar tales actividades establecidos en esta Ley y su normativa de desarrollo distintos de los previstos en los art铆culos 6.1 y 6.2.
9. La instalaci贸n de infraestructuras de telecomunicaciones sin cumplir los requisitos establecidos en la presente Ley, salvo que deba ser considerada como infracci贸n grave o muy grave.
10. El incumplimiento, por parte de los operadores, de las obligaciones en materia de interceptaci贸n legal de comunicaciones impuestas en desarrollo del art铆culo 39 de la presente Ley, cuando no se califique como infracci贸n muy grave o grave.
11. El incumplimiento de las obligaciones de servicio p煤blico, de las obligaciones de car谩cter p煤blico y la vulneraci贸n de los derechos de los consumidores y usuarios finales, seg煤n lo establecido en el T铆tulo III de la Ley y su normativa de desarrollo.
12. El incumplimiento de las obligaciones en materia de calidad de servicio.
13. La no presentaci贸n de la documentaci贸n de las instalaciones comunes de telecomunicaciones a la administraci贸n o a la propiedad, cuando normativamente sea obligatoria dicha presentaci贸n.
1. Por la comisi贸n de las infracciones tipificadas en los art铆culos anteriores se impondr谩n las siguientes sanciones:
a) Por la comisi贸n de infracciones muy graves se impondr谩 al infractor multa por importe de hasta veinte millones de euros.
Por la comisi贸n de infracciones muy graves tipificadas en las que la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia tenga competencias sancionadoras se impondr谩 al infractor multa por importe no inferior al tanto, ni superior al qu铆ntuplo, del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracci贸n. En caso de que no resulte posible aplicar este criterio, el l铆mite m谩ximo de la sanci贸n ser谩 de 20 millones de euros.
b) Las infracciones muy graves, en funci贸n de sus circunstancias, podr谩n dar lugar a la inhabilitaci贸n hasta de cinco a帽os del operador para la explotaci贸n de redes o la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas. Tambi茅n podr谩 dar lugar a la inhabilitaci贸n hasta cinco a帽os para el ejercicio de la actividad de instalador.
c) Por la comisi贸n de infracciones graves se impondr谩 al infractor multa por importe de hasta dos millones de euros.
Por la comisi贸n de infracciones graves tipificadas en las que la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia tenga competencias sancionadoras se impondr谩 al infractor multa por importe de hasta el duplo del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones que constituyan aqu茅llas o, en caso de que no resulte aplicable este criterio, el l铆mite m谩ximo de la sanci贸n ser谩 de dos millones de euros.
d) Por la comisi贸n de infracciones leves se impondr谩 al infractor una multa por importe de hasta 50.000 euros.
2. Las sanciones impuestas por cualquiera de las infracciones comprendidas en los art铆culos 76 y 77, cuando se requiera t铆tulo habilitante para el ejercicio de la actividad realizada por el infractor, podr谩n llevar aparejada, como sanci贸n accesoria, el precintado o la incautaci贸n de los equipos o aparatos o la clausura de las instalaciones en tanto no se disponga del referido t铆tulo.
3. Adem谩s de la sanci贸n que corresponda imponer a los infractores, cuando se trate de una persona jur铆dica, se podr谩 imponer una multa de hasta 5.000 euros en el caso de las infracciones leves, hasta 30.000 euros en el caso de las infracciones graves y hasta 60.000 euros en el caso de las infracciones muy graves a sus representantes legales o a las personas que integran los 贸rganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisi贸n.
Quedan excluidas de la sanci贸n aquellas personas que, formando parte de 贸rganos colegiados de administraci贸n, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en contra o salvando su voto.
4. A los efectos de lo establecido en esta Ley, tendr谩 la consideraci贸n de incumplimiento reiterado la sanci贸n definitiva de dos o m谩s infracciones del mismo tipo infractor en el per铆odo de tres a帽os.
Art铆culo 80. Criterios para la determinaci贸n de la cuant铆a de la sanci贸n
1. La cuant铆a de la sanci贸n que se imponga, dentro de los l铆mites indicados, se graduar谩 teniendo en cuenta, adem谩s de lo previsto en el art铆culo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R茅gimen Jur铆dico de las administraciones p煤blicas y del Procedimiento Administrativo Com煤n, lo siguiente:
a) La gravedad de las infracciones cometidas anteriormente por el sujeto al que se sanciona.
b) La repercusi贸n social de las infracciones.
c) El beneficio que haya reportado al infractor el hecho objeto de la infracci贸n.
d) El da帽o causado y su reparaci贸n.
e) El cumplimiento voluntario de las medidas cautelares que, en su caso, se impongan en el procedimiento sancionador.
f) La negativa u obstrucci贸n al acceso a las instalaciones o a facilitar la informaci贸n o documentaci贸n requerida.
g) El cese de la actividad infractora, previamente o durante la tramitaci贸n del expediente sancionador.
2. Para la fijaci贸n de la sanci贸n tambi茅n se tendr谩 en cuenta la situaci贸n econ贸mica del infractor, derivada de su patrimonio, de sus ingresos, de sus posibles cargas familiares y de las dem谩s circunstancias personales que acredite que le afectan.
El infractor vendr谩 obligado, en su caso, al pago de las tasas que hubiera debido satisfacer en el supuesto de haber realizado la notificaci贸n a que se refiere el art铆culo 6 o de haber disfrutado de t铆tulo para la utilizaci贸n del dominio p煤blico radioel茅ctrico.
Art铆culo 81. Medidas previas al procedimiento sancionador
1. Previamente al inicio del procedimiento sancionador, podr谩 ordenarse por el 贸rgano competente del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo, mediante resoluci贸n sin audiencia previa, el cese de la presunta actividad infractora cuando existan razones de imperiosa urgencia basada en alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando de la supuesta actividad infractora puedan producirse perjuicios graves al funcionamiento de los servicios de Seguridad P煤blica, Protecci贸n Civil y de Emergencias.
b) Cuando la realizaci贸n de la presunta actividad infractora pueda poner en peligro la vida humana.
c) Cuando se interfiera gravemente a otros servicios o redes de comunicaciones electr贸nicas.
2. Esta orden de cese ir谩 dirigida a cualquier sujeto que se encuentre en disposici贸n de ejecutar tal cese, sin perjuicio de la posterior delimitaci贸n de responsabilidades en el correspondiente procedimiento sancionador. Para su ejecuci贸n forzosa, la resoluci贸n podr谩 disponer que, a trav茅s de la Autoridad Gubernativa, se facilite apoyo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
En la resoluci贸n se determinar谩 el 谩mbito objetivo y temporal de la medida, sin que pueda exceder del plazo de un mes.
Art铆culo 82. Medidas cautelares en el procedimiento sancionador
1. Las infracciones a las que se refieren los art铆culos 76 y 77 podr谩n dar lugar, una vez incoado el expediente sancionador, a la adopci贸n de medidas cautelares que, de conformidad con el art铆culo 136 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R茅gimen Jur铆dico de las administraciones p煤blicas y del Procedimiento Administrativo Com煤n, podr谩n consistir en las siguientes:
a) Ordenar el cese inmediato de emisiones radioel茅ctricas no autorizadas.
b) Orden de cese inmediato de cualquier otra actividad presuntamente infractora.
Entre ellas,
i) Emitir 贸rdenes de poner fin a la prestaci贸n de un servicio o de una serie de servicios, o aplazarla cuando dicha prestaci贸n pudiera tener como resultado perjudicar seriamente la competencia, hasta que se cumplan las obligaciones espec铆ficas impuestas a ra铆z de un an谩lisis de mercado con arreglo al art铆culo 14. Esta medida, junto con las razones en que se basa, se comunicar谩 al operador afectado sin demora, fijando un plazo razonable para que la empresa cumpla con la misma.
ii) Impedir que un operador siga suministrando redes o servicios de comunicaciones electr贸nicas o suspender o retirarle sus derechos de uso, en caso de incumplimiento grave y reiterado de las condiciones establecidas para la prestaci贸n de servicios o la explotaci贸n de redes o para el otorgamiento de derechos de uso o de las obligaciones espec铆ficas que se hubieran impuesto, cuando hubieran fracasado las medidas destinadas a exigir el cese de la infracci贸n.
iii) Adoptar medidas provisionales de urgencia destinadas a remediar incumplimientos de las condiciones establecidas para la prestaci贸n de servicios o la explotaci贸n de redes o para el otorgamiento de derechos de uso o de las obligaciones espec铆ficas que se hubieran impuesto, cuando los mismos representen una amenaza inmediata y grave para la seguridad p煤blica o la salud p煤blica o creen graves problemas econ贸micos u operativos a otros suministradores o usuarios del espectro radioel茅ctrico. Posteriormente deber谩 ofrecerse al operador interesado la posibilidad de proponer posibles soluciones. En su caso, la autoridad competente podr谩 confirmar las medidas provisionales, que podr谩n mantenerse hasta la resoluci贸n que ponga fin al procedimiento sancionador.
c) El precintado de los equipos o instalaciones que hubiera empleado el infractor, siendo, en su caso, aplicable el r茅gimen de ejecuci贸n subsidiaria previsto en el art铆culo 98 de dicha Ley.
d) La retirada del mercado de los equipos y aparatos que presuntamente no hayan evaluado su conformidad de acuerdo con la normativa aplicable.
e) La suspensi贸n provisional de la eficacia del t铆tulo y la clausura provisional de las instalaciones, por un plazo m谩ximo de seis meses.
2. Cuando el infractor carezca de t铆tulo habilitante para la ocupaci贸n o uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico, o si con la infracci贸n se superan los niveles de emisiones radioel茅ctricas establecidos en la normativa de desarrollo del art铆culo 61, la medida cautelar prevista en el p谩rrafo a) del apartado anterior ser谩 obligatoriamente incluida en el acuerdo de iniciaci贸n de expediente sancionador, con objeto de salvaguardar el correcto uso de dicho dominio p煤blico.
3. Sin perjuicio de los supuestos en los que este precepto fija un plazo m谩ximo de duraci贸n, las medidas cautelares podr谩n mantenerse hasta la resoluci贸n del procedimiento sancionador, siempre que se considere necesario para asegurar la eficacia de la resoluci贸n final que pudiera recaer. Como excepci贸n, la medida cautelar de retirada del mercado de los equipos y aparatos cuya conformidad no haya sido evaluada presuntamente de acuerdo con la normativa aplicable deber谩 levantarse cuando se acredite la realizaci贸n de la evaluaci贸n de la conformidad de los equipos y aparatos afectados.
Art铆culo 83. Prescripci贸n
1. Las infracciones reguladas en esta Ley prescribir谩n, las muy graves, a los tres a帽os; las graves, a los dos a帽os, y las leves, al a帽o.
El plazo de prescripci贸n de las infracciones comenzar谩 a computarse desde el d铆a en que se hubieran cometido. Interrumpir谩 la prescripci贸n la iniciaci贸n, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador. El plazo de prescripci贸n volver谩 a correr si el expediente sancionador estuviera paralizado durante m谩s de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
En el supuesto de infracci贸n continuada, la fecha inicial del c贸mputo ser谩 aquella en que deje de realizarse la actividad infractora o la del 煤ltimo acto con que la infracci贸n se consume. No obstante, se entender谩 que persiste la infracci贸n en tanto los equipos, aparatos o instalaciones objeto del expediente no se encuentren a disposici贸n de la Administraci贸n o quede constancia fehaciente de su imposibilidad de uso.
2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribir谩n a los tres a帽os; las impuestas por faltas graves, a los dos a帽os, y las impuestas por faltas leves, al a帽o. El plazo de prescripci贸n de las sanciones comenzar谩 a computarse desde el d铆a siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resoluci贸n por la que se impone la sanci贸n. Interrumpir谩 la prescripci贸n la iniciaci贸n, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecuci贸n, volviendo a correr el plazo si aqu茅l est谩 paralizado durante m谩s de un mes por causa no imputable al infractor.
Art铆culo 84. Competencias sancionadoras
La competencia sancionadora corresponder谩:
1. Al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci贸n, para la imposici贸n de sanciones no contempladas en los siguientes apartados.
2. A la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, en el 谩mbito material de su actuaci贸n, cuando se trate de infracciones muy graves tipificadas en los apartados 12, 15 y 16 del art铆culo 76, infracciones graves tipificadas en los apartados 11, 27, 28, 35 y 36 del art铆culo 77 e infracciones leves tipificadas en el apartado 4 del art铆culo 78.
3. A la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos, en el caso de que se trate de las infracciones graves del art铆culo 77 tipificadas en el apartado 37 y de las infracciones leves del art铆culo 78 tipificadas en el apartado 11 cuando se vulneren los derechos de los usuarios finales sobre protecci贸n de datos y privacidad reconocidos en el art铆culo 48.
4. El ejercicio de la potestad sancionadora se sujetar谩 al procedimiento aplicable, con car谩cter general, a la actuaci贸n de las administraciones p煤blicas. No obstante, el plazo m谩ximo de duraci贸n del procedimiento ser谩 de un a帽o y el plazo de alegaciones no tendr谩 una duraci贸n inferior a un mes.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Significado de los t茅rminos empleados por esta Ley
A los efectos de esta Ley, los t茅rminos definidos en el anexo II tendr谩n el significado que all铆 se les asigna.
Segunda. Limitaciones y servidumbres
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Tercera. Aplicaci贸n de la legislaci贸n reguladora de las infraestructuras comunes en los edificios
Las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de los edificios se regulan por lo establecido en la presente Ley, por el real decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaci贸n y sus desarrollos reglamentarios.
Cuarta. Informaci贸n confidencial
Las personas f铆sicas o jur铆dicas que aporten a alguna Autoridad Nacional de Reglamentaci贸n datos o informaciones de cualquier tipo, con ocasi贸n del desempe帽o de sus funciones y respetando la legislaci贸n vigente en materia de protecci贸n de datos y privacidad, podr谩n indicar, de forma justificada, qu茅 parte de lo aportado consideran confidencial, cuya difusi贸n podr铆a perjudicarles, a los efectos de que sea declarada su confidencialidad. Cada Autoridad Nacional de Reglamentaci贸n decidir谩, de forma motivada y a trav茅s de las resoluciones oportunas, sobre la informaci贸n que, seg煤n la legislaci贸n vigente, resulte o no amparada por la confidencialidad.
Quinta. El Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informaci贸n
1. El Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informaci贸n, presidido por el Ministro de Industria, Energ铆a y Turismo o por la persona en quien delegue, es un 贸rgano asesor del Gobierno en materia de telecomunicaciones y sociedad de la informaci贸n.
2. Las funciones del Consejo ser谩n de estudio, deliberaci贸n y propuesta en materias relativas a las telecomunicaciones y a la sociedad de la informaci贸n, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los 贸rganos colegiados interministeriales con competencias de informe al Gobierno en materia de pol铆tica inform谩tica. Le corresponder谩, igualmente, informar sobre los asuntos que el Gobierno determine o sobre los que, por propia iniciativa, juzgue conveniente. La deliberaci贸n de proyectos o propuestas normativas en el seno del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informaci贸n equivaldr谩 a la audiencia a la que se refiere el art铆culo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
El Gobierno, mediante real decreto, establecer谩 la composici贸n y el r茅gimen de funcionamiento del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informaci贸n, cuyos miembros representar谩n a la Administraci贸n General del Estado, a las Administraciones auton贸micas, a la Administraci贸n local a trav茅s de sus asociaciones o federaciones m谩s representativas, a los usuarios, incluyendo en todo caso a las personas con discapacidad a trav茅s de su organizaci贸n m谩s representativa, a los operadores que presten servicios o exploten redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas, a los prestadores de servicios de comunicaci贸n audiovisual, a los prestadores de servicios de la sociedad de la informaci贸n, a las industrias fabricantes de equipos de telecomunicaciones y de la sociedad de la informaci贸n, a los sindicatos y a los colegios oficiales de ingenier铆a m谩s representativos del sector.
