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Referencia: SP/LEG/2493

LEY ORG脕NICA 5/1995, de 22 de mayo del Tribunal del Jurado

publicaci贸n: B.O.E. num. 122 - 23/05/1995
entrada en vigor: 23/11/1995
Se sustituye con car谩cter general en todo el texto de la Ley 5/1995, Org谩nica del Tribunal del Jurado, el t茅rmino 芦Magistrado-presidente禄 por 芦Magistrado-Presidente禄, conforme establece la Ley Org谩nica 8/1995, de 16 de noviembre.
EXPOSICION DE MOTIVOS
I-FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
El art铆culo 125 de la Constituci贸n espa帽ola de 1978 establece que «los ciudadanos podr谩n participar en la Administraci贸n de Justicia mediante la instituci贸n del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine».
Nuestro texto constitucional cumple con ello lo que puede considerarse una constante en la historia del derecho constitucional espa帽ol; cada per铆odo de libertad ha significado la consagraci贸n del jurado; as铆 en la Constituci贸n de C谩diz de 1812, y en las de 1837, 1869 y 1931, y por el contrario cada 茅poca de retroceso de las libertades p煤blicas ha eliminado o restringido considerablemente ese instrumento de participaci贸n ciudadana, en paralelo y como complemento a las restricciones del conjunto de sus derechos y de los instrumentos de participaci贸n en los asuntos p煤blicos.
Se retoma por tanto un instrumento de indiscutible raigambre liberal, y se hace desde el dato indiscutible de que, desde el primer esbozo de 1820 hasta su suspensi贸n en el a帽o de 1936, pocas instituciones jur铆dicas han padecido -y por tanto han sido enriquecidas- con una depuraci贸n cr铆tica tan acentuada como el Tribunal del Jurado, lo que ha permitido extraer la masa ingente de datos sueltos, experiencias y precedentes que han facilitado la captaci贸n 铆ntegra de la Instituci贸n.
Por encima de concepciones pro o antijuradistas, nuestra Norma Fundamental enlaza el instrumento del jurado, de forma indiscutible, con dos derechos fundamentales: La participaci贸n directa de los ciudadanos en los asuntos p煤blicos, del art铆culo 23.1 de la Constituci贸n espa帽ola, y el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley del 24.2 de nuestro texto fundamental.
En efecto, nos encontramos, de una parte ante una modalidad del ejercicio del derecho subjetivo a participar en los asuntos p煤blicos, perteneciente a la esfera del «status activae civitatis», cuyo ejercicio no se lleva a cabo a trav茅s de representantes, sino que se ejercita directamente al acceder el ciudadano personalmente a la condici贸n de jurado. De ah铆 que deba descartarse el car谩cter representativo de la Instituci贸n y deba reconocerse exclusivamente su car谩cter participativo y directo.
Por ello, puede predicarse que el Instituto que se regula difiere de otros modelos por la forma peculiar en que se articula el derecho-deber del ciudadano a participar de manera directa en un poder real del Estado; nos encontramos ante un derecho-deber, lo que tiene reflejo en el texto legal al adoptar medidas coercitivas que aseguren el cumplimiento de la obligaci贸n y, consiguientemente, el establecimiento de aquellas otras encaminadas a mitigar, en lo posible, la excesiva onerosidad del cumplimiento del deber, a trav茅s de la retribuci贸n de la funci贸n y la indemnizaci贸n de los gastos ocasionados por su ejercicio. La Ley parte de la concepci贸n de que el Estado democr谩tico se caracteriza por la participaci贸n del ciudadano en los asuntos p煤blicos. Entre ellos no hay raz贸n alguna para excepcionar los referidos a impartir justicia, sino que por el contrario se debe establecer un procedimiento que satisfaga ese derecho constitucional de la forma m谩s plena posible.
No se trata, en definitiva, de confiar en la capacidad de los ciudadanos, como si fuera tolerable en un sistema democr谩tico la alternativa negativa. Se trata s贸lo de tener por superadas cualesquiera razones explicativas no ya de su discutible fracaso hist贸rico, sino de su autoritaria y antidemocr谩tica suspensi贸n.
Pero la instituci贸n del Jurado es al mismo tiempo y de forma complementaria, una manifestaci贸n del art铆culo 24 de la Constituci贸n que declara que todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley; cumple por tanto una funci贸n necesaria para el debido proceso, pero lo hace desde una 贸ptica distinta a la que ten铆a atribuida en su recepci贸n en el Estado liberal burgu茅s; no hay reticencia alguna al Juez profesional; no se trata de instaurar una Justicia alternativa en paralelo y menos a煤n en contradicci贸n a la de los Jueces y Magistrados de carrera a que se refiere el art铆culo 122 de la Constituci贸n, sino de establecer unas normas procedimentales que satisfagan al mismo tiempo y en paralelo todas las exigencias de los procesos penales con el derecho-deber de los ciudadanos a participar directamente en la funci贸n constitucional de juzgar.
El art铆culo 125 de la Constituci贸n supone en definitiva un inequ铆voco emplazamiento constitucional que fuerza el largo par茅ntesis de limitadas vivencias y expectativas de participaci贸n del ciudadano en los asuntos p煤blicos, y en el que la instituci贸n del Jurado reaparece con una renovada carga de sugerencias y matices capaces de dar sentido y proyecci贸n a la realidad social, hoy suficientemente contrastada, que demanda un cambio urgente en los modos de administrar justicia.
Su desarrollo no es, en consecuencia, tan s贸lo un imperativo constitucional, sino que es una urgente necesidad en cuanto que pieza decisiva de una reforma en profundidad del conjunto de la Administraci贸n de Justicia, que es sentida como necesidad inaplazable por buena parte de los ciudadanos.
Esta realidad ha sido tambi茅n reconocida por el Consejo General del Poder Judicial. As铆, en las memorias elaboradas en los a帽os 1991 y 1992 y en la Relaci贸n Circunstanciada de las Necesidades de la Administraci贸n de Justicia para el a帽o 1993, en el ep铆grafe referente a las modificaciones legislativas que estimaba convenientes para el adecuado ejercicio de la potestad jurisdiccional tendentes a conseguir una agilizaci贸n de los procesos, al referirse al proceso penal, destaca que «la implantaci贸n del Jurado, prevista en el art铆culo 125 de la Constituci贸n espa帽ola, requerir谩 una sustancial modificaci贸n de la instituci贸n mediante su incardinaci贸n en el sistema procesal, sin que ello suponga un elemento retardatario de la justicia penal».
Con la aprobaci贸n de esta Ley se da un paso cualitativo m谩s, desde una perspectiva t茅cnico-legal, encaminada a cerrar el modelo b谩sico de la Justicia dise帽ado por la Constituci贸n y la Ley Org谩nica del Poder Judicial, facilitando la participaci贸n de los ciudadanos en la Administraci贸n de Justicia. El establecimiento del Tribunal del Jurado debe ser considerado como uno de los contenidos constitucionales a煤n pendientes de desarrollo. Con su regulaci贸n en esta Ley se da cumplimiento a un mandato constitucional tantas veces diferido y se establece una de las piezas b谩sicas en el funcionamiento de la Administraci贸n de Justicia dise帽ado por el constituyente.
II-LOS CIUDADANOS JURADOS
Ya hemos advertido que la presente Ley parte de que el Jurado implica una manifestaci贸n del derecho de participaci贸n, y ello determina sin duda que las cuestiones verdaderamente esenciales a dilucidar sean la del 谩mbito de conocimiento del Tribunal del Jurado y, dentro de 茅ste, la funci贸n que viene reconocida a los ciudadanos participantes.
Una elemental prudencia aconseja la graduaci贸n en el proceso de instauraci贸n de la Instituci贸n, tanto a la hora de seleccionar el n煤mero de asuntos, cuanto la naturaleza de 茅stos. Razones para su adecuada implantaci贸n aconsejan que todos los que han de intervenir en este tipo de procesos se familiaricen con sus peculiaridades tan distintas a la actual manera de celebrarse los juicios. La concreci贸n del objeto del juicio, las alegaciones de las partes, el material probatorio a atender, el lenguaje a utilizar, el contenido mismo de las resoluciones deben variar sustancialmente.
La Ley tiene muy en cuenta que el juicio por Jurados constituye expresi贸n plena de los principios b谩sicos procesales de inmediaci贸n, prueba formada con fundamento en la libre convicci贸n, exclusi贸n de pruebas ilegales, publicidad y oralidad. Por ello se han seleccionado aquellos delitos en los que la acci贸n t铆pica carece de excesiva complejidad o en los que los elementos normativos integrantes son especialmente aptos para su valoraci贸n por ciudadanos no profesionalizados en la funci贸n judicial.
El 谩mbito competencial correspondiente al Tribunal del Jurado se fija en el art铆culo 1. Sin embargo, el legislador en el futuro valorar谩 sin duda, a la vista de la experiencia y de la consolidaci贸n social de la instituci贸n, la ampliaci贸n progresiva de los delitos que han de ser objeto de enjuiciamiento.
La conformaci贸n del colegio decisor dentro del Tribunal del Jurado requiere una respuesta legislativa cuyo acierto no pasa necesariamente por resolver la vieja cuesti贸n l贸gica sobre la escindibilidad entre el hecho y el derecho.
Los autores de nuestra vieja Ley de Jurado, vinculando el origen hist贸rico del instituto al testimonio de los vecinos como f贸rmula de decidir el litigio, patrocinaron para el ciudadano jurado una intervenci贸n limitada a la proclamaci贸n del hecho probado.
Tal origen es discutible y, adem谩s, no siempre es posible decidir sobre la veracidad de una afirmaci贸n hist贸rica, presupuesto t铆pico del delito, sin pensar en valoraciones jur铆dicas. Pero, en todo caso, y ello es lo m谩s relevante, el modelo ahora propuesto en la Ley alcanza una profundidad legitimadora entonces inatendida. Por eso, en la Ley, el Jurado no se limita a decidir si el hecho est谩 o no probado, sino que valora aspectos como son los componentes normativos que dan lugar a la exenci贸n o no de la responsabilidad penal.
En la Ley, la opci贸n adoptada respecto al proceso selectivo de los jurados es coherente con la consideraci贸n de que su participaci贸n constituye un derecho-deber. La ciudadan铆a, en las condiciones que habilitan para el pleno ejercicio de los derechos c铆vicos, constituye el 铆ndice de la capacidad presunta no necesitada de otras exclusiones o acreditaciones de capacidad probada, salvo aquellas que notoriamente impedir铆an el ejercicio de la funci贸n de enjuiciamiento.
La conveniencia de una participaci贸n lo m谩s aceptada posible, lleva a reconocer un r茅gimen de excusas generoso y remitido a la prudencia de la jurisdicci贸n que ha de apreciarlas.
El sistema selectivo se caracteriza: a) por la sucesi贸n de etapas que permitan garantizar la presencia de candidatos en n煤mero adecuado para evitar suspensiones en los se帽alamientos y el anticipado conocimiento por aqu茅llos de su eventual llamada a intervenir; b) por la transparencia y publicidad del proceso selectivo en que se insertan no s贸lo los mecanismos que permitan detectar las causas de exclusi贸n, sino las garant铆as jurisdiccionales tanto para el candidato como, en momento ulterior, para las partes en el juicio; c) por el sorteo a partir de las listas censales como sistema, no s贸lo democr谩tico en cuanto excluye criterios elitistas -ni a煤n a fuero de cient铆ficos-, sino coherente con el fundamento mismo de la participaci贸n.
Se ha considerado que, si se admitiese en esta Ley un criterio de exclusi贸n, diverso del antes indicado, so pretexto de alcanzar un plus de capacidad sobre la presunta derivada de la inclusi贸n en el censo, se estar铆a distorsionando el concepto mismo de pueblo.
Pero ello no debe impedir una cierta conciliaci贸n entre el derecho a participar en el sorteo con el derecho de las partes a procurar un cierto pluralismo en el colegio jurisdicente. En alguna medida a ello tiende el n煤mero de jurados a designar (nueve), pero lo hace a煤n m谩s la posibilidad de que las partes puedan recusar sin necesidad de alegar causa atendiendo a subjetivas valoraciones acerca de los criterios de decisi贸n del candidato. Aunque esta posibilidad haya de someterse a fuertes limitaciones de n煤mero que eviten los funestos resultados producidos en la experiencia hist贸rica.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado p谩rrafo 4.潞 del apartado II de la Exposici贸n de Motivos
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
Ya hemos advertido que la presente Ley parte de que el Jurado implica una manifestaci贸n del derecho de participaci贸n, y ello determina sin duda que las cuestiones verdaderamente esenciales a dilucidar sean la del 谩mbito de conocimiento del Tribunal del Jurado y, dentro de 茅ste, la funci贸n que viene reconocida a los ciudadanos participantes.
Una elemental prudencia aconseja la graduaci贸n en el proceso de instauraci贸n de la Instituci贸n, tanto a la hora de seleccionar el n煤mero de asuntos, cuanto la naturaleza de 茅stos. Razones para su adecuada implantaci贸n aconsejan que todos los que han de intervenir en este tipo de procesos se familiaricen con sus peculiaridades tan distintas a la actual manera de celebrarse los juicios. La concreci贸n del objeto del juicio, las alegaciones de las partes, el material probatorio a atender, el lenguaje a utilizar, el contenido mismo de las resoluciones deben variar sustancialmente.
La Ley tiene muy en cuenta que el juicio por Jurados constituye expresi贸n plena de los principios b谩sicos procesales de inmediaci贸n, prueba formada con fundamento en la libre convicci贸n, exclusi贸n de pruebas ilegales, publicidad y oralidad. Por ello se han seleccionado aquellos delitos en los que la acci贸n t铆pica carece de excesiva complejidad o en los que los elementos normativos integrantes son especialmente aptos para su valoraci贸n por ciudadanos no profesionalizados en la funci贸n judicial.
El 谩mbito competencial correspondiente al Tribunal del Jurado se fija en el art铆culo 1. Sin embargo, el futuro legislador valorar谩 sin duda, a la vista de la experiencia y de la consolidaci贸n social de la instituci贸n, la ampliaci贸n progresiva de los delitos que han de ser objeto de enjuiciamiento.
La conformaci贸n del colegio decisor dentro del Tribunal del Jurado requiere una respuesta legislativa cuyo acierto no pasa necesariamente por resolver la vieja cuesti贸n l贸gica sobre la escindibilidad entre el hecho y el derecho.
Los autores de nuestra vieja Ley de Jurado, vinculando el origen hist贸rico del instituto al testimonio de los vecinos como f贸rmula de decidir el litigio, patrocinaron para el ciudadano jurado una intervenci贸n limitada a la proclamaci贸n del hecho probado.
Tal origen es discutible y, adem谩s, no siempre es posible decidir sobre la veracidad de una afirmaci贸n hist贸rica, presupuesto t铆pico del delito, sin pensar en valoraciones jur铆dicas. Pero, en todo caso, y ello es lo m谩s relevante, el modelo ahora propuesto en la Ley alcanza una profundidad legitimadora entonces inatendida. Por eso, en la Ley, el Jurado no se limita a decidir si el hecho est谩 o no probado, sino que valora aspectos como son los componentes normativos que dan lugar a la exenci贸n o no de la responsabilidad penal.
En la Ley, la opci贸n adoptada respecto al proceso selectivo de los jurados es coherente con la consideraci贸n de que su participaci贸n constituye un derecho-deber. La ciudadan铆a, en las condiciones que habilitan para el pleno ejercicio de los derechos c铆vicos, constituye el 铆ndice de la capacidad presunta no necesitada de otras exclusiones o acreditaciones de capacidad probada, salvo aquellas que notoriamente impedir铆an el ejercicio de la funci贸n de enjuiciamiento.
La conveniencia de una participaci贸n lo m谩s aceptada posible, lleva a reconocer un r茅gimen de excusas generoso y remitido a la prudencia de la jurisdicci贸n que ha de apreciarlas.
El sistema selectivo se caracteriza: a) por la sucesi贸n de etapas que permitan garantizar la presencia de candidatos en n煤mero adecuado para evitar suspensiones en los se帽alamientos y el anticipado conocimiento por aqu茅llos de su eventual llamada a intervenir; b) por la transparencia y publicidad del proceso selectivo en que se insertan no s贸lo los mecanismos que permitan detectar las causas de exclusi贸n, sino las garant铆as jurisdiccionales tanto para el candidato como, en momento ulterior, para las partes en el juicio; c) por el sorteo a partir de las listas censales como sistema, no s贸lo democr谩tico en cuanto excluye criterios elitistas -ni a煤n a fuero de cient铆ficos-, sino coherente con el fundamento mismo de la participaci贸n.
Se ha considerado que, si se admitiese en esta Ley un criterio de exclusi贸n, diverso del antes indicado, so pretexto de alcanzar un plus de capacidad sobre la presunta derivada de la inclusi贸n en el censo, se estar铆a distorsionando el concepto mismo de pueblo.
Pero ello no debe impedir una cierta conciliaci贸n entre el derecho a participar en el sorteo con el derecho de las partes a procurar un cierto pluralismo en el colegio jurisdicente. En alguna medida a ello tiende el n煤mero de jurados a designar (nueve), pero lo hace a煤n m谩s la posibilidad de que las partes puedan recusar sin necesidad de alegar causa atendiendo a subjetivas valoraciones acerca de los criterios de decisi贸n del candidato. Aunque esta posibilidad haya de someterse a fuertes limitaciones de n煤mero que eviten los funestos resultados producidos en la experiencia hist贸rica.
III-NECESARIAS REFORMAS PROCESALES COMO GARANTIA DE LA VIABILIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL JURADO
1. En la denominada fase intermedia
Algunos han proclamado que cualquier especialidad procedimental debe comenzar all铆 donde empieza la intervenci贸n del Jurado, esto es, en la fase de juicio oral. Se ha sostenido que si el Jurado se limita a intervenir en el juicio oral, no debe modificarse el modelo acusatorio formal o mixto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Tal opini贸n hace caso omiso de obligadas consideraciones:
a) El actual sistema de enjuiciamiento mediante jueces t茅cnicos se sustenta sobre premisas normativas dif铆cilmente trasladables al juicio oral ante el Tribunal del Jurado, que de mantenerse podr铆a determinar el fracaso del enjuiciamiento por ciudadanos no profesionalizados. Las modificaciones necesarias deber谩n inexorablemente proyectarse sobre la fase preparatoria del juicio oral.
b) Nuestro Tribunal Constitucional ha venido estableciendo un cuerpo de doctrina que no s贸lo resulta enriquecedora, por enervar tradicionales defectos de nuestra ley procesal, sino que ser铆a dif铆cilmente tolerable ignorarla en la Ley.
Se quejaba Alonso Mart铆nez de la costumbre, tan arraigada de nuestros Jueces y Tribunales, de dar escaso o ning煤n valor a las pruebas del plenario, buscando principal o casi exclusivamente la verdad en las diligencias sumariales practicadas a espaldas del acusado. La presente Ley concibe que el juicio oral ante el Tribunal del Jurado debe culminar la erradicaci贸n de esa malformaci贸n procesal mediante la pr谩ctica ante 茅l de toda la prueba.
El consiguiente riesgo de prolongaci贸n excesiva del acto del juicio aconseja la introducci贸n de mecanismos de simplificaci贸n. De ellos el m谩s esencial es la precisa definici贸n del objeto del enjuiciamiento que habr谩 de efectuarse en la fase precedente al mismo.
El vigente sistema de resoluci贸n sobre la apertura del juicio oral se manifiesta bajo dos modalidades procedimentales diferentes -seg煤n se trate de procedimiento ordinario o abreviado- aunque, en ambas, se limita a una decisi贸n meramente negativa que resulta disfuncional para el enjuiciamiento por jurado. Por ello, el modelo deb铆a optar por uno u otro procedimiento, siendo dif铆cilmente explicable que, transcendiendo la fase intermedia o juicio de acusaci贸n a la de juicio, la unidad procedimental de 茅sta no exigiese igual unidad en aqu茅lla.
De otra parte, el car谩cter meramente negativo de la decisi贸n sobre la apertura del juicio oral resulta poco apto para la precisa definici贸n del objeto del juicio, presupuesto imprescindible para asegurar un desarrollo de 茅ste que garantice la ausencia de confusi贸n de los hechos a probar, que evite las dilaciones inherentes a aquella falta de precisi贸n objetiva y que, con la informaci贸n adecuada e imparcialmente elaborada, permita prescindir de la no deseada «reproducci贸n» del sumario o diligencias previas.
Tambi茅n ha proclamado nuestro Tribunal Constitucional la exigencia de promover, en la fase intermedia del procedimiento, el debate procesal en condiciones que respeten la contradicci贸n e igualdad de acusaci贸n y defensa.
Con tales precedentes la Ley ha considerado oportuno:
a) Optar por una resoluci贸n sobre la apertura del juicio oral precisa y fundada. Desde luego, conforme ven铆a advirtiendo una parte de la doctrina, dif铆cilmente puede efectuarse un control jurisdiccional sobre la apertura del juicio oral sin la previa formalizaci贸n de la acusaci贸n.
De esta manera el control judicial previo sobre la razonabilidad de la acusaci贸n no se limita al reenv铆o. Por el contrario, el 谩mbito de decisi贸n atribuido al 贸rgano jurisdiccional se incrementa pudiendo adoptar la decisi贸n de sobreseimiento por cualquiera de sus motivos.
b) Tal control culmina no s贸lo decidiendo una gen茅rica viabilidad del juicio oral sino precisando que hechos concretos, de los m煤ltiples posibles alegados por acusaci贸n y defensa, deben constituir objeto de la actividad probatoria y determinantes para su resoluci贸n en el juicio.
Debe retenerse que el contenido de la anterior decisi贸n se erige en una de las m谩s relevantes condiciones del 茅xito o fracaso de la Instituci贸n.
c) A su vez el contenido y funci贸n de tal resoluci贸n se relaciona, en mutua exigencia, con la exclusi贸n del auto de procesamiento, que vendr铆a exigido por la necesaria unidad de sistema en lo concerniente a la inculpaci贸n.
2. En la fase de instrucci贸n
La opci贸n que acoge la Ley sobre el sistema para adoptar la decisi贸n que remite a juicio oral, se proyecta sobre la fase del procedimiento que le precede:
a) Por la garant铆a de imparcialidad del 贸rgano jurisdiccional que se refuerza especialmente. As铆 deber谩 valorarse la suficiencia y a煤n el 茅xito de la investigaci贸n, pero atendiendo, a la vez, a pretensiones y resistencias contrapuestas o de signo contrario, formuladas las unas por la acusaci贸n, las otras por la defensa. Se valorar谩, asimismo, la probabilidad de veracidad de unas afirmaciones hist贸ricas y aun de la transcendencia en cuanto a la calificaci贸n jur铆dica.
El modelo que se adopta exige, por elemental coherencia, permitir, tan pronto como conste la imputaci贸n de un hecho justiciable determinado a persona concreta, la reubicaci贸n del Juez de Instrucci贸n que luego habr谩 de resolver sobre la apertura del juicio oral, en una reforzada posici贸n de imparcialidad, con la funci贸n de controlar la imputaci贸n del delito mediante la previa valoraci贸n de su verosimilitud y con la facultad de investigar de forma complementaria sobre los hechos afirmados por las partes.
Lo que es ineludible es que una excesiva tendencia hacia pesquisas generales, inacabables en el tiempo, no contribuya al fracaso de la viabilidad del enjuiciamiento por Jurado.
De otra parte, mal puede admitirse el reproche de que el sistema que acoge la Ley dejase sin mecanismo de efectividad el principio de obligatoriedad de la acci贸n penal. Dejando a un lado lo que hay de acusaci贸n indiscriminada sobre una posible actitud de inhibici贸n del Ministerio Fiscal, tal reproche olvida que para iniciarse este procedimiento tiene que haber precedido denuncia o querella de alguien que, de no ser el Ministerio Fiscal, bien puede, dada la afortunada previsi贸n constitucional de la acci贸n popular, suplir la falta de instancia del acusador p煤blico. Y a tal fin tiende la convocatoria a la acci贸n p煤blica que el Juez discrepante puede hacer al modo previsto para la fase intermedia en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal dentro del procedimiento ordinario.
Se olvida cuando se reprocha la habilitaci贸n del Juez instructor en la determinaci贸n del hecho y persona a investigar, que otro tanto ocurre en el actual sistema de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que, en definitiva, s贸lo ser谩 objeto y sujeto pasivo en el juicio oral cuanto venga determinado previamente por la acusaci贸n. La Ley sigue en este punto id茅ntico principio al acogido por la vigente legislaci贸n procesal.
b) Por la exigencia de imputaci贸n judicial previa a toda acusaci贸n, ya que la decisi贸n sobre la apertura del juicio oral exige como presupuesto que se haya formalizado tal exigencia.
Ya denunciaba el Tribunal Constitucional c贸mo durante casi un siglo el sistema procesal permit铆a, entre nosotros, que el Juez Instructor inquiriese sin comunicar lo que buscaba e interrogase a un sospechoso sin hacerle saber de qu茅 y por qu茅 sospechaba de 茅l, sin hacer posible su autodefensa y sin proveerle de asistencia de letrado. La Constituci贸n de 1978 y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por Ley 53/1978 obligaron a un sesgo crucial. El Tribunal Constitucional reconoci贸 la nueva categor铆a de imputado a toda persona a quien se atribuya, m谩s o menos fundadamente, un acto punible.
La presentaci贸n de denuncia o querella o la existencia de una actuaci贸n procesal en curso de la que derive la atribuci贸n de un hecho delictivo a persona determinada, ha de ser objeto de una imprescindible valoraci贸n circunstanciada por el Juez para decidir sobre el seguimiento de causa penal. Tal decisi贸n no podr谩 demorarse arbitrariamente, debiendo sancionarse, conforme a aquella doctrina, como nulas e il铆citas las investigaciones verificadas sin esa previa comunicaci贸n, cuando correspondiera.
La relaci贸n de la referida doctrina con la que promueve el debate en condiciones de igualdad y con la que exige que quien va a realizar funciones de enjuiciamiento no formule acusaciones, han determinado que la Ley se decante por una instrucci贸n que, desde el momento en que el hecho justiciable y la persona sean determinadas y corresponda este procedimiento, obliga a:
a) que alguien ajeno al Juez formule una imputaci贸n, precisamente antes de iniciar la investigaci贸n,
b) que la prosecuci贸n de 茅sta exija una valoraci贸n por un 贸rgano jurisdiccional precedida de la oportunidad de debate entre las partes,
c) que durante la investigaci贸n que el Juez estime razonable seguir, 茅ste mantenga una posici贸n diferenciada de la de las partes, y
d) que sea este Juez, as铆 preservado en una cierta imparcialidad, el que controle la procedencia de la apertura o no del juicio oral, de manera positiva y no solo negativa, con precisi贸n del objeto del juicio y decisi贸n de la informaci贸n necesaria a remitir al Tribunal del Jurado que, sin embargo, impida la disposici贸n del material sumarial que podr铆a limitar la efectiva incidencia de los principios de oralidad, inmediaci贸n y celeridad necesarios en dicho enjuiciamiento.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado p谩rrafo 2.潞 de la letra a) del apartado III.2 de la Exposici贸n de Motivos
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
La opci贸n que acoge la Ley sobre el sistema para adoptar la decisi贸n que remite a juicio oral, se proyecta sobre la fase del procedimiento que le precede:
a) Por la garant铆a de imparcialidad del 贸rgano jurisdiccional que se refuerza especialmente. As铆 deber谩 valorarse la suficiencia y a煤n el 茅xito de la investigaci贸n, pero atendiendo, a la vez, a pretensiones y resistencias contrapuestas o de signo contrario, formuladas las unas por la acusaci贸n, las otras por la defensa. Se valorar谩, asimismo, la probabilidad de veracidad de unas afirmaciones hist贸ricas y aun de la transcendencia en cuanto a la calificaci贸n jur铆dica.
El modelo que se adopta exige, por elemental coherencia, permitir, tan pronto como conste la imputaci贸n de un hecho justiciable determinado a persona concreta, la reubicaci贸n del Juez de Instrucci贸n que luego habr谩 de resolver sobre la apertura del juicio oral, en una reforzada posici贸n de imparcialidad, con la funci贸n de controlar la imputaci贸n del delito mediante la previa confirmaci贸n de su verosimilitud y con la facultad de investigar de forma complementaria sobre los hechos afirmados por las partes.
Lo que es ineludible es que una excesiva tendencia hacia pesquisas generales, inacabables en el tiempo, no contribuya al fracaso de la viabilidad del enjuiciamiento por Jurado.
De otra parte, mal puede admitirse el reproche de que el sistema que acoge la Ley dejase sin mecanismo de efectividad el principio de obligatoriedad de la acci贸n penal. Dejando a un lado lo que hay de acusaci贸n indiscriminada sobre una posible actitud de inhibici贸n del Ministerio Fiscal, tal reproche olvida que para iniciarse este procedimiento tiene que haber precedido denuncia o querella de alguien que, de no ser el Ministerio Fiscal, bien puede, dada la afortunada previsi贸n constitucional de la acci贸n popular, suplir la falta de instancia del acusador p煤blico. Y a tal fin tiende la convocatoria a la acci贸n p煤blica que el Juez discrepante puede hacer al modo previsto para la fase intermedia en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal dentro del procedimiento ordinario.
Se olvida cuando se reprocha la habilitaci贸n del Juez instructor en la determinaci贸n del hecho y persona a investigar, que otro tanto ocurre en el actual sistema de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que, en definitiva, s贸lo ser谩 objeto y sujeto pasivo en el juicio oral cuanto venga determinado previamente por la acusaci贸n. La Ley sigue en este punto id茅ntico principio al acogido por la vigente legislaci贸n procesal.
b) Por la exigencia de imputaci贸n judicial previa a toda acusaci贸n, ya que la decisi贸n sobre la apertura del juicio oral exige como presupuesto que se haya formalizado tal exigencia.
Ya denunciaba el Tribunal Constitucional c贸mo durante casi un siglo el sistema procesal permit铆a, entre nosotros, que el Juez Instructor inquiriese sin comunicar lo que buscaba e interrogase a un sospechoso sin hacerle saber de qu茅 y por qu茅 sospechaba de 茅l, sin hacer posible su autodefensa y sin proveerle de asistencia de letrado. La Constituci贸n de 1978 y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por Ley 53/1978 obligaron a un sesgo crucial. El Tribunal Constitucional reconoci贸 la nueva categor铆a de imputado a toda persona a quien se atribuya, m谩s o menos fundadamente, un acto punible.
La presentaci贸n de denuncia o querella o la existencia de una actuaci贸n procesal en curso de la que derive la atribuci贸n de un hecho delictivo a persona determinada, ha de ser objeto de una imprescindible valoraci贸n circunstanciada por el Juez para decidir sobre el seguimiento de causa penal. Tal decisi贸n no podr谩 demorarse arbitrariamente, debiendo sancionarse, conforme a aquella doctrina, como nulas e il铆citas las investigaciones verificadas sin esa previa comunicaci贸n, cuando correspondiera.
La relaci贸n de la referida doctrina con la que promueve el debate en condiciones de igualdad y con la que exige que quien va a realizar funciones de enjuiciamiento no formule acusaciones, han determinado que la Ley se decante por una instrucci贸n que, desde el momento en que el hecho justiciable y la persona sean determinadas y corresponda este procedimiento, obliga a:
a) que alguien ajeno al Juez formule una imputaci贸n, precisamente antes de iniciar la investigaci贸n,
b) que la prosecuci贸n de 茅sta exija una valoraci贸n por un 贸rgano jurisdiccional precedida de la oportunidad de debate entre las partes,
c) que durante la investigaci贸n que el Juez estime razonable seguir, 茅ste mantenga una posici贸n diferenciada de la de las partes, y
d) que sea este Juez, as铆 preservado en una cierta imparcialidad, el que controle la procedencia de la apertura o no del juicio oral, de manera positiva y no solo negativa, con precisi贸n del objeto del juicio y decisi贸n de la informaci贸n necesaria a remitir al Tribunal del Jurado que, sin embargo, impida la disposici贸n del material sumarial que podr铆a limitar la efectiva incidencia de los principios de oralidad, inmediaci贸n y celeridad necesarios en dicho enjuiciamiento.
IV-EL JUICIO ORAL
1. Cuestiones previas
La preocupaci贸n por una adecuada preparaci贸n del juicio oral obstinadamente dirigida a impedir su fracaso, lleva en la Ley a intensificar el papel asignado al Magistrado en ese pre谩mbulo de la celebraci贸n del juicio oral ya abierto.
La decisi贸n, adoptada por el Instructor sobre la apertura del juicio oral, puede, sin duda, ser objeto de la discrepancia de las partes. La que concierne a la procedencia o no del juicio recibe un tratamiento en la Ley similar al de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; apelaci贸n contra el sobreseimiento e irrecurribilidad de la apertura, sin perjuicio de que en este 煤ltimo supuesto las partes al personarse puedan plantear las cuestiones previas o excepciones a que se refiere el art铆culo 36 de la Ley.
Pero la discrepancia puede suscitarse en relaci贸n a aspectos particulares de la resoluci贸n referidos al objeto del juicio y en este supuesto la t茅cnica del recurso resulta innecesariamente dilatoria, ya que el mismo objetivo puede lograrse mediante el planteamiento de la reclamaci贸n como cuesti贸n previa al Magistrado que ha de presidir el Tribunal.
Esa facultad revisora se complementa en la Ley con la de direcci贸n del debate que se traduce en la formulaci贸n, ajustada a la estructura del veredicto de su objeto.
La decisi贸n sobre la admisi贸n de la prueba, supeditada a su pertinencia, viene atribuida en la Ley al Magistrado que anteriormente ya ha configurado el objeto del juicio y con ello los hechos objetivos de prueba, y a 茅l tambi茅n le corresponde valorar la imposibilidad del aplazamiento que exija la pr谩ctica anticipada y, en definitiva, resolver sobre las eventuales alegaciones de ilicitud probatoria.
2. Constituci贸n del Tribunal del Jurado
El Tribunal del Jurado no constituye, y ello es una de sus notas m谩s definidoras, un 贸rgano jurisdiccional permanente, lo que exigi贸 siempre el se帽alamiento del per铆odo durante el cual el constituido iba a conocer. De esa manera las causas a conocer se determinaban en funci贸n de dos datos: el tiempo para el que se hab铆a conformado el Tribunal y el Partido Judicial de procedencia de las causas.
El primer criterio ha sido sustituido en la Ley por la conformaci贸n de un Jurado para cada causa acentu谩ndose as铆 la nota de temporalidad del 贸rgano judicial. Varias razones aconsejan esta soluci贸n. La primera que, al menos, en el inicio de la reinstauraci贸n de la Instituci贸n, no se haga recaer sobre unos pocos Jurados la carga de examinar todas las causas a enjuiciar en un per铆odo, reparti茅ndose entre m谩s ciudadanos esa labor. La segunda que, de la forma propuesta se contribuya, por efecto de una mayor rotaci贸n en el desempe帽o de la funci贸n, al logro de uno de los efectos m谩s beneficiosos de la Instituci贸n, a saber: que la experiencia del ejercicio de la funci贸n de juzgar act煤e como escuela de ciudadan铆a para el mayor n煤mero posible de ciudadanos.
Mantener una disposici贸n que fija los per铆odos de sesiones ha perdido hoy su car谩cter necesario. Sin embargo, mantiene con ella no solo el efecto simb贸lico, recordando esa transitoriedad de la funci贸n judicial en el ciudadano, sino tambi茅n una pauta de organizaci贸n de se帽alamientos. Conforme a ella podr谩 efectuarse el sorteo con tiempo suficiente para un determinado per铆odo en un solo acto. Al mismo tiempo, nada impedir谩, al conformarse Jurados por cada causa que, la naturaleza y circunstancias de 茅sta, aconsejen un sorteo preconstituyente del Tribunal en fecha a se帽alar prudentemente por el Magistrado-Presidente.
No menor transcendencia tiene la segunda opci贸n adoptada en la Ley en relaci贸n con el origen de los candidatos a jurado. La vecindad ha sido hist贸ricamente una de las notas esenciales de los llamados a juzgar como jurados. De ah铆 que 茅stos hayan de ser, si no de la localidad o del partido judicial, al menos de la provincia en cuyo territorio el hecho ha tenido lugar.
La prudencia aconseja la apertura de tiempos hasta donde sea posible que permitan la anticipada comunicaci贸n de cualquier causa que pueda implicar el defecto de n煤mero de jurados h谩biles el d铆a se帽alado para el juicio. A ello responde en la Ley con la ausencia de r铆gidas preclusiones y la anticipaci贸n en la formaci贸n de listas de candidatos a jurado, as铆 como, la previsi贸n de la reiteraci贸n de sorteos antes de dicho d铆a.
La Ley prev茅 la posible recusaci贸n por las partes presentes en el inicio de las sesiones. El fundamento de la recusaci贸n admitida, incluso sin alegaci贸n de causa por el recusante, no es otro que el de lograr, no ya la imparcialidad de los llamados a juzgar, sino que tal imparcialidad se presente como real ante los que acuden a instar la Justicia. Pero tal ideal, que exigir铆a la inexistencia de l铆mites en la recusaci贸n, ha de conciliarse con las exigencias de que la Instituci贸n no se vea frustrada en su funcionamiento efectivo.
Aun cuando la Ley apenas se limita a una remisi贸n a las normas comunes, ser铆a un error olvidar que precisamente en la direcci贸n del debate del juicio oral se encuentra una de las claves esenciales de 茅xito o fracaso de la Instituci贸n. Si hubiere de fracasar, quiz谩s fuere tan imputable a la falta de acierto del Juez t茅cnico en la preparaci贸n del juicio a que le emplaza la Ley, como al ciudadano no profesional que carezca de la aptitud necesaria para el desempe帽o de la funci贸n que aqu茅lla le asigna.
La brevedad de la remisi贸n en este apartado viene permitida porque antes, como se expuso, la Ley se ha preocupado de resolver aspectos esenciales. De una parte, la minuciosa precisi贸n del «thema probandi», r铆gida e inteligible referencia que debe guiar inexorablemente lo que en el juicio oral pueda ocurrir. Aquella determinaci贸n del objeto del juicio, precisamente articulada en la forma en que debe ser examinada la prueba para la emisi贸n del veredicto, y en lenguaje inteligible al ciudadano no profesional, se presenta en la Ley como preferible a las experiencias de ilustraci贸n al Jurado mediante notas o relaciones.
De otra, la exclusi贸n de la presencia, incluso f铆sica, del sumario en el juicio oral evita indeseables confusiones de fuentes cognoscitivas atendibles, contribuyendo as铆 a orientar sobre el alcance y la finalidad de la pr谩ctica probatoria a realizar en el debate.
La oralidad, inmediaci贸n y publicidad en la prueba que ha de derogar la presunci贸n de inocencia lleva en la Ley a incidir en una de las cuestiones que m谩s pol茅mica ha suscitado cual es la del valor probatorio dado a las diligencias sumariales o previas al juicio y que se veta en el texto del mismo.
Un aspecto que merece especial consideraci贸n es la participaci贸n del Jurado en la actividad probatoria. De la misma manera que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal ha optado por una transacci贸n entre el principio de aportaci贸n de parte y el de investigaci贸n de oficio, autorizando al Tribunal a contribuir a la producci贸n de medios de prueba en el juicio oral, se traslada esa posibilidad al Jurado que es precisamente quien tiene ahora la responsabilidad de la valoraci贸n probatoria sobre la veracidad de la imputaci贸n.
4. La disoluci贸n del Jurado
La disoluci贸n del Jurado, sin duda, constituye una de las m谩s llamativas novedades respecto de nuestra experiencia hist贸rica. La proclamaci贸n constitucional del derecho fundamental a la presunci贸n de inocencia no pod铆a dejar de proyectar su influencia en la Ley proyectada. Una influencia que es tributaria en buena parte del modelo en que aquella garant铆a constitucional surgi贸.
Como antecedente en el derecho comparado, cabe as铆 citar la previsi贸n de las reglas federales para el procedimiento criminal en los Estados Unidos de Am茅rica que permiten instar la disoluci贸n del Jurado despu茅s de terminada la prueba de ambas partes, si dicha prueba fuera insuficiente para sostener la convicci贸n por dicho delito o delitos.
Sin duda el alcance y efectos del derecho que garantiza el art铆culo 24.2 de nuestra Constituci贸n es discutible y discutido. La Ley parte de dos premisas: a) la distinci贸n en el contenido de la garant铆a de un aspecto objetivo concerniente a la existencia de una verdadera prueba y otro, subjetivo, referido al momento de valoraci贸n de aqu茅lla; y b) la distribuci贸n de funciones entre el Magistrado y los Jurados, atribuyendo al primero el control de aquella dimensi贸n objetiva como cuesti贸n jur铆dica.
Tal control se resuelve en la Ley en consideraciones sobre la licitud u observancia de garant铆as en la producci贸n probatoria. Aunque tambi茅n en la apreciaci贸n objetiva sobre la existencia de elementos incriminadores. No tanto de la suficiencia para justificar la condena.
Esta forma parte tambi茅n del contenido del derecho fundamental pero exige ya la labor de valoraci贸n del medio de prueba lo que corresponde al Jurado.
En definitiva, el criterio que separa la valoraci贸n de la existencia de prueba respecto del de la suficiencia de la misma, puede ser el imperante en la jurisprudencia del 谩mbito cultural del que es oriunda la garant铆a: no existir谩 prueba si, ni a煤n en la interpretaci贸n de la practicada m谩s favorable a las tesis de la acusaci贸n, 茅sta habr铆a de ser rechazada.
Limitada la atribuci贸n del Magistrado a un aspecto tan evidente, no resulta extempor谩nea al final del debate. Cierto que antes ya se habr谩 valorado por el Juez la existencia de indicios que justificaron la apertura del juicio oral, por lo que puede caerse en el error de creer que la m铆nima actividad probatoria, l铆cita y de cargo ha sido ya alcanzada. Una tesis tal desconocer铆a que hasta el juicio oral no existe verdadera prueba, que la valoraci贸n de su existencia como tal corresponde al 贸rgano del juicio y, lo importante, que en el juicio, durante todo 茅l, se pueda poner de manifiesto la ilegalidad o la absoluta falta de fuerza incriminadora de los medios de prueba de que se dispuso.
Tambi茅n aconseja tal medida la experiencia hist贸rica que da noticia de uno de los reproches m谩s generalizados respecto al funcionamiento del Jurado: la emisi贸n de veredictos sorprendentes. Una vez m谩s la Ley deposita un alto grado de confianza en la magistratura como garant铆a del buen funcionamiento de la Instituci贸n.
1. El objeto
Entendi贸 Alonso Mart铆nez que extender la competencia al «nomen iuris» del delito era manifestaci贸n de la confusi贸n entre el hecho y el derecho y, a煤n m谩s, supon铆a la invasi贸n por el Jurado de facultades del legislador. Ni esto 煤ltimo parece f谩cilmente compatible, ni la escisi贸n de lo hist贸rico y lo normativo en el enjuiciamiento es f谩cil. Por otro lado, ha sido constante el reproche por la ausencia de motivaci贸n hacia sistemas organizativos del jurado que admiten la emisi贸n de veredicto por s贸lo ciudadanos.
A una y otra objeci贸n trata de dar prudente respuesta la Ley. De una parte, porque el hecho no se estima concebible desde una reduccionista perspectiva naturalista, sino, precisa y exclusivamente, en cuanto jur铆dicamente relevante. Un hecho, en una concreta selecci贸n de su proteica accidentalidad, se declara probado s贸lo en tanto en cuanto jur铆dicamente constituye un delito.
Privar al Jurado de la toma en consideraci贸n de ese inescindible v铆nculo entre la configuraci贸n del dato hist贸rico y su consecuencia normativa es, por un lado, in煤til ya que el debate le habr谩 advertido de la consecuencia de su decisi贸n sobre la verdad proclamada y no podr谩 omitir en su decisi贸n la referencia de las consecuencias de su veredicto pretendidamente s贸lo f谩ctico.
Pero, adem谩s, con tal escisi贸n se reproducir铆a una de las causas de mayor reproche al Tribunal del Jurado en nuestra experiencia. La dif铆cil articulaci贸n de las cuestiones, con exclusi贸n de los proscriptos aspectos de t茅cnica jur铆dica, produjo constantes debates sobre la correcci贸n de los veredictos y sentencias.
Tambi茅n era necesario optar entre el sistema de respuesta 煤nica o articulaci贸n secuencial. Aquella f贸rmula se acomoda m谩s a una concepci贸n ajena al de plena vigencia y supremac铆a del principio de legalidad. All铆 donde el Jurado puede, desde la irresponsabilidad, sustituir el gen茅rico y aprior铆stico criterio del legislador por su concepci贸n en el caso concreto, el apod铆ctico veredicto no est谩 necesitado ni de articulaci贸n ni de motivaci贸n.
En nuestro sistema el Jurado debe sujetarse inexorablemente al mandato del legislador. Y tal adecuaci贸n s贸lo es susceptible de control en la medida en que el veredicto exterioriza el curso argumental que lo motiv贸.
Y a ello tiende la Ley:
a) Confirmando al Magistrado la articulaci贸n racional de los hechos a proclamar como probados en una secuencia l贸gica.
b) Reclamando como criterio la necesaria inequivocidad de la cuesti贸n.
c) Permitiendo al Jurado una flexibilidad, que, sin abdicar de la obligada respuesta a la cuesti贸n que le es formulada, pueda introducir las matizaciones o complementos que permita adecuar el veredicto a su conciencia en el examen del hecho. Lo que, adem谩s, conseguir谩 evitar previsibles veredictos sorprendentes de inculpabilidad a que llevar铆a la rigidez en la exigencia de respuesta que situase al Jurado en insoportables incomodidades para expresar su opini贸n. Con ello se elude el cat谩logo de preguntas a contestar con monos铆labos, porque 茅ste no puede recoger la total opini贸n del Jurado, pero se evita el sistema ya rechazado por una doctrina cualificada de conferir a 茅ste la carga de la redacci贸n del hecho probado.
d) Exigiendo del Jurado que su demostrada capacidad para decidirse por una u otra versi贸n alcance el grado necesario para la exposici贸n de sus motivos. Bien es cierto que la exposici贸n de lo tenido por probado explicita la argumentaci贸n de la conclusi贸n de culpabilidad o inculpabilidad. Pero hoy, la exigencia constitucional de motivaci贸n no se satisface con ello. Tambi茅n la motivaci贸n de esos argumentos es necesaria. Y desde luego posible si se considera que en modo alguno requiere especial artificio y cuenta en todo caso el Jurado con la posibilidad de instar el asesoramiento necesario.
e) A帽adiendo a ese contenido el pronunciamiento sobre la valoraci贸n que el hecho merece en funci贸n de su tipificaci贸n legal. Para tal pronunciamiento, no estribar谩 tanto la dificultad en una tarea de calificaci贸n t茅cnica del hecho, como en optar en las diversas versiones de 茅ste. Una vez m谩s la prudencia y buen hacer del Magistrado viene a constituir una garant铆a del 茅xito del modelo.
f) La conformaci贸n del objeto del veredicto no puede prescindir de la consideraci贸n del objeto del proceso como vinculado a las alegaciones de todas las partes, a los intereses de la defensa y de la acusaci贸n y, tambi茅n, al derecho de 茅stas a participar en la definitiva redacci贸n a mediando la oportuna audiencia.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado p谩rrafo 6.潞 del apartado V.1 de la Exposici贸n de Motivos
路 Modificada letra f) del apartado V.1 de la Exposici贸n de Motivos
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
Entendi贸 Alonso Mart铆nez que extender la competencia al «nomen iuris» del delito era manifestaci贸n de la confusi贸n entre el hecho y el derecho y, a煤n m谩s, supon铆a la invasi贸n por el Jurado de facultades del legislador. Ni esto 煤ltimo parece f谩cilmente compatible, ni la escisi贸n de lo hist贸rico y lo normativo en el enjuiciamiento es f谩cil. Por otro lado, ha sido constante el reproche por la ausencia de motivaci贸n hacia sistemas organizativos del jurado que admiten la emisi贸n de veredicto por s贸lo ciudadanos.