Sexta. Multas coercitivas
Para asegurar el cumplimiento de las resoluciones o requerimientos de informaci贸n que dicten, el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo o la Comisi贸n Nacional de los Mercados y de la Competencia podr谩n imponer multas coercitivas por importe diario de 125 hasta 30.000 euros, en los t茅rminos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R茅gimen Jur铆dico de las Administraciones P煤blicas y del Procedimiento Administrativo Com煤n.
Las multas coercitivas ser谩n independientes de las sanciones que puedan imponerse y compatibles con ellas.
El importe de las multas coercitivas previstas en esta disposici贸n se ingresar谩 en el Tesoro P煤blico.
S茅ptima. Obligaciones en materia de acceso condicional, acceso a determinados servicios de radiodifusi贸n y televisi贸n, televisi贸n de formato ancho y obligaciones de transmisi贸n
1. Mediante real decreto se podr谩n establecer las condiciones aplicables a los operadores de redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas en materia de acceso condicional a los servicios de televisi贸n y radio digitales difundidos a los telespectadores y oyentes, con independencia del medio de transmisi贸n utilizado. Asimismo, se regular谩 mediante real decreto el procedimiento de revisi贸n de dichas condiciones por la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, en el supuesto de que el operador obligado ya no tuviera poder significativo en el mercado en cuesti贸n.
2. En la medida que sea necesario para garantizar el acceso de los usuarios finales a determinados servicios digitales de radiodifusi贸n y televisi贸n, la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia podr谩 imponer, en la forma y para los servicios que se determinen mediante real decreto por el Gobierno, obligaciones a los operadores que dispongan de interfaces de programa de aplicaciones (API) y gu铆as electr贸nicas de programaci贸n (EPG) para que faciliten el acceso a estos recursos en condiciones razonables, justas y no discriminatorias.
3. Las redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas utilizadas para la distribuci贸n de servicios de televisi贸n digital deber谩n disponer de capacidad para distribuir programas y servicios de televisi贸n de formato ancho. Los operadores de dichas redes que reciban programas o servicios de televisi贸n de formato ancho para su posterior distribuci贸n estar谩n obligados a mantener dicho formato.
4. Mediante real decreto aprobado por el Consejo de Ministros podr谩n imponerse, como obligaciones de servicio p煤blico, exigencias razonables de transmisi贸n de determinados canales de programas de radio y televisi贸n, as铆 como exigencias de transmisi贸n de servicios complementarios para posibilitar el acceso adecuado de los usuarios con discapacidad, a los operadores que exploten redes de comunicaciones electr贸nicas utilizadas para la distribuci贸n de programas de radio o televisi贸n al p煤blico, si un n煤mero significativo de usuarios finales de dichas redes las utiliza como medio principal de recepci贸n de programas de radio y televisi贸n, cuando resulte necesario para alcanzar objetivos de inter茅s general claramente definidos y de forma proporcionada, transparente y peri贸dicamente revisable.
Asimismo, podr谩n establecerse mediante real decreto condiciones a los proveedores de servicios y equipos de televisi贸n digital, para que cooperen en la prestaci贸n de servicios de comunicaci贸n audiovisual televisiva interoperables para los usuarios finales con discapacidad.
5. Mediante Orden ministerial se regular谩 el establecimiento de las obligaciones y requisitos para los gestores de m煤ltiples digitales de la televisi贸n digital terrestre y la creaci贸n y regulaci贸n del Registro de par谩metros de informaci贸n de los servicios de televisi贸n digital terrestre. La gesti贸n, asignaci贸n y control de los par谩metros de informaci贸n de los servicios de televisi贸n digital terrestre y la llevanza de dicho Registro corresponde al Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo.
Octava. Mecanismo de notificaci贸n
Las medidas adoptadas por una autoridad nacional de reglamentaci贸n de acuerdo con los art铆culos 13, 14 y 16 y de la disposici贸n adicional s茅ptima de esta Ley y de su normativa de desarrollo, as铆 como todas aquellas medidas que pudieran tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros, se someter谩n a los mecanismos de notificaci贸n a que se refieren art铆culos 7, 7 bis y 7 ter de la Directiva 2002/21/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador com煤n de las redes y de los servicios de comunicaciones electr贸nicas (Directiva Marco) y las normas dictadas al efecto en desarrollo de las mismos por la Uni贸n Europea.
Novena. Informe sobre las obligaciones a imponer a operadores de redes p煤blicas o de servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico
Cualquier medida normativa que vaya a aprobarse con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley o acto administrativo en ejecuci贸n de dicha medida normativa que tramite cualquier Administraci贸n P煤blica y que persiga imponer con car谩cter generalizado a los operadores de redes p煤blicas o de servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico o a un grupo espec铆fico de los mismos obligaciones de servicio p煤blico distintas de las previstas en el art铆culo 28 de esta Ley, obligaciones de supervisi贸n de la informaci贸n tratada o gestionada en dichas redes o servicios o de colaboraci贸n con los agentes facultados respecto al tr谩fico gestionado, requerir谩 el informe preceptivo del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo.
Dicha medida normativa o acto administrativo deber谩 contemplar de manera expresa los mecanismos de financiaci贸n de los costes derivados de las obligaciones de servicio p煤blico distintas de las previstas en el art铆culo 28 de esta Ley, obligaciones de car谩cter p煤blico o cualquier otra carga administrativa que se imponga, que no podr谩 ser a cargo de los operadores de redes p煤blicas o de servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico cuando se traten de obligaciones o cargas que no deriven directamente del marco normativo de las comunicaciones electr贸nicas sino que respondan a otras razones de pol铆ticas p煤blicas, salvo que concurran motivos de inter茅s p煤blico que lleven a la conclusi贸n de que dichos operadores deban asumir dichos costes, aun cuando sea parcialmente.
La solicitud del preceptivo informe del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo se considera un requisito esencial en la tramitaci贸n de la norma o acto administrativo.
D茅cima. Creaci贸n de la Comisi贸n Interministerial sobre radiofrecuencias y salud
Mediante real decreto se regular谩 la composici贸n, organizaci贸n y funciones de la Comisi贸n Interministerial sobre radiofrecuencias y salud, cuya misi贸n es la de asesorar e informar a la ciudadan铆a, al conjunto de las administraciones p煤blicas y a los diversos agentes de la industria sobre las restricciones establecidas a las emisiones radioel茅ctricas, las medidas de protecci贸n sanitaria aprobadas frente a emisiones radioel茅ctricas y los m煤ltiples y peri贸dicos controles a que son sometidas las instalaciones generadoras de emisiones radioel茅ctricas, en particular, las relativas a las radiocomunicaciones. Asimismo, dicha Comisi贸n realizar谩 y divulgar谩 estudios e investigaciones sobre las emisiones radioel茅ctricas y sus efectos y c贸mo las restricciones a las emisiones, las medidas de protecci贸n sanitaria y los controles establecidos preservan la salud de las personas, as铆 como, a la vista de dichos estudios e investigaciones, realizar谩 propuestas y sugerir谩 l铆neas de mejora en las medidas y controles a realizar.
De la Comisi贸n interministerial formar谩n parte en todo caso el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y el Instituto de Salud Carlos III por parte del Ministerio de Econom铆a y Competitividad.
Dicha Comisi贸n contar谩 con un grupo asesor o colaborador en materia de radiofrecuencias y salud, con participaci贸n de Comunidades Aut贸nomas, de la asociaci贸n de entidades locales de 谩mbito estatal con mayor implantaci贸n y un grupo de expertos independientes, sociedades cient铆ficas y representantes de los ciudadanos, para hacer evaluaci贸n y seguimiento peri贸dico de la prevenci贸n y protecci贸n de la salud de la poblaci贸n en relaci贸n con las emisiones radioel茅ctricas, proponiendo estudios de investigaci贸n, medidas consensuadas de identificaci贸n, elaboraci贸n de registros y protocolos de atenci贸n al ciudadano.
La creaci贸n y el funcionamiento tanto de la Comisi贸n como del Grupo asesor se atender谩n con los medios personales, t茅cnicos y presupuestarios actuales asignados a los Ministerios y dem谩s Administraciones participantes, sin incremento en el gasto p煤blico.
Und茅cima. Par谩metros y requerimientos t茅cnicos esenciales para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas
Los par谩metros y requerimientos t茅cnicos esenciales que son indispensables para garantizar el funcionamiento de las redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas se establecer谩n mediante real decreto aprobado en Consejo de Ministros.
Duod茅cima. Aplicaci贸n de la Ley General Tributaria
Lo previsto en la presente Ley, se entender谩 sin perjuicio de las competencias y facultades que la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, atribuye a la Administraci贸n Tributaria, en particular, en relaci贸n con el acceso a los datos con trascendencia tributaria.
Decimotercera. Publicaci贸n de actos
Los actos que formen parte de las distintas fases de los procedimientos que tramite el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo en el ejercicio de las competencias y funciones asignadas en las materias a que se refiere la presente Ley se podr谩n publicar en el 芦Bolet铆n Oficial del Estado禄, de conformidad con lo previsto en el art铆culo 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R茅gimen Jur铆dico de las Administraciones p煤blicas y del Procedimiento Administrativo Com煤n. Asimismo, todas aquellas resoluciones, actos administrativos o actos de tr谩mite dictados por el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo en el ejercicio de las competencias y funciones asignadas en las materias a que se refiere la presente Ley y que pudieran tener un n煤mero indeterminado de potenciales interesados que requieran ser notificados, deber谩n ser publicados en el 芦Bolet铆n Oficial del Estado禄, de conformidad con lo previsto en la letra a) del art铆culo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Decimocuarta. Coordinaci贸n de las ayudas p煤blicas a la banda ancha y al desarrollo de la econom铆a y empleo digitales y nuevos servicios digitales
Por real decreto se identificar谩n los 贸rganos competentes y se establecer谩n los procedimientos de coordinaci贸n entre Administraciones y Organismos p煤blicos, en relaci贸n con las ayudas p煤blicas a la banda ancha, cuya convocatoria y otorgamiento deber谩 respetar en todo caso el marco comunitario y los objetivos estipulados en el art铆culo 3 de la presente ley y en relaci贸n con el fomento de la I + D + I y a las actuaciones para el desarrollo de la econom铆a, el empleo digital y todos los nuevos servicios digitales que las nuevas redes ultrarr谩pidas permiten, garantizando la cohesi贸n social y territorial.
Decimoquinta. Asignaci贸n de medios a la Administraci贸n General del Estado e integraci贸n de personal de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia
1. El Gobierno aprobar谩 las modificaciones necesarias en el real decreto de desarrollo de la estructura org谩nica b谩sica del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo para garantizar el ejercicio de las funciones que, siendo competencia de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia hasta el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, 茅sta atribuye al Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo.
La entrada en vigor de la modificaci贸n del real decreto de estructura org谩nica b谩sica del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo no se producir谩 hasta que el presupuesto del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo no se adecue a la nueva distribuci贸n competencial y se haya llevado a cabo la asunci贸n de medios materiales, incluyendo, en particular, sistemas y aplicaciones inform谩ticas, y la integraci贸n de personal procedente de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia que resulte necesario para que el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo pueda ejercer las nuevas funciones atribuidas.
2. El personal de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia que viene ejerciendo las funciones que, siendo competencia de la citada Comisi贸n hasta el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, 茅sta atribuye al Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo, se integrar谩 en la Administraci贸n General del Estado en los t茅rminos indicados en la disposici贸n adicional sexta de la Ley de creaci贸n de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia.
3. La fecha para el ejercicio efectivo de las nuevas funciones que esta Ley atribuye al Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo se determinar谩 mediante orden del Ministro de la Presidencia, a propuesta del Ministro de Industria, Energ铆a y Turismo, del Ministro de Econom铆a y Competitividad y del Ministro de Hacienda y Administraciones p煤blicas. En todo caso, todas las actuaciones a que se refiere la presente disposici贸n deber谩n haberse realizado en el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de esta Ley.
Decimosexta. La entidad p煤blica empresarial Red.es
1. La entidad Red.es, creada por la disposici贸n adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, se configura como entidad p煤blica empresarial, conforme a lo previsto en el art铆culo 43.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci贸n y Funcionamiento de la Administraci贸n General del Estado. Dicha entidad queda adscrita al Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo, a trav茅s de la Secretar铆a de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci贸n.
2. La entidad p煤blica empresarial Red.es tiene personalidad jur铆dica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio y se regir谩 por lo establecido en esta disposici贸n adicional, en su propio Estatuto, en la citada Ley 6/1997 y en las dem谩s normas que le sean de aplicaci贸n.
3. Constituye el objeto de la entidad p煤blica empresarial la gesti贸n, administraci贸n y disposici贸n de los bienes y derechos que integran su patrimonio, correspondi茅ndole la tenencia, administraci贸n, adquisici贸n y enajenaci贸n de los t铆tulos representativos del capital de las sociedades en las que participe o pueda participar en el futuro. La entidad p煤blica empresarial actuar谩, en cumplimiento de su objeto, conforme a criterios empresariales.
Para el cumplimiento de su objeto, la entidad p煤blica empresarial podr谩 realizar toda clase de actos de administraci贸n y disposici贸n previstos en la legislaci贸n civil y mercantil. Asimismo, podr谩 realizar cuantas actividades comerciales o industriales est茅n relacionadas con dicho objeto, conforme a lo acordado por sus 贸rganos de gobierno. Podr谩 actuar, incluso, mediante sociedades por ella participadas.
La entidad p煤blica empresarial Red.es contar谩 adem谩s con las siguientes funciones:
a) La gesti贸n del registro de los nombres y direcciones de dominio de internet bajo el c贸digo de pa铆s correspondiente a Espa帽a (.es), de acuerdo con la pol铆tica de registros que se determine por el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo y en la normativa correspondiente.
b) La participaci贸n en los 贸rganos que coordinen la gesti贸n de Registros de nombre y dominios de la Corporaci贸n de Internet para la Asignaci贸n de Nombres y N煤meros (ICANN), o la organizaci贸n que en su caso la sustituya, as铆 como el asesoramiento al Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo en el Comit茅 Asesor Gubernamental de ICANN (GAC) y, en general cuando le sea solicitado, el asesoramiento a la Administraci贸n General del Estado en el resto de los organismos internacionales y, en particular, en la Uni贸n Europea, en todos los temas de su competencia.
c) La de observatorio del sector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la informaci贸n.
d) La elaboraci贸n de estudios e informes y, en general, el asesoramiento de la Administraci贸n General del Estado en todo lo relativo a la sociedad de la informaci贸n, de conformidad con las instrucciones que dicte el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo.
e) El fomento y desarrollo de la Sociedad de la Informaci贸n.
4. El r茅gimen de contrataci贸n, de adquisici贸n y de enajenaci贸n de la entidad se acomodar谩 a las normas establecidas en derecho privado, sin perjuicio de lo determinado en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P煤blico, aprobado por el real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
5. El r茅gimen patrimonial de la entidad p煤blica empresarial se ajustar谩 a las previsiones del art铆culo 56 de la Ley 6/1997. No obstante, los actos de disposici贸n y enajenaci贸n de los bienes que integran su patrimonio se regir谩n por el derecho privado. En especial, la entidad p煤blica empresarial Red.es podr谩 afectar sus activos a las funciones asignadas a la misma en la letra e) del apartado tercero de esta disposici贸n y a financiar transitoriamente el d茅ficit de explotaci贸n resultante entre los ingresos y gastos correspondientes a las funciones asignadas en las letras a), b), c) y d) del mismo apartado.