A una y otra objeci贸n trata de dar prudente respuesta la Ley. De una parte, porque el hecho no se estima concebible desde una reduccionista perspectiva naturalista, sino, precisa y exclusivamente, en cuanto jur铆dicamente relevante. Un hecho, en una concreta selecci贸n de su proteica accidentalidad, se declara probado s贸lo en tanto en cuanto jur铆dicamente constituye un delito.
Privar al Jurado de la toma en consideraci贸n de ese inescindible v铆nculo entre la configuraci贸n del dato hist贸rico y su consecuencia normativa es, por un lado, in煤til ya que el debate le habr谩 advertido de la consecuencia de su decisi贸n sobre la verdad proclamada y no podr谩 omitir en su decisi贸n la referencia de las consecuencias de su veredicto pretendidamente s贸lo f谩ctico.
Pero, adem谩s, con tal escisi贸n se reproducir铆a una de las causas de mayor reproche al Tribunal del Jurado en nuestra experiencia. La dif铆cil articulaci贸n de las cuestiones, con exclusi贸n de los proscriptos aspectos de t茅cnica jur铆dica, produjo constantes debates sobre la correcci贸n de los veredictos y sentencias.
Tambi茅n era necesario optar entre el sistema de respuesta 煤nica o articulaci贸n secuencial. Aquella f贸rmula se acomoda m谩s a una concepci贸n ajena al de plena vigencia y supremac铆a del principio de legalidad. All铆 donde el Jurado puede, desde la irresponsabilidad, sustituir el gen茅rico y aprior铆stico criterio del legislador por su concepci贸n en el caso concreto, el apod铆ctico veredicto no est谩 necesitado ni de articulaci贸n ni de motivaci贸n.
En nuestro sistema el Jurado debe sujetarse inexorablemente al mandato del legislador. Y tal adecuaci贸n s贸lo es posible de control en la medida en que el veredicto exterioriza el curso argumental que lo motiv贸.
Y a ello tiende la Ley:
a) Confirmando al Magistrado la articulaci贸n racional de los hechos a proclamar como probados en una secuencia l贸gica.
b) Reclamando como criterio la necesaria inequivocidad de la cuesti贸n.
c) Permitiendo al Jurado una flexibilidad, que, sin abdicar de la obligada respuesta a la cuesti贸n que le es formulada, pueda introducir las matizaciones o complementos que permita adecuar el veredicto a su conciencia en el examen del hecho. Lo que, adem谩s, conseguir谩 evitar previsibles veredictos sorprendentes de inculpabilidad a que llevar铆a la rigidez en la exigencia de respuesta que situase al Jurado en insoportables incomodidades para expresar su opini贸n. Con ello se elude el cat谩logo de preguntas a contestar con monos铆labos, porque 茅ste no puede recoger la total opini贸n del Jurado, pero se evita el sistema ya rechazado por una doctrina cualificada de conferir a 茅ste la carga de la redacci贸n del hecho probado.
d) Exigiendo del Jurado que su demostrada capacidad para decidirse por una u otra versi贸n alcance el grado necesario para la exposici贸n de sus motivos. Bien es cierto que la exposici贸n de lo tenido por probado explicita la argumentaci贸n de la conclusi贸n de culpabilidad o inculpabilidad. Pero hoy, la exigencia constitucional de motivaci贸n no se satisface con ello. Tambi茅n la motivaci贸n de esos argumentos es necesaria. Y desde luego posible si se considera que en modo alguno requiere especial artificio y cuenta en todo caso el Jurado con la posibilidad de instar el asesoramiento necesario.
e) A帽adiendo a ese contenido el pronunciamiento sobre la valoraci贸n que el hecho merece en funci贸n de su tipificaci贸n legal. Para tal pronunciamiento, no estribar谩 tanto la dificultad en una tarea de calificaci贸n t茅cnica del hecho, como en optar en las diversas versiones de 茅ste. Una vez m谩s la prudencia y buen hacer del Magistrado viene a constituir una garant铆a del 茅xito del modelo.
f) La conformaci贸n del objeto del veredicto no puede prescindir de la consideraci贸n del objeto del proceso como vinculado a las alegaciones de todas las partes, a los intereses de la defensa y de la acusaci贸n y, tambi茅n, al derecho de 茅stas a participar en la definitiva redacci贸n a medio de la oportuna audiencia.
2. Instrucciones
En ellas radica otra de las condiciones del 茅xito o fracaso del enjuiciamiento por Jurado. Pero su justificaci贸n, que no es otra que suplir las deficiencias que puedan derivarse del desconocimiento t茅cnico de la Ley, impide que puedan extenderse a aspectos en los que los Jurados deben y pueden actuar con espontaneidad.
Por ello se estima adecuado suprimir entre sus contenidos uno cuya inclusi贸n determin贸 una gran pol茅mica en nuestra pasada experiencia hist贸rica: el resumen de la prueba practicada.
Sin embargo el asesoramiento t茅cnico no puede prescindir de la advertencia de no atendibilidad de aquellas actividades probatorias que adolezcan de defectos legales que obligan a desecharlas. En la medida en que las instrucciones tienen consustancial transcendencia en la determinaci贸n del veredicto, parece oportuno que se sometan al control de las partes para que 茅stas resulten convencidas de la imparcialidad de aqu茅llas y, si no, dispongan de la oportunidad de combatir la infracci贸n.
Necesidad de instrucci贸n y espontaneidad del Jurado son objetivos que pueden estorbarse y que hacen necesaria su conciliaci贸n. As铆, aun cuando el Jurado debe reunirse para deliberar sin interferencias mediatizadoras, no se ha querido prescindir de la permanente disponibilidad de acceso al asesoramiento que, libremente, quieran exigir.
Especial consideraci贸n merece la posibilidad que se permite en la Ley para que, aun sin mediar petici贸n de los Jurados, pueda el Magistrado impartir aquellas instrucciones que tienden a evitar una innecesaria prolongaci贸n de la deliberaci贸n. Se trata de evitar que la inexperiencia de los deliberantes unida a su reticencia a instar la instrucci贸n, produzca una injustificada dilaci贸n en la emisi贸n del veredicto que afectar铆a al prestigio de la Instituci贸n.
3. Deliberaci贸n y votaci贸n
El secreto de la deliberaci贸n no ha de impedir la imprescindible responsabilidad de los jurados. Por ello la votaci贸n se impone nominal lo que permite identificar la abstenci贸n prohibida en la Ley.
Sin duda la regla de decisi贸n que exige la unanimidad en el sentido de la misma para tener por producido el veredicto, se presenta como la m谩s adecuada para compeler a los jurados a un debate m谩s rico. Sin embargo tal regla lleva impl铆cito un elevad铆simo riesgo de fracaso de no alcanzarse tal unanimidad. Una adecuada transacci贸n entre los objetivos de una deliberaci贸n indirectamente orientada a la votaci贸n desde su inicio, por formaci贸n de f谩ciles mayor铆as simples, y la evitaci贸n de excesivas disoluciones del Jurado, que puedan venir motivadas por la simple e injustificable obstinaci贸n de uno o pocos jurados, ha aconsejado, al menos en el inicio del funcionamiento de la Instituci贸n, una regla de decisi贸n menos exigente.
Para el adecuado funcionamiento de la Instituci贸n la Ley rechaza la posibilidad, hist贸ricamente admitida, de devoluci贸n del veredicto por discrepancia en el sentido del mismo. Pero ello no debe impedir que la presencia en 茅l de defectos, de los que dar铆an lugar a su revocaci贸n por v铆a de recurso dada su oposici贸n a la Ley, pueda subsanarse mediante la intervenci贸n del Magistrado, con la presencia de las partes, haciendo presente dichos defectos e indicando lo necesario al Jurado para dicha subsanaci贸n.
VI-SENTENCIA
La vinculaci贸n del Magistrado por el veredicto se refleja en la recepci贸n que de 茅ste ha de hacerse en la sentencia y en el sentido absolutorio o condenatorio del fallo. El Magistrado, vinculado tambi茅n por el t铆tulo jur铆dico de la condena, proceder谩 a la calificaci贸n necesaria para determinar el grado de ejecuci贸n, participaci贸n del condenado y sobre la procedencia o no de las circunstancias modificativas de la responsabilidad y, en consecuencia, a la concreci贸n de la pena aplicable.
Es de resaltar que la preocupaci贸n en la Ley por la motivaci贸n de la resoluci贸n lleva tambi茅n a exigir al Magistrado que, con independencia de la motivaci贸n que los jurados hagan de la valoraci贸n de la prueba existente, aqu茅l ha de motivar por qu茅 consider贸 que exist铆a dicha prueba sobre la que autoriz贸 el veredicto. De esta suerte pretende la Ley obstar las cr铆ticas suscitadas en torno a la f贸rmula de separaci贸n del colegio decisor, tanto en lo relativo a la inescindibilidad del hecho y del derecho, como en lo concerniente a la supuesta irresponsabilidad por falta de motivaci贸n en el veredicto y sentencia, que, se dice, deber铆an ser inherentes a dicho sistema.
VII-MODIFICACIONES DE CUERPOS LEGALES Y ESPECIALIDADES PROCESALES
1. R茅gimen del antejuicio
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Suprimido apartado VII.1 de la Exposici贸n de Motivos
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
El art铆culo 410 de la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, disciplina el antejuicio como un tr谩mite precedente al objeto de exigir responsabilidad penal a Jueces o Magistrados, con arreglo al r茅gimen previsto en los art铆culos 757 a 778 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, el legislador ha querido sustituir dicho antejuicio en las causas por delitos cometidos por Jueces, Magistrados o Fiscales, atribuidas al conocimiento del Tribunal Jurado, por una especialidad que faculta al Juez de Instrucci贸n para practicar las actuaciones de comprobaci贸n necesarias y resolver sobre la procedencia de la imputaci贸n.
1. Modificaci贸n de la Ley Org谩nica del Poder Judicial
Los criterios contenidos en la Ley recogen sustancialmente los principios que el art铆culo 83.2 de la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, remit铆a a la futura Ley del Jurado, por lo que aprobada la completa regulaci贸n de esta Instituci贸n, resulta innecesaria tal previsi贸n. Dado que la doctrina constitucional ha venido exigiendo un texto normativo unitario para el desarrollo del art铆culo 122.1 de la Constituci贸n, se ha procedido a modificar el referido precepto de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, en la medida que la presente Ley afecta a las competencias y funciones de los 贸rganos jurisdiccionales, estableciendo en el art铆culo 83.2 la obligada referencia a la Ley Org谩nica del Tribunal del Jurado.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Renumerado apartado VII.1 de la Exposici贸n de Motivos. Su contenido se corresponde con la redacci贸n anterior del anterior apartado VII.1
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
2. Modificaci贸n de la Ley Org谩nica del Poder Judicial
Los criterios contenidos en la Ley recogen sustancialmente los principios que el art铆culo 83.2 de la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, remit铆a a la futura Ley del Jurado, por lo que aprobada la completa regulaci贸n de esta Instituci贸n, resulta innecesaria tal previsi贸n. Dado que la doctrina constitucional ha venido exigiendo un texto normativo unitario para el desarrollo del art铆culo 122.1 de la Constituci贸n, se ha procedido a modificar el referido precepto de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, en la medida que la presente Ley afecta a las competencias y funciones de los 贸rganos jurisdiccionales, estableciendo en el art铆culo 83.2 la obligada referencia a la Ley Org谩nica del Tribunal del Jurado.
2. El Ministerio Fiscal en la fase de instrucci贸n
Si bien debe corresponder al Juez la realizaci贸n de los actos sumariales, las peculiaridades que deben presidir el procedimiento ante el Jurado y la oportunidad de que se consolide el principio acusatorio, hacen necesaria la potenciaci贸n de las atribuciones del Ministerio Fiscal. De esta forma, la incoaci贸n y su adaptaci贸n al nuevo procedimiento, as铆 como la constituci贸n del Ministerio Fiscal junto al Juez instructor y la inmediata puesta en conocimiento de la imputaci贸n, en los t茅rminos previstos en los art铆culos 24 y 25 de la Ley, tienen tambi茅n su marco procesal mediante la incorporaci贸n de sendas previsiones en el art铆culo 309, para el procedimiento ordinario, y en los art铆culos 780 y 789.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para el abreviado.
Resulta coherente, por otra parte, con la remisi贸n del art铆culo 36 de la Ley a los art铆culos 668 a 677 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la tramitaci贸n de incidentes por el planteamiento de cuestiones previas, adicionar al art铆culo 678 de la misma la exclusi贸n de la posibilidad -en los procedimientos ante el Jurado- de reproducir en el juicio oral las cuestiones desestimadas. La misma coherencia se predica de la sustituci贸n del recurso procedente contra el auto resolutorio de la declinatoria o de la admisi贸n de las excepciones del art铆culo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que introduce el de apelaci贸n, en congruencia con la recurribilidad prevista contra las sentencias de la Audiencia Provincial.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Renumerado apartado VII.2 de la Exposici贸n de Motivos. Su contenido se corresponde con la redacci贸n anterior del anterior apartado VII.3
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
3. El Ministerio Fiscal en la fase de instrucci贸n
Si bien debe corresponder al Juez la realizaci贸n de los actos sumariales, las peculiaridades que deben presidir el procedimiento ante el Jurado y la oportunidad de que se consolide el principio acusatorio, hacen necesaria la potenciaci贸n de las atribuciones del Ministerio Fiscal. De esta forma, la incoaci贸n y su adaptaci贸n al nuevo procedimiento, as铆 como la constituci贸n del Ministerio Fiscal junto al Juez instructor y la inmediata puesta en conocimiento de la imputaci贸n, en los t茅rminos previstos en los art铆culos 24 y 25 de la Ley, tienen tambi茅n su marco procesal mediante la incorporaci贸n de sendas previsiones en el art铆culo 309, para el procedimiento ordinario, y en los art铆culos 780 y 789.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para el abreviado.
Resulta coherente, por otra parte, con la remisi贸n del art铆culo 36 de la Ley a los art铆culos 668 a 677 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la tramitaci贸n de incidentes por el planteamiento de cuestiones previas, adicionar al art铆culo 678 de la misma la exclusi贸n de la posibilidad -en los procedimientos ante el Jurado- de reproducir en el juicio oral las cuestiones desestimadas. La misma coherencia se predica de la sustituci贸n del recurso procedente contra el auto resolutorio de la declinatoria o de la admisi贸n de las excepciones del art铆culo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que introduce el de apelaci贸n, en congruencia con la recurribilidad prevista contra las sentencias de la Audiencia Provincial.
3. Medidas cautelares
La introducci贸n de un nuevo art铆culo 504 bis 2 en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto a la adopci贸n de medidas cautelares de privaci贸n o restricci贸n de la libertad, incorpora una necesaria audiencia del Ministerio Fiscal, las partes y el imputado asistido de letrado, inspirada en el principio acusatorio, y suprime la exigencia de ratificaci贸n del auto de prisi贸n. De esta forma, la limitaci贸n de la iniciativa judicial se equilibra con la instauraci贸n de los beneficios del contradictorio, sin perjuicio del car谩cter reformable de las medidas adoptadas durante todo el curso de la causa.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Renumerado apartado VII.3 de la Exposici贸n de Motivo. Su contenido se corresponde con la redacci贸n anterior del anterior apartado VII.4
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
4. Medidas cautelares
La introducci贸n de un nuevo art铆culo 504 bis 2 en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto a la adopci贸n de medidas cautelares de privaci贸n o restricci贸n de la libertad, incorpora una necesaria audiencia del Ministerio Fiscal, las partes y el imputado asistido de letrado, inspirada en el principio acusatorio, y suprime la exigencia de ratificaci贸n del auto de prisi贸n. De esta forma, la limitaci贸n de la iniciativa judicial se equilibra con la instauraci贸n de los beneficios del contradictorio, sin perjuicio del car谩cter reformable de las medidas adoptadas durante todo el curso de la causa.
4. Recursos de apelaci贸n y casaci贸n
El nuevo Libro V de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denominado «De los recursos de apelaci贸n, casaci贸n y revisi贸n», est谩 encaminado a extender la apelaci贸n contra autos y sentencias derivados del procedimiento ante el Tribunal del Jurado, as铆 como para determinadas resoluciones del penal ordinario en los supuestos del art铆culo 676 de la norma procesal. La nueva apelaci贸n aspira a colmar el derecho al «doble examen», o «doble instancia», en tanto su r茅gimen cumple suficientemente con la exigencia de que tanto el fallo condenatorio como la pena impuesta sean sometidas a un tribunal superior, en funci贸n del car谩cter especial del procedimiento ante el Jurado, y sin perjuicio de la funci贸n propia que debe desempe帽ar, respecto de todos los delitos, el recurso de casaci贸n.
Para ello, la Ley adecua los motivos de impugnaci贸n previstos a ese car谩cter especial铆simo del procedimiento y atribuye la competencia resolutiva a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, lo cual, aparte de los necesarios ajustes en medios personales, responde a una ya antigua aspiraci贸n en la delimitaci贸n competencial para el conocimiento de la apelaci贸n.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Renumerado Renumerado apartado VII.4 de la Exposici贸n de Motivos. Su contenido se corresponde con la redacci贸n anterior del anterior apartado VII.5
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
5. Recursos de apelaci贸n y casaci贸n
El nuevo Libro V de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denominado «De los recursos de apelaci贸n, casaci贸n y revisi贸n», est谩 encaminado a extender la apelaci贸n contra autos y sentencias derivados del procedimiento ante el Tribunal del Jurado, as铆 como para determinadas resoluciones del penal ordinario en los supuestos del art铆culo 676 de la norma procesal. La nueva apelaci贸n aspira a colmar el derecho al «doble examen», o «doble instancia», en tanto su r茅gimen cumple suficientemente con la exigencia de que tanto el fallo condenatorio como la pena impuesta sean sometidas a un tribunal superior, en funci贸n del car谩cter especial del procedimiento ante el Jurado, y sin perjuicio de la funci贸n propia que debe desempe帽ar, respecto de todos los delitos, el recurso de casaci贸n.
Para ello, la Ley adecua los motivos de impugnaci贸n previstos a ese car谩cter especial铆simo del procedimiento y atribuye la competencia resolutiva a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, lo cual, aparte de los necesarios ajustes en medios personales, responde a una ya antigua aspiraci贸n en la delimitaci贸n competencial para el conocimiento de la apelaci贸n.
CAP脥TULO I-Disposiciones generales
1. El Tribunal del Jurado, como instituci贸n para la participaci贸n de los ciudadanos en la Administraci贸n de Justicia, tendr谩 competencia para el enjuiciamiento de los delitos atribuidos a su conocimiento y fallo por esta u otra Ley respecto de los contenidos en las siguientes r煤bricas:
a) Delitos contra las personas.
b) Delitos cometidos por los funcionarios p煤blicos en el ejercicio de sus cargos.
c) Delitos contra el honor.
d) Delitos contra la libertad y la seguridad.
e) 鈥..
2. Dentro del 谩mbito de enjuiciamiento previsto en el apartado anterior, el Tribunal del Jurado ser谩 competente para el conocimiento y fallo de las causas por los delitos tipificados en los siguientes preceptos del C贸digo Penal:
a) Del homicidio (art铆culos 138 a 140).
b) De las amenazas (art铆culo 169.1.潞).
c) De la omisi贸n del deber de socorro (art铆culos 195 y 196).
d) Del allanamiento de morada (art铆culos 202 y 204).
e) De la infidelidad en la custodia de documentos (art铆culos 413 a 415).
f) Del cohecho (art铆culos 419 a 426).
g) Del tr谩fico de influencias (art铆culos 428 a 430).
h) De la malversaci贸n de caudales p煤blicos (art铆culos 432 a 434).
i) De los fraudes y exacciones ilegales (art铆culos 436 a 438)
j) De las negociaciones prohibidas a funcionarios (art铆culos 439 y 440).
k) De la infidelidad en la custodia de presos (art铆culo 471).
3. El juicio del Jurado se celebrar谩 s贸lo en el 谩mbito de la Audiencia Provincial y, en su caso, de los Tribunales que correspondan por raz贸n del aforamiento del acusado. En todo caso quedan excluidos de la competencia del Jurado, los delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional.
Precepto modificado por LO 2/2015, de 30 de marzo, con entrada en vigor a partir del 1-7-2015
路 Suprimida letra e) de los apartados 1 y 2 del art铆culo 1
路 Renumeradas letras e), f), g), h), i), j) y k) del apartado 2 del art铆culo 1. Su contenido se corresponde con la redacci贸n de las anteriores letras f), g), h), i), j), k) y l)
Redacci贸n hasta el 1-7-2015
1. El Tribunal del Jurado, como instituci贸n para la participaci贸n de los ciudadanos en la Administraci贸n de Justicia, tendr谩 competencia para el enjuiciamiento de los delitos atribuidos a su conocimiento y fallo por esta u otra Ley respecto de los contenidos en las siguientes r煤bricas:
a) Delitos contra las personas.
b) Delitos cometidos por los funcionarios p煤blicos en el ejercicio de sus cargos.
c) Delitos contra el honor.
d) Delitos contra la libertad y la seguridad.
e) Delitos de incendios.
2. Dentro del 谩mbito de enjuiciamiento previsto en el apartado anterior, el Tribunal del Jurado ser谩 competente para el conocimiento y fallo de las causas por los delitos tipificados en los siguientes preceptos del C贸digo Penal:
a) Del homicidio (art铆culos 138 a 140).
b) De las amenazas (art铆culo 169.1.潞).
c) De la omisi贸n del deber de socorro (art铆culos 195 y 196).
d) Del allanamiento de morada (art铆culos 202 y 204).
e) De los incendios forestales (art铆culos 352 a 354).
f) De la infidelidad en la custodia de documentos (art铆culos 413 a 415).
g) Del cohecho (art铆culos 419 a 426).
h) Del tr谩fico de influencias (art铆culos 428 a 430).
i) De la malversaci贸n de caudales p煤blicos (art铆culos 432 a 434).
j) De los fraudes y exacciones ilegales (art铆culos 436 a 438)
k) De las negociaciones prohibidas a funcionarios (art铆culos 439 y 440).
l) De la infidelidad en la custodia de presos (art铆culo 471).
3. El juicio del Jurado se celebrar谩 s贸lo en el 谩mbito de la Audiencia Provincial y, en su caso, de los Tribunales que correspondan por raz贸n del aforamiento del acusado. En todo caso quedan excluidos de la competencia del Jurado, los delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional.
Precepto modificado por LO 10/1995, de 23 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 23-5-1996
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 1
Redacci贸n hasta el 23-5-1996
1. El Tribunal del Jurado, como instituci贸n para la participaci贸n de los ciudadanos en la Administraci贸n de Justicia, tendr谩 competencia para el enjuiciamiento de los delitos atribuidos a su conocimiento y fallo por esta u otra Ley respecto de los contenidos en las siguientes r煤bricas:
a) Delitos contra las personas.
b) Delitos cometidos por los funcionarios p煤blicos en el ejercicio de sus cargos.
c) Delitos contra el honor.
d) Delitos contra la libertad y la seguridad.
e) Delitos de incendios.
2. Dentro del 谩mbito de enjuiciamiento previsto en el apartado anterior, el Tribunal del Jurado ser谩 competente para el conocimiento y fallo de las causas por los delitos tipificados en los siguientes preceptos del C贸digo Penal:
a) Art铆culo 405 (parricidio).
b) Art铆culo 406 (asesinato).
c) Art铆culo 407 (homicidio).
d) Art铆culo 409 (auxilio o inducci贸n al suicidio).
e) Art铆culo 410 (infanticidio).
f) Art铆culos 362 y 363 (infidelidad en la custodia de presos).
g) Art铆culos 364 a 366, ambos inclusive (infidelidad en la custodia de documentos).
h) Art铆culos 385 a 393, ambos inclusive (cohecho).
i) Art铆culos 394 a 396, ambos inclusive (malversaci贸n de caudales p煤blicos).
j) Art铆culos 400 a 403, ambos inclusive (fraudes y exacciones ilegales).
k) Art铆culo 404 (negociaciones prohibidas a funcionarios p煤blicos).
l) Art铆culos 404 bis a) a 404 bis c), ambos inclusive (tr谩fico de influencias).
m) Art铆culo 489 ter (omisi贸n del deber de socorro).
n) Art铆culos 490 a 492 bis, ambos inclusive (allanamiento de morada).
帽) Art铆culo 493.1.潞 (amenazas).
o) Art铆culos 553 bis a) a 553 bis c), ambos inclusive (incendios forestales).
3. El juicio del Jurado se celebrar谩 s贸lo en el 谩mbito de la Audiencia Provincial y, en su caso, de los Tribunales que correspondan por raz贸n del aforamiento del acusado. En todo caso quedan excluidos de la competencia del Jurado, los delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificados apartados 1, 2 y 3 del art铆culo 1
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
1. El Tribunal del Jurado, como instituci贸n para la participaci贸n de los ciudadanos en la Administraci贸n de Justicia, tendr谩 competencia para el enjuiciamiento de los delitos atribuidos a su conocimiento y fallo por esta u otra Ley respecto de los contenidos en las siguientes r煤bricas:
a) Delitos contra la vida humana.
b) Delitos cometidos por los funcionarios p煤blicos en el ejercicio de sus cargos.
c) Delitos contra el honor.
d) Delitos de omisi贸n del deber de socorro.
e) Delitos contra la intimidad y el domicilio.
f) Delitos contra la libertad.
g) Delitos contra el medio ambiente.
2. Dentro del 谩mbito de enjuiciamiento previsto en el apartado anterior, el Tribunal del Jurado ser谩 competente para el conocimiento y fallo de las causas por los delitos tipificados en los siguientes preceptos del C贸digo Penal:
a) Art铆culos 405 a 410, ambos inclusive (homicidio e infanticidio).
b) Art铆culos 362 a 366, ambos inclusive (infidelidad en la custodia de presos e infidelidad en la custodia de documentos).
c) Art铆culos 385 a 396, ambos inclusive (cohecho y malversaci贸n de caudales p煤blicos).
d) Art铆culos 400 a 404 bis c), ambos inclusive (fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios y tr谩fico de influencias).
e) Art铆culo 489 ter (omisi贸n del deber de socorro).
f) Art铆culos 490 a 492 bis, ambos inclusive (allanamiento de morada).
g) Art铆culo 493 (amenazas).
h) Art铆culos 553 bis a) a 553 bis c), ambos inclusive (delitos medioambientales).
3. El juicio del Jurado se celebrar谩 s贸lo en el 谩mbito de la Audiencia Provincial y, en su caso, de los Tribunales que corresponda por raz贸n del aforamiento del acusado. En todo caso quedan excluidos de la competencia del Jurado, los delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional.
Art铆culo 2. Composici贸n del Tribunal del Jurado
1. El Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados y un Magistrado integrante de la Audiencia Provincial, que lo presidir谩.
Si, por raz贸n del aforamiento del acusado, el juicio del Jurado debe celebrarse en el 谩mbito del Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de Justicia, el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado ser谩 un Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo o de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, respectivamente.
2. Al juicio del Jurado asistir谩n, adem谩s, dos jurados suplentes, a los que les ser谩 aplicable lo previsto en los art铆culos 6 y 7.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado p谩rrafo 2潞 del apartado 1 del art铆culo 2
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
1. El Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados y un Magistrado integrante de la Audiencia Provincial, que lo presidir谩.
Si, por raz贸n del aforamiento del acusado, el juicio del Jurado debe celebrarse en el 谩mbito del Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de Justicia, el Magistrado-presidente del Tribunal del Jurado ser谩 el Presidente de la Sala o Secci贸n de lo Penal del Tribunal Supremo o el Presidente del Tribunal Superior de Justicia o el Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal en quien deleguen 茅stos, respectivamente.
2. Al juicio del Jurado asistir谩n, adem谩s, dos jurados suplentes, a los que les ser谩 aplicable lo previsto en los art铆culos 6 y 7.
Art铆culo 3. Funci贸n de los jurados
1. Los jurados emitir谩n veredicto declarando probado o no probado el hecho justiciable que el Magistrado-Presidente haya determinado como tal, as铆 como aquellos otros hechos que decidan incluir en su veredicto y no impliquen variaci贸n sustancial de aqu茅l.
2. Tambi茅n proclamar谩n la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado por su participaci贸n en el hecho o hechos delictivos respecto de los cuales el Magistrado-Presidente hubiese admitido acusaci贸n.
3. Los jurados en el ejercicio de sus funciones actuar谩n con arreglo a los principios de independencia, responsabilidad y sumisi贸n a la Ley, a los que se refiere el art铆culo 117 de la Constituci贸n para los miembros del Poder Judicial.
4. Los jurados que en el ejercicio de su funci贸n se consideren inquietados o perturbados en su independencia, en los t茅rminos del art铆culo 14 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, podr谩n dirigirse al Magistrado-Presidente para que les ampare en el desempe帽o de su cargo.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado apartado 4 del art铆culo 3
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
1. Los jurados emitir谩n veredicto declarando probado o no probado el hecho justiciable que el Magistrado-Presidente haya determinado como tal, as铆 como aquellos otros hechos que decidan incluir en su veredicto y no impliquen variaci贸n sustancial de aqu茅l.
2. Tambi茅n proclamar谩n la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado por su participaci贸n en el hecho o hechos delictivos respecto de los cuales el Magistrado-Presidente hubiese admitido acusaci贸n.
3. Los jurados en el ejercicio de sus funciones actuar谩n con arreglo a los principios de independencia, responsabilidad y sumisi贸n a la Ley, a los que se refiere el art铆culo 117 de la Constituci贸n para los miembros del Poder Judicial.
4. Los jurados que en el ejercicio de su funci贸n se consideren inquietados o perturbados en su independencia en los t茅rminos del art铆culo 14 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, podr谩n dirigirse a la Sala de Gobierno del correspondiente Tribunal Superior de Justicia a los fines en el mismo previstos.
Art铆culo 4. Funci贸n del Magistrado-Presidente
El Magistrado-Presidente, adem谩s de otras funciones que le atribuye la presente Ley, dictar谩 sentencia en la que recoger谩 el veredicto del Jurado e impondr谩, en su caso, la pena y medida de seguridad que corresponda.
Tambi茅n resolver谩, en su caso, sobre la responsabilidad civil del penado o terceros respecto de los cuales se hubiera efectuado reclamaci贸n.
Art铆culo 5. Determinaci贸n de la competencia del Tribunal del Jurado
1. La determinaci贸n de la competencia del Tribunal del Jurado se har谩 atendiendo al presunto hecho delictivo, cualquiera que sea la participaci贸n o el grado de ejecuci贸n atribuido al acusado. No obstante, en el supuesto del art铆culo 1.1.a) s贸lo ser谩 competente si el delito fuese consumado.
2. La competencia del Tribunal del Jurado se extender谩 al enjuiciamiento de los delitos conexos, siempre que la conexi贸n tenga su origen en alguno de los siguientes supuestos: a) Que dos o m谩s personas reunidas cometan simult谩neamente los distintos delitos; b) que dos o m谩s personas cometan m谩s de un delito en distintos lugares o tiempos, si hubiere precedido concierto para ello; c) que alguno de los delitos se haya cometido para perpetrar otros, facilitar su ejecuci贸n o procurar su impunidad.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de lo previsto en el art铆culo 1 de la presente Ley, en ning煤n caso podr谩 enjuiciarse por conexi贸n el delito de prevaricaci贸n, as铆 como aquellos delitos conexos cuyo enjuiciamiento pueda efectuarse por separado sin que se rompa la continencia de la causa.
3. Cuando un solo hecho pueda constituir dos o m谩s delitos ser谩 competente el Tribunal del Jurado para su enjuiciamiento si alguno de ellos fuera de los atribuidos a su conocimiento.
Asimismo, cuando diversas acciones y omisiones constituyan un delito continuado ser谩 competente el Tribunal del Jurado si 茅ste fuere de los atribuidos a su conocimiento.
4. La competencia territorial del Tribunal del Jurado se ajustar谩 a las normas generales.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 5
路 Modificado p谩rrafo 2.潞 del apartado 2 del art铆culo 5
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
1. La determinaci贸n de la competencia del Tribunal del Jurado se har谩 atendiendo a la pena en abstracto que corresponda al presunto hecho delictivo, cualquiera que sea la participaci贸n o el grado de ejecuci贸n atribuido al acusado. No obstante, en el supuesto del art铆culo 1.1.a) s贸lo ser谩 competente si el delito fuese consumado.
2. La competencia del Tribunal del Jurado se extender谩 al enjuiciamiento de los delitos conexos, siempre que la conexi贸n tenga su origen en alguno de los siguientes supuestos: a) Que dos o m谩s personas reunidas cometan simult谩neamente los distintos delitos; b) que dos o m谩s personas cometan m谩s de un delito en distintos lugares o tiempos, si hubiere precedido concierto para ello; c) que alguno de los delitos se haya cometido para perpetrar otros, facilitar su ejecuci贸n o procurar su impunidad.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de lo previsto en el art铆culo 1 de la presente Ley, no podr谩 enjuiciarse por conexidad el delito de prevaricaci贸n y aquellos delitos conexos cuyo enjuiciamiento pueda efectuarse por separado.
3. Cuando un solo hecho pueda constituir dos o m谩s delitos ser谩 competente el Tribunal del Jurado para su enjuiciamiento si alguno de ellos fuera de los atribuidos a su conocimiento.
Asimismo, cuando diversas acciones y omisiones constituyan un delito continuado ser谩 competente el Tribunal del Jurado si 茅ste fuere de los atribuidos a su conocimiento.
4. La competencia territorial del Tribunal del Jurado se ajustar谩 a las normas generales.
CAP脥TULO II-Los jurados
SECCI脫N 1陋-Disposiciones Generales
Art铆culo 6. Derecho y deber de jurado
La funci贸n de jurado es un derecho ejercitable por aquellos ciudadanos en los que no concurra motivo que lo impida y su desempe帽o un deber para quienes no est茅n incursos en causa de incompatibilidad o prohibici贸n ni puedan excusarse conforme a esta Ley.
Art铆culo 7. Retribuci贸n y efectos laborales y funcionariales del desempe帽o de la funci贸n de jurado
1. El desempe帽o de las funciones de jurado ser谩 retribuido e indemnizado en la forma y cuant铆a que reglamentariamente se determine.
2. El desempe帽o de la funci贸n de jurado tendr谩, a los efectos del ordenamiento laboral y funcionarial, la consideraci贸n de cumplimiento de un deber inexcusable de car谩cter p煤blico y personal.
SECCI脫N 2陋-Requisitos, incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones y excusas
Art铆culo 8. Requisitos para ser jurado
Son requisitos para ser jurado:
1. Ser espa帽ol mayor de edad.
2. Encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos pol铆ticos.
3. Saber leer y escribir.
4. Ser vecino, al tiempo de la designaci贸n, de cualquiera de los municipios de la provincia en que el delito se hubiere cometido.
5. Contar con la aptitud suficiente para el desempe帽o de la funci贸n de jurado. Las personas con discapacidad no podr谩n ser excluidas por esta circunstancia de la funci贸n de jurado, debi茅ndoseles proporcionar por parte de la Administraci贸n de Justicia los apoyos precisos, as铆 como efectuar los ajustes razonables, para que puedan desempe帽ar con normalidad este cometido.
Precepto modificado por LO 1/2017, de 13 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 14-2-2018
路 Modificado apartado 5 del art铆culo 8
Redacci贸n hasta el 14-2-2018
Son requisitos para ser jurado:
1. Ser espa帽ol mayor de edad.
2. Encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos pol铆ticos.
3. Saber leer y escribir.
4. Ser vecino, al tiempo de la designaci贸n, de cualquiera de los municipios de la provincia en que el delito se hubiere cometido.
5. No estar impedido f铆sica, ps铆quica o sensorialmente para el desempe帽o de la funci贸n de Jurado.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado apartado 5 del art铆culo 8
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
Son requisitos para ser jurado:
1. Ser espa帽ol mayor de edad.
2. Encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos pol铆ticos.
3. Saber leer y escribir.
4. Ser vecino, al tiempo de la designaci贸n, de cualquiera de los municipios de la provincia en que el delito se hubiere cometido.
5. No estar afectado por discapacidad f铆sica o ps铆quica que impida el desempe帽o de la funci贸n de jurado.
Art铆culo 9. Falta de capacidad para ser jurado
Est谩n incapacitados para ser jurado:
1. Los condenados por delito doloso, que no hayan obtenido la rehabilitaci贸n.
2. Los procesados y aquellos acusados respecto de los cuales se hubiera acordado la apertura de juicio oral y quienes estuvieren sufriendo detenci贸n, prisi贸n provisional o cumpliendo pena por delito.
3. Los suspendidos, en un procedimiento penal, en su empleo o cargo p煤blico, mientras dure dicha suspensi贸n.
Art铆culo 10. Incompatibilidad para ser jurado
Ser谩n incompatibles para el desempe帽o de la funci贸n de jurado:
1. El Rey y los dem谩s miembros de la Familia Real Espa帽ola incluidos en el Registro Civil que regula el Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, as铆 como sus c贸nyuges.
2. El Presidente del Gobierno, los Vicepresidentes, Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores generales y cargos asimilados. El Director y los Delegados provinciales de la Oficina del Censo Electoral. El Gobernador y el Subgobernador del Banco de Espa帽a.
3. Los Presidentes de las Comunidades Aut贸nomas, los componentes de los Consejos de Gobierno, Viceconsejeros, Directores generales y cargos asimilados de aqu茅llas.
4. Los Diputados y Senadores de las Cortes Generales, los Diputados del Parlamento Europeo, los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut贸nomas y los miembros electos de las Corporaciones locales.
5. El Presidente y los Magistrados del Tribunal Constitucional. El Presidente y los miembros del Consejo General del Poder Judicial y el Fiscal general del Estado. El Presidente y los miembros del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado, y de los 贸rganos e instituciones de an谩loga naturaleza de las Comunidades Aut贸nomas.
6. El Defensor del Pueblo y sus adjuntos, as铆 como los cargos similares de las Comunidades Aut贸nomas.
7. Los miembros en activo de la Carrera Judicial y Fiscal, de los Cuerpos de Secretarios Judiciales, M茅dicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes y dem谩s personal al servicio de la Administraci贸n de Justicia, as铆 como los miembros en activo de las unidades org谩nicas de Polic铆a Judicial. Los miembros del Cuerpo Jur铆dico Militar de la Defensa y los Auxiliares de la Jurisdicci贸n y Fiscal铆a Militar, en activo.
8. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Aut贸nomas, en las Autonom铆as de Ceuta y Melilla, los Delegados insulares del Gobierno y los Gobernadores civiles.
9. Los letrados en activo al servicio de los 贸rganos constitucionales y de las Administraciones p煤blicas o de cualesquiera Tribunales, y los abogados y procuradores en ejercicio. Los profesores universitarios de disciplinas jur铆dicas o de medicina legal.
10. Los miembros en activo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
11. Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.
12. Los Jefes de Misi贸n Diplom谩tica acreditados en el extranjero, los Jefes de las Oficinas Consulares y los Jefes de Representaciones Permanentes ante Organizaciones Internacionales.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificados apartados 7, 8 y 9 del art铆culo 10
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
Art铆culo 10. Incompatibilidad para ser jurado.
Ser谩n incompatibles para el desempe帽o de la funci贸n de jurado:
1. El Rey y los dem谩s miembros de la Familia Real Espa帽ola incluidos en el Registro Civil que regula el Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, as铆 como sus c贸nyuges.
2. El Presidente del Gobierno, los Vicepresidentes, Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores generales y cargos asimilados. El Director y los Delegados provinciales de la Oficina del Censo Electoral. El Gobernador y el Subgobernador del Banco de Espa帽a.
3. Los Presidentes de las Comunidades Aut贸nomas, los componentes de los Consejos de Gobierno, Viceconsejeros, Directores generales y cargos asimilados de aqu茅llas.
4. Los Diputados y Senadores de las Cortes Generales, los Diputados del Parlamento Europeo, los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut贸nomas y los miembros electos de las Corporaciones locales.
5. El Presidente y los Magistrados del Tribunal Constitucional. El Presidente y los miembros del Consejo General del Poder Judicial y el Fiscal general del Estado. El Presidente y los miembros del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado, y de los 贸rganos e instituciones de an谩loga naturaleza de las Comunidades Aut贸nomas.
6. El Defensor del Pueblo y sus adjuntos, as铆 como los cargos similares de las Comunidades Aut贸nomas.
7. Los miembros en activo de la Carrera Judicial y Fiscal, de los Cuerpos de Secretarios Judiciales, M茅dicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes y dem谩s personal al servicio de la Administraci贸n de Justicia, as铆 como los miembros en activo de las unidades org谩nicas de Polic铆a Judicial y los Agentes de la Administraci贸n de Justicia. Los miembros del Cuerpo Jur铆dico Militar de la Defensa y los Auxiliares de la Jurisdicci贸n y Fiscal铆a Militar, en activo.
8. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Aut贸nomas, en las Islas y en Ceuta y Melilla, as铆 como los Gobernadores Civiles.
9. Los letrados en activo al servicio de los 贸rganos constitucionales y de las Administraciones P煤blicas o de cualesquiera Tribunales, y los abogados y procuradores en ejercicio. Los catedr谩ticos y profesores titulares de Universidades de disciplinas jur铆dicas o de medicina legal.
10. Los miembros en activo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
11. Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.
12. Los Jefes de Misi贸n Diplom谩tica acreditados en el extranjero, los Jefes de las Oficinas Consulares y los Jefes de Representaciones Permanentes ante Organizaciones Internacionales.
Art铆culo 11. Prohibici贸n para ser jurado
Nadie podr谩 formar parte como jurado del Tribunal que conozca de una causa en la que:
1. Sea acusador particular o privado, actor civil, acusado o tercero responsable civil.
2. Mantenga con quien sea parte alguna de las relaciones a que se refiere el art铆culo 219, en sus apartados 1 al 8, de la Ley Org谩nica del Poder Judicial que determinan el deber de abstenci贸n de los Jueces y Magistrados.
3. Tenga con el Magistrado-Presidente del Tribunal, miembro del Ministerio Fiscal o Secretario Judicial que intervenga en la causa o con los abogados o procuradores el v铆nculo de parentesco o relaci贸n a que se refieren los apartados 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 11 del art铆culo 219 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial.
4. Haya intervenido en la causa como testigo, perito, fiador o int茅rprete.
5. Tenga inter茅s, directo o indirecto, en la causa.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado apartado 3 del art铆culo 11
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
Nadie podr谩 formar parte como jurado del Tribunal que conozca de una causa en la que:
1. Sea acusador particular o privado, actor civil, acusado o tercero responsable civil.
2. Mantenga con quien sea parte alguna de las relaciones a que se refiere el art铆culo 219, en sus apartados 1 al 8, de la Ley Org谩nica del Poder Judicial que determinan el deber de abstenci贸n de los Jueces y Magistrados.
3. Tenga con el Magistrado-presidente del Tribunal, miembro del Ministerio Fiscal o Secretario Judicial que intervenga en la causa o con los abogados o procuradores el v铆nculo de parentesco relaci贸n a que se refieren los apartados 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 11 del art铆culo 219 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial.
4. Haya intervenido en la causa como testigo, perito, fiador o int茅rprete.
5. Tenga inter茅s, directo o indirecto, en la causa.
Art铆culo 12. Excusa para actuar como jurado
Podr谩n excusarse para actuar como jurado:
1. Los mayores de sesenta y cinco a帽os y las personas con discapacidad.
2. Los que hayan desempe帽ado efectivamente funciones de jurado dentro de los cuatro a帽os precedentes al d铆a de la nueva designaci贸n.
3. Los que sufran grave trastorno por raz贸n de las cargas familiares.
4. Los que desempe帽en trabajo de relevante inter茅s general, cuya sustituci贸n originar铆a importantes perjuicios al mismo.
5. Los que tengan su residencia en el extranjero.
6. Los militares profesionales en activo cuando concurran razones de servicio.
7. Los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempe帽o de la funci贸n de jurado.
Precepto modificado por LO 1/2017, de 13 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 14-2-2018
路 Modificado numeral 1 del art铆culo 12
Redacci贸n hasta el 14-2-2018
Podr谩n excusarse para actuar como jurado:
1. Los mayores de sesenta y cinco a帽os.
2. Los que hayan desempe帽ado efectivamente funciones de jurado dentro de los cuatro a帽os precedentes al d铆a de la nueva designaci贸n.
3. Los que sufran grave trastorno por raz贸n de las cargas familiares.
4. Los que desempe帽en trabajo de relevante inter茅s general, cuya sustituci贸n originar铆a importantes perjuicios al mismo.
5. Los que tengan su residencia en el extranjero.
6. Los militares profesionales en activo cuando concurran razones de servicio.
7. Los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempe帽o de la funci贸n de jurado.
SECCI脫N 3陋-Designaci贸n de los jurados
Art铆culo 13. Listas de candidatos a jurados
1. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral efectuar谩n un sorteo por cada provincia, dentro de los quince 煤ltimos d铆as del mes de septiembre de los a帽os pares, a fin de establecer la lista bienal de candidatos a jurados.
A tal efecto, los Presidentes de las Audiencias Provinciales, con una antelaci贸n m铆nima de tres d铆as a la fecha prevista para el sorteo, determinar谩n y comunicar谩n al Delegado de aquella Oficina el n煤mero de candidatos a jurados que estimen necesario obtener por sorteo dentro de la provincia. Dicho n煤mero se calcular谩 multiplicando por 50 el n煤mero de causas que se prevea vaya a conocer el Tribunal del Jurado, en estimaci贸n hecha atendiendo a las enjuiciadas en a帽os anteriores en la respectiva provincia, m谩s su posible incremento.
2. Los candidatos a jurados a obtener por sorteo se extraer谩n de la lista del censo electoral vigente a la fecha del sorteo, ordenada por municipios, relacionada, dentro de 茅stos, alfab茅ticamente y numerada correlativamente dentro del conjunto de la provincia. Dicha lista se remitir谩 para su anticipada exposici贸n durante siete d铆as a los respectivos Ayuntamientos.
El sorteo, que se celebrar谩 en sesi贸n p煤blica previamente anunciada en un local habilitado al efecto por la correspondiente Audiencia Provincial, se desarrollar谩 en la forma que reglamentariamente se determine.
3. Dentro de los siete d铆as siguientes a la celebraci贸n del sorteo, cualquier ciudadano podr谩 formular, ante la Audiencia Provincial, reclamaci贸n contra el acto de sorteo.
La Audiencia, constituida por el Presidente y el Magistrado m谩s antiguo y m谩s moderno de los destinados en el Tribunal, y actuando como Secretario el del Tribunal o, en su caso, el de la Secci贸n Primera, proceder谩 a recabar informe del Delegado provincial de la Oficina del Censo Electoral y practicar las diligencias que estime pertinentes.
Antes del quince de octubre, resolver谩 por resoluci贸n motivada no susceptible de recurso, comunicando lo decidido a la Delegaci贸n Provincial de la Oficina del Censo Electoral para que, si as铆 se resuelve, reitere el sorteo.