6. La contrataci贸n del personal por la entidad p煤blica empresarial se ajustar谩 al derecho laboral, de acuerdo con las previsiones contenidas en el art铆culo 55 de la Ley 6/1997, debi茅ndose respetar, en cualquier caso, los principios de igualdad, m茅rito y capacidad.
7. El r茅gimen presupuestario, el econ贸mico-financiero, el de contabilidad, el de intervenci贸n y el de control financiero de la entidad p煤blica empresarial ser谩 el establecido en la Ley General Presupuestaria, de acuerdo con lo previsto en el art铆culo 58 y en la disposici贸n transitoria tercera de la Ley 6/1997.
8. Los recursos econ贸micos de la entidad podr谩n provenir de cualquiera de los enumerados en el apartado 1 del art铆culo 65 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci贸n y Funcionamiento de la Administraci贸n General del Estado. Entre los recursos econ贸micos de la entidad p煤blica empresarial Red.es se incluyen los ingresos provenientes de lo recaudado en concepto del precio p煤blico por las operaciones de registro relativas a los nombres de dominio de Internet bajo el c贸digo de pa铆s correspondiente a Espa帽a 芦.es禄 regulado en el apartado siguiente.
9. Precios P煤blicos por asignaci贸n, renovaci贸n y otras operaciones registrales de los nombres de dominio bajo el 芦.es禄.
La contraprestaci贸n pecuniaria que se satisfaga por la asignaci贸n, renovaci贸n y otras operaciones registrales realizadas por la entidad p煤blica empresarial Red.es en ejercicio de su funci贸n de Autoridad de Asignaci贸n de los nombres de dominio de Internet bajo el c贸digo de pa铆s correspondiente a Espa帽a tendr谩n la consideraci贸n de precio p煤blico.
Red.es, previa autorizaci贸n del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo, establecer谩 mediante la correspondiente Instrucci贸n, las tarifas de los precios p煤blicos por la asignaci贸n, renovaci贸n y otras operaciones de registro de los nombres de dominio bajo el 芦.es禄. La propuesta de establecimiento o modificaci贸n de la cuant铆a de precios p煤blicos ir谩 acompa帽ada, de conformidad con lo previsto en el art铆culo 26 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, que regula el R茅gimen Jur铆dico de las Tasas y Precios P煤blicos, de una memoria econ贸mico-financiera que justificar谩 el importe de los mismos que se proponga y el grado de cobertura financiera de los costes correspondientes.
La gesti贸n recaudatoria de los precios p煤blicos referidos en este apartado corresponde a la entidad p煤blica empresarial Red.es que determinar谩 el procedimiento para su liquidaci贸n y pago mediante la Instrucci贸n mencionada en el p谩rrafo anterior en la que se establecer谩n los modelos de declaraci贸n, plazos y formas de pago.
La entidad p煤blica empresarial Red.es podr谩 exigir la anticipaci贸n o el dep贸sito previo del importe total o parcial de los precios p煤blicos por las operaciones de registro relativas a los nombres de dominio 芦.es禄.
Decimos茅ptima. Innovaci贸n en el 谩mbito de las tecnolog铆as de la informaci贸n y las comunicaciones
El Gobierno desarrollar谩 un plan con medidas para potenciar la innovaci贸n en el 谩mbito de las tecnolog铆as de la informaci贸n y las comunicaciones, que permitan asimismo aprovechar el esfuerzo inversor que, en los pr贸ximos a帽os, se llevar谩 a cabo en el despliegue de las redes ultrarr谩pidas. El citado plan contemplar谩, entre otras, las siguientes actuaciones:
a) Promover la puesta en marcha de un foro de colaboraci贸n entre los operadores y la industria para identificar y potenciar las oportunidades que, para la industria electr贸nica y el resto de la industria, genere el despliegue de redes ultrarr谩pidas.
b) Estimular las pol铆ticas de innovaci贸n en el sector y la innovaci贸n tecnol贸gica en el tejido industrial en colaboraci贸n con todos los agentes que intervienen en el desarrollo o crecimiento.
c) El establecimiento de medidas para potenciar las compras innovadoras y el mercado de demanda temprana para la puesta en marcha de proyectos de I + D + I relacionados con las tecnolog铆as de la informaci贸n y las comunicaciones.
Decimoctava. Universalizaci贸n de la banda ancha ultrarr谩pida.
El Gobierno establecer谩 una Estrategia Nacional de Redes Ultrarr谩pidas que tenga como objetivo impulsar el despliegue de redes de acceso ultrarr谩pido a la banda ancha, tanto fijo como m贸vil, de cara a lograr su universalizaci贸n, as铆 como fomentar su adopci贸n por ciudadanos, empresas y administraciones, para garantizar la cohesi贸n social y territorial.
La Estrategia adoptar谩 las medidas precisas para alcanzar los objetivos concretos de cobertura y adopci贸n establecidos por la Agenda Digital para Europa e incorporados a la Agenda Digital para Espa帽a y, en particular, para lograr la universalizaci贸n de una conexi贸n que permita comunicaciones de datos de banda ancha que se extender谩 progresivamente, de forma que en el a帽o 2017 alcanzar谩 una velocidad m铆nima de Internet de 10 Mbps y antes de finalizar el a帽o 2020 alcanzar谩 a todos los usuarios a una velocidad m铆nima de Internet de 30 Mbps, y que al menos el 50% de los hogares puedan disponer de acceso a servicios de velocidades superiores a 100 Mbps. En el desarrollo de esta iniciativa de universalizaci贸n de la banda ancha se evaluar谩 la actualizaci贸n del 谩mbito del servicio universal en relaci贸n con este servicio, atendiendo, en todo caso, a la normativa y orientaciones de la Uni贸n Europea a este respecto.
La Estrategia establecer谩 la elaboraci贸n de un informe de cobertura de banda ancha ultrarr谩pida que permita conocer de forma precisa la situaci贸n de provisi贸n de los servicios de comunicaciones electr贸nicas de banda ancha y que permita identificar aquellas zonas donde existan brechas de mercado.
La Estrategia contemplar谩 pol铆ticas para incrementar la adopci贸n y uso de la banda ancha ultrarr谩pida entre ciudadanos, empresas y administraciones. En particular se contemplar谩n las actuaciones necesarias para promover, de forma prioritaria, que los Centros de Salud comarcales, las Universidades P煤blicas, los Centros de Secundaria p煤blicos y todas las Bibliotecas P煤blicas en la ciudad y comarcales, tengan en el a帽o 2016 una conexi贸n a la red p煤blica de comunicaciones con capacidad de acceso funcional a Internet a una velocidad m铆nima de 30 Mpbs y de 100 Mbps en el a帽o 2020. Estas medidas se articular谩n con la debida colaboraci贸n y coordinaci贸n con las Comunidades Aut贸nomas.
Al menos una vez al a帽o, el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo, informar谩 al Parlamento sobre la adopci贸n y cumplimiento de la Estrategia Nacional de Redes Ultrarr谩pidas y, en especial, sobre la evoluci贸n del despliegue de las redes ultrarr谩pidas y el cumplimiento de los objetivos de universalizaci贸n de este servicio.
Decimonovena. Estaciones radioel茅ctricas de radioaficionado
En la instalaci贸n de estaciones radioel茅ctricas de radioaficionado se aplicar谩 lo establecido en la disposici贸n adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalizaci贸n del comercio y de determinados servicios, sin perjuicio de la aplicaci贸n de la Ley 19/1983, de 16 de noviembre, sobre regulaci贸n del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioel茅ctricas de aficionados, y su normativa de desarrollo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Normativa anterior a la entrada en vigor de esta Ley
Las normas reglamentarias en materia de telecomunicaciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley o dictadas en desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones continuar谩n vigentes en lo que no se opongan a esta Ley, hasta que se apruebe su normativa de desarrollo.
Segunda. Adaptaci贸n de los operadores controlados directa o indirectamente por administraciones p煤blicas al r茅gimen previsto en el art铆culo 9
Los operadores controlados directa o indirectamente por administraciones p煤blicas habr谩n de ajustarse a lo dispuesto en el art铆culo 9, en un plazo m谩ximo de un a帽o desde la entrada en vigor de la presente Ley.
Tercera. Condiciones ligadas a las concesiones de uso de dominio p煤blico radioel茅ctrico
Las condiciones ligadas a los t铆tulos habilitantes para la explotaci贸n de redes o prestaci贸n de servicios de telecomunicaciones que implicaran el uso del dominio p煤blico radioel茅ctrico y que se hubieran otorgado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley a trav茅s de procedimientos de licitaci贸n p煤blica, ya estuvieran previstas en los pliegos reguladores de las licitaciones o en la oferta del operador, pasan a estar ligadas a las concesiones de uso privativo de dominio p煤blico radioel茅ctrico.
Cuarta. Restricciones a los principios de neutralidad tecnol贸gica y de servicios en los t铆tulos habilitantes para el uso del espectro radioel茅ctrico para la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas
1. Las condiciones establecidas en los t铆tulos habilitantes para el uso del espectro radioel茅ctrico para la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas otorgados con anterioridad al 25 de mayo de 2011 y que impliquen restricciones a los principios de neutralidad tecnol贸gica y de servicios en los t茅rminos establecidos en el art铆culo 66 de esta Ley, seguir谩n siendo v谩lidas hasta el 25 de mayo de 2016.
2. No obstante lo anterior, los titulares de t铆tulos habilitantes para el uso del espectro radioel茅ctrico para la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas cuyo periodo de vigencia se extienda m谩s all谩 del 25 de mayo de 2016, podr谩n solicitar a la Secretar铆a de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci贸n, antes del 25 de mayo de 2016, una evaluaci贸n de las restricciones a los principios de neutralidad tecnol贸gica y de servicios en los t茅rminos establecidos en el art铆culo 66 de esta Ley, que tengan impuestas en sus t铆tulos habilitantes.
Antes de dictar resoluci贸n, la Secretar铆a de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci贸n notificar谩 al titular del t铆tulo habilitante su nueva evaluaci贸n de las restricciones, indicando el alcance de su t铆tulo a ra铆z de ella y le conceder谩 un plazo de 15 d铆as h谩biles para retirar su solicitud.
Si el titular del t铆tulo desistiese de su solicitud, las restricciones a los principios de neutralidad tecnol贸gica y de servicios establecidas en el t铆tulo habilitante permanecer铆an sin modificar hasta el 25 de mayo de 2016, salvo que el t铆tulo se extinga con anterioridad.
3. A partir del 25 de mayo de 2016, los principios de neutralidad tecnol贸gica y de servicios se aplicar谩n a todos los t铆tulos habilitantes para el uso del espectro para la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas otorgados con anterioridad al 25 de mayo de 2011, sin perjuicio de las restricciones que puedan establecerse en los t茅rminos establecidos en el art铆culo 66 de esta Ley.
4. En la aplicaci贸n de esta disposici贸n se tomar谩n las medidas apropiadas para fomentar la competencia leal.
5. Las medidas que se adopten en ejecuci贸n de esta disposici贸n no tendr谩n en ning煤n caso la consideraci贸n de otorgamiento de un nuevo t铆tulo habilitante.
Quinta. Prestaci贸n de determinados servicios a los que se refiere el art铆culo 28
La Sociedad Estatal Correos y Tel茅grafos, S.A., prestar谩 directamente los servicios de t茅lex, telegr谩ficos y otros servicios de comunicaciones electr贸nicas de caracter铆sticas similares, a los que se refiere el art铆culo 28.2 de esta Ley, ajust谩ndose, en su caso, a lo que prevea el real decreto previsto en el apartado 3 de dicho art铆culo.
Asimismo, se encomienda a la Direcci贸n General de la Marina Mercante la prestaci贸n de los servicios de seguridad de la vida humana en el mar subsumibles bajo el art铆culo 28.1.
Sexta. R茅gimen transitorio para la fijaci贸n de las tasas establecidas en el anexo I de esta Ley
Hasta que por la Ley de Presupuestos Generales del Estado se fijen las cuant铆as de la tasa prevista en el apartado 4 del Anexo I de esta Ley, se aplicar谩n las siguientes:
a) Por la expedici贸n de certificaciones registrales, 42,51 euros.
b) Por la expedici贸n de certificaciones de presentaci贸n a la administraci贸n de las telecomunicaciones del proyecto t茅cnico de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, el acta de replanteo, el bolet铆n de instalaci贸n y el protocolo de pruebas y, en su caso, el certificado de fin de obra y sus anexos, 42,51 euros.
c) Por la expedici贸n de certificaciones de cumplimiento de especificaciones t茅cnicas, 335,49 euros.
d) Por cada acto de inspecci贸n previa o comprobaci贸n t茅cnica efectuado, 352,72 euros.
e) Por la presentaci贸n de cada certificaci贸n expedida por t茅cnico competente sustitutiva del acto de inspecci贸n previa, 88 euros.
f) Por la tramitaci贸n de la autorizaci贸n o concesi贸n demanial para el uso privativo del dominio p煤blico radioel茅ctrico, 68,46 euros.
g) Por la tramitaci贸n de la autorizaci贸n de uso especial del dominio p煤blico radioel茅ctrico por los radioaficionados, 111 euros.
h) Por la presentaci贸n a los ex谩menes de capacitaci贸n para operar estaciones de radioaficionado, 22,98 euros.
i) Por inscripci贸n en el registro de empresas instaladoras de telecomunicaci贸n, 104,54 euros.
j) Por la solicitud y emisi贸n del dictamen t茅cnico de evaluaci贸n de la conformidad de equipos y aparatos de telecomunicaci贸n, 345,82 euros.
S茅ptima. Solicitudes de autorizaciones o licencias administrativas efectuadas con anterioridad
1. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, y que tengan por finalidad la obtenci贸n de las licencias o autorizaciones de obra, instalaciones, de funcionamiento o de actividad, o de car谩cter medioambiental u otras de clase similar o an谩logas que fuesen precisas con arreglo a la normativa anterior, se tramitar谩n y resolver谩n por la normativa vigente en el momento de la presentaci贸n de la solicitud.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el interesado podr谩, con anterioridad a la resoluci贸n, desistir de su solicitud y, de este modo, optar por la aplicaci贸n de la nueva normativa en lo que 茅sta a su vez resultare de aplicaci贸n.
Octava. Registro de operadores
A la entrada en vigor de la presente Ley, se mantiene la inscripci贸n de los datos que figuren en el Registro de operadores regulado en el art铆culo 7 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
Novena. Adaptaci贸n de la normativa y los instrumentos de planificaci贸n territorial o urban铆stica elaborados por las administraciones p煤blicas competentes que afecten al despliegue de las redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas
La normativa y los instrumentos de planificaci贸n territorial o urban铆stica elaborados por las administraciones p煤blicas competentes que afecten al despliegue de las redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas deber谩n adaptarse a lo establecido en los art铆culos 34 y 35 en el plazo m谩ximo de un a帽o desde la entrada en vigor de la presente Ley.
D茅cima. Desempe帽o transitorio de funciones por la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia
En relaci贸n con las funciones que eran competencia de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia y que, conforme a lo establecido en esta Ley, se atribuyen al Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo, la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia las desempe帽ar谩 hasta la fecha que se determine para el ejercicio efectivo de las nuevas funciones que esta Ley atribuye al Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo conforme a lo establecido en la disposici贸n adicional decimoquinta.