4. La Delegaci贸n Provincial de la Oficina del Censo Electoral enviar谩 la lista de los candidatos a jurados a la respectiva Audiencia Provincial quien la remitir谩 a los Ayuntamientos y al «Bolet铆n Oficial» de la provincia correspondiente, para su debida exposici贸n o publicaci贸n, respectivamente, durante los quince 煤ltimos d铆as del citado mes de octubre. Igualmente, en dicho plazo, se proceder谩 por el Secretario de la Audiencia Provincial, mediante oficio remitido por correo, a notificar a cada candidato a jurado su inclusi贸n en la referida lista, al tiempo que se le har谩 entrega de la pertinente documentaci贸n en la que se indicar谩n las causas de incapacidad, incompatibilidad y excusa, y el procedimiento para su alegaci贸n.
Art铆culo 14. Reclamaciones contra la inclusi贸n en las listas
1. Durante los quince primeros d铆as del mes de noviembre, los candidatos a jurados, si entendieren que concurre en ellos la falta de requisitos establecidos en el art铆culo 8, o una causa de incapacidad, incompatibilidad o excusa, podr谩n formular reclamaci贸n ante el Juez Decano de los de Primera Instancia e Instrucci贸n del partido judicial al que corresponda el Municipio de su vecindad a efectos de su exclusi贸n de la lista.
Tambi茅n podr谩 formular dicha reclamaci贸n cualquier ciudadano que entienda que alguno de los candidatos a jurados carece de los requisitos, de la capacidad o incurre en las causas de incompatibilidad a que se refieren los art铆culos 8, 9 y 10 de esta Ley.
2. Culminado el per铆odo de exposici贸n, los Secretarios de los Ayuntamientos remitir谩n al Juez Decano de los del partido judicial relaci贸n de personas que, incluidas en la lista de candidatos a jurados, pudieran, en esa fecha, estar incursas en la falta de requisitos o causa de incapacidad o incompatibilidad a que se refieren los art铆culos 8, 9 y 10 de esta Ley.
Art铆culo 15. Resoluci贸n de las reclamaciones
El Juez Decano dar谩 traslado de la reclamaci贸n o advertencia, en su caso, al interesado no reclamante, por tres d铆as. Practicar谩 las diligencias informativas que le propongan y las que estime imprescindibles y dictar谩 resoluci贸n motivada sobre cada una de las reclamaciones o advertencias efectuadas antes del d铆a 30 del mismo mes de noviembre.
Si alguna fuese estimada, mandar谩 hacer las rectificaciones o exclusiones que corresponda, comunicando su resoluci贸n a la Delegaci贸n Provincial de la Oficina del Censo Electoral y notific谩ndola al interesado. Contra dicha resoluci贸n no cabe recurso.
Art铆culo 16. Comunicaci贸n y rectificaci贸n de las listas definitivas
1. Ultimada la lista definitiva por cada provincia, la Delegaci贸n Provincial de la Oficina del Censo Electoral la enviar谩 al Presidente de la Audiencia Provincial respectiva, quien remitir谩 copia al Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente y al Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Asimismo, remitir谩 copia a los Ayuntamientos de la respectiva provincia para su exposici贸n durante los dos a帽os de vigencia de la citada lista.
2. Los incluidos en la lista de candidatos a jurados podr谩n ser convocados a formar parte del Tribunal del Jurado durante dos a帽os a contar del uno de enero siguiente. A tal efecto, tendr谩n la obligaci贸n de comunicar a la Audiencia Provincial cualquier cambio de domicilio o circunstancia que influya en los requisitos, en su capacidad o determine incompatibilidad para intervenir como jurado.
3. Asimismo, cualquier ciudadano podr谩 comunicar a la Audiencia Provincial las causas de incapacidad o incompatibilidad en que, durante el citado per铆odo, pueda incurrir el candidato a jurado. Tambi茅n el Alcalde del Ayuntamiento respectivo deber谩 comunicar esa incidencia, si de ella existiera constancia.
4. La Audiencia Provincial, con la composici贸n prevista en el apartado 3 del art铆culo 13, practicar谩 las diligencias informativas que estime oportunas y, tras o铆r, en su caso, al interesado no reclamante, resolver谩 motivadamente, sin que contra su resoluci贸n quepa recurso, notific谩ndolo al interesado y efectuando, en su caso, la exclusi贸n oportuna en la lista de candidatos a jurados.
Art铆culo 17. Alardes de causas y per铆odos de sesiones
Las Audiencias Provinciales, y, en su caso, la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala Segunda del Tribunal Supremo, efectuar谩n, antes del cuadrag茅simo d铆a anterior al per铆odo de sesiones correspondiente, un alarde de las causas se帽aladas para juicio oral, en las que hayan de intervenir jurados.
A ese efecto, los per铆odos de sesiones ser谩n: 1) desde el 1 de enero al 20 de marzo; 2) desde el 21 de marzo al 10 de junio; 3) desde el 11 de junio al 30 de septiembre, y 4) del 1 de octubre al 31 de diciembre.
Art铆culo 18. Designaci贸n de candidatos a jurados para cada causa
Con anticipaci贸n de al menos treinta d铆as al d铆a se帽alado para la primera vista de juicio oral, habiendo citado a las partes, el Magistrado que, conforme a las normas de reparto, haya de presidir el Tribunal del Jurado, dispondr谩 que el Secretario, en audiencia p煤blica, realice el sorteo, de entre los candidatos a jurados de la lista de la provincia correspondiente, de 36 candidatos a jurados por cada causa se帽alada en el per铆odo de sesiones siguiente. El sorteo no se suspender谩 por la inasistencia de cualquiera de dichas representaciones.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado art铆culo 18
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
Art铆culo 18. Sorteos de jurados para cada causa
Con anticipaci贸n de al menos treinta d铆as al d铆a se帽alado para la primera vista de juicio oral, habiendo citado al Ministerio Fiscal y representantes de las partes, el Magistrado que, conforme a las normas de reparto, haya de presidir el Tribunal del Jurado, dispondr谩 que el Secretario, en audiencia p煤blica, realice el sorteo, de entre los candidatos a jurados de la lista de la provincia correspondiente, de 36 jurados por cada causa se帽alada en el per铆odo de sesiones siguiente. El sorteo no se suspender谩 por la inasistencia de cualquiera de dichas representaciones.
Art铆culo 19. Citaci贸n de los candidatos a jurados designados para una causa.
1. El Secretario del Tribunal ordenar谩 lo necesario para la notificaci贸n a los candidatos a jurados de su designaci贸n y para la citaci贸n a fin de que comparezcan el d铆a se帽alado para la vista del juicio oral en el lugar en que se haya de celebrar.
2. La c茅dula de citaci贸n contendr谩 un cuestionario, en el que se especificar谩n las eventuales faltas de requisitos, causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibici贸n que los candidatos a jurados designados vienen obligados a manifestar as铆 como los supuestos de excusa que por aqu茅llos puedan alegarse.
3. A la c茅dula se acompa帽ar谩 la necesaria informaci贸n para los designados acerca de la funci贸n constitucional que est谩n llamados a cumplir, los derechos y deberes inherentes a 茅sta y la retribuci贸n que les corresponda.
4. 鈥.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificados apartados 1 y 2 del art铆culo 19
路 Suprimido apartado 4 del art铆culo 19
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
1. El Secretario del Tribunal ordenar谩 lo necesario para la notificaci贸n a los jurados de su designaci贸n y para la citaci贸n a fin de que comparezcan el d铆a se帽alado para la vista del juicio oral en el lugar en que se haya de celebrar.
2. La c茅dula de citaci贸n contendr谩 un cuestionario, en el que se especificar谩n las eventuales faltas de requisitos, causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibici贸n que los jurados vienen obligados a manifestar as铆 como los supuestos de excusa que por aqu茅llos puedan alegarse.
3. A la c茅dula se acompa帽ar谩 la necesaria informaci贸n para los designados acerca de la funci贸n constitucional que est谩n llamados a cumplir, los derechos y deberes inherentes a 茅sta y la retribuci贸n que les corresponda.
4. El citado cuestionario habr谩 de ser devuelto por correo con franqueo oficial dentro de los cinco d铆as h谩biles al de su recepci贸n.
Art铆culo 20. Excusa o advertencia de incapacidad, incompatibilidad o prohibici贸n.
Art铆culo 20. Devoluci贸n del cuestionario
Dentro de los cinco d铆as siguientes a la recepci贸n del cuestionario, los candidatos a jurados designados lo devolver谩n al Magistrado que haya de presidir el Tribunal del Jurado, por correo con franqueo oficial, debidamente cumplimentado, haciendo constar, en su caso, aquellas circunstancias personales asociadas a situaciones de discapacidad que pudieran presentar y que fueran relevantes para el ejercicio regular de esta funci贸n; asimismo acompa帽ar谩n las justificaciones documentales que estimen oportunas y concretar谩n la solicitud de los medios de apoyo y ajustes razonables que necesiten para desempe帽ar su funci贸n.
Precepto modificado por LO 1/2017, de 13 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 14-2-2018
路 Modificado art铆culo 20
Redacci贸n hasta el 14-2-2018
Dentro de los cinco d铆as siguientes a la recepci贸n del cuestionario, los candidatos a jurados designados lo devolver谩n, por correo con franqueo oficial, debidamente cumplimentado y acompa帽ado de las justificaciones documentales que estimen oportunas, al Magistrado que haya de presidir el Tribunal del Jurado.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado art铆culo 20
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
Art铆culo 20. Excusa o advertencia de incapacidad, incompatibilidad o prohibici贸n
Dentro de los cinco d铆as siguientes a la recepci贸n del cuestionario, los candidatos a jurados designados lo devolver谩n, por correo con franqueo oficial, debidamente cumplimentado y acompa帽ado de las justificaciones documentales que estimen oportunas, al Magistrado que haya de presidir el Tribunal del Jurado.
El Ministerio Fiscal y las dem谩s partes, a quienes se ha debido entregar previamente el cuestionario cumplimentado por los candidatos a jurados, podr谩n formular recusaci贸n, dentro de los cinco d铆as siguientes al de dicha entrega, por concurrir falta de requisitos o cualquiera de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibici贸n previstas en esta Ley. Tambi茅n propondr谩n la prueba de que intenten valerse.
Cualquier causa de recusaci贸n de la que se tenga conocimiento en ese tiempo, que no sea formulada, no podr谩 alegarse posteriormente.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado p谩rrafo 1.潞 del art铆culo 21
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
El Ministerio Fiscal y las partes, a quienes se ha debido entregar previamente el cuestionario a que se refiere el art铆culo anterior, dentro de los cinco d铆as siguientes a ser notificadas del resultado del sorteo, podr谩n formular recusaci贸n por concurrir cualquiera de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibici贸n previstas en esta Ley. Tambi茅n propondr谩n la prueba de que intenten valerse.
Cualquier causa de recusaci贸n de la que se tenga conocimiento en ese tiempo, que no sea formulada, no podr谩 alegarse posteriormente.
Art铆culo 22. Resoluci贸n de las excusas, advertencias y recusaciones
El Magistrado-Presidente se帽alar谩 d铆a para la vista de la excusa, advertencia o recusaci贸n presentada, citando a las partes y a quienes hayan expresado advertencia o excusa. Practicadas en el acto las diligencias propuestas, resolver谩 dentro de los tres d铆as siguiente.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado art铆culo 22
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
El Magistrado-presidente se帽alar谩 d铆a para la vista de la excusa, advertencia o recusaci贸n presentada, citando a las partes y a quienes hayan expresado advertencia o excusa. Practicadas en el acto las diligencias propuestas, resolver谩 dentro de tercero d铆a.
SP/LEG/23054 - LO 8/1995, 16 noviembre-Modifica LO 5/1995, 22 mayo, del Tribunal del Jurado
1. Si, como consecuencia de la resoluci贸n anterior, la lista de candidados a jurados designados para una causa quedase reducida a menos de veinte, el Magistrado-Presidente dispondr谩 que el Secretario proceda al inmediato sorteo, en igual forma que el inicial, de los jurados necesarios para completar dicho n煤mero, entre los de la lista bienal de la provincia correspondiente, previa convocatoria de las partes, citando a los designados para el d铆a del juicio oral.
2. A los candidatos a jurados as铆 designados les ser谩, asimismo, de aplicaci贸n lo dispuesto en los art铆culos 19 a 22 de esta Ley.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado art铆culo 23
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
Art铆culo 23. Nuevo sorteo para completar la lista de jurado
1. Si, como consecuencia de la resoluci贸n anterior, la lista de jurados de la causa quedase reducida a menos de veinte, el Magistrado-presidente dispondr谩 que el Secretario proceda al inmediato sorteo, en igual forma que el inicial, de los jurados necesarios para completar dicho n煤mero, entre los de la lista bienal de la provincia correspondiente, previa convocatoria de las partes, citando a los designados para el d铆a del juicio oral.
2. A los jurados as铆 designados les ser谩, asimismo, de aplicaci贸n lo dispuesto en los art铆culos 19 a 22 de esta Ley.
CAP脥TULO III-Del procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado
SECCI脫N 1陋-Incoaci贸n e instrucci贸n complementaria
Art铆culo 24. Incoaci贸n del procedimiento ante el Tribunal del Jurado
1. Cuando de los t茅rminos de la denuncia o de la relaci贸n circunstanciada del hecho en la querella, y tan pronto como de cualquier actuaci贸n procesal, resulte contra persona o personas determinadas la imputaci贸n de un delito, cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, previa valoraci贸n de su verosimilitud, proceder谩 el Juez de Instrucci贸n a dictar resoluci贸n de incoaci贸n del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado, cuya tramitaci贸n se acomodar谩 a las disposiciones de esta Ley, practicando, en todo caso, aquellas actuaciones inaplazables a que hubiere lugar.
2. La aplicaci贸n de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ser谩 supletoria en lo que no se oponga a los preceptos de la presente Ley.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 24
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
1. Cuando de los t茅rminos de la denuncia o de la relaci贸n circunstanciada del hecho en la querella, y tan pronto como de cualquier actuaci贸n procesal, resulte contra persona o personas determinadas la imputaci贸n de un delito, cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, previa confirmaci贸n de su verosimilitud, proceder谩 el Juez de Instrucci贸n a dictar resoluci贸n de incoaci贸n del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado, cuya tramitaci贸n se acomodar谩 a las disposiciones de esta Ley, practicando, en todo caso, aquellas actuaciones inaplazables a que hubiere lugar.
2. La aplicaci贸n de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ser谩 supletoria en lo que no se oponga a los preceptos de la presente Ley.
1. Incoado el procedimiento por delito cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, el Juez de Instrucci贸n lo pondr谩 inmediatamente en conocimiento de los imputados.Con objeto de concretar la imputaci贸n, les convocar谩 en el plazo de cinco d铆as a una comparecencia as铆 como al Ministerio Fiscal y dem谩s partes personadas. Al tiempo de la citaci贸n, dar谩 traslado a los imputados de la denuncia o querella admitida a tr谩mite, si no se hubiese efectuado con anterioridad. El imputado estar谩 necesariamente asistido de letrado de su elecci贸n o, caso de no designarlo, de letrado de oficio.
2. Si son conocidos los ofendidos o los perjudicados por el delito no personados, se les citar谩 para ser o铆dos en la comparecencia prevista en el apartado anterior y, al tiempo de la citaci贸n, se les instruir谩 por medio de escrito, de los derechos a que hacen referencia los art铆culos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si tal diligencia no se efectu贸 con anterioridad. Especialmente se les indicar谩 el derecho a formular alegaciones y solicitar lo que estimen oportuno si se personan en legal forma en dicho acto y a solicitar, en las condiciones establecidas en el art铆culo 119 de aquella Ley, el derecho de asistencia jur铆dica gratuita.
3. En la citada comparecencia, el Juez de Instrucci贸n comenzar谩 por o铆r al Ministerio Fiscal y, sucesivamente, a los acusadores personados, quienes concretar谩n la imputaci贸n. Seguidamente, oir谩 al letrado del imputado, quien manifestar谩 lo que estime oportuno en su defensa y podr谩 instar el sobreseimiento, si hubiere causa para ello, conforme a lo dispuesto en los art铆culos 637 贸 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En sus intervenciones, las partes podr谩n solicitar las diligencias de investigaci贸n que estimen oportunas.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 25
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
1. Incoado el procedimiento por delito cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, el Juez de Instrucci贸n lo pondr谩 inmediatamente en conocimiento de los imputados. A tal efecto, les convocar谩 en el plazo de cinco d铆as a una comparecencia as铆 como al Ministerio Fiscal y dem谩s partes personadas. Al tiempo de la citaci贸n, dar谩 traslado a los imputados de la denuncia o querella admitida a tr谩mite, si no se hubiese efectuado con anterioridad. El imputado estar谩 necesariamente asistido de letrado de su elecci贸n o, caso de no designarlo, de letrado de oficio.
2. Si son conocidos los ofendidos o los perjudicados por el delito no personados, se les citar谩 para ser o铆dos en la comparecencia prevista en el apartado anterior y, al tiempo de la citaci贸n, se les instruir谩 por medio de escrito, de los derechos a que hacen referencia los art铆culos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si tal diligencia no se efectu贸 con anterioridad. Especialmente se les indicar谩 el derecho a formular alegaciones y solicitar lo que estimen oportuno si se personan en legal forma en dicho acto y a solicitar, en las condiciones establecidas en el art铆culo 119 de aquella Ley, el derecho de asistencia jur铆dica gratuita.
3. En la citada comparecencia, el Juez de Instrucci贸n comenzar谩 por o铆r al Ministerio Fiscal y, sucesivamente, a los acusadores personados, quienes concretar谩n la imputaci贸n. Seguidamente, oir谩 al letrado del imputado, quien manifestar谩 lo que estime oportuno en su defensa y podr谩 instar el sobreseimiento, si hubiere causa para ello, conforme a lo dispuesto en los art铆culos 637 贸 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En sus intervenciones, las partes podr谩n solicitar las diligencias de investigaci贸n que estimen oportunas.
Art铆culo 26. Decisi贸n sobre la continuaci贸n del procedimiento
1. O铆das las partes, el Juez de Instrucci贸n decidir谩 la continuaci贸n del procedimiento, o el sobreseimiento, si hubiera causa para ello, conforme a lo dispuesto en los art铆culos 637 贸 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
2. Si el Ministerio Fiscal y dem谩s partes personadas instan el sobreseimiento, el Juez podr谩 adoptar las resoluciones a que se refieren los art铆culos 642 y 644 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El auto por el que acuerde el sobreseimiento ser谩 apelable ante la Audiencia Provincial.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 26
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
1. O铆das las partes y el Ministerio Fiscal, el Juez de Instrucci贸n decidir谩 la continuaci贸n del procedimiento, o el sobreseimiento si hubiera causa para ello, conforme a lo dispuesto en los art铆culos 637 贸 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la procedencia de las diligencias interesadas. Adem谩s, podr谩 ordenar, como complemento de las solicitadas por el Ministerio Fiscal y dem谩s partes, las diligencias que estime necesarias limitadas a la comprobaci贸n del hecho justiciable y de las personas objeto de imputaci贸n por las partes acusadoras.
2. Si el Ministerio Fiscal y dem谩s partes personadas instan el sobreseimiento, el Juez podr谩 adoptar las resoluciones a que se refieren los art铆culos 642 y 644 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El auto por el que acuerde el sobreseimiento ser谩 apelable ante la Audiencia Provincial.
Art铆culo 27. Diligencias de investigaci贸n
1. Si el Juez de Instrucci贸n acordase la continuaci贸n del procedimiento, resolver谩 sobre la pertinencia de las diligencias solicitadas por las partes, ordenando practicar o practicando por s铆 solamente las que considere imprescindibles para decidir sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y no pudiesen practicarse directamente en la audiencia preliminar prevista en la presente Ley.
2. Tambi茅n podr谩n las partes, solicitar nuevas diligencias dentro de los cinco d铆as siguientes al de la comparecencia o al de aquel en que se practicase la 煤ltima de las ordenadas. Esta circunstancia ser谩 notificada a las partes al objeto de que puedan instar lo que a su derecho convenga.
3. Adem谩s podr谩 el Juez ordenar, como complemento de las solicitadas por las partes, las diligencias que estime necesarias, limitadas a la comprobaci贸n del hecho justiciable y respecto de las personas objeto de imputaci贸n por las partes acusadoras.
4. Si el Juez considerase improcedentes las solicitadas y no ordenase ninguna de oficio, conferir谩 nuevo traslado a las partes a fin de que insten, en el plazo de cinco d铆as, lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando escrito de conclusiones provisionales. Lo mismo mandar谩 el Juez cuando estime innecesaria la pr谩ctica de m谩s diligencias, aun cuando no haya finalizado la pr谩ctica de las ya ordenadas.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado art铆culo 27
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
1. Si el Ministerio Fiscal o alguna de las partes solicitare la pr谩ctica de diligencias de investigaci贸n, el Juez las ordenar谩 practicar, o practicar谩 por s铆, solamente si las estimase imprescindibles para resolver sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y no pudieren practicarse directamente en la audiencia preliminar prevista en la presente Ley.
2. Tambi茅n podr谩n, el Ministerio Fiscal y las partes, solicitar nuevas diligencias dentro de los tres d铆as siguientes al de la comparecencia o al de aquel en que se practicase la 煤ltima de las ordenadas. Esta circunstancia ser谩 notificada a las partes al objeto de que puedan instar lo que a su derecho convenga.
3. Si el Juez considerase improcedentes las solicitadas y no ordenase ninguna de oficio, conferir谩 nuevo traslado al Ministerio Fiscal y a las partes a fin de que insten, en el plazo de cinco d铆as, lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando escrito de conclusiones provisionales. Lo mismo mandar谩 el Juez cuando estime innecesaria la pr谩ctica de m谩s diligencias, aun cuando no haya culminado de practicar las ya ordenadas.
4. Si ninguna de las partes ni el Ministerio Fiscal solicitaren, dentro de dicho t茅rmino, la apertura del juicio oral, el Juez ordenar谩 el sobreseimiento que corresponda conforme a los art铆culos 637 贸 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Si de las diligencias practicadas resultaren indicios racionales de delito distinto del que es objeto de procedimiento o la participaci贸n de personas distintas de las inicialmente imputadas, se actuar谩 en la forma establecida en el art铆culo 25 de esta Ley o, en su caso, se incoar谩 el procedimiento que corresponda si el delito no fuese de los atribuidos al Tribunal del Jurado.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado art铆culo 28
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
Art铆culo 28. Imputaci贸n de distinto delito
Si el Juez estimara que de las diligencias practicadas resultaren indicios racionales de delito distinto del que es objeto de procedimiento o la participaci贸n de personas distintas del inicialmente imputado, 茅ste actuar谩 en la forma establecida en el art铆culo 25 de esta Ley o, en su caso, incoar谩 el procedimiento que corresponda si el delito no fuese de los atribuidos al Tribunal del Jurado.
Art铆culo 29. Escrito de solicitud de juicio oral y calificaci贸n
1. El escrito solicitando la apertura del juicio oral tendr谩 el contenido a que se refiere el art铆culo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
2. De dicho escrito se dar谩 traslado a la representaci贸n del acusado, quien formular谩 escrito en los t茅rminos del art铆culo 652 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
3. En ambos casos, se podr谩 hacer uso de las alternativas previstas en el art铆culo 653 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
4. En sus respectivos escritos, las partes podr谩n proponer diligencias complementarias para su pr谩ctica en la audiencia preliminar, sin que puedan ser reiteradas las que hayan sido ya practicadas con anterioridad.
5. Las partes, cuando entiendan que todos los hechos delictivos objeto de acusaci贸n no son de los que tienen atribuido su enjuiciamiento al Tribunal del Jurado, instar谩n en sus respectivos escritos de solicitud de juicio oral la pertinente adecuaci贸n del procedimiento.
Si estiman que la falta de competencia ocurre s贸lo respecto de alguno de los delitos objeto de la acusaci贸n, la solicitud se limitar谩 a la correspondiente deducci贸n de testimonio suficiente, en relaci贸n con el que deba excluirse del procedimiento seguido para ante el Tribunal del Jurado, y a la remisi贸n al 贸rgano jurisdiccional competente para el seguimiento de la causa que corresponda.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado p谩rrafo 1.潞 del apartado 5 del art铆culo 29
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
1. El escrito solicitando la apertura del juicio oral tendr谩 el contenido a que se refiere el art铆culo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
2. De dicho escrito se dar谩 traslado a la representaci贸n del acusado, quien formular谩 escrito en los t茅rminos del art铆culo 652 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 3. En ambos casos, se podr谩 hacer uso de las alternativas previstas en el art铆culo 653 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
4. En sus respectivos escritos, las partes podr谩n proponer diligencias complementarias para su pr谩ctica en la audiencia preliminar, sin que puedan ser reiteradas las que hayan sido ya practicadas con anterioridad.
5. Las partes, cuando entiendan que todos los hechos objeto de acusaci贸n no son de los que tienen atribuido su enjuiciamiento al Tribunal del Jurado, instar谩n en sus respectivos escritos de solicitud de juicio oral la pertinente adecuaci贸n de procedimiento.
Si estiman que la falta de competencia ocurre s贸lo respecto de alguno de los delitos objeto de la acusaci贸n, la solicitud se limitar谩 a la correspondiente deducci贸n de testimonio suficiente, en relaci贸n con el que deba excluirse del procedimiento seguido para ante el Tribunal del Jurado, y a la remisi贸n al 贸rgano jurisdiccional competente para el seguimiento de la causa que corresponda.
SECCI脫N 2陋-Audiencia preliminar
Art铆culo 30. Convocatoria de la audiencia preliminar
1. Una vez presentado el escrito de calificaci贸n de la defensa, el Juez se帽alar谩 el d铆a m谩s pr贸ximo posible para audiencia preliminar de las partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral, salvo que est茅n pendientes de practicarse las diligencias de investigaci贸n solicitadas por la defensa del imputado y declaradas pertinentes por el Juez. Una vez practicadas 茅stas, el Juez proceder谩 a efectuar el referido se帽alamiento. Al tiempo resolver谩 sobre la admisi贸n y pr谩ctica de las diligencias interesadas por las partes para el acto de dicha audiencia preliminar.
Si el Juez no acordare la convocatoria de la audiencia preliminar, las partes podr谩n acudir en queja ante la Audiencia Provincial.
2. La audiencia preliminar podr谩 ser renunciada por la defensa de los acusados, aquiet谩ndose con la apertura del juicio oral, en cuyo caso, el Juez decretar谩 茅sta, sin m谩s, en los t茅rminos del art铆culo 33 de la presente Ley. Para que dicha renuncia surta efecto ha de ser solicitada por la defensa de todos los acusados.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado p谩rrafo 1.潞 del apartado 1 del art铆culo 30
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
1. Inmediatamente que el Ministerio Fiscal o una parte acusadora insten en los t茅rminos del art铆culo anterior la apertura del juicio oral, el Juez se帽alar谩 el d铆a m谩s pr贸ximo posible para audiencia preliminar de las partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral, salvo que est茅n pendientes de practicarse las diligencias de investigaci贸n solicitadas por la defensa del imputado y declaradas pertinentes por el Juez. Una vez practicadas 茅stas, el Juez proceder谩 a efectuar el referido se帽alamiento. Al tiempo resolver谩 sobre la admisi贸n y pr谩ctica de las diligencias interesadas por las partes para el acto de dicha audiencia preliminar.
Si el Juez no acordare la convocatoria de la audiencia preliminar, las partes podr谩n acudir en queja ante la Audiencia Provincial.
2. La audiencia preliminar podr谩 ser renunciada por la defensa de los acusados, aquiet谩ndose con la apertura del juicio oral, en cuyo caso, el Juez decretar谩 茅sta, sin m谩s, en los t茅rminos del art铆culo 33 de la presente Ley. Para que dicha renuncia surta efecto ha de ser solicitada por la defensa de todos los acusados.
Art铆culo 31. Celebraci贸n de la audiencia preliminar
1. En el d铆a y hora se帽alados se celebrar谩 la audiencia preliminar comenzando por la pr谩ctica de las diligencias propuestas por las partes.
2. Las partes podr谩n proponer en este momento diligencias para practicarse en el acto. El Juez denegar谩 toda diligencia propuesta que no sea imprescindible para la adecuada decisi贸n sobre la procedencia de la apertura del juicio oral.
3. Terminada la pr谩ctica de las diligencias admitidas, se oir谩 a las partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y, en su caso, sobre la competencia del Tribunal del Jurado para el enjuiciamiento. Las acusaciones pueden modificar los t茅rminos de su petici贸n de apertura de juicio oral, sin que sea admisible la introducci贸n de nuevos elementos que alteren el hecho justiciable o la persona acusada.
Art铆culo 32. Auto de sobreseimiento o de apertura de juicio oral
1. Concluida la audiencia preliminar, en el mismo acto o dentro de los tres d铆as siguientes, el Juez dictar谩 auto por el que decidir谩 la apertura o no del juicio oral. Si decide la no apertura del juicio oral acordar谩 el sobreseimiento. Podr谩 asimismo decretar la apertura del juicio oral y el sobreseimiento parcial en los t茅rminos del art铆culo 640 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal si concurre en alguno de los acusados lo previsto en el art铆culo 637.3.潞 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
2. La resoluci贸n por la que acuerda el sobreseimiento es apelable ante la Audiencia Provincial. La que acuerda la apertura del juicio oral no es recurrible, sin perjuicio de lo previsto en el art铆culo 36 de la presente Ley.
3. Tambi茅n podr谩 el Juez ordenar la pr谩ctica de alguna diligencia complementaria, antes de resolver, si la estimase imprescindible de resultas de lo actuado en la audiencia preliminar.
4. En su caso, podr谩 el Juez ordenar la acomodaci贸n al procedimiento que corresponda cuando no fuese aplicable al regulado en esta Ley. Si considera que el que corresponde es el regulado en el T铆tulo 11 del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, acordar谩 la apertura del juicio oral, si la estima procedente, y remitir谩 la causa a la Audiencia Provincial o al Juez de lo Penal competente para que prosigan el conocimiento de la causa en los t茅rminos de los art铆culos 785 y siguientes de dicha Ley.
Nota
Modificado apartado 4 del art铆culo 32 por Ley 38/2002, de 24 de octubre.
Art铆culo 33. Contenido del auto de apertura del juicio oral
El auto que decrete la apertura del juicio oral determinar谩:
a) El hecho o hechos justiciables de entre los que han sido objeto de acusaci贸n y respecto de los cuales estime procedente el enjuiciamiento.
b) La persona o personas que podr谩n ser juzgadas como acusados o terceros responsables civilmente.
c) La fundamentaci贸n de la procedencia de la apertura del juicio con indicaci贸n de las disposiciones legales aplicables.
d) El 贸rgano competente para el enjuiciamiento.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado letra c) del art铆culo 33
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
El auto que decrete la apertura del juicio oral determinar谩:
a) El hecho o hechos justiciables de entre los que han sido objeto de acusaci贸n y respecto de los cuales estime procedente el enjuiciamiento.
b) La persona o personas que podr谩n ser juzgadas como acusados o terceros responsables civilmente.
c) La fundamentaci贸n de la procedencia de la apertura del juicio.
d) El 贸rgano competente para el enjuiciamiento.
1. En la misma resoluci贸n, el Juez acordar谩 que se deduzca testimonio de:
a) Los escritos de calificaci贸n de las partes.
b) La documentaci贸n de las diligencias no reproducibles y que hayan de ser ratificadas en el juicio oral.
c) El auto de apertura del juicio oral.
2. El testimonio, efectos e instrumentos del delito ocupados y dem谩s piezas de convicci贸n, ser谩n inmediatamente remitidos al Tribunal competente para el enjuiciamiento.
3. Las partes podr谩n pedir, en cualquier momento, los testimonios que les interesen para su ulterior utilizaci贸n en el juicio oral.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado p谩rrafo 1.潞 del apartado 1 del art铆culo 34
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
1. En la misma resoluci贸n, el Juez ordenar谩 deducir testimonio de:
a) Los escritos de calificaci贸n de las partes.
b) La documentaci贸n de las diligencias no reproducibles y que hayan de ser ratificadas en el juicio oral.
c) El auto de apertura del juicio oral.
2. El testimonio, efectos e instrumentos del delito ocupados y dem谩s piezas de convicci贸n, ser谩n inmediatamente remitidos al Tribunal competente para el enjuiciamiento.
3. Las partes podr谩n pedir, en cualquier momento, los testimonios que les interesen para su ulterior utilizaci贸n en el juicio oral.
Art铆culo 35. Emplazamiento de las partes y designaci贸n del Magistrado-Presidente
1. El Juez mandar谩 emplazar a las partes para que se personen dentro del t茅rmino de quince d铆as ante el Tribunal competente para el enjuiciamiento.
2. Recibidas las actuaciones en la Audiencia Provincial, se designar谩 al Magistrado que por turno corresponda.
SECCI脫N 3陋-Cuestiones previas al juicio ante el Tribunal del Jurado
Art铆culo 36. Planteamiento de cuestiones previas
1. Al tiempo de personarse las partes podr谩n:
a) Plantear alguna de las cuestiones o excepciones previstas en el art铆culo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o alegar lo que estimen oportuno sobre la competencia o inadecuaci贸n del procedimiento.
b) Alegar la vulneraci贸n de alg煤n derecho fundamental.
c) Interesar la ampliaci贸n del juicio a alg煤n hecho respecto del cual hubiese inadmitido la apertura el Juez de Instrucci贸n.
d) Pedir la exclusi贸n de alg煤n hecho sobre el que se hubiera abierto el juicio oral, si se denuncia que no estaba incluido en los escritos de acusaci贸n.
e) Impugnar los medios de prueba propuestos por las dem谩s partes y proponer nuevos medios de prueba.
En este caso, se dar谩 traslado a las dem谩s partes para que en el t茅rmino de tres d铆as puedan instar por escrito su inadmisi贸n.
2. Si se plantease alguno de estos incidentes se le dar谩 la tramitaci贸n establecida en los art铆culos 668 a 677 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Art铆culo 37. Auto de hechos justiciables, procedencia de prueba y se帽alamiento de d铆a para la vista del juicio oral
Personadas las partes y resueltas, en su caso, las cuestiones propuestas, si ello no impidiese el juicio oral, el Magistrado que vaya a presidir el Tribunal del Jurado dictar谩 auto cuyo contenido se ajustar谩 a las siguientes reglas:
a) Precisar谩, en p谩rrafos separados, el hecho o hechos justiciables. En cada p谩rrafo no se podr谩n incluir t茅rminos susceptibles de ser tenidos por probados unos y por no probados otros. Excluir谩, asimismo, toda menci贸n que no resulte absolutamente imprescindible para la calificaci贸n.
En dicha relaci贸n se incluir谩n tanto los hechos alegados por las acusaciones como por la defensa. Pero, si la afirmaci贸n de uno supone la negaci贸n del otro, s贸lo se incluir谩 una proposici贸n.
b) Seguidamente, con igual criterio, se expondr谩n en p谩rrafos separados los hechos que configuren el grado de ejecuci贸n del delito y el de participaci贸n del acusado, as铆 como la posible estimaci贸n de la exenci贸n, agravaci贸n o atenuaci贸n de la responsabilidad criminal.
c) A continuaci贸n, determinar谩 el delito o delitos que dichos hechos constituyan.
d) Asimismo, resolver谩 sobre la procedencia de los medios de prueba propuestos por las partes y sobre la anticipaci贸n de su pr谩ctica.
Contra la resoluci贸n que declare la procedencia de alg煤n medio de prueba no se admitir谩 recurso. Si se denegare la pr谩ctica de alg煤n medio de prueba podr谩n las partes formular su oposici贸n a efectos de ulterior recurso.
e) Tambi茅n se帽alar谩 d铆a para la vista del juicio oral adoptando las medidas a que se refieren los art铆culos 660 a 664 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 A帽adida letra c) del art铆culo 37
路 Renumeradas letras d) y e) del art铆culo 37. Su contenido se corresponde con la redacci贸n anterior de las letras c) y d)
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
Personadas las partes y resueltas, en su caso, las cuestiones propuestas, si ello no impidiese el juicio oral, el Magistrado que vaya a presidir el Tribunal del Jurado dictar谩 auto cuyo contenido se ajustar谩 a las siguientes reglas:
a) Precisar谩, en p谩rrafos separados, el hecho o hechos justiciables. En cada p谩rrafo no se podr谩n incluir t茅rminos susceptibles de ser tenidos por probados unos y por no probados otros. Excluir谩, asimismo, toda menci贸n que no resulte absolutamente imprescindible para la calificaci贸n.
En dicha relaci贸n se incluir谩n tanto los hechos alegados por las acusaciones como por la defensa. Pero, si la afirmaci贸n de uno supone la negaci贸n del otro, s贸lo se incluir谩 una proposici贸n.
b) Seguidamente, con igual criterio, se expondr谩n en p谩rrafos separados los hechos que configuren el grado de ejecuci贸n del delito y el de participaci贸n del acusado, as铆 como la posible estimaci贸n de la exenci贸n, agravaci贸n o atenuaci贸n de la responsabilidad criminal.
c) Asimismo, resolver谩 sobre la procedencia de los medios de prueba propuestos por las partes y sobre la anticipaci贸n de su pr谩ctica.
Contra la resoluci贸n que declare la procedencia de alg煤n medio de prueba no se admitir谩 recurso. Si se denegare la pr谩ctica de alg煤n medio de prueba podr谩n las partes formular su oposici贸n a efectos de ulterior recurso.
d) Tambi茅n se帽alar谩 d铆a para la vista del juicio oral adoptando las medidas a que se refieren los art铆culos 660 a 664 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
SECCI脫N 4陋-Constituci贸n del Tribunal del Jurado
Art铆culo 38. Concurrencia de los integrantes del Tribunal del Jurado y recusaci贸n de jurados
1. El d铆a y hora se帽alado para el juicio se constituir谩 el Magistrado que haya de presidir el Tribunal del Jurado con la asistencia del Secretario y la presencia de las partes. Si concurriesen al menos veinte de los candidatos a jurados convocados, el Magistrado-Presidente abrir谩 la sesi贸n. Si no concurriese dicho n煤mero, se proceder谩 en la forma indicada en el art铆culo siguiente.
2. El Magistrado-Presidente interrogar谩 nuevamente a los candidatos a jurados por si en ellos concurriera falta de requisitos,alguna causa de incapacidad, incompatibilidad, prohibici贸n o excusa prevista en esta Ley.
Tambi茅n podr谩n las partes por s铆 o a trav茅s del Magistrado-Presidente interrogar a los jurados respecto a las materias relacionadas en el p谩rrafo anterior.
3. Tambi茅n las partes podr谩n recusar a aquellos en quienes afirmen concurre causa de incapacidad, incompatibilidad o prohibici贸n.
Las recusaciones se oir谩n y resolver谩n en el propio acto por el Magistrado-Presidente, ante la presencia de las partes y o铆do el candidato a jurado afectado.
4. El Magistrado-Presidente decidir谩 sobre la recusaci贸n, sin que quepa recurso, pero s铆 protesta a los efectos del recurso que pueda ser interpuesto contra la sentencia.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificados apartados 1 y 2 del art铆culo 38
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
1. El d铆a y hora se帽alado para el juicio se constituir谩 el Magistrado que haya de presidir el Tribunal del Jurado con la asistencia del Secretario y la presencia de las partes. Si concurriesen al menos veinte de los jurados convocados, el Magistrado-presidente abrir谩 la sesi贸n. Si no concurriese dicho n煤mero, se proceder谩 en la forma indicada en el art铆culo siguiente.
2. El Magistrado-presidente interrogar谩 nuevamente a los jurados por si en ellos concurriera alguna causa de incapacidad, incompatibilidad, prohibici贸n o excusa prevista en esta Ley. Tambi茅n podr谩n las partes por s铆 o a trav茅s del Magistrado-presidente interrogar a los jurados respecto a las materias relacionadas en el p谩rrafo anterior.
3. Tambi茅n las partes podr谩n recusar a aquellos en quienes afirmen concurre causa de incapacidad, incompatibilidad o prohibici贸n.
Las recusaciones se oir谩n y resolver谩n en el propio acto por el Magistrado-presidente, ante la presencia de las partes y o铆do el candidato a jurado afectado.
4. El Magistrado-presidente decidir谩 sobre la recusaci贸n, sin que quepa recurso, pero s铆 protesta a los efectos del recurso que pueda ser interpuesto contra la sentencia.
Art铆culo 39. Forma de completar el n煤mero m铆nimo de jurados y posibles sanciones
1. Si, como consecuencia de la incomparecencia de algunos de los candidados a jurados convocados, o de las exclusiones que se deriven de lo dispuesto en el art铆culo anterior, no resultasen al menos veinte candidatos a jurados, se proceder谩 a un nuevo se帽alamiento dentro de los quince d铆as siguientes. Se citar谩 al efecto a los comparecidos y a los ausentes y a un n煤mero no superior a ocho que ser谩n designados por sorteo en el acto de entre los de la lista bienal. Si las partes alegasen en ese momento alguna causa de incapacidad, incompatibilidad o prohibici贸n de los as铆 designados que fuese aceptada por el Magistrado-Presidente sin protesta de las dem谩s partes no recusantes, se completar谩 con un nuevo sorteo hasta obtener la cifra de los ocho complementarios.
2. El Magistrado-Presidente impondr谩 la multa de 25.000 pesetas al jurado convocado que no hubiera comparecido a la primera citaci贸n ni justificado su ausencia. Si no compareciera a la segunda citaci贸n, la multa ser谩 de 100.000 a 250.000 pesetas.
Al tiempo de la segunda citaci贸n, el Magistrado-Presidente acordar谩 que se les advierta de la sanci贸n que les puede corresponder si no comparecen.
En la determinaci贸n de la cuant铆a de la segunda multa se tendr谩 en cuenta la situaci贸n econ贸mica del jurado que no ha comparecido.
3. Si en la segunda convocatoria tampoco se obtuviera el n煤mero m铆nimo de candidatos a jurados concurrentes, se proceder谩 de igual manera que en la primera a sucesivas convocatorias y sorteos complementarios, hasta obtener la concurrencia necesaria.
4. En todo caso, se adoptar谩n las medidas necesarias respecto de los medios de prueba propuestos para hacer posible su pr谩ctica una vez constituido el Tribunal del Jurado.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado apartado 3 del art铆culo 39
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
1. Si, como consecuencia de la incomparecencia de algunos de los jurados convocados, o de las exclusiones que se deriven de lo dispuesto en el art铆culo anterior, no resultasen al menos veinte jurados, se proceder谩 a un nuevo se帽alamiento dentro de los quince d铆as siguientes. Se citar谩 al efecto a los comparecidos y a los ausentes y a un n煤mero no superior a ocho que ser谩n designados por sorteo en el acto de entre los de la lista bienal. Si las partes alegasen en ese momento alguna causa de incapacidad, incompatibilidad o prohibici贸n de los as铆 designados que fuese aceptada por el Magistrado-presidente sin protesta de las dem谩s partes no recusantes, se completar谩 con un nuevo sorteo hasta obtener la cifra de los ocho complementarios.
2. El Magistrado-presidente impondr谩 la multa de 25.000 pesetas al jurado convocado que no hubiera comparecido a la primera citaci贸n ni justificado su ausencia. Si no compareciera a la segunda citaci贸n, la multa ser谩 de 100.000 a 250.000 pesetas.
Al tiempo de la segunda citaci贸n, el Magistrado-presidente les advertir谩 de la sanci贸n que les puede corresponder si no comparecen.
En la determinaci贸n de la cuant铆a de la segunda multa se tendr谩 en cuenta la situaci贸n econ贸mica del jurado que no ha comparecido.
3. Si en la segunda convocatoria tampoco se obtuviera el n煤mero m铆nimo de jurados concurrentes, se proceder谩 de igual manera que en la primera a sucesivas convocatorias y sorteos complementarios, hasta obtener la concurrencia necesaria.
4. En todo caso, se adoptar谩n las medidas necesarias respecto de los medios de prueba propuestos para hacer posible su pr谩ctica una vez constituido el Tribunal del Jurado.
Art铆culo 40. Selecci贸n de los jurados y constituci贸n del Tribunal
1. Si concurriese el n煤mero suficiente de candidatos a jurados, se proceder谩 a un sorteo sucesivo para seleccionar a los nueve jurados que formar谩n parte del Tribunal, y otros dos m谩s como suplentes.
2. Introducidos los nombres de los candidatos a jurados en una urna, ser谩n extra铆dos, uno a uno, por el Secretario quien leer谩 su nombre en alta voz.
3. Las partes, despu茅s de formular al nombrado las preguntas que estimen oportunas y el Magistrado-Presidente declare pertinentes, podr谩n recusar sin alegaci贸n de motivo determinado hasta cuatro de aqu茅llos por parte de las acusaciones y otros ciuatro por parte de las defensas.
Si hubiere varios acusadores y acusados, deber谩n actuar de mutuo acuerdo para indicar los jurados que recusan sin alegaci贸n de causa.
De no mediar acuerdo, se decidir谩 por sorteo el orden en que las partes acusadoras o acusadas pueden formular la recusaci贸n, hasta que se agote el cupo de recusables.
El actor civil y los terceros responsables civiles no pueden formular recusaci贸n sin causa.
4. A continuaci贸n se proceder谩 de igual manera para la designaci贸n de los suplentes. Cuando s贸lo resten dos para ser designados suplentes, no se admitir谩 recusaci贸n sin causa.
5. Culminado el sorteo, del que el Secretario extender谩 acta, se constituir谩 el Tribunal.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificados apartados 1, 2 y 3 del art铆culo 40
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
1. Si concurriese el n煤mero suficiente de jurados, se proceder谩 a un sorteo sucesivo para seleccionar a los nueve que formar谩n parte del Tribunal, y otros dos m谩s como suplentes.
2. Introducidos los nombres de los jurados en una urna, ser谩n extra铆dos, uno a uno, por el Secretario quien leer谩 su nombre en alta voz.
3. Las partes, despu茅s de formular al designado las preguntas que estimen oportunas y el Magistrado-presidente declare pertinentes, podr谩n recusar sin alegaci贸n de motivo determinado hasta tres de aqu茅llos por parte de las acusaciones y otros tres por parte de las defensas.
Si hubiere varios acusadores y acusados, deber谩n actuar de mutuo acuerdo para indicar los jurados que recusan sin alegaci贸n de causa. De no mediar acuerdo, se decidir谩 por sorteo el orden en que las partes acusadoras o acusadas pueden formular la recusaci贸n, hasta que se agote el cupo de recusables.
El actor civil y los terceros responsables civiles no pueden formular recusaci贸n sin causa.
4. A continuaci贸n se proceder谩 de igual manera para la designaci贸n de los suplentes. Cuando s贸lo resten dos para ser designados suplentes, no se admitir谩 recusaci贸n sin causa.
5. Culminado el sorteo, del que el Secretario extender谩 acta, se constituir谩 el Tribunal.
Art铆culo 41. Juramento o promesa de los designados
1. Una vez que el Tribunal se haya constituido, se proceder谩 a recibir juramento o promesa a los seleccionados para actuar como jurados. Puestos en pie el Magistrado-Presidente dir谩:
"驴Juran o prometen desempe帽ar bien y fielmente la funci贸n del jurado, con imparcialidad, sin odio ni afecto, examinando la acusaci贸n, apreciando las pruebas y resolviendo si son culpables o no culpables de los delitos objeto del procedimiento los acusados..., as铆 como guardar secreto de las deliberaciones?".
2. Los jurados se ir谩n aproximando, de uno en uno, a la presencia del Magistrado-Presidente y, colocados frente a 茅l, dir谩n: «s铆 juro» o «s铆 prometo», y tomar谩n asiento en el lugar destinado al efecto.