Und茅cima. Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley
Los procedimientos que versen sobre las funciones que eran competencia de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia y que esta Ley atribuye al Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo, y que se hayan iniciado con anterioridad a la fecha para el ejercicio efectivo de las nuevas funciones a que se refiere la disposici贸n adicional decimoquinta, continuar谩n tramit谩ndose por dicho Ministerio una vez que se cumpla dicha fecha.
Duod茅cima. R茅gimen transitorio de las estaciones o infraestructuras radioel茅ctricas para la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles para el p煤blico para cuya instalaci贸n se hubiera presentado solicitud de licencia o autorizaci贸n
Las estaciones o infraestructuras radioel茅ctricas para la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles para el p煤blico para cuya instalaci贸n se hubiera solicitado la licencia o autorizaci贸n previa de instalaciones, de funcionamiento, de actividad, de car谩cter medioambiental u otras de clase similar o an谩logas a las que se refiere el art铆culo 34.6, podr谩n continuar instaladas y en funcionamiento, sin perjuicio de que las administraciones p煤blicas competentes puedan ejercer las potestades administrativas de comprobaci贸n, inspecci贸n, sanci贸n y, en general, de control, que tengan atribuidas y que est谩n referidas en el citado art铆culo 34.6 as铆 como en el art铆culo 5 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalizaci贸n del Comercio y Determinados Servicios.
No obstante, y de conformidad con lo prevenido en la disposici贸n transitoria de la mencionada Ley 12/2012, de 26 de diciembre, los prestadores de servicios de comunicaciones electr贸nicas para el p煤blico que hubieren solicitado las licencias o autorizaciones anteriormente mencionadas, sin perjuicio de la continuidad y funcionamiento de las respectivas instalaciones, podr谩n desistir de dichas solicitudes en curso y optar por presentar declaraciones responsables o, en su caso, comunicaciones previas de cambio de titularidad en los t茅rminos previstos en la citada Ley.
El ejercicio de las potestades administrativas de comprobaci贸n, inspecci贸n, sanci贸n y, en general, de control deber谩 respetar los par谩metros y requerimientos t茅cnicos esenciales necesarios para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas mencionados en el art铆culo 34.4 y en la disposici贸n adicional und茅cima.
DISPOSICI脫N DEROGATORIA
Sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones transitorias de esta Ley, quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) La Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
b) La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
c) Igualmente, quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Modificaci贸n de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulaci贸n del juego
La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulaci贸n del juego, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el apartado 3 del art铆culo 7, que queda redactado en los siguientes t茅rminos:
芦3. Cualquier entidad, red publicitaria, agencia de publicidad, prestador de servicios de comunicaci贸n audiovisual o electr贸nica, medio de comunicaci贸n o servicio de la sociedad de la informaci贸n que difunda la publicidad y promoci贸n directa o indirecta de juegos o de sus operadores, deber谩 constatar que quien solicite la inserci贸n de los anuncios o reclamos publicitarios dispone del correspondiente t铆tulo habilitante expedido por la autoridad encargada de la regulaci贸n del juego y que 茅ste le autoriza para la realizaci贸n de la publicidad solicitada, absteni茅ndose de su pr谩ctica si careciera de aqu茅l. La autoridad encargada de la regulaci贸n del juego, a trav茅s de su p谩gina web, mantendr谩 actualizada y accesible la informaci贸n sobre los operadores habilitados.
Se considera red publicitaria a la entidad que, en nombre y representaci贸n de los editores, ofrece a los anunciantes la utilizaci贸n de espacios publicitarios en servicios de la sociedad de la informaci贸n y la optimizaci贸n de los resultados publicitarios al orientar los anuncios al p煤blico interesado por el producto o servicio publicitado.禄
Dos. Se modifica el apartado 4 del art铆culo 7, que queda redactado en los siguientes t茅rminos:
芦4. La autoridad encargada de la regulaci贸n del juego en el ejercicio de la potestad administrativa de requerir el cese de la publicidad de las actividades de juego, se dirigir谩 a la entidad, red publicitaria, agencia de publicidad, prestador de servicios de comunicaci贸n audiovisual o electr贸nica, medio de comunicaci贸n, servicio de la sociedad de la informaci贸n o red publicitaria correspondiente, indic谩ndole motivadamente la infracci贸n de la normativa aplicable.
La entidad, red publicitaria, agencia de publicidad, prestador de servicios de comunicaci贸n audiovisual o electr贸nica, medio de comunicaci贸n, servicio de la sociedad de la informaci贸n o red publicitaria deber谩, en los tres d铆as naturales siguientes a su recepci贸n, comunicar el cumplimiento del requerimiento. En caso de que el mensaje publicitario cuente con un informe de consulta previa positivo emitido por un sistema de autorregulaci贸n publicitaria con el que la autoridad encargada de la regulaci贸n del juego tenga un convenio de colaboraci贸n de los previstos en el apartado 5 del art铆culo 24 de esta Ley, se entender谩 que se actu贸 de buena fe si se hubiese sujetado a dicho informe de consulta previa positivo, para el supuesto de actuaci贸n administrativa realizada en el marco de un expediente sancionador.禄
Tres. Se modifica el apartado 8 del art铆culo 21, que queda redactado en los siguientes t茅rminos:
芦8. Perseguir el juego no autorizado, ya se realice en el 谩mbito del Estado espa帽ol, ya desde fuera de Espa帽a y que se dirija al territorio del Estado, pudiendo requerir a cualquier proveedor de servicios de pago, entidades de prestaci贸n de servicios de comunicaci贸n audiovisual, medios de comunicaci贸n, servicios de la sociedad de la informaci贸n o de comunicaciones electr贸nicas, agencias de publicidad y redes publicitarias, informaci贸n relativa a las operaciones realizadas por los distintos operadores o por organizadores que carezcan de t铆tulo habilitante o el cese de los servicios que estuvieran prestando.禄
Cuatro. Se modifica el apartado 3 del art铆culo 36, que queda redactado en los siguientes t茅rminos:
芦3. En particular, los prestadores de servicios de comunicaci贸n audiovisual, de comunicaci贸n electr贸nica y de la sociedad de la informaci贸n, los medios de comunicaci贸n, as铆 como las agencias de publicidad y las redes publicitarias ser谩n responsables administrativos de la promoci贸n, patrocinio y publicidad de los juegos a los que se refiere la presente Ley cuando quienes los realicen carezcan de t铆tulo habilitante o cuando se difundan sin disponer de la autorizaci贸n para publicitarlos o al margen de los l铆mites fijados en la misma o infringiendo las normas vigentes en esta materia. No obstante, ser谩n responsables de la infracci贸n prevista en el art铆culo 40 d) las redes publicitarias que sirvan publicidad a prestadores de servicios de la sociedad de la informaci贸n. La responsabilidad de los servicios de la sociedad de la informaci贸n ser谩 subsidiaria de la de las agencias y redes publicitarias, siempre y cuando estas 煤ltimas sean adecuadamente identificadas por el servicio de la sociedad de la informaci贸n, previo requerimiento de la autoridad encargada de la regulaci贸n del juego, y dispongan de un establecimiento permanente en Espa帽a.
La competencia para instruir los procedimientos y sancionar a los prestadores de servicios de comunicaci贸n audiovisual corresponde a la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, aplic谩ndose en estos casos el r茅gimen sancionador previsto en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicaci贸n Audiovisual, salvo la excepci贸n prevista en el apartado anterior, respecto de las infracciones del art铆culo 40, letra e).禄
Cinco. Se modifica el apartado e) del art铆culo 40, que queda redactado en los siguientes t茅rminos:
芦e) El incumplimiento de los requerimientos de informaci贸n o de cese de prestaci贸n de servicios dictados por la autoridad encargada de la regulaci贸n del juego que se dirijan a los proveedores de servicios de pago, prestadores de servicios de comunicaci贸n audiovisual, prestadores de servicios de la sociedad de la informaci贸n o de comunicaciones electr贸nicas, medios de comunicaci贸n social, agencias de publicidad y redes publicitarias.禄
Segunda. Modificaci贸n de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci贸n y de comercio electr贸nico
La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci贸n y de comercio electr贸nico, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el apartado 1 f) del art铆culo 10, que queda redactado en los siguientes t茅rminos:
芦f) Cuando el servicio de la sociedad de la informaci贸n haga referencia a precios, se facilitar谩 informaci贸n clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre los gastos de env铆o.禄
Dos. Se modifica el apartado 1 del art铆culo 18, que queda redactado como sigue:
芦1. Las administraciones p煤blicas impulsar谩n, a trav茅s de la coordinaci贸n y el asesoramiento, la elaboraci贸n y aplicaci贸n de c贸digos de conducta voluntarios, por parte de las corporaciones, asociaciones u organizaciones comerciales, profesionales y de consumidores, en las materias reguladas en esta Ley. La Administraci贸n General del Estado fomentar谩, en especial, la elaboraci贸n de c贸digos de conducta de 谩mbito comunitario o internacional.
Los c贸digos de conducta que afecten a los consumidores y usuarios estar谩n sujetos, adem谩s, al cap铆tulo V de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.
Los c贸digos de conducta podr谩n tratar, en particular, sobre los procedimientos para la detecci贸n y retirada de contenidos il铆citos y la protecci贸n de los destinatarios frente al env铆o por v铆a electr贸nica de comunicaciones comerciales no solicitadas, as铆 como sobre los procedimientos extrajudiciales para la resoluci贸n de los conflictos que surjan por la prestaci贸n de los servicios de la sociedad de la informaci贸n.禄
Tres. Los apartados 1 y 3 del art铆culo 20 quedan redactados del siguiente modo:
芦1. Las comunicaciones comerciales realizadas por v铆a electr贸nica deber谩n ser claramente identificables como tales, y la persona f铆sica o jur铆dica en nombre de la cual se realizan tambi茅n deber谩 ser claramente identificable.禄
芦3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo que dispongan las normativas dictadas por las Comunidades Aut贸nomas con competencias exclusivas sobre consumo.禄
Cuatro. El apartado 2 del art铆culo 21 queda redactado del siguiente modo:
芦2. Lo dispuesto en el apartado anterior no ser谩 de aplicaci贸n cuando exista una relaci贸n contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma l铆cita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el env铆o de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contrataci贸n con el cliente.
En todo caso, el prestador deber谩 ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales que le dirija.
Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electr贸nico, dicho medio deber谩 consistir necesariamente en la inclusi贸n de una direcci贸n de correo electr贸nico u otra direcci贸n electr贸nica v谩lida donde pueda ejercitarse este derecho, quedando prohibido el env铆o de comunicaciones que no incluyan dicha direcci贸n.禄
Cinco. El art铆culo 22 queda redactado en los siguientes t茅rminos:
芦Art铆culo 22. Derechos de los destinatarios de servicios
1. El destinatario podr谩 revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepci贸n de comunicaciones comerciales con la simple notificaci贸n de su voluntad al remitente.
A tal efecto, los prestadores de servicios deber谩n habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los destinatarios de servicios puedan revocar el consentimiento que hubieran prestado. Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electr贸nico dicho medio deber谩 consistir necesariamente en la inclusi贸n de una direcci贸n de correo electr贸nico u otra direcci贸n electr贸nica v谩lida donde pueda ejercitarse este derecho quedando prohibido el env铆o de comunicaciones que no incluyan dicha direcci贸n.
Asimismo, deber谩n facilitar informaci贸n accesible por medios electr贸nicos sobre dichos procedimientos.
2. Los prestadores de servicios podr谩n utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperaci贸n de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condici贸n de que los mismos hayan dado su consentimiento despu茅s de que se les haya facilitado informaci贸n clara y completa sobre su utilizaci贸n, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Org谩nica 15/1999, de 13 de diciembre, de protecci贸n de datos de car谩cter personal.
Cuando sea t茅cnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos podr谩 facilitarse mediante el uso de los par谩metros adecuados del navegador o de otras aplicaciones.
Lo anterior no impedir谩 el posible almacenamiento o acceso de 铆ndole t茅cnica al solo fin de efectuar la transmisi贸n de una comunicaci贸n por una red de comunicaciones electr贸nicas o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestaci贸n de un servicio de la sociedad de la informaci贸n expresamente solicitado por el destinatario.禄
Seis. Se modifica el apartado 1 del art铆culo 35, que queda redactado como sigue:
芦1. El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo controlar谩 el cumplimiento por los prestadores de servicios de la sociedad de la informaci贸n de las obligaciones establecidas en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo, en lo que se refiere a los servicios propios de la sociedad de la informaci贸n.
No obstante, las referencias a los 贸rganos competentes contenidas en los art铆culos 8, 10, 11, 15, 16, 17 y 38 se entender谩n hechas a los 贸rganos jurisdiccionales o administrativos que, en cada caso, lo sean en funci贸n de la materia.禄
Siete. El art铆culo 37 queda redactado como sigue:
芦Art铆culo 37. Responsables
Los prestadores de servicios de la sociedad de la informaci贸n est谩n sujetos al r茅gimen sancionador establecido en este t铆tulo cuando la presente Ley les sea de aplicaci贸n.
Cuando las infracciones previstas en el art铆culo 38.3 i) y 38.4 g) se deban a la instalaci贸n de dispositivos de almacenamiento y recuperaci贸n de la informaci贸n como consecuencia de la cesi贸n por parte del prestador del servicio de la sociedad de la informaci贸n de espacios propios para mostrar publicidad, ser谩 responsable de la infracci贸n, adem谩s del prestador del servicio de la sociedad de la informaci贸n, la red publicitaria o agente que gestione directamente con aquel la colocaci贸n de anuncios en dichos espacios en caso de no haber adoptado medidas para exigirle el cumplimiento de los deberes de informaci贸n y la obtenci贸n del consentimiento del usuario.禄
Ocho. El apartado 3 c) del art铆culo 38 queda redactado como sigue:
芦c) El env铆o masivo de comunicaciones comerciales por correo electr贸nico u otro medio de comunicaci贸n electr贸nica equivalente, o su env铆o insistente o sistem谩tico a un mismo destinatario del servicio cuando en dichos env铆os no se cumplan los requisitos establecidos en el art铆culo 21.禄
Nueve. El apartado 3 i) del art铆culo 38 queda redactado como sigue:
芦i) La reincidencia en la comisi贸n de la infracci贸n leve prevista en el apartado 4 g) cuando as铆 se hubiera declarado por resoluci贸n firme dictada en los tres a帽os inmediatamente anteriores a la apertura del procedimiento sancionador.禄
Diez. Se modifica el p谩rrafo g) del art铆culo 38.4, que queda redactado como sigue:
芦g) Utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperaci贸n de datos cuando no se hubiera facilitado la informaci贸n u obtenido el consentimiento del destinatario del servicio en los t茅rminos exigidos por el art铆culo 22.2.禄
Once. Se introduce un nuevo art铆culo 39 bis con el siguiente contenido:
芦Art铆culo 39 bis. Moderaci贸n de sanciones
1. El 贸rgano sancionador establecer谩 la cuant铆a de la sanci贸n aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se aprecie una cualificada disminuci贸n de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de varios de los criterios enunciados en el art铆culo 40.
b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situaci贸n irregular de forma diligente.
c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la comisi贸n de la infracci贸n.
d) Cuando el infractor haya reconocido espont谩neamente su culpabilidad.
e) Cuando se haya producido un proceso de fusi贸n por absorci贸n y la infracci贸n fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.
2. Los 贸rganos con competencia sancionadora, atendida la naturaleza de los hechos y la concurrencia significativa de los criterios establecidos en el apartado anterior, podr谩n acordar no iniciar la apertura del procedimiento sancionador y, en su lugar, apercibir al sujeto responsable, a fin de que en el plazo que el 贸rgano sancionador determine, acredite la adopci贸n de las medidas correctoras que, en cada caso, resulten pertinentes, siempre que concurran los siguientes presupuestos:
a) Que los hechos fuesen constitutivos de infracci贸n leve o grave conforme a lo dispuesto en esta Ley.
b) Que el 贸rgano competente no hubiese sancionado o apercibido con anterioridad al infractor como consecuencia de la comisi贸n de infracciones previstas en esta Ley.
Si el apercibimiento no fuera atendido en el plazo que el 贸rgano sancionador hubiera determinado, proceder谩 la apertura del correspondiente procedimiento sancionador por dicho incumplimiento.禄
Doce. Se modifica el art铆culo 40, que queda redactado como sigue:
芦Art铆culo 40. Graduaci贸n de la cuant铆a de las sanciones
La cuant铆a de las multas que se impongan se graduar谩 atendiendo a los siguientes criterios:
a) La existencia de intencionalidad.
b) Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracci贸n.
c) La reincidencia por comisi贸n de infracciones de la misma naturaleza, cuando as铆 haya sido declarado por resoluci贸n firme.
d) La naturaleza y cuant铆a de los perjuicios causados.
e) Los beneficios obtenidos por la infracci贸n.
f) Volumen de facturaci贸n a que afecte la infracci贸n cometida.
g) La adhesi贸n a un c贸digo de conducta o a un sistema de autorregulaci贸n publicitaria aplicable respecto a la infracci贸n cometida, que cumpla con lo dispuesto en el art铆culo 18 o en la disposici贸n final octava y que haya sido informado favorablemente por el 贸rgano u 贸rganos competentes.禄
Trece. Se modifica el art铆culo 43, que queda redactado como sigue:
芦1. La imposici贸n de sanciones por el incumplimiento de lo previsto en esta Ley corresponder谩, en el caso de infracciones muy graves, al Ministro de Industria, Energ铆a y Turismo, y en el de infracciones graves y leves, al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci贸n.
No obstante lo anterior, la imposici贸n de sanciones por incumplimiento de las resoluciones dictadas por los 贸rganos competentes en funci贸n de la materia o entidad de que se trate a que se refieren los p谩rrafos a) y b) del art铆culo 38.2 de esta Ley corresponder谩 al 贸rgano que dict贸 la resoluci贸n incumplida. Igualmente, corresponder谩 a la Agencia de Protecci贸n de Datos la imposici贸n de sanciones por la comisi贸n de las infracciones tipificadas en los art铆culos 38.3 c), d) e i) y 38.4 d), g) y h) de esta Ley.
2. La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercer谩 de conformidad con lo establecido al respecto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R茅gimen Jur铆dico de las Administraciones p煤blicas y del Procedimiento Administrativo Com煤n, y en sus normas de desarrollo. No obstante, el plazo m谩ximo de duraci贸n del procedimiento simplificado ser谩 de tres meses.禄
Catorce. Se introduce un apartado Cinco bis en la disposici贸n adicional sexta, que queda redactado de la siguiente forma:
芦Cinco bis. La autoridad de asignaci贸n suspender谩 cautelarmente o cancelar谩, de acuerdo con el correspondiente requerimiento judicial previo, los nombres de dominio mediante los cuales se est茅 cometiendo un delito o falta tipificado en el C贸digo Penal. Del mismo modo proceder谩 la autoridad de asignaci贸n cuando por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se le dirija requerimiento de suspensi贸n cautelar dictado como diligencia de prevenci贸n dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos.
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los art铆culos 8, 11 y concordantes de esta Ley, la autoridad administrativa o judicial competente como medida para obtener la interrupci贸n de la prestaci贸n de un servicio de la sociedad de la informaci贸n o la retirada de un contenido, podr谩 requerir a la autoridad de asignaci贸n para que suspenda cautelarmente o cancele un nombre de dominio.
De la misma forma se proceder谩 en los dem谩s supuestos previstos legalmente.
En los supuestos previstos en los dos p谩rrafos anteriores, s贸lo podr谩 ordenarse la suspensi贸n cautelar o la cancelaci贸n de un nombre de dominio cuando el prestador de servicios o persona responsable no hubiera atendido el requerimiento dictado para el cese de la actividad il铆cita.
En todos los casos en que la Constituci贸n, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los 贸rganos jurisdiccionales de forma excluyente para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, s贸lo la autoridad judicial competente podr谩 requerir la suspensi贸n cautelar o la cancelaci贸n. En particular, cuando dichas medidas afecten a los derechos y libertades de expresi贸n e informaci贸n y dem谩s amparados en los t茅rminos establecidos en el art铆culo 20 de la Constituci贸n solo podr谩n ser decididas por los 贸rganos jurisdiccionales competentes.
La suspensi贸n consistir谩 en la imposibilidad de utilizar el nombre de dominio a los efectos del direccionamiento en Internet y la prohibici贸n de modificar la titularidad y los datos registrales del mismo, si bien podr谩 a帽adir nuevos datos de contacto. El titular del nombre de dominio 煤nicamente podr谩 renovar el mismo o modificar la modalidad de renovaci贸n. La suspensi贸n cautelar se mantendr谩 hasta que sea levantada o bien, confirmada en una resoluci贸n definitiva que ordene la cancelaci贸n del nombre de dominio.
La cancelaci贸n tendr谩 los mismos efectos que la suspensi贸n hasta la expiraci贸n del per铆odo de registro y si el tiempo restante es inferior a un a帽o, por un a帽o adicional, transcurrido el cual el nombre de dominio podr谩 volver a asignarse.禄
Quince. Se introduce una nueva disposici贸n adicional octava con el siguiente contenido:
芦Disposici贸n adicional octava. Colaboraci贸n de los registros de nombres de dominio establecidos en Espa帽a en la lucha contra actividades il铆citas.
1. Los registros de nombres de dominio establecidos en Espa帽a estar谩n sujetos a lo establecido en el apartado Cinco bis de la disposici贸n adicional sexta, respecto de los nombres de dominio que asignen.
2. Las entidades de registro de nombres de dominio establecidas en Espa帽a estar谩n obligadas a facilitar los datos relativos a los titulares de los nombres de dominio que soliciten las autoridades p煤blicas para el ejercicio de sus competencias de inspecci贸n, control y sanci贸n cuando las infracciones administrativas que se persigan tengan relaci贸n directa con la actividad de una p谩gina de Internet identificada con los nombres de dominio que asignen.
Tales datos se facilitar谩n as铆 mismo, cuando sean necesarios para la investigaci贸n y mitigaci贸n de incidentes de ciberseguridad en los que est茅n involucrados equipos relacionados con un nombre de dominio de los encomendados a su gesti贸n. Dicha informaci贸n ser谩 proporcionada al 贸rgano, organismo o entidad que se determine legal o reglamentariamente.
En ambos supuestos, la solicitud deber谩 formularse mediante escrito motivado en el que se especificar谩n los datos requeridos y la necesidad y proporcionalidad de los datos solicitados para el fin que se persigue. Si los datos demandados son datos personales, su cesi贸n no precisar谩 el consentimiento de su titular.禄
Diecis茅is. Se introduce una disposici贸n adicional novena con el siguiente contenido:
芦Disposici贸n adicional novena. Gesti贸n de incidentes de ciberseguridad que afecten a la red de Internet.
1. Los prestadores de servicios de la Sociedad de la Informaci贸n, los registros de nombres de dominio y los agentes registradores que est茅n establecidos en Espa帽a est谩n obligados a prestar su colaboraci贸n con el CERT competente, en la resoluci贸n de incidentes de ciberseguridad que afecten a la red de Internet y actuar bajo las recomendaciones de seguridad indicadas o que sean establecidas en los c贸digos de conducta que de esta Ley se deriven.
Los 贸rganos, organismos p煤blicos o cualquier otra entidad del sector p煤blico que gestionen equipos de respuesta a incidentes de seguridad colaborar谩n con las autoridades competentes para la aportaci贸n de las evidencias t茅cnicas necesarias para la persecuci贸n de los delitos derivados de dichos incidentes de ciberseguridad.
2. Para el ejercicio de las funciones y obligaciones anteriores, los prestadores de servicios de la Sociedad de la informaci贸n, respetando el secreto de las comunicaciones, suministrar谩n la informaci贸n necesaria al CERT competente, y a las autoridades competentes, para la adecuada gesti贸n de los incidentes de ciberseguridad, incluyendo las direcciones IP que puedan hallarse comprometidas o implicadas en los mismos.
De la misma forma, los 贸rganos, organismos p煤blicos o cualquier otra entidad del sector p煤blico que gestionen equipos de respuesta a incidentes de seguridad podr谩n intercambiar informaci贸n asociada a incidentes de ciberseguridad con otros CERTs o autoridades competentes a nivel nacional e internacional, siempre que dicha informaci贸n sea necesaria para la prevenci贸n de incidentes en su 谩mbito de actuaci贸n.
3. El Gobierno pondr谩 en marcha, en el plazo de seis meses, un programa para impulsar un esquema de cooperaci贸n p煤blico-privada con el fin de identificar y mitigar los ataques e incidentes de ciberseguridad que afecten a la red de Internet en Espa帽a. Para ello, se elaborar谩n c贸digos de conducta en materia de ciberseguridad aplicables a los diferentes prestadores de servicios de la sociedad de la informaci贸n, y a los registros de nombres de dominio y agentes registradores establecidos en Espa帽a.
Los c贸digos de conducta determinar谩n el conjunto de normas, medidas y recomendaciones a implementar que permitan garantizar una gesti贸n eficiente y eficaz de dichos incidentes de ciberseguridad, el r茅gimen de colaboraci贸n y condiciones de adhesi贸n e implementaci贸n, as铆 como los procedimientos de an谩lisis y revisi贸n de las iniciativas resultantes.
La Secretar铆a de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci贸n coordinar谩 las actuaciones que se pongan en marcha derivadas de estos c贸digos de conducta.
4. Conforme a los c贸digos de conducta que se definan en particular, los prestadores de servicios de la sociedad de la informaci贸n deber谩n identificar a los usuarios afectados por los incidentes de ciberseguridad que les sean notificados por el CERT competente, e indicarles las acciones que deben llevar a cabo y que est谩n bajo su responsabilidad, as铆 como los tiempos de actuaci贸n. En todo caso, se les proporcionar谩 informaci贸n sobre los perjuicios que podr铆an sufrir u ocasionar a terceros si no colaboran en la resoluci贸n de los incidentes de ciberseguridad a que se refiere esta disposici贸n.
En el caso de que los usuarios no ejerciesen en el plazo recomendado su responsabilidad en cuanto a la desinfecci贸n o eliminaci贸n de los elementos causantes del incidente de ciberseguridad, los prestadores de servicios deber谩n, bajo requerimiento del CERT competente, aislar dicho equipo o servicio de la red, evitando as铆 efectos negativos a terceros hasta el cese de la actividad maliciosa.
El p谩rrafo anterior ser谩 de aplicaci贸n a cualquier equipo o servicio geolocalizado en Espa帽a o que est茅 operativo bajo un nombre de dominio 芦.es禄 u otros cuyo Registro est茅 establecido en Espa帽a.
5. Reglamentariamente se determinar谩 los 贸rganos, organismos p煤blicos o cualquier otra entidad del sector p煤blico que ejercer谩n las funciones de equipo de respuesta a incidentes de seguridad o CERT competente a los efectos de lo previsto en la presente disposici贸n.
6. La Secretar铆a de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci贸n garantizar谩 un intercambio fluido de informaci贸n con la Secretar铆a de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior sobre incidentes, amenazas y vulnerabilidades seg煤n lo contemplado en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la Protecci贸n de las Infraestructuras Cr铆ticas. En este sentido se establecer谩n mecanismos de coordinaci贸n entre ambos 贸rganos para garantizar la provisi贸n de una respuesta coordinada frente a incidentes en el marco de la presente Ley.禄
Tercera. Modificaci贸n de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenaci贸n de la Edificaci贸n
Se introduce la disposici贸n adicional octava en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenaci贸n de la Edificaci贸n, con el siguiente texto:
芦Disposici贸n adicional octava. Instalaci贸n de infraestructuras de red o estaciones radioel茅ctricas en edificaciones de dominio privado.
Las obras de instalaci贸n de infraestructuras de red o estaciones radioel茅ctricas en edificaciones de dominio privado no requerir谩n la obtenci贸n de licencia de obras o edificaci贸n ni otras autorizaciones, si bien, en todo caso el promotor de las mismas habr谩 de presentar ante la autoridad competente en materia de obras de edificaci贸n una declaraci贸n responsable donde conste que las obras se llevar谩n a cabo seg煤n un proyecto o una memoria t茅cnica suscritos por t茅cnico competente, seg煤n corresponda, justificativa del cumplimiento de los requisitos aplicables del C贸digo T茅cnico de la Edificaci贸n. Una vez ejecutadas y finalizadas las obras de instalaci贸n de las infraestructuras de las redes de comunicaciones electr贸nicas, el promotor deber谩 presentar ante la autoridad competente una comunicaci贸n de la finalizaci贸n de las obras y de que las mismas se han llevado a cabo seg煤n el proyecto t茅cnico o memoria t茅cnica.禄
Cuarta. Modificaci贸n de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservaci贸n de datos relativos a las comunicaciones electr贸nicas y a las redes p煤blicas de comunicaciones
La Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservaci贸n de datos relativos a las comunicaciones electr贸nicas y a las redes p煤blicas de comunicaciones, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el apartado 2 del art铆culo 6, que queda redactado en los siguientes t茅rminos:
芦2. La cesi贸n de la informaci贸n se efectuar谩 mediante formato electr贸nico 煤nicamente a los agentes facultados, y deber谩 limitarse a la informaci贸n que resulte imprescindible para la consecuci贸n de los fines se帽alados en el art铆culo 1.
A estos efectos, tendr谩n la consideraci贸n de agentes facultados:
a) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando desempe帽en funciones de polic铆a judicial, de acuerdo con lo previsto en el art铆culo 547 de la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
b) Los funcionarios de la Direcci贸n Adjunta de Vigilancia Aduanera, en el desarrollo de sus competencias como polic铆a judicial, de acuerdo con el apartado 1 del art铆culo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
c) El personal del Centro Nacional de Inteligencia en el curso de las investigaciones de seguridad sobre personas o entidades, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, y en la Ley Org谩nica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia.禄
Dos. Se modifica el apartado 3 del art铆culo 7, que queda redactado en los siguientes t茅rminos:
芦3. El plazo de ejecuci贸n de la orden de cesi贸n ser谩 el fijado por la resoluci贸n judicial, atendiendo a la urgencia de la cesi贸n y a los efectos de la investigaci贸n de que se trate, as铆 como a la naturaleza y complejidad t茅cnica de la operaci贸n.
Si no se establece otro plazo distinto, la cesi贸n deber谩 efectuarse dentro del plazo de 7 d铆as naturales contados a partir de las 8:00 horas del d铆a natural siguiente a aqu茅l en que el sujeto obligado reciba la orden.禄
Tres. Se modifica el art铆culo 10, que queda redactado en los siguientes t茅rminos:
芦Art铆culo 10. Infracciones y sanciones
1. Constituyen infracciones a lo previsto en la presente Ley las siguientes:
a) Es infracci贸n muy grave la no conservaci贸n en ning煤n momento de los datos a los que se refiere el art铆culo 3.
b) Son infracciones graves:
i) La no conservaci贸n reiterada o sistem谩tica de los datos a los que se refiere el art铆culo 3.
ii) La conservaci贸n de los datos por un per铆odo inferior al establecido en el art铆culo 5.
iii) El incumplimiento deliberado de las obligaciones de protecci贸n y seguridad de los datos establecidas en el art铆culo 8.
c) Son infracciones leves:
i) La no conservaci贸n de los datos a los que se refiere el art铆culo 3 cuando no se califique como infracci贸n muy grave o grave.
ii) El incumplimiento de las obligaciones de protecci贸n y seguridad de los datos establecidas en el art铆culo 8, cuando no se califique como infracci贸n grave.