3. El Magistrado-Presidente, cuando todos hayan jurado o prometido, mandar谩 comenzar la audiencia p煤blica.
4. Nadie podr谩 ejercer las funciones de jurado sin prestar el juramento o promesa indicados. Quien se negase a prestarlo ser谩 conminado con el pago de una multa de 50.000 pesetas que el Magistrado-Presidente impondr谩 en el acto. Si el llamado persiste en su negativa se deducir铆a el oportuno tanto de culpa y en su lugar ser谩 llamado el suplente.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificados apartados 1 y 3 del art铆culo 41
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
1. Una vez que el Tribunal se haya constituido, se proceder谩 a recibir juramento o promesa a los designados. Puestos en pie el Magistrado-presidente dir谩: «驴Jur谩is o promet茅is desempe帽ar bien y fielmente vuestra funci贸n de jurado, examinar con rectitud la acusaci贸n formulada contra -aqu铆 indicar谩 el nombre y apellidos de cada acusado-, apreciando sin odio ni afecto las pruebas que se os dieren, y resolver con imparcialidad si son o no culpables de los delitos imputados, as铆 como guardar el secreto de las deliberaciones?».
2. Los jurados se ir谩n aproximando, de uno en uno, a la presencia del Magistrado-presidente y, colocados frente a 茅l, dir谩n: «s铆 juro» o «s铆 prometo», y tomar谩n asiento en el lugar destinado al efecto.
3. El Magistrado-presidente, cuando todos hayan jurado o prometido, dir谩: «Si as铆 lo hici茅reis, vuestros conciudadanos os lo premien; y, si no, os lo demanden» y mandar谩 comenzar la audiencia p煤blica.
4. Nadie podr谩 ejercer las funciones de jurado sin prestar el juramento o promesa indicados. Quien se negase a prestarlo ser谩 conminado con el pago de una multa de 50.000 pesetas que el Magistrado-presidente impondr谩 en el acto. Si el llamado persiste en su negativa se deducir铆a el oportuno tanto de culpa y en su lugar ser谩 llamado el suplente.
SECCI脫N 5陋-El Juicio Oral
Art铆culo 42. Aplicaci贸n de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
1. Tras el juramento o promesa, se dar谩 comienzo a la celebraci贸n del juicio oral siguiendo lo dispuesto en los art铆culos 680 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
2. El acusado o acusados se encontrar谩n situados de forma que sea posible su inmediata comunicaci贸n con los defensores.
Art铆culo 43. Celebraci贸n a puerta cerrada
Para la decisi贸n de celebraci贸n a puerta cerrada, el Magistrado-Presidente, o铆das las partes, decidir谩 lo que estime pertinente, previa consulta al Jurado.
Art铆culo 44. Asistencia del acusado y del abogado defensor
La celebraci贸n del juicio oral requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor. Este 煤ltimo estar谩 a disposici贸n del Tribunal del Jurado hasta que se emita el veredicto, teniendo el juicio oral ante este Tribunal prioridad frente a cualquier otro se帽alamiento o actuaci贸n procesal sea cual sea el orden jurisdiccional ante el que tenga lugar.
No obstante, si hubiere varios acusados y alguno de ellos deja de comparecer, podr谩 el Magistrado-Presidente acordar, o铆das las partes, la continuaci贸n del juicio para los restantes.
La ausencia injustificada del tercero responsable civil citado en debida forma no ser谩 por s铆 misma causa de suspensi贸n del juicio, ni de su enjuiciamiento.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado p谩rrafo 1.潞 del art铆culo 44
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
La celebraci贸n del juicio oral requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor. Este 煤ltimo estar谩 a disposici贸n del Tribunal del Jurado hasta que se emita el veredicto, teniendo el juicio oral ante este Tribunal prioridad ante cualquier otro se帽alamiento o actuaci贸n procesal sea cual sea el orden jurisdiccional ante el que tenga lugar.
No obstante, si hubiere varios acusados y alguno de ellos deja de comparecer, podr谩 el Magistrado-presidente acordar, o铆das las partes, la continuaci贸n del juicio para los restantes.
La ausencia injustificada del tercero responsable civil citado en debida forma no ser谩 por s铆 misma causa de suspensi贸n del juicio, ni de su enjuiciamiento.
Art铆culo 45. Alegaciones previas de las partes al Jurado
El juicio comenzar谩 mediante la lectura por el Secretario de los escritos de calificaci贸n. Seguidamente el Magistrado-Presidente abrir谩 un turno de intervenci贸n de las partes para que expongan al Jurado las alegaciones que estimen convenientes a fin de explicar el contenido de sus respectivas calificaciones y la finalidad de la prueba que han propuesto. En tal ocasi贸n podr谩n proponer al Magistrado-Presidente nuevas pruebas para practicarse en el acto, resolviendo 茅ste tras o铆r a las dem谩s partes que deseen oponerse a su admisi贸n.
Art铆culo 46. Especialidades probatorias
1. Los jurados, por medio del Magistrado-Presidente y previa declaraci贸n de pertinencia, podr谩n dirigir, mediante escrito, a testigos, peritos y acusados las preguntas que estimen conducentes a fijar y aclarar los hechos sobre los que verse la prueba.
2. Los jurados ver谩n por s铆 los libros, documentos, papeles y dem谩s piezas de convicci贸n a que se refiere el art铆culo 726 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
3. Para la prueba de inspecci贸n ocular, se constituir谩 el Tribunal en su integridad, con los jurados, en el lugar del suceso.
4. Las diligencias remitidas por el Juez Instructor podr谩n ser exhibidas a los jurados en la pr谩ctica de la prueba.
5. El Ministerio Fiscal, los letrados de la acusaci贸n y los de la defensa podr谩n interrogar al acusado, testigos y peritos sobre las contradicciones que estimen que existen entre lo que manifiesten en el juicio oral y lo dicho en la fase de instrucci贸n. Sin embargo, no podr谩 darse lectura a dichas previas declaraciones, aunque se unir谩 al acta el testimonio que quien interroga debe presentar en el acto.
Las declaraciones efectuadas en la fase de instrucci贸n, salvo las resultantes de prueba anticipada, no tendr谩n valor probatorio de los hechos en ellas afirmados.
Art铆culo 47. Suspensi贸n del procedimiento
Cuando, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, haya de suspenderse la celebraci贸n del juicio oral, el Magistrado-Presidente podr谩 decidir la disoluci贸n del Jurado, que acordar谩, en todo caso, siempre que dicha suspensi贸n se haya de prolongar durante cinco o m谩s d铆as.
Art铆culo 48. Modificaci贸n de las conclusiones provisionales y conclusiones definitivas
1. Concluida la pr谩ctica de la prueba, las partes podr谩n modificar sus conclusiones provisionales.
2. El Magistrado-Presidente requerir谩 a las partes en los t茅rminos previstos en el apartado 3 del art铆culo 788 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, est谩ndose, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 4 del citado precepto.
3. Aun cuando en sus conclusiones definitivas las partes calificasen los hechos como constitutivos de un delito de los no atribuidos al enjuiciamiento del Tribunal del Jurado, 茅ste continuar谩 conociendo.
Nota
Modificado apartado 2 del art铆culo 48 por Ley 38/2002, de 24 de octubre.
Art铆culo 49. Disoluci贸n anticipada del Jurado
Una vez concluidos los informes de la acusaci贸n, la defensa puede solicitar del Magistrado-Presidente, o 茅ste decidir de oficio, la disoluci贸n del Jurado si estima que del juicio no resulta la existencia de prueba de cargo que pueda fundar una condena del acusado.
Si la inexistencia de prueba de cargo s贸lo afecta a algunos hechos o acusados, el Magistrado-Presidente podr谩 decidir que no ha lugar a emitir veredicto en relaci贸n con los mismos.
En tales supuestos se dictar谩, dentro de tercero d铆a, sentencia absolutoria motivada.
Art铆culo 50. Disoluci贸n del Jurado por conformidad de las partes
1. Igualmente, proceder谩 la disoluci贸n del Jurado si las partes interesaren que se dicte sentencia de conformidad con el escrito de calificaci贸n que solicite pena de mayor gravedad, o con el que presentaren en el acto, suscrito por todas, sin inclusi贸n de otros hechos que los objeto de juicio, ni calificaci贸n m谩s grave que la incluida en las conclusiones provisionales. La pena conformada no podr谩 exceder de seis a帽os de privaci贸n de libertad, sola o conjuntamente con las de multa y privaci贸n de derechos.
2. El Magistrado-Presidente dictar谩 la sentencia que corresponda, atendidos los hechos admitidos por las partes, pero, si entendiese que existen motivos bastantes para estimar que el hecho justiciable no ha sido perpetrado o que no lo fue por el acusado, no disolver谩 el Jurado y mandar谩 seguir el juicio.
3. Asimismo, si el Magistrado-Presidente entendiera que los hechos aceptados por las partes pudieran no ser constitutivos de delito, o que pueda resultar la concurrencia de una causa de exenci贸n o de preceptiva atenuaci贸n, no disolver谩 el Jurado, y, previa audiencia de las partes, someter谩 a aqu茅l por escrito el objeto del veredicto.
Art铆culo 51. Disoluci贸n del Jurado por desistimiento en la petici贸n de condena
Cuando el Ministerio Fiscal y dem谩s partes acusadoras, en sus conclusiones definitivas, o en cualquier momento anterior del juicio, manifestasen que desisten de la petici贸n de condena del acusado, el Magistrado-Presidente disolver谩 el Jurado y dictar谩 sentencia absolutoria.
CAP脥TULO IV-Del veredicto
SECCI脫N 1陋-Determinaci贸n del objeto del veredicto
1. Concluido el juicio oral, despu茅s de producidos los informes y o铆dos los acusados, el Magistrado-Presidente proceder谩 a someter al Jurado por escrito el objeto del veredicto conforme a las siguientes reglas:
a) Narrar谩 en p谩rrafos separados y numerados los hechos alegados por las partes y que el Jurado deber谩 declarar probados o no, diferenciando entre los que fueren contrarios al acusado y los que resultaren favorables. No podr谩 incluir en un mismo p谩rrafo hechos favorables y desfavorables o hechos de los que unos sean susceptibles de tenerse por probados y otros no.
Comenzar谩 por exponer los que constituyen el hecho principal de la acusaci贸n y despu茅s narrar谩 los alegados por las defensas. Pero si la consideraci贸n simult谩nea de aqu茅llos y 茅stos como probados no es posible sin contradicci贸n, s贸lo incluir谩 una proposici贸n.
Cuando la declaraci贸n de probado de un hecho se infiera de igual declaraci贸n de otro, 茅ste habr谩 de ser propuesto con la debida prioridad y separaci贸n.
b) Expondr谩 despu茅s, siguiendo igual criterio de separaci贸n y numeraci贸n de p谩rrafos, los hechos alegados que puedan determinar la estimaci贸n de una causa de exenci贸n de responsabilidad.
c) A continuaci贸n incluir谩, en p谩rrafos sucesivos, numerados y separados, la narraci贸n del hecho que determine el grado de ejecuci贸n, participaci贸n y modificaci贸n de la responsabilidad.
d) Finalmente precisar谩 el hecho delictivo por el cual el acusado habr谩 de ser declarado culpable o no culpable.
e) Si fueren enjuiciados diversos delitos, efectuar谩 la redacci贸n anterior separada y sucesivamente por cada delito.
f) Igual har谩 si fueren varios los acusados.
g) El Magistrado-Presidente, a la vista del resultado de la prueba, podr谩 a帽adir hechos o calificaciones jur铆dicas favorables al acusado siempre que no impliquen una variaci贸n sustancial del hecho justiciable, ni ocasionen indefensi贸n.
Si el Magistrado-Presidente entendiese que de la prueba deriva un hecho que implique tal variaci贸n sustancial, ordenar谩 deducir el correspondiente tanto de culpa.
2. Asimismo, el Magistrado-Presidente recabar谩, en su caso, el criterio del jurado sobre la aplicaci贸n de los beneficios de remisi贸n condicional de la pena y la petici贸n o no de indulto en la propia sentencia.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado p谩rrafo 1.潞 de la letra g) del apartado 1 del art铆culo 52
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 52
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
1. Concluido el juicio oral, despu茅s de producidos los informes y o铆dos los acusados, el Magistrado-presidente proceder谩 a someter al Jurado por escrito el objeto del veredicto conforme a las siguientes reglas:
a) Narrar谩 en p谩rrafos separados y numerados los hechos alegados por las partes y que el Jurado deber谩 declarar probados o no, diferenciando entre los que fueren contrarios al acusado y los que resultaren favorables. No podr谩 incluir en un mismo p谩rrafo hechos favorables y desfavorables o hechos de los que unos sean susceptibles de tenerse por probados y otros no.
Comenzar谩 por exponer los que constituyen el hecho principal de la acusaci贸n y despu茅s narrar谩 los alegados por las defensas. Pero si la consideraci贸n simult谩nea de aqu茅llos y 茅stos como probados no es posible sin contradicci贸n, s贸lo incluir谩 una proposici贸n.
Cuando la declaraci贸n de probado de un hecho se infiera de igual declaraci贸n de otro, 茅ste habr谩 de ser propuesto con la debida prioridad y separaci贸n.
b) Expondr谩 despu茅s, siguiendo igual criterio de separaci贸n y numeraci贸n de p谩rrafos, los hechos alegados que puedan determinar la estimaci贸n de una causa de exenci贸n de responsabilidad.
c) A continuaci贸n incluir谩, en p谩rrafos sucesivos, numerados y separados, la narraci贸n del hecho que determine el grado de ejecuci贸n, participaci贸n y modificaci贸n de la responsabilidad.
d) Finalmente precisar谩 el hecho delictivo por el cual el acusado habr谩 de ser declarado culpable o no culpable.
e) Si fueren enjuiciados diversos delitos, efectuar谩 la redacci贸n anterior separada y sucesivamente por cada delito.
f) Igual har谩 si fueren varios los acusados.
g) El Magistrado-presidente, a la vista del resultado de la prueba, podr谩 a帽adir hechos o calificaciones jur铆dicas favorables al acusado siempre que no impliquen una variaci贸n sustancial del hecho justiciable.
Si el Magistrado-presidente entendiese que de la prueba deriva un hecho que implique tal variaci贸n sustancial, ordenar谩 deducir el correspondiente tanto de culpa.
2. Asimismo, el Magistrado-presidente someter谩, en su caso, al Jurado la aplicaci贸n de los beneficios de remisi贸n condicional de la pena y la petici贸n o no de indulto.
Art铆culo 53. Audiencia a las partes
1. Antes de entregar a los jurados el escrito con el objeto del veredicto, el Magistrado-Presidente oir谩 a las partes, que podr谩n solicitar las inclusiones o exclusiones que estimen pertinentes, decidiendo aqu茅l de plano lo que corresponda.
2. Las partes cuyas peticiones fueran rechazadas podr谩n formular protesta a los efectos del recurso que haya lugar contra la sentencia.
3. El Secretario del Tribunal del Jurado incorporar谩 el escrito con el objeto del veredicto al acta del juicio, entregando copia de 茅sta a las partes y a cada uno de los jurados, y har谩 constar en aqu茅lla las peticiones de las partes que fueren denegadas.
Art铆culo 54. Instrucciones a los jurados
1. Inmediatamente, el Magistrado-Presidente en audiencia p煤blica, con asistencia del Secretario, y en presencia de las partes, proceder谩 a hacerles entrega a los jurados del escrito con el objeto del veredicto. Al mismo tiempo, les instruir谩 sobre el contenido de la funci贸n que tienen conferida, reglas que rigen su deliberaci贸n y votaci贸n y la forma en que deben reflejar su veredicto.
2. Tambi茅n les expondr谩 detenidamente, en forma que puedan entender, la naturaleza de los hechos sobre los que haya versado la discusi贸n, determinando las circunstancias constitutivas del delito imputado a los acusados y las que se refieran a supuestos de exenci贸n o modificaci贸n de la responsabilidad. Todo ello con referencia a los hechos recogidos en el escrito que se les entrega.
3. Cuidar谩 el Magistrado-Presidente de no hacer alusi贸n alguna a su opini贸n sobre el resultado probatorio, pero s铆 sobre la necesidad de que no atiendan a aquellos medios probatorios cuya ilicitud o nulidad hubiese sido declarada por 茅l. Asimismo informar谩 que, si tras la deliberaci贸n no les hubiese sido posible resolver las dudas que tuvieran sobre la prueba, deber谩n decidir en el sentido m谩s favorable al acusado.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 54
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
1. Inmediatamente, el Magistrado-presidente en audiencia p煤blica, con asistencia del Secretario, y en presencia de las partes, proceder谩 a hacerles entrega a los jurados del escrito con el objeto del veredicto. Al mismo tiempo, les instruir谩 sobre el contenido de la funci贸n que tienen conferida, reglas que rigen su deliberaci贸n y votaci贸n y la forma en que deben reflejar su veredicto.
2. Tambi茅n les expondr谩 detenidamente, en forma que puedan entender, la naturaleza de los hechos sobre los que haya versado la discusi贸n, determinando las circunstancias constitutivas del delito imputado a los acusados y las que se refieran a supuestos de exenci贸n o modificaci贸n de la responsabilidad. Todo ello con referencia a los hechos y delitos recogidos en el escrito que se les entrega.
3. Cuidar谩 el Magistrado-presidente de no hacer alusi贸n alguna a su opini贸n sobre el resultado probatorio, pero s铆 sobre la necesidad de que no atiendan a aquellos medios probatorios cuya ilicitud o nulidad hubiese sido declarada por 茅l. Asimismo informar谩 que, si tras la deliberaci贸n no les hubiese sido posible resolver las dudas que tuvieran sobre la prueba, deber谩n decidir en el sentido m谩s favorable al acusado.
SECCI脫N 2陋-Deliberaci贸n y veredicto
Art铆culo 55. Deliberaci贸n del Jurado
1. Seguidamente el Jurado se retirar谩 a la sala destinada para su deliberaci贸n.
2. Presididos inicialmente por aqu茅l cuyo nombre fuese el primero en salir en el sorteo, proceder谩n a elegir al portavoz.
3. La deliberaci贸n ser谩 secreta, sin que ninguno de los jurados pueda revelar lo en ella manifestado.
Art铆culo 56. Incomunicaci贸n del Jurado
1. La deliberaci贸n tendr谩 lugar a puerta cerrada, sin que les sea permitida comunicaci贸n con persona alguna hasta que hayan emitido el veredicto, adopt谩ndose por el Magistrado-Presidente las medidas oportunas al efecto.
2. Si la deliberaci贸n durase tanto tiempo que fuese necesario el descanso, el Magistrado-Presidente, de oficio o a petici贸n del Jurado, lo autorizar谩, manteniendo la incomunicaci贸n.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 56
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
1. La deliberaci贸n tendr谩 lugar a puerta cerrada, sin que les sea permitida comunicaci贸n con persona alguna hasta que hayan emitido el veredicto, adopt谩ndose por el Magistrado-presidente las medidas oportunas al efecto.
2. Si la deliberaci贸n durase tanto tiempo que fuese necesario el descanso, el Magistrado-presidente, por s铆 o a petici贸n del Jurado, lo autorizar谩, manteniendo la incomunicaci贸n.
Art铆culo 57. Ampliaci贸n de instrucciones
1. Si alguno de los jurados tuviere duda sobre cualquiera de los aspectos del objeto del veredicto, podr谩 pedir, por escrito y a trav茅s del Secretario, la presencia del Magistrado-Presidente para que ampl铆e las instrucciones. La comparecencia de 茅ste se har谩 en audiencia p煤blica, asistido del Secretario y en presencia del Ministerio Fiscal y dem谩s partes.
2. Transcurridos dos d铆as desde el inicio de la deliberaci贸n sin que los jurados hicieren entrega del acta de la votaci贸n, el Magistrado-Presidente podr谩 convocarles a la comparecencia prevista en el apartado anterior. Si en dicha comparecencia ninguno de los jurados expresara duda sobre cualquiera de los aspectos del objeto del veredicto, el Magistrado-Presidente emitir谩 las instrucciones previstas en el apartado 1 del art铆culo 64 de esta Ley con los efectos atribuidos en la misma a la devoluci贸n del acta.
Art铆culo 58. Votaci贸n nominal
1. La votaci贸n ser谩 nominal, en alta voz y por orden alfab茅tico, votando en 煤ltimo lugar el portavoz.
2. Ninguno de los jurados podr谩 abstenerse de votar. Si alguno insistiere en abstenerse, despu茅s de requerido por el portavoz, se har谩 constar en acta y, en su momento, ser谩 sancionado por el Magistrado-Presidente con 75.000 pesetas de multa. Si, hecha la constancia y reiterado el requerimiento, persistiera la negativa de voto, se dejar谩 nueva constancia en acta de la que se deducir谩 el testimonio correspondiente para exacci贸n de la derivada responsabilidad penal.
3. En todo caso, la abstenci贸n se entender谩 voto a favor de no considerar probado el hecho perjudicial para la defensa y de la no culpabilidad del acusado.
Art铆culo 59. Votaci贸n sobre los hechos
1. El portavoz someter谩 a votaci贸n cada uno de los p谩rrafos en que se describen los hechos, tal y como fueron propuestos por el Magistrado-Presidente. Los jurados votar谩n si estiman probados o no dichos hechos. Para ser declarados tales, se requiere siete votos, al menos, cuando fuesen contrarios al acusado, y cinco votos, cuando fuesen favorables.
2. Si no se obtuviese dicha mayor铆a, podr谩 someterse a votaci贸n el correspondiente hecho con las precisiones que se estimen pertinentes por quien proponga la alternativa y, nuevamente redactado as铆 el p谩rrafo, ser谩 sometido a votaci贸n hasta obtener la indicada mayor铆a.
La modificaci贸n no podr谩 suponer dejar de someter a votaci贸n la parte del hecho propuesta por el Magistrado-Presidente. Pero podr谩 incluirse un p谩rrafo nuevo, o no propuesto, siempre que no suponga una alteraci贸n sustancial ni determine una agravaci贸n de la responsabilidad imputada por la acusaci贸n.
Art铆culo 60. Votaci贸n sobre culpabilidad o inculpabilidad, remisi贸n condicional de la pena y petici贸n de indulto
1. Si se hubiese obtenido la mayor铆a necesaria en la votaci贸n sobre los hechos, se someter谩 a votaci贸n la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado por cada hecho delictivo imputado.
2. Ser谩n necesarios siete votos para establecer la culpabilidad y cinco votos para establecer la inculpabilidad.
3. El criterio del Jurado sobre la aplicaci贸n al declarado culpable de los beneficios de remisi贸n condicional de la pena, as铆 como sobre la petici贸n de indulto en la sentencia, requerir谩n el voto favorable de cinco jurados.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 60
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
1. Si se hubiese obtenido la mayor铆a necesaria en la votaci贸n sobre los hechos, se someter谩 a votaci贸n la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado por cada delito imputado.
2. Ser谩n necesarios siete votos para establecer la culpabilidad y cinco votos para establecer la inculpabilidad.
3. El criterio del Jurado sobre la aplicaci贸n al declarado culpable de los beneficios de remisi贸n condicional de la pena, as铆 como sobre la petici贸n de indulto en la sentencia, requerir谩n el voto favorable de cinco jurados.
1. Concluida la votaci贸n, se extender谩 un acta con los siguientes apartados:
a) Un primer apartado, iniciado de la siguiente forma: «Los jurados han deliberado sobre los hechos sometidos a su resoluci贸n y han encontrado probados, y as铆 lo declaran por (unanimidad o mayor铆a), los siguientes...».
Si lo votado fuera el texto propuesto por el Magistrado-Presidente, podr谩n limitarse a indicar su n煤mero.
Si el texto votado incluyese alguna modificaci贸n, escribir谩n el texto tal como fue votado.
b) Un segundo apartado, iniciado de la siguiente forma: «Asimismo, han encontrado no probados, y as铆 lo declaran por (unanimidad o mayor铆a), los hechos descritos en los n煤meros siguientes del escrito sometido a nuestra decisi贸n». Seguidamente indicar谩n los n煤meros de los p谩rrafos de dicho escrito, pudiendo reproducir su texto.
c) Un tercer apartado, iniciado de la siguiente forma: «Por lo anterior, los jurados por (unanimidad o mayor铆a) encontramos al acusado... culpable/no culpable del hecho delictivo de...».