2. A las infracciones previstas en el apartado anterior, a excepci贸n de las indicadas en los apartados 1.b).iii y 1.c).ii de este art铆culo, les ser谩 de aplicaci贸n el r茅gimen sancionador establecido en la Ley General de Telecomunicaciones, correspondiendo la competencia sancionadora al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci贸n, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran derivar del incumplimiento de la obligaci贸n de cesi贸n de datos a los agentes facultados.
El procedimiento para sancionar las citadas infracciones se iniciar谩 por acuerdo del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci贸n, pudiendo el Ministerio del Interior instar dicho inicio.
En todo caso, se deber谩 recabar del Ministerio del Interior informe preceptivo y determinante para la resoluci贸n del procedimiento sancionador.
3. A las infracciones previstas en los apartados 1.b).iii y 1.c).ii de este art铆culo les ser谩 de aplicaci贸n el r茅gimen sancionador establecido en la Ley General de Telecomunicaciones, correspondiendo la competencia sancionadora a la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos.禄
Cuatro. Se modifica el apartado 5 de la disposici贸n adicional 煤nica, que queda redactado en los siguientes t茅rminos:
芦Constituyen infracciones a lo previsto en la presente disposici贸n, adem谩s de la previstas en el art铆culo 10, las siguientes:
a) Es infracci贸n muy grave el incumplimiento de la llevanza del libro-registro referido.
b) Son infracciones graves la llevanza reiterada o sistem谩ticamente incompleta de dicho libro-registro as铆 como el incumplimiento deliberado de la cesi贸n y entrega de los datos a las personas y en los casos previstos en esta disposici贸n.
c) Son infracciones leves la llevanza incompleta del libro-registro o el incumplimiento de la cesi贸n y entrega de los datos a las personas y en los casos previstos en esta disposici贸n cuando no se califiquen como infracciones muy graves o graves.禄
Quinta. Modificaci贸n del real decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaci贸n
Se modifica el apartado 1 del art铆culo 3 del real decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaci贸n, que queda redactado en los siguientes t茅rminos:
芦1. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, no se conceder谩 autorizaci贸n para la construcci贸n o rehabilitaci贸n integral de ning煤n edificio de los referidos en el art铆culo 2, si al correspondiente proyecto arquitect贸nico no se une el que prevea la instalaci贸n de una infraestructura com煤n propia. Esta infraestructura deber谩 reunir las condiciones t茅cnicas adecuadas para cumplir, al menos, las funciones indicadas en el art铆culo 1.2 de este real decreto-ley, sin perjuicio de los que se determine en las normas que, en cada momento, se dicten en su desarrollo.
La instalaci贸n de la infraestructura regulada en este real decreto-ley debe contar con el correspondiente proyecto t茅cnico, firmado por quien est茅 en posesi贸n de un t铆tulo universitario oficial de ingeniero, ingeniero t茅cnico, m谩ster o grado que tenga competencias sobre la materia en raz贸n del plan de estudios de la respectiva titulaci贸n.
Mediante real decreto se determinar谩 el contenido m铆nimo que debe tener dicho proyecto t茅cnico.禄
Sexta. Modificaci贸n de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electr贸nica
El art铆culo 8.2 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electr贸nica, queda redactado como sigue:
芦2. El per铆odo de validez de los certificados electr贸nicos ser谩 adecuado a las caracter铆sticas y tecnolog铆a empleada para generar los datos de creaci贸n de firma. En el caso de los certificados reconocidos este per铆odo no podr谩 ser superior a cinco a帽os.禄
S茅ptima. Modificaci贸n de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicaci贸n Audiovisual
La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicaci贸n Audiovisual, se modifica como sigue:
Uno. Se modifica el primer p谩rrafo del apartado 2 del art铆culo 5 que queda redactado del siguiente modo:
芦2. Para la efectividad de este derecho, los prestadores del servicio de comunicaci贸n televisiva de cobertura estatal o auton贸mica deben reservar a obras europeas el 51 por ciento del tiempo de emisi贸n anual de su programaci贸n. A su vez, el 50 por ciento de esa cuota queda reservado para obras europeas en cualquiera de las lenguas espa帽olas. En todo caso, el 10 por ciento del tiempo de emisi贸n estar谩 reservado a obras europeas de productores independientes del prestador de servicio y la mitad de ese 10 por ciento debe haber sido producida en los 煤ltimos cinco a帽os. El tiempo de emisi贸n a que se refiere este n煤mero se computar谩 con exclusi贸n del dedicado a informaciones, manifestaciones deportivas, juegos, publicidad, servicios de teletexto y televenta.禄
Dos. Se modifica el art铆culo 17 que queda redactado del siguiente modo:
芦1. Los prestadores del servicio de comunicaci贸n audiovisual tienen el derecho a realizar a cambio de contraprestaci贸n emplazamiento de productos en largometrajes, cortometrajes, documentales, pel铆culas y series de televisi贸n, programas deportivos y programas de entretenimiento.
En los casos en que no se produzca pago alguno, sino 煤nicamente el suministro gratuito de determinados bienes o servicios, tales como ayudas materiales a la producci贸n o premios, con miras a su inclusi贸n en un programa, 煤nicamente constituir谩 emplazamiento de producto y por tanto estar谩 permitido, siempre que estos bienes o servicios tengan un valor significativo.
2. Cuando el programa haya sido producido o encargado por el prestador del servicio o una de sus filiales, el p煤blico debe ser claramente informado del emplazamiento del producto al principio y al final del programa, y cuando se reanude tras una pausa publicitaria.
3. El emplazamiento no puede condicionar la responsabilidad ni la independencia editorial del prestador del servicio de comunicaci贸n audiovisual. Tampoco puede incitar directamente la compra o arrendamientos de bienes o servicios, realizar promociones concretas de 茅stos o dar prominencia indebida al producto.
4. Queda prohibido el emplazamiento de producto en la programaci贸n infantil禄.
Tres. Se modifica el art铆culo 38 que queda redactado del siguiente modo:
芦Art铆culo 38. Libertad de recepci贸n de los servicios prestados dentro de la Uni贸n Europea
1. Se garantiza la libertad de recepci贸n en todo el territorio espa帽ol de los servicios audiovisuales cuyos titulares se encuentren establecidos en un Estado miembro de la Uni贸n Europea, siempre que no interfieran t茅cnicamente en las emisiones de los prestadores establecidos bajo jurisdicci贸n espa帽ola. En el 谩mbito del Convenio Europeo sobre Televisi贸n Transfronteriza y para canalizar el derecho a la diversidad cultural y ling眉铆stica a nivel europeo, en todas las zonas lim铆trofes con un pa铆s de la Uni贸n Europea se posibilitar谩 la emisi贸n y la recepci贸n de programas difundidos mediante ondas hertzianas garantizando para ello una adecuada planificaci贸n del espectro radioel茅ctrico en las zonas transfronterizas.
2. La autoridad audiovisual competente estatal, con car谩cter excepcional y de conformidad con lo dispuesto en el art铆culo 3 de la Directiva 2010/13, podr谩 limitar dicha libertad de recepci贸n cuando los servicios audiovisuales televisivos procedentes de un Estado miembro de la Uni贸n Europea infrinjan de manera grave y reiterada lo dispuesto en la legislaci贸n espa帽ola en materia de protecci贸n de menores o contengan incitaciones al odio por raz贸n de raza, sexo, religi贸n o nacionalidad, siempre que esos servicios hubieran incurrido en las conductas anteriores al menos dos veces en los doce meses inmediatamente anteriores.
La autoridad audiovisual, en estos casos, y antes de adoptar las medidas de limitaci贸n, deber谩 notificar al titular de los servicios audiovisuales y a la Comisi贸n Europea las infracciones alegadas y las medidas que tiene intenci贸n de adoptar en caso de que se produzca de nuevo dicha infracci贸n e iniciar谩 consultas con 茅sta 煤ltima y con el Estado miembro en el que el titular de los servicios audiovisuales est茅 establecido a fin de llegar a un arreglo amistoso.
Si las consultas con los sujetos mencionados en el apartado anterior no hubieran resultado en acuerdo y persistieran las infracciones, en un plazo de quince d铆as a partir de la notificaci贸n de las mismas, podr谩n adoptarse las medidas previstas en el primer p谩rrafo de este n煤mero.
En caso de decisi贸n negativa por parte de la Comisi贸n, se deber谩 poner fin urgentemente a las medidas de que se trate.
3. Adem谩s, si el servicio de comunicaci贸n audiovisual es a petici贸n, la libertad de recepci贸n podr谩 limitarse de forma proporcionada por razones de orden p煤blico, seguridad p煤blica, protecci贸n de la salud p煤blica, o para proteger a los consumidores e inversores. En este caso, antes de adoptar las medidas, la autoridad audiovisual deber谩 solicitar al Estado miembro de la Uni贸n Europea a cuya jurisdicci贸n est茅 sujeto el prestador de servicios a petici贸n, que tome medidas y notificar, caso de que este 煤ltimo no las haya tomado, o no hayan sido suficientes, a la Comisi贸n Europea y al Estado miembro se帽alado su intenci贸n de adoptarlas.
En casos de urgencia, la autoridad audiovisual podr谩 adoptar estas medidas notificando las mismas a la mayor brevedad a la Comisi贸n Europea y al Estado miembro a cuya jurisdicci贸n est茅 sujeto el prestador de servicios, indicando las razones de la urgencia.
En caso de decisi贸n negativa por parte de la Comisi贸n, la autoridad audiovisual deber谩 de abstenerse de adoptar las medidas propuestas o, en su caso, deber谩 poner fin urgentemente a las medidas de que se trate.
4. La acreditaci贸n de las medidas referidas en los dos n煤meros anteriores deber谩 efectuarse mediante la instrucci贸n del correspondiente expediente por la autoridad audiovisual competente estatal.禄
Cuatro. Se modifica el art铆culo 39 que queda redactado del siguiente modo:
芦1. La autoridad competente estatal de conformidad con lo dispuesto en el art铆culo 4 de la Directiva 2010/13 podr谩 adoptar medidas de salvaguarda de la legislaci贸n espa帽ola, de acuerdo con el procedimiento previsto en este art铆culo cuando el prestador de un servicio de comunicaci贸n audiovisual televisivo establecido en otro Estado miembro de la Uni贸n Europea dirija su servicio total o principalmente al territorio espa帽ol y se hubiera establecido en ese Estado miembro para eludir las normas espa帽olas m谩s estrictas.
En este caso, la autoridad competente estatal podr谩 ponerse, mediante petici贸n debidamente motivada en contacto con el otro Estado miembro mencionado para lograr una soluci贸n de los problemas planteados que resulte mutuamente satisfactoria.
2. Si en el plazo de dos meses desde la petici贸n no se alcanzase una soluci贸n satisfactoria, la autoridad competente estatal podr谩 adoptar las medidas previstas en el n煤mero uno de este art铆culo siempre que sean objetivamente necesarias y se apliquen de manera no discriminatoria y proporcionadas a los objetivos que se persiguen.
3. Con car谩cter previo a la adopci贸n de las citadas medidas, la autoridad audiovisual deber谩 notificar a la Comisi贸n Europea y al Estado miembro en el que se encuentre establecido el prestador del servicio de comunicaci贸n audiovisual televisivo, el proyecto de medidas a aplicar, al que se acompa帽ar谩 la justificaci贸n correspondiente. El proyecto de medida deber谩 ser aprobado por la Comisi贸n Europea y en caso de decisi贸n negativa por parte de 茅sta, la autoridad audiovisual se abstendr谩 de adoptar las medidas propuestas.禄
Octava. Regulaci贸n de las condiciones en que los 贸rganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal permitir谩n la ocupaci贸n del dominio p煤blico que gestionan y de la propiedad privada de que son titulares
A los efectos de lo previsto en los art铆culos 29 y 30 de la presente Ley, mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo y del Ministerio de Fomento, se determinar谩n las condiciones en que los 贸rganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal deben permitir el ejercicio del derecho de ocupaci贸n del dominio p煤blico que gestionan y de la propiedad privada de que son titulares, por los operadores de redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas bajo los principios del acceso efectivo a dichos bienes, la reducci贸n de cargas, y la simplificaci贸n administrativa, en condiciones equitativas, no discriminatorias, objetivas y neutrales.
Novena. Fundamento constitucional
Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva estatal en materia de telecomunicaciones, prevista en el art铆culo 149.1.21.陋 de la Constituci贸n. Asimismo, las disposiciones de la Ley dirigidas a garantizar la unidad de mercado en el sector de las telecomunicaciones, se dictan al amparo del art铆culo 149.1.1.陋 de la Constituci贸n, sobre regulaci贸n de las condiciones b谩sicas que garanticen la igualdad de todos los espa帽oles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y del art铆culo 149.1.13.陋 de la Constituci贸n, sobre bases y coordinaci贸n de la planificaci贸n general de la actividad econ贸mica.
D茅cima. Competencias de desarrollo
El Gobierno y el Ministro de Industria, Energ铆a y Turismo, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el 谩mbito de sus respectivas competencias, podr谩n dictar las normas reglamentarias que requieran el desarrollo y la aplicaci贸n de esta Ley.
Und茅cima. Entrada en vigor
La presente Ley entrar谩 en vigor el d铆a siguiente al de su publicaci贸n en el 芦Bolet铆n Oficial del Estado禄.
ANEXO I-Tasas en materia de telecomunicaciones
1. Tasa general de operadores
1. Sin perjuicio de la contribuci贸n econ贸mica que pueda imponerse a los operadores para la financiaci贸n del servicio universal, de acuerdo con lo establecido en el art铆culo 25 y en el T铆tulo III, todo operador estar谩 obligado a satisfacer una tasa anual que no podr谩 exceder el 1 por mil de sus ingresos brutos de explotaci贸n y que estar谩 destinada a sufragar los gastos que se generen, incluidos los de gesti贸n, control y ejecuci贸n, por la aplicaci贸n del r茅gimen jur铆dico establecido en esta Ley, por las autoridades nacionales de reglamentaci贸n a que se refiere el art铆culo 68. En concreto, los gastos a sufragar ser谩n los gastos de personal y gastos corrientes en que incurran los 贸rganos directivos de los Departamentos Ministeriales y la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de sus funciones directamente relacionadas con la aplicaci贸n del r茅gimen jur铆dico establecido en esta Ley como Autoridad Nacional de Reglamentaci贸n de Telecomunicaciones.
A efectos de lo se帽alado en el p谩rrafo anterior, se entiende por ingresos brutos el conjunto de ingresos que obtenga el operador derivados de la explotaci贸n de las redes y la prestaci贸n de los servicios de comunicaciones electr贸nicas incluidos en el 谩mbito de aplicaci贸n de esta Ley. A tales efectos, no se considerar谩n como ingresos brutos los correspondientes a servicios prestados por un operador cuyo importe recaude de los usuarios con el fin de remunerar los servicios de operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electr贸nicas.
2. La tasa se devengar谩 el 31 de diciembre de cada a帽o. No obstante, si por causa imputable al operador, 茅ste perdiera la habilitaci贸n para actuar como tal en fecha anterior al 31 de diciembre, la tasa se devengar谩 en la fecha en que esta circunstancia se produzca.
3. El importe de esta tasa anual no podr谩 exceder de los gastos que se generen, incluidos los de gesti贸n, control y ejecuci贸n, por la aplicaci贸n del r茅gimen jur铆dico establecido en esta Ley, anteriormente referidos.
A tal efecto, el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo har谩 p煤blico antes del 30 de abril de cada a帽o una memoria que contenga los gastos en que han incurrido en el ejercicio anterior las autoridades nacionales de reglamentaci贸n a que se refiere el art铆culo 68 por la aplicaci贸n del r茅gimen jur铆dico establecido en esta Ley.
La memoria contemplar谩, de forma separada, los gastos en los que haya incurrido la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia por la aplicaci贸n del r茅gimen jur铆dico establecido en esta Ley, que servir谩n de base para fijar la asignaci贸n anual de la Comisi贸n con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y garantizar la suficiencia de recursos financieros de la Comisi贸n para la aplicaci贸n de esta Ley.
El importe de la tasa resultar谩 de aplicar al importe de los gastos en que han incurrido en el ejercicio anterior las autoridades nacionales de reglamentaci贸n a que se refiere el art铆culo 68 por la aplicaci贸n del r茅gimen jur铆dico establecido en esta Ley y que figura en la citada memoria, el porcentaje que individualmente representan los ingresos brutos de explotaci贸n de cada uno de los operadores de telecomunicaciones en el ejercicio anterior sobre el total de los ingresos brutos de explotaci贸n obtenidos en ese mismo ejercicio por los operadores de telecomunicaciones.
Mediante real decreto se determinar谩 el sistema para calcular los gastos en que han incurrido las autoridades nacionales de reglamentaci贸n a que se refiere el art铆culo 68 por la aplicaci贸n del r茅gimen jur铆dico establecido en esta Ley, el sistema de gesti贸n para la liquidaci贸n de esta tasa y los plazos y requisitos que los operadores de telecomunicaciones deben cumplir para declarar al Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo el importe de sus ingresos brutos de explotaci贸n con el objeto de que 茅ste calcule el importe de la tasa que corresponde satisfacer a cada uno de los operadores de telecomunicaciones.
Si la referida declaraci贸n no se presentase en plazo, se formular谩 al sujeto pasivo requerimiento notificado con car谩cter fehaciente, a fin de que en el plazo de 10 d铆as presente la declaraci贸n. Si no lo hiciera, el 贸rgano gestor le girar谩 una liquidaci贸n provisional sobre los ingresos brutos de la explotaci贸n determinados en r茅gimen de estimaci贸n indirecta, conforme a lo dispuesto en el art铆culo 53 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, incluyendo, el importe de la sanci贸n y los intereses de demora que procedan. Respecto de la imposici贸n de la sanci贸n se estar谩 a lo dispuesto en la citada Ley General Tributaria.
Precepto modificado por Ley 6/2018, de 3 de julio, con entrada en vigor a partir del 5-7-2018
Efecto: desde 05-07-2018 y vigencia indefinida
路 Modificado ep铆grafe 1 del apartado 1 del Anexo I
Redacci贸n hasta el 5-7-2018
1. Sin perjuicio de la contribuci贸n econ贸mica que pueda imponerse a los operadores para la financiaci贸n del servicio universal, de acuerdo con lo establecido en el art铆culo 25 y en el T铆tulo III, todo operador estar谩 obligado a satisfacer una tasa anual que no podr谩 exceder el 1,5 por mil de sus ingresos brutos de explotaci贸n y que estar谩 destinada a sufragar los gastos que se generen, incluidos los de gesti贸n, control y ejecuci贸n, por la aplicaci贸n del r茅gimen jur铆dico establecido en esta Ley, por las autoridades nacionales de reglamentaci贸n a que se refiere el art铆culo 68.
A efectos de lo se帽alado en el p谩rrafo anterior, se entiende por ingresos brutos el conjunto de ingresos que obtenga el operador derivados de la explotaci贸n de las redes y la prestaci贸n de los servicios de comunicaciones electr贸nicas incluidos en el 谩mbito de aplicaci贸n de esta Ley. A tales efectos, no se considerar谩n como ingresos brutos los correspondientes a servicios prestados por un operador cuyo importe recaude de los usuarios con el fin de remunerar los servicios de operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electr贸nicas.
2. La tasa se devengar谩 el 31 de diciembre de cada a帽o. No obstante, si por causa imputable al operador, 茅ste perdiera la habilitaci贸n para actuar como tal en fecha anterior al 31 de diciembre, la tasa se devengar谩 en la fecha en que esta circunstancia se produzca.
3. El importe de esta tasa anual no podr谩 exceder de los gastos que se generen, incluidos los de gesti贸n, control y ejecuci贸n, por la aplicaci贸n del r茅gimen jur铆dico establecido en esta Ley, anteriormente referidos.
A tal efecto, el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo har谩 p煤blico antes del 30 de abril de cada a帽o una memoria que contenga los gastos en que han incurrido en el ejercicio anterior las autoridades nacionales de reglamentaci贸n a que se refiere el art铆culo 68 por la aplicaci贸n del r茅gimen jur铆dico establecido en esta Ley.
La memoria contemplar谩, de forma separada, los gastos en los que haya incurrido la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia por la aplicaci贸n del r茅gimen jur铆dico establecido en esta Ley, que servir谩n de base para fijar la asignaci贸n anual de la Comisi贸n con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y garantizar la suficiencia de recursos financieros de la Comisi贸n para la aplicaci贸n de esta Ley.
El importe de la tasa resultar谩 de aplicar al importe de los gastos en que han incurrido en el ejercicio anterior las autoridades nacionales de reglamentaci贸n a que se refiere el art铆culo 68 por la aplicaci贸n del r茅gimen jur铆dico establecido en esta Ley y que figura en la citada memoria, el porcentaje que individualmente representan los ingresos brutos de explotaci贸n de cada uno de los operadores de telecomunicaciones en el ejercicio anterior sobre el total de los ingresos brutos de explotaci贸n obtenidos en ese mismo ejercicio por los operadores de telecomunicaciones.
Mediante real decreto se determinar谩 el sistema para calcular los gastos en que han incurrido las autoridades nacionales de reglamentaci贸n a que se refiere el art铆culo 68 por la aplicaci贸n del r茅gimen jur铆dico establecido en esta Ley, el sistema de gesti贸n para la liquidaci贸n de esta tasa y los plazos y requisitos que los operadores de telecomunicaciones deben cumplir para declarar al Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo el importe de sus ingresos brutos de explotaci贸n con el objeto de que 茅ste calcule el importe de la tasa que corresponde satisfacer a cada uno de los operadores de telecomunicaciones.
Si la referida declaraci贸n no se presentase en plazo, se formular谩 al sujeto pasivo requerimiento notificado con car谩cter fehaciente, a fin de que en el plazo de 10 d铆as presente la declaraci贸n. Si no lo hiciera, el 贸rgano gestor le girar谩 una liquidaci贸n provisional sobre los ingresos brutos de la explotaci贸n determinados en r茅gimen de estimaci贸n indirecta, conforme a lo dispuesto en el art铆culo 53 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, incluyendo, el importe de la sanci贸n y los intereses de demora que procedan. Respecto de la imposici贸n de la sanci贸n se estar谩 a lo dispuesto en la citada Ley General Tributaria.
2. Tasas por numeraci贸n, direccionamiento y denominaci贸n
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3. Tasa por reserva del dominio p煤blico radioel茅ctrico
1. La reserva para uso privativo o para uso especial por operadores de cualquier frecuencia del dominio p煤blico radioel茅ctrico a favor de una o varias personas o entidades se gravar谩 con una tasa anual, en los t茅rminos que se establecen en este apartado.
Para la fijaci贸n del importe a satisfacer en concepto de esta tasa por los sujetos obligados, se tendr谩 en cuenta el valor de mercado del uso de la frecuencia reservada y la rentabilidad que de 茅l pudiera obtener el beneficiario.
Para la determinaci贸n del citado valor de mercado y de la posible rentabilidad obtenida por el beneficiario de la reserva se tomar谩n en consideraci贸n, entre otros, los siguientes par谩metros:
a) El grado de utilizaci贸n y congesti贸n de las distintas bandas y en las distintas zonas geogr谩ficas.
b) El tipo de servicio para el que se pretende utilizar la reserva y, en particular, si 茅ste lleva aparejadas las obligaciones de servicio p煤blico recogidas en el T铆tulo III.
c) La banda o sub-banda del espectro que se reserve.
d) Los equipos y tecnolog铆a que se empleen.
e) El valor econ贸mico derivado del uso o aprovechamiento del dominio p煤blico reservado.
2. El importe a satisfacer en concepto de esta tasa ser谩 el resultado de multiplicar la cantidad de unidades de reserva radioel茅ctrica del dominio p煤blico reservado por el valor en euros que se asigne a la unidad. En los territorios insulares, la superficie a aplicar para el c谩lculo de las unidades radioel茅ctricas que se utilicen para la determinaci贸n de la tasa correspondiente se calcular谩 excluyendo la cobertura no solicitada que se extienda sobre la zona mar铆tima. A los efectos de lo dispuesto en este apartado, se entiende por unidad de reserva radioel茅ctrica un patr贸n convencional de medida, referido a la ocupaci贸n potencial o real, durante el per铆odo de un a帽o, de un ancho de banda de un kilohercio sobre un territorio de un kil贸metro cuadrado.
3. La cuantificaci贸n de los par谩metros anteriores se determinar谩 por Ley de Presupuestos Generales del Estado. La reducci贸n del par谩metro indicado en el p谩rrafo b) del ep铆grafe 1 de este apartado de la tasa por reserva de dominio p煤blico radioel茅ctrico, que se determinar谩 en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ser谩 de hasta el 75 por 100 del valor de dicho coeficiente para las redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas que lleven aparejadas obligaciones de servicio p煤blico de los art铆culos 25 y 28, apartados 1 y 2, de esta Ley, o para el dominio p煤blico destinado a la prestaci贸n de servicios p煤blicos en gesti贸n directa o indirecta mediante concesi贸n administrativa.
Asimismo, en la Ley a que se refiere el p谩rrafo anterior se fijar谩:
a) La f贸rmula para el c谩lculo del n煤mero de unidades de reserva radioel茅ctrica de los distintos servicios radioel茅ctricos.
b) Los tipos de servicios radioel茅ctricos.
c) El importe m铆nimo a ingresar en concepto de tasa por reserva del dominio p煤blico radioel茅ctrico.
4. El pago de la tasa deber谩 realizarse por el titular de la reserva de dominio p煤blico radioel茅ctrico. Las estaciones meramente receptoras que no dispongan de reserva radioel茅ctrica estar谩n excluidas del pago de la tasa. El importe de la exacci贸n ser谩 ingresado en el Tesoro P煤blico.
5. El importe de la tasa habr谩 de ser satisfecho anualmente. Se devengar谩 inicialmente el d铆a del otorgamiento del t铆tulo habilitante para el uso del demanio y, posteriormente, el d铆a 1 de enero de cada a帽o.
6. El procedimiento de exacci贸n se establecer谩 mediante real decreto. El impago del importe de la tasa podr谩 motivar la suspensi贸n o la p茅rdida del derecho a la ocupaci贸n del dominio p煤blico radioel茅ctrico, salvo cuando, en el procedimiento de impugnaci贸n en v铆a administrativa o contencioso-administrativa interpuesto contra la liquidaci贸n de la tasa, se hubiese acordado la suspensi贸n del pago.
7. Las administraciones p煤blicas estar谩n exentas del pago de esta tasa en los supuestos de reserva de dominio p煤blico radioel茅ctrico para la prestaci贸n de servicios obligatorios de inter茅s general que tenga exclusivamente por objeto la defensa nacional, la seguridad p煤blica y las emergencias, as铆 como cualesquiera otros servicios obligatorios de inter茅s general sin contrapartida econ贸mica directa o indirecta, como tasas, precios p煤blicos o privados, ni otros ingresos derivados de dicha prestaci贸n, tales como los ingresos en concepto de publicidad. A tal efecto, deber谩n solicitar, fundamentadamente, dicha exenci贸n al Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo. Asimismo, no estar谩n sujetos al pago los enlaces descendentes de radiodifusi贸n por sat茅lite, tanto sonora como de televisi贸n.
Nota
T茅ngase en cuenta para el c谩lculo de la tasa lo establecido en el art铆culo 87 de la Ley 6/2018, de 3 de julio (SP/LEG/24394).
T茅ngase en cuenta el art铆culo 75 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre de 2015 (SP/LEG/18647) para calcular la tasa.
4. Tasas de telecomunicaciones
1. La gesti贸n precisa para el otorgamiento de determinadas concesiones y autorizaciones, inscripciones registrales, emisi贸n de certificaciones, realizaci贸n de actuaciones obligatorias de inspecci贸n, emisi贸n de dict谩menes t茅cnicos y la realizaci贸n de ex谩menes dar谩n derecho a la exacci贸n de las tasas compensatorias del coste de los tr谩mites y actuaciones necesarias, con arreglo a lo que se dispone en los p谩rrafos siguientes.
2. Constituye el hecho imponible de la tasa la gesti贸n precisa por la Administraci贸n para la emisi贸n de certificaciones registrales; para la presentaci贸n de proyecto t茅cnico de infraestructuras com煤n de telecomunicaciones y del certificado o bolet铆n de instalaci贸n que ampara las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de edificios; de cumplimiento de las especificaciones t茅cnicas de equipos y aparatos de telecomunicaciones; as铆 como la emisi贸n de dict谩menes t茅cnicos de evaluaci贸n de la conformidad de estos equipos y aparatos; las inscripciones en el registro de empresas instaladoras de telecomunicaci贸n; las actuaciones inspectoras o de comprobaci贸n t茅cnica que, con car谩cter obligatorio, vengan establecidas en esta Ley o en otras disposiciones con rango legal o la presentaci贸n de certificaciones expedidas por t茅cnico competente sustitutivas de dichas actuaciones inspectoras o de comprobaci贸n; la tramitaci贸n de concesiones demaniales para el uso privativo del dominio p煤blico radioel茅ctrico y la tramitaci贸n de autorizaciones generales o individuales de uso especial de dicho dominio y la realizaci贸n de los ex谩menes de capacitaci贸n para operar estaciones de radioaficionado.
3. Ser谩n sujetos pasivos de la tasa, seg煤n los supuestos, la persona natural o jur铆dica que solicite la correspondiente certificaci贸n o dictamen t茅cnico de evaluaci贸n; que presente al registro de empresas instaladoras de telecomunicaci贸n la correspondiente declaraci贸n responsable; que solicite una certificaci贸n de presentaci贸n del proyecto t茅cnico de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, el acta de replanteo, el bolet铆n de instalaci贸n y el protocolo de pruebas y, en su caso, el certificado de fin de obras y los anexos; aqu茅lla a la que proceda practicar las actuaciones inspectoras de car谩cter obligatorio o solicite la tramitaci贸n o concesiones demaniales para el uso privativo del dominio p煤blico radioel茅ctrico o la tramitaci贸n de autorizaciones, generales o individuales, de uso especial del dominio p煤blico radioel茅ctrico; la que se presente a los ex谩menes para la obtenci贸n del t铆tulo de operador de estaciones de aficionado, as铆 como la que presente certificaciones expedidas por t茅cnico competente sustitutivas de actuaciones inspectoras o de comprobaci贸n de car谩cter obligatorio.