En este apartado har谩n un pronunciamiento separado por cada delito y acusado. De la misma forma se pronunciar谩n, en su caso, sobre el criterio del Jurado en cuanto a la aplicaci贸n al declarado culpable de los beneficios de remisi贸n condicional de la pena que se impusiere, para el caso de que concurran los presupuestos legales al efecto, y sobre la petici贸n o no de indulto en la sentencia.
d) Un cuarto apartado, iniciado de la siguiente forma: «Los jurados han atendido como elementos de convicci贸n para hacer las precedentes declaraciones a los siguientes: ...». Este apartado contendr谩 una sucinta explicaci贸n de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados.
e) Un quinto apartado en el que har谩n constar los incidentes acaecidos durante la deliberaci贸n, evitando toda identificaci贸n que rompa el secreto de la misma, salvo la correspondiente a la negativa a votar.
2. El acta ser谩 redactada por el portavoz, a no ser que disienta del parecer mayoritario, en cuyo caso los jurados designar谩n al redactor.
Si lo solicitara el portavoz, el Magistrado-Presidente podr谩 autorizar que el Secretario o un oficial le auxilie, estrictamente en la confecci贸n o escrituraci贸n del acta. En los mismos t茅rminos podr谩 solicitarlo quien haya sido designado redactor en sustituci贸n de aqu茅l.
3. El acta ser谩 firmada por todos los jurados, haci茅ndolo el portavoz por el que no pueda hacerlo por s铆. Si alguno de los jurados se negara a firmar, se har谩 constar en el acta tal circunstancia.
Nota
Modificado p谩rrafo 1.潞 del apartado 1.c) del art铆culo 61 por LO 8/1995, de 16 de noviembre.
Art铆culo 62. Lectura del veredicto
Extendida el acta, lo har谩n saber al Magistrado-Presidente entreg谩ndole una copia. Este, salvo que proceda la devoluci贸n, conforme a lo dispuesto en el art铆culo siguiente, convocar谩 a las partes por un medio que permita su inmediata recepci贸n para que, seguidamente, se lea el veredicto en audiencia p煤blica por el portavoz del Jurado.
Art铆culo 63. Devoluci贸n del acta al Jurado
1. El Magistrado-Presidente devolver谩 el acta al Jurado si, a la vista de la copia de la misma, apreciase alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que no se ha pronunciado sobre la totalidad de los hechos.
b) Que no se ha pronunciado sobre la culpabilidad o inculpabilidad de todos los acusados y respecto de la totalidad de los hechos delictivos imputados.
c) Que no se ha obtenido en alguna de las votaciones sobre dichos puntos la mayor铆a necesaria.
d) Que los diversos pronunciamientos son contradictorios, bien los relativos a los hechos declarados probados entre s铆, bien el pronunciamiento de culpabilidad respecto de dicha declaraci贸n de hechos probados.
e) Que se ha incurrido en alg煤n defecto relevante en el procedimiento de deliberaci贸n y votaci贸n.
2. Si el acta incluyese la declaraci贸n de probado de un hecho que, no siendo de los propuestos por el Magistrado, implique una alteraci贸n sustancial de 茅stos o determine una responsabilidad m谩s grave que la imputada, se tendr谩 por no puesta.
3. Antes de devolver el acta se proceder谩 en la forma establecida en el art铆culo 53 de la presente Ley.
Art铆culo 64. Justificaci贸n de la devoluci贸n del acta
1. Al tiempo de devolver el acta, constituido el Tribunal, asistido del Secretario y en presencia de las partes, el Magistrado-Presidente explicar谩 detenidamente las causas que justifican la devoluci贸n y precisar谩 la forma en que se deben subsanar los defectos de procedimiento o los puntos sobre los que deber谩n emitir nuevos pronunciamientos.
2. De dicha incidencia extender谩 el Secretario la oportuna acta.
Art铆culo 65. Disoluci贸n del Jurado y nuevo juicio oral
1. Si despu茅s de una tercera devoluci贸n permaneciesen sin subsanar los defectos denunciados o no se hubiesen obtenido las necesarias mayor铆as, el Jurado ser谩 disuelto y se convocar谩 juicio oral con un nuevo Jurado.
2. Si celebrado el nuevo juicio no se obtuviere un veredicto por parte del segundo Jurado, por cualquiera de las causas previstas en el apartado anterior, el Magistrado-Presidente proceder谩 a disolver el Jurado y dictar谩 sentencia absolutoria.
Art铆culo 66. Cese del Jurado en sus funciones
1. Le铆do el veredicto, el Jurado cesar谩 en sus funciones.
2. Hasta ese momento los suplentes habr谩n permanecido a disposici贸n del Tribunal en el lugar que se les indique.
Art铆culo 67. Veredicto de inculpabilidad
Si el veredicto fuese de inculpabilidad, el Magistrado-Presidente dictar谩 en el acto sentencia absolutoria del acusado a que se refiera, ordenando, en su caso, la inmediata puesta en libertad.
Art铆culo 68. Veredicto de culpabilidad
Cuando el veredicto fuese de culpabilidad, el Magistrado-Presidente conceder谩 la palabra al Fiscal y dem谩s partes para que, por su orden, informen sobre la pena o medidas que debe imponerse a cada uno de los declarados culpables y sobre la responsabilidad civil. El informe se referir谩, adem谩s, a la concurrencia de los presupuestos legales de la aplicaci贸n de los beneficios de remisi贸n condicional, si el Jurado hubiere emitido un criterio favorable a 茅sta.
Art铆culo 69. Acta de las sesiones
1. El Secretario extender谩 acta de cada sesi贸n haciendo constar de forma sucinta lo m谩s relevante de lo acaecido y de forma literal las protestas que se formulen por las partes y las resoluciones del Magistrado-Presidente respecto de los incidentes que fuesen suscitados.
2. El acta se leer谩 al final de cada sesi贸n, y se firmar谩 por el Magistrado-Presidente, los jurados y los abogados de las partes.
Art铆culo 70. Contenido de la sentencia
1. El Magistrado-Presidente proceder谩 a dictar sentencia en la forma ordenada en el art铆culo 248.3 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, incluyendo, como hechos probados y delito objeto de condena o absoluci贸n, el contenido correspondiente del veredicto.
2. Asimismo, si el veredicto fuese de culpabilidad, la sentencia concretar谩 la existencia de prueba de cargo exigida por la garant铆a constitucional de presunci贸n de inocencia.
3. La sentencia, a la que se unir谩 el acta del Jurado, se publicar谩 y se archivar谩 en legal forma, extendiendo en la causa certificaci贸n de la misma.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Supresi贸n del antejuicio
Quedan derogados el art铆culo 410 de la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el T铆tulo II del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Segunda. Infracciones penales
1. Los jurados que abandonen sus funciones sin causa leg铆tima, o incumplan las obligaciones que les imponen los art铆culos 41.4 y 58.2 de esta Ley incurrir谩n en la pena de multa de 100.000 a 500.000 pesetas.
2. Los jurados que incumplan las obligaciones impuestas en el apartado 3 del art铆culo 55, incurrir谩n en la pena de arresto mayor y multa de 100.000 a 500.000 pesetas.
Tercera. Provisi贸n de los medios de apoyo.
Las Administraciones P煤blicas competentes proveer谩n los medios de apoyo necesarios en los Tribunales de Justicia para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a ser jurado.
Precepto modificado por LO 1/2017, de 13 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 14-2-2018
路 A帽adida disposici贸n adicional tercera
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Causas penales en tramitaci贸n
Los procesos penales incoados o que se incoen por hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se tramitar谩n ante el 贸rgano jurisdiccional competente conforme a las normas vigentes en el momento de acontecer aqu茅llos.
El r茅gimen de recursos previsto en esta Ley ser谩 de aplicaci贸n 煤nicamente a las resoluciones judiciales que se dicten en los procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor.
Tercera. Primera lista de candidatos a jurados
La primera lista de candidatos a jurados, que extender谩 su eficacia hasta el 31 de diciembre de 1996, se obtendr谩 aplicando las previsiones contenidas en los art铆culos 13, 14, 15 y 16 de la presente Ley, si bien las referencias que en ellos se hace a los meses de septiembre, octubre y noviembre se entender谩n hechas, respectivamente, a los tres meses correlativos siguientes a la entrada en vigor de la presente disposici贸n transitoria.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Modificaci贸n de la Ley Org谩nica del Poder Judicial
1. La letra c) del apartado 3 del art铆culo 73 de la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyo actual contenido pasa a ser la letra d) del mismo apartado, queda redactada en los siguientes t茅rminos:
«c) El conocimiento de los recursos de apelaci贸n en los casos previstos por las leyes.»
2. El apartado 2 del art铆culo 83 de la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, queda redactado en los siguientes t茅rminos:
«2. La composici贸n y competencia del Jurado es la regulada en la Ley Org谩nica del Tribunal del Jurado.»
Segunda. Modificaci贸n de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Los art铆culos y r煤bricas que a continuaci贸n se relacionan de la Ley de Enjuiciamiento Criminal quedan modificados en los t茅rminos siguientes:
1. Se a帽ade un segundo p谩rrafo al apartado tercero del art铆culo 14 con la siguiente redacci贸n:
«No obstante, en los supuestos de competencia del Juez de lo Penal, si el delito fuere de los atribuidos al Tribunal del Jurado, el conocimiento y fallo corresponder谩 a 茅ste.»
2. Se a帽ade un segundo p谩rrafo al apartado cuarto del art铆culo 14 con la siguiente redacci贸n:
«No obstante, en los supuestos de competencia de la Audiencia Provincial, si el delito fuere de los atribuidos al Tribunal del Jurado, el conocimiento y fallo corresponder谩 a 茅ste.»
3. Se a帽ade un tercer p谩rrafo al art铆culo 306 con la siguiente redacci贸n:
«Tan pronto como se ordene la incoaci贸n del procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado, se pondr谩n en conocimiento del Ministerio Fiscal quien comparecer谩 e intervendr谩 en cuantas actuaciones se lleven a cabo ante aqu茅l.»
4. Se incorpora un nuevo art铆culo 309 bis con la siguiente redacci贸n:
«Art铆culo 309 bis.
Cuando de los t茅rminos de la denuncia o de la relaci贸n circunstanciada del hecho en la querella, as铆 como cuando de cualquier actuaci贸n procesal, resulte contra persona o personas determinadas la imputaci贸n de un delito, cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, proceder谩 el Juez a la incoaci贸n del procedimiento previsto en su ley reguladora, en el que, en la forma que en ella se establece, se pondr谩 inmediatamente aquella imputaci贸n en conocimiento de los presuntamente inculpados.
El Ministerio Fiscal, dem谩s partes personadas, y el imputado en todo caso, podr谩n instarlo as铆, debiendo el Juez resolver en plazo de una audiencia. Si no lo hiciere, o desestimare la petici贸n, las partes podr谩n recurrir directamente en queja ante la Audiencia Provincial que resolver谩 antes de ocho d铆as, recabando el informe del Instructor por el medio m谩s r谩pido.»
5. Se incorpora un nuevo art铆culo 504 bis 2 con la siguiente redacci贸n:
«Art铆culo 504 bis 2.
Desde que el detenido es puesto a disposici贸n del Juez de Instrucci贸n o Tribunal que deba conocer de la causa, 茅ste convocar谩 a audiencia, dentro de las setenta y dos horas siguientes, al Ministerio Fiscal, dem谩s partes personadas y al imputado, que deber谩 estar asistido de Letrado por 茅l elegido o designado de oficio. El Ministerio Fiscal y el imputado, asistido de su letrado, tendr谩n obligaci贸n de comparecer.
En dicha audiencia podr谩n proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto o dentro de las veinticuatro horas siguientes, sin rebasar en ning煤n caso las setenta y dos horas antes indicadas.
Si en tal audiencia alguna parte lo interesase, o铆das las alegaciones de todas las que concurrieren, el Juez resolver谩 sobre la procedencia o no de la prisi贸n o libertad provisionales. Si ninguna de las partes lo instase, el Juez necesariamente acordar谩 la cesaci贸n de la detenci贸n e inmediata puesta en libertad del imputado.
Si por cualquier raz贸n la comparecencia no pudiera celebrarse, el Juez acordar谩 la prisi贸n o libertad provisional, si concurrieren los presupuestos y estimase riesgo de fuga; pero deber谩 convocarla nuevamente dentro de las siguientes setenta y dos horas, adoptando las medidas disciplinarias a que hubiere lugar en relaci贸n con la causa de no celebraci贸n de la comparecencia.
Contra las resoluciones que se dicten sobre la procedencia o no de la libertad provisional cabr谩 recurso de apelaci贸n ante la Audiencia Provincial.»
6. El art铆culo 516 queda sin contenido.
7. El art铆culo 539 queda redactado de la forma siguiente:
«Art铆culo 539.
Los autos de prisi贸n y libertad provisionales y de fianza ser谩n reformables durante todo el curso de la causa.
En su consecuencia, el imputado podr谩 ser preso y puesto en libertad cuantas veces sea procedente, y la fianza podr谩 ser modificada en lo que resulte necesario para asegurar las consecuencias del juicio.
Para acordar la prisi贸n o libertad provisional de quien estuviere en libertad o agravar las condiciones de la libertad provisional ya acordada, se requerir谩 solicitud del Ministerio Fiscal o de alguna parte acusadora, resolvi茅ndose previa celebraci贸n de la comparecencia a que se refiere el art铆culo 504 bis 2.
No obstante, si a juicio del Juez o Tribunal concurriere riesgo de fuga, proceder谩 a dictar auto de reforma de la medida cautelar, o incluso de prisi贸n, si el imputado se encontrase en libertad, pero debiendo convocar, para dentro de las setenta y dos horas siguientes, a la indicada comparecencia.
Siempre que el Juez o Tribunal entienda que procede la libertad o la modificaci贸n de la libertad provisional en t茅rminos m谩s favorables al sometido a la medida, podr谩 acordarla, en cualquier momento, de oficio y sin someterse a la petici贸n de parte.»
8. El tercer p谩rrafo del art铆culo 676 queda redactado en la siguiente forma:
«Contra el auto resolutorio de la declinatoria y contra el que admita las excepciones 2.a, 3.a y 4.a del art铆culo 666, procede el recurso de apelaci贸n. Contra el que las desestime, no se da recurso alguno salvo el que proceda contra la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el art铆culo 678.»
9. Se a帽ade un segundo p谩rrafo al art铆culo 678 con la siguiente redacci贸n:
«Lo anterior no ser谩 de aplicaci贸n en las causas competencia del Tribunal del Jurado, sin perjuicio de lo que pueda alegarse al recurrir contra la sentencia.»
10. En el art铆culo 780 se incorpora un nuevo p谩rrafo tercero con la siguiente redacci贸n:
«Iniciado un proceso conforme a las normas de esta Ley, en cuanto aparezca que el hecho podr铆a constituir un delito cuyo enjuiciamiento sea competencia del Tribunal del Jurado, se estar谩 a lo dispuesto en los art铆culos 309 bis o 789.3, p谩rrafos segundo y tercero de esta Ley.»
El actual tercer p谩rrafo de dicho art铆culo pasa a ser p谩rrafo cuarto del mismo.
11. Se a帽ade un 煤ltimo p谩rrafo al art铆culo 781 con la siguiente redacci贸n:
«Tan pronto como se ordene la incoaci贸n del procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado, se pondr谩 en conocimiento del Ministerio Fiscal quien comparecer谩 e intervendr谩 en cuantas actuaciones se lleven a cabo ante aqu茅l.»
12. En el apartado 3 del art铆culo 789 se introducen dos nuevos p谩rrafos con la siguiente redacci贸n:
«Cuando de los t茅rminos de la denuncia o de la relaci贸n circunstanciada del hecho en la querella, as铆 como cuando de cualquier actuaci贸n procesal ordenada conforme al p谩rrafo anterior, resulte contra persona o personas determinadas la imputaci贸n de un delito, cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, proceder谩 el Juez a la incoaci贸n del procedimiento previsto en su ley reguladora, en el que, en la forma que en ella se establece, se pondr谩 inmediatamente aquella imputaci贸n en conocimiento de los presuntamente inculpados.
El Ministerio Fiscal, dem谩s partes personadas, y el imputado en todo caso, podr谩n instarlo as铆, debiendo el Juez resolver en plazo de una audiencia. Si no lo hiciere, o desestimare la petici贸n, las partes podr谩n recurrir en queja ante la Audiencia Provincial que resolver谩 antes de ocho d铆as, recabando el informe del Instructor por el medio m谩s r谩pido.»
13. El Libro V pasa a tener la siguiente denominaci贸n: «De los recursos de apelaci贸n, casaci贸n y revisi贸n».
14. Se incorpora al Libro V un nuevo T铆tulo I, denominado «Del recurso de apelaci贸n contra las sentencias y determinados autos» e integrado por los siguientes art铆culos:
«Art铆culo 846 bis a).
Las sentencias dictadas, en el 谩mbito de la Audiencia Provincial y en primera instancia, por el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado, ser谩n apelables para ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la correspondiente Comunidad Aut贸noma.
Ser谩n tambi茅n apelables los autos dictados por el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado cuando acuerden el sobreseimiento, cualquiera que sea su clase, y los que se dicten resolviendo cuestiones a que se refiere el art铆culo 36 de la Ley Org谩nica del Tribunal del Jurado as铆 como en los casos se帽alados en el art铆culo 676 de la presente Ley.
La Sala de lo Civil y Penal se compondr谩, para conocer de este recurso, de tres Magistrados.
Art铆culo 846 bis b).
Pueden interponer el recurso tanto el Ministerio Fiscal como el condenado y las dem谩s partes, dentro de los diez d铆as siguientes a la 煤ltima notificaci贸n de la sentencia.
La parte que no haya apelado en el plazo indicado podr谩 formular apelaci贸n en el tr谩mite de impugnaci贸n, pero este recurso quedar谩 supeditado a que el apelante principal mantenga el suyo.
Art铆culo 846 bis c).
El recurso de apelaci贸n deber谩 fundamentarse en alguno de los motivos siguientes:
a) Que en el procedimiento o en la sentencia se ha incurrido en quebrantamiento de las normas y garant铆as procesales, que causare indefensi贸n, si se hubiere efectuado la oportuna reclamaci贸n de subsanaci贸n. Esta reclamaci贸n no ser谩 necesaria si la infracci贸n denunciada implicase la vulneraci贸n de un derecho fundamental constitucionalmente garantizado.
A estos efectos podr谩n alegarse, sin perjuicio de otros: los relacionados en los art铆culos 850 y 851, entendi茅ndose las referencias a los Magistrados de los n煤meros 5 y 6 de este 煤ltimo como tambi茅n hechas a los jurados; la existencia de defectos en el veredicto, bien por parcialidad en las instrucciones dadas al Jurado o defecto en la proposici贸n del objeto de aqu茅l, siempre que de ello se derive indefensi贸n, bien por concurrir motivos de los que debieran haber dado lugar a su devoluci贸n al Jurado y 茅sta no hubiera sido ordenada.
b) Que la sentencia ha incurrido en infracci贸n de precepto constitucional o legal en la calificaci贸n jur铆dica de los hechos o en la determinaci贸n de la pena, o de las medidas de seguridad o de la responsabilidad civil.
c) Que se hubiese solicitado la disoluci贸n del Jurado por inexistencia de prueba de cargo, y tal petici贸n se hubiere desestimado indebidamente.
d) Que se hubiese acordado la disoluci贸n del Jurado y no procediese hacerlo.
e) Que se hubiese vulnerado el derecho a la presunci贸n de inocencia porque, atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta.
En los supuestos de las letras a), c) y d), para que pueda admitirse a tr谩mite el recurso, deber谩 haberse formulado la oportuna protesta al tiempo de producirse la infracci贸n denunciada.
Art铆culo 846 bis d).
Del escrito interponiendo recurso de apelaci贸n se dar谩 traslado, una vez concluido el t茅rmino para recurrir, a las dem谩s partes, las que, en t茅rmino de cinco d铆as, podr谩n formular recurso supeditado de apelaci贸n. Si lo interpusieren se dar谩 traslado a las dem谩s partes.
Concluido el t茅rmino de cinco d铆as sin que se formule dicha apelaci贸n supeditada o, si se formul贸, efectuado el traslado a las dem谩s partes, se emplazar谩 a todas ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia para que se personen en plazo de diez d铆as.
Si el apelante principal no se personare o manifestare su renuncia al recurso, se devolver谩n los autos a la Audiencia Provincial, declar谩ndose firme la sentencia y procediendo a su ejecuci贸n.
Art铆culo 846 bis e).
Personado el apelante, se se帽alar谩 d铆a para la vista del recurso citando a las partes personadas y, en todo caso, al condenado y tercero responsable civil.
La vista se celebrar谩 en audiencia p煤blica, comenzando por el uso de la palabra la parte apelante seguido del Ministerio Fiscal, si 茅ste no fuese el que apel贸, y dem谩s partes apeladas.
Si se hubiese formulado recurso supeditado de apelaci贸n, esta parte intervendr谩 despu茅s del apelante principal que, si no renunciase, podr谩 replicarle. Art铆culo 846 bis f).
Dentro de los cinco d铆as siguientes a la vista, deber谩 dictarse sentencia, la cual, si estimase el recurso por algunos de los motivos a que se refieren las letras a) y d) del art铆culo 846 bis 3, mandar谩 devolver la causa a la Audiencia para celebraci贸n de nuevo juicio.
En los dem谩s supuestos dictar谩 la resoluci贸n que corresponda.»
15. Los actuales T铆tulos I y II del Libro V pasan a ser T铆tulos II y III, respectivamente, del mismo Libro.
16. El art铆culo 847 queda redactado de la siguiente forma:
«Art铆culo 847.
Procede el recurso de casaci贸n por infracci贸n de ley y por quebrantamiento de forma contra:a) las sentencias dictadas por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia en 煤nica o en segunda instancia; y b) las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en juicio oral y 煤nica instancia.»
17. El primer p谩rrafo del art铆culo 848 queda redactado de la siguiente forma:
«Contra los autos dictados, bien en apelaci贸n por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia bien con car谩cter definitivo por las Audiencias, s贸lo procede el recurso de casaci贸n, y 煤nicamente por infracci贸n de ley, en los casos en que 茅sta lo autorice de modo expreso.»
Tercera. Car谩cter de la Ley
La presente Ley tiene naturaleza de org谩nica a excepci贸n del cap铆tulo III, la disposici贸n transitoria segunda y los apartados 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la disposici贸n final segunda que tienen el car谩cter de ley ordinaria.
Cuarta. Futuras reformas procesales
En el plazo de un a帽o, desde la aprobaci贸n de la presente Ley, el Gobierno enviar谩 a las Cortes Generales, un proyecto de Ley de modificaci贸n de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, generalizando los criterios procesales instaurados en esta Ley y en el que se establezca un procedimiento fundado en los principios acusatorio y de contradicci贸n entre las partes, previstos en la Constituci贸n, simplificando asimismo el proceso de investigaci贸n para evitar su prolongaci贸n excesiva.
Asimismo, en dicho plazo, se adoptar谩n las reformas legales necesarias que adapten a tal procedimiento el Estatuto y funciones del Ministerio Fiscal, y se habilitar谩n por las Cortes Generales y el Gobierno los medios materiales, t茅cnicos y humanos necesarios.
Precepto modificado por LO 8/1995, de 16 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 18-11-1995
路 Modificada r煤brica disposici贸n final cuarta
Redacci贸n hasta el 18-11-1995
Cuarta
Quinta. Entrada en vigor
La presente Ley Org谩nica entrar谩 en vigor a los seis meses de su publicaci贸n en el «Bolet铆n Oficial del Estado», con excepci贸n de lo prevenido en su cap铆tulo II y en su disposici贸n transitoria tercera, que entrar谩 en vigor a los dos meses de dicha publicaci贸n.