4. La cuant铆a de la tasa se establecer谩 en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La tasa se devengar谩 en el momento de la solicitud correspondiente. El rendimiento de la tasa se ingresar谩 en el Tesoro P煤blico. Mediante real decreto se establecer谩 la forma de liquidaci贸n de la tasa.
La realizaci贸n de pruebas o ensayos para comprobar el cumplimiento de especificaciones t茅cnicas tendr谩 la consideraci贸n de precio p煤blico cuando aqu茅llas puedan efectuarse por el interesado, opcionalmente, en centros dependientes de la Administraci贸n de cualquier Estado miembro de la Uni贸n Europea, de la Administraci贸n espa帽ola o en centros privados o ajenos a aqu茅llas, cuando dichas pruebas sean solicitadas por el interesado voluntariamente sin que venga obligado a ello por la normativa en vigor.
5. Estar谩n exentos del pago de la tasa de tramitaci贸n de autorizaciones individuales de uso especial de dominio p煤blico radioel茅ctrico aquellos solicitantes de dichas autorizaciones que cumplan 65 a帽os en el a帽o en que efect煤en la solicitud, o que los hayan cumplido con anterioridad, as铆 como los beneficiarios de una pensi贸n p煤blica o que tengan reconocido un grado de minusval铆a igual o superior al 33 por 100.
5. Gesti贸n y recaudaci贸n en per铆odo voluntario de las tasas
El Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo gestionar谩 y recaudar谩 en per铆odo voluntario las tasas de este anexo.
ANEXO II-Definiciones
1. Abonado: cualquier persona f铆sica o jur铆dica que haya celebrado un contrato con un proveedor de servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles para el p煤blico para la prestaci贸n de dichos servicios.
2. Acceso: la puesta a disposici贸n de otro operador, en condiciones definidas y sobre una base exclusiva o no exclusiva, de recursos o servicios con fines de prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas, incluyendo cuando se utilicen para el suministro de servicios de la sociedad de informaci贸n o de servicios de contenidos de radiodifusi贸n. Este t茅rmino abarca, entre otros aspectos, los siguientes: el acceso a elementos de redes y recursos asociados que pueden requerir la conexi贸n de equipos por medios fijos y no fijos (en particular, esto incluye el acceso al bucle local y a recursos y servicios necesarios para facilitar servicios a trav茅s del bucle local); el acceso a infraestructuras f铆sicas, como edificios, conductos y m谩stiles; el acceso a sistemas inform谩ticos pertinentes, incluidos los sistemas de apoyo operativos; el acceso a sistemas de informaci贸n o bases de datos para prepedidos, suministros, pedidos, solicitudes de mantenimiento y reparaci贸n, y facturaci贸n; el acceso a la conversi贸n del n煤mero de llamada o a sistemas con una funcionalidad equivalente; el acceso a redes fijas y m贸viles, en particular con fines de itinerancia; el acceso a sistemas de acceso condicional para servicios de televisi贸n digital; as铆 como el acceso a servicios de red privada virtual.
3. Agente econ贸mico: el fabricante, el representante autorizado, el importador y el distribuidor de equipos y aparatos de telecomunicaci贸n.
a) Distribuidor: toda persona f铆sica o jur铆dica de la cadena de suministro distinta del fabricante o el importador que comercializa un producto.
b) Fabricante: toda persona f铆sica o jur铆dica que fabrica un producto, o que manda dise帽ar o fabricar un producto y lo comercializa con su nombre o marca comercial.
c) Importador: toda persona f铆sica o jur铆dica establecida en la Uni贸n Europea que introduce un producto de un tercer pa铆s en el mercado comunitario.
d) Representante autorizado: toda persona f铆sica o jur铆dica establecida en la Uni贸n Europea que ha recibido un mandato por escrito de un fabricante para actuar en su nombre en relaci贸n con tareas espec铆ficas relativas a obligaciones de 茅ste 煤ltimo en virtud de la legislaci贸n comunitaria correspondiente.
4. Atribuci贸n de frecuencias: la designaci贸n de una banda de frecuencias para su uso por uno o m谩s tipos de servicios de radiocomunicaci贸n, cuando proceda, en las condiciones que se especifiquen.
5. Asignaci贸n de frecuencias: Autorizaci贸n administrativa para que una estaci贸n radioel茅ctrica utilice una frecuencia o un canal radioel茅ctrico determinado en condiciones especificadas.
6. Autoridad Nacional de Reglamentaci贸n: el Gobierno, los departamentos ministeriales, 贸rganos superiores y directivos y organismos p煤blicos, que de conformidad con esta Ley ejercen las competencias que en la misma se prev茅n.
7. Bucle local o bucle de abonado de la red p煤blica de comunicaciones electr贸nicas fija: el circuito f铆sico que conecta el punto de terminaci贸n de la red a un dispositivo de distribuci贸n o instalaci贸n equivalente de la red p煤blica de comunicaciones electr贸nicas fija.
8. Consumidor: cualquier persona f铆sica o jur铆dica que utilice o solicite un servicio de comunicaciones electr贸nicas disponible para el p煤blico para fines no profesionales.
9. Datos de localizaci贸n: cualquier dato tratado en una red de comunicaciones electr贸nicas o por un servicio de comunicaciones electr贸nicas que indique la posici贸n geogr谩fica del equipo terminal de un usuario de un servicio de comunicaciones electr贸nicas disponible para el p煤blico.
10. Derechos exclusivos: los derechos concedidos a una empresa por medio de un instrumento legal, reglamentario o administrativo que le reserve el derecho a prestar un servicio o a emprender una actividad determinada en una zona geogr谩fica espec铆fica.
11. Derechos especiales: los derechos concedidos a un n煤mero limitado de empresas por medio de un instrumento legal, reglamentario o administrativo que, en una zona geogr谩fica espec铆fica:
a) Designen o limiten, con arreglo a criterios que no sean objetivos, proporcionales y no discriminatorios, a dos o m谩s el n煤mero de tales empresas autorizadas a prestar un servicio o emprender una actividad determinada, o
b) Confiera a una empresa o empresas, con arreglo a tales criterios, ventajas legales o reglamentarias que dificulten gravemente la capacidad de otra empresa de prestar el mismo servicio o emprender la misma actividad en la misma zona geogr谩fica y en unas condiciones b谩sicamente similares.
12. Direcci贸n: cadena o combinaci贸n de cifras y s铆mbolos que identifica los puntos de terminaci贸n espec铆ficos de una conexi贸n y que se utiliza para encaminamiento.
13. Equipo avanzado de televisi贸n digital: decodificadores para la conexi贸n a televisores o televisores digitales integrados capaces de recibir servicios de televisi贸n digital interactiva.
14. Equipo terminal: equipo destinado a ser conectado a una red p煤blica de comunicaciones electr贸nicas, esto es, a estar conectado directamente a los puntos de terminaci贸n de aqu茅lla o interfuncionar, a su trav茅s, con objeto de enviar, procesar o recibir informaci贸n.
15. Especificaci贸n t茅cnica: la especificaci贸n que figura en un documento que define las caracter铆sticas necesarias de un producto, tales como los niveles de calidad o las propiedades de su uso, la seguridad, las dimensiones, los s铆mbolos, las pruebas y los m茅todos de prueba, el empaquetado, el marcado y el etiquetado. Se incluyen dentro de la citada categor铆a las normas aplicables al producto en lo que se refiere a la terminolog铆a.
16. Espectro radioel茅ctrico: ondas electromagn茅ticas, cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3.000 GHz, que se propagan por el espacio sin gu铆a artificial.
17. Explotaci贸n de una red de comunicaci贸n electr贸nica: la creaci贸n, el aprovechamiento, el control o la puesta a disposici贸n de dicha red.
18. Interconexi贸n: la conexi贸n f铆sica y l贸gica de las redes p煤blicas de comunicaciones utilizadas por un mismo operador o por otro distinto, de manera que los usuarios de un operador puedan comunicarse con los usuarios del mismo operador o de otro distinto, o acceder a los servicios prestados por otro operador. Los servicios podr谩n ser prestados por las partes interesadas o por terceros que tengan acceso a la red. La interconexi贸n constituye un tipo particular de acceso entre operadores de redes p煤blicas.
19. Interfaz de programa de aplicaci贸n (API): la interfaz de software entre las aplicaciones externas, puesta a disposici贸n por los operadores de radiodifusi贸n o prestadores de servicios, y los recursos del equipo avanzado de televisi贸n digital para los servicios de radio y televisi贸n digital.
20. Interferencia perjudicial: toda interferencia que suponga un riesgo para el funcionamiento de un servicio de radionavegaci贸n o de otros servicios de seguridad o que degrade u obstruya gravemente o interrumpa de forma repetida un servicio de radiocomunicaci贸n que funcione de conformidad con la reglamentaci贸n internacional, comunitaria o nacional aplicable.
21. Llamada: una conexi贸n establecida por medio de un servicio de comunicaciones electr贸nicas disponible para el p煤blico que permita la comunicaci贸n bidireccional de voz.
22. Nombre: combinaci贸n de caracteres (cifras decimales, letras o s铆mbolos) que se utiliza para identificar abonados, usuarios u otras entidades tales como elementos de red.
23. N煤mero: cadena de cifras decimales que, entre otros, pueden representar un nombre o una direcci贸n.
24. N煤mero geogr谩fico: el n煤mero identificado en el plan nacional de numeraci贸n telef贸nica que contiene en parte de su estructura un significado geogr谩fico utilizado para el encaminamiento de las llamadas hacia la ubicaci贸n f铆sica del punto de terminaci贸n de la red.
25. N煤meros no geogr谩ficos: los n煤meros identificados en el plan nacional de numeraci贸n telef贸nica que no son n煤meros geogr谩ficos. Incluir谩n, entre otros, los n煤meros de tel茅fonos m贸viles, los de llamada gratuita y los de tarificaci贸n adicional.
26. Operador: persona f铆sica o jur铆dica que explota redes p煤blicas de comunicaciones electr贸nicas o presta servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles al p煤blico y ha notificado al Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo el inicio de su actividad o est谩 inscrita en el Registro de operadores.
27. Operador con poder significativo en el mercado: operador que, individual o conjuntamente con otros, disfruta de una posici贸n equivalente a una posici贸n dominante, esto es, una posici贸n de fuerza econ贸mica que permite que su comportamiento sea, en medida apreciable, independiente de los competidores, los clientes y, en 煤ltima instancia, los consumidores que sean personas f铆sicas.
28. Punto de terminaci贸n de la red: el punto f铆sico en el que el abonado accede a una red p煤blica de comunicaciones. Cuando se trate de redes en las que se produzcan operaciones de conmutaci贸n o encaminamiento, el punto de terminaci贸n de la red estar谩 identificado mediante una direcci贸n de red espec铆fica, la cual podr谩 estar vinculada a un n煤mero o a un nombre de un abonado.
29. Radiocomunicaci贸n: toda telecomunicaci贸n transmitida por medio de ondas radioel茅ctricas.
30. Recursos asociados: las infraestructuras f铆sicas, los sistemas, dispositivos, los servicios asociados u otros recursos o elementos asociados con una red de comunicaciones electr贸nicas o con un servicio de comunicaciones electr贸nicas que permitan o apoyen la prestaci贸n de servicios a trav茅s de dicha red o servicio o tengan potencial para ello. Incluir谩n, entre otros, edificios o entradas de edificios, el cableado de edificios, antenas, torres y otras construcciones de soporte, conductos, m谩stiles, bocas de acceso y distribuidores.
31. Red de comunicaciones electr贸nicas: los sistemas de transmisi贸n y, cuando proceda, los equipos de conmutaci贸n o encaminamiento y dem谩s recursos, incluidos los elementos que no son activos que permitan el transporte de se帽ales mediante cables, ondas hertzianas, medios 贸pticos u otros medios electromagn茅ticos con inclusi贸n de las redes de sat茅lites, redes terrestres fijas (de conmutaci贸n de circuitos y de paquetes, incluida Internet) y m贸viles, sistemas de tendido el茅ctrico, en la medida en que se utilicen para la transmisi贸n de se帽ales, redes utilizadas para la radiodifusi贸n sonora y televisiva y redes de televisi贸n por cable, con independencia del tipo de informaci贸n transportada.
32. Red p煤blica de comunicaciones: una red de comunicaciones electr贸nicas que se utiliza, en su totalidad o principalmente, para la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles para el p煤blico y que soporta la transferencia de se帽ales entre puntos de terminaci贸n de la red.
33. Reserva de frecuencias: Porci贸n de espectro radioel茅ctrico cuyos derechos de uso se otorgan por la Administraci贸n a una persona f铆sica o jur铆dica en condiciones especificadas.
34. Servicios asociados: aquellos servicios asociados con una red de comunicaciones electr贸nicas o con un servicio de comunicaciones electr贸nicas que permitan o apoyen el suministro de servicios a trav茅s de dicha red o servicio o tengan potencial para ello e incluyen, entre otros, la traducci贸n de n煤meros o sistemas con una funcionalidad equivalente, los sistemas de acceso condicional y las gu铆as electr贸nicas de programas, as铆 como otros servicios tales como el servicio de identidad, localizaci贸n y presencia.
35. Servicio de comunicaciones electr贸nicas: el prestado por lo general a cambio de una remuneraci贸n que consiste, en su totalidad o principalmente, en el transporte de se帽ales a trav茅s de redes de comunicaciones electr贸nicas, con inclusi贸n de los servicios de telecomunicaciones y servicios de transmisi贸n en las redes utilizadas para la radiodifusi贸n, pero no de los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electr贸nicas o de las actividades que consistan en el ejercicio del control editorial sobre dichos contenidos; quedan excluidos, asimismo, los servicios de la sociedad de la informaci贸n definidos en el art铆culo 1 de la Directiva 98/34/CE que no consistan, en su totalidad o principalmente, en el transporte de se帽ales a trav茅s de redes de comunicaciones electr贸nicas.
36. Servicio de televisi贸n de formato ancho: el servicio de televisi贸n constituido, total o parcialmente, por programas producidos y editados para su presentaci贸n en formato ancho completo. La relaci贸n de dimensiones 16:9 constituye el formato de referencia para los servicios de televisi贸n de este tipo.
37. Servicio telef贸nico disponible al p煤blico: el servicio disponible al p煤blico para efectuar y recibir, directa o indirectamente, llamadas nacionales o nacionales e internacionales a trav茅s de uno o m谩s n煤meros de un plan nacional o internacional de numeraci贸n telef贸nica.
38. Sistema de acceso condicional: toda medida t茅cnica o mecanismo t茅cnico que condicione el acceso en forma inteligible a un servicio protegido de radiodifusi贸n sonora o televisiva al pago de una cuota u otra forma de autorizaci贸n individual previa.
39. Telecomunicaciones: toda transmisi贸n, emisi贸n o recepci贸n de signos, se帽ales, escritos, im谩genes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios 贸pticos u otros sistemas electromagn茅ticos.
40. Tel茅fono p煤blico de pago: un tel茅fono accesible al p煤blico en general y para cuya utilizaci贸n pueden emplearse como medios de pago monedas, tarjetas de cr茅dito/d茅bito o tarjetas de prepago, incluidas las tarjetas que utilizan c贸digos de marcaci贸n.
41. Usuario: una persona f铆sica o jur铆dica que utiliza o solicita un servicio de comunicaciones electr贸nicas disponible para el p煤blico.
42. Usuario final: el usuario que no explota redes p煤blicas de comunicaciones ni presta servicios de comunicaciones electr贸nicas disponibles para el p煤blico ni tampoco los revende.