CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/2922

LEY 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci贸n Contencioso-administrativa

贸rgano emisor: JEFATURA DEL ESTADO
publicaci贸n: B.O.E. num. 167 - 14/07/1998
entrada en vigor: 14/12/1998
T茅ngase en cuenta que el Cuerpo de Secretarios Judiciales pasa a denominarse Cuerpo de Letrados de la Administraci贸n de Justicia conforme se establece en el apartado IX del Pre谩mbulo de la Ley Org谩nica 7/2015, de 21 de julio.

Las referencias contenidas en la presente Ley al recurso de s煤plica se entender谩n hechas al recurso de reposici贸n, conforme establece la disposici贸n transitoria octava, introducida por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con vigencia a partir del 4 de mayo de 2010.
I. JUSTIFICACI脫N DE LA REFORMA
La Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa es una pieza capital de nuestro Estado de Derecho. Desde que fue instaurada en nuestro suelo por las Leyes de 2 de abril y 6 de julio de 1845 y a lo largo de muchas vicisitudes, ha dado sobrada muestra de sus virtualidades. Sobre todo desde que la Ley de 27 de diciembre de 1956 la dot贸 de las caracter铆sticas que hoy tiene y de las atribuciones imprescindibles para asumir la misi贸n que le corresponde de controlar la legalidad de la actividad administrativa, garantizando los derechos e intereses leg铆timos de los ciudadanos frente a las extralimitaciones de la Administraci贸n.
Dicha Ley, en efecto, universalmente apreciada por los principios en los que se inspira y por la excelencia de su t茅cnica, que combina a la perfecci贸n rigor y sencillez, acert贸 a generalizar el control judicial de la actuaci贸n administrativa, aunque con algunas excepciones notorias que impon铆a el r茅gimen pol铆tico bajo el que fue aprobada. Ratific贸 con 茅nfasis el car谩cter judicial del orden contencioso-administrativo, ya establecido por la legislaci贸n precedente, preocup谩ndose por la especializaci贸n de sus Magistrados. Y dio luz a un procedimiento simple y en teor铆a 谩gil, coherente con su prop贸sito de lograr una justicia eficaz y ajena a interpretaciones y pr谩cticas formalistas que pudieran enervar su buen fin. De esta manera, la Ley de la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa de 1956 abri贸 una v铆a necesaria, aunque no suficiente, para colmar las numerosas lagunas y limitaciones hist贸ricas de nuestro Estado de Derecho, oportunidad que fue adecuadamente aprovechada por una jurisprudencia innovadora, alentada por el espectacular desarrollo que ha experimentado la doctrina espa帽ola del Derecho Administrativo.
Sin embargo, las cuatro d茅cadas transcurridas desde que aquella Ley se aprob贸 han tra铆do consigo numerosos y trascendentales cambios, en el ordenamiento jur铆dico, en las instituciones pol铆tico-administrativas y en la sociedad. Estos cambios exigen, para alcanzar los mismos fines institucionales, soluciones necesariamente nuevas, pues, no obstante la versatilidad de buena parte de su articulado, la Ley de 1956 no est谩 ajustada a la evoluci贸n del ordenamiento y a las demandas que la sociedad dirige a la Administraci贸n de Justicia.
Ante todo, hay que tener en cuenta el impacto producido por la Constituci贸n de 1978. Si bien algunos de los principios en que 茅sta se funda son los mismos que inspiraron la reforma jurisdiccional de 1956 y que fue deduciendo la jurisprudencia elaborada a su amparo, es evidente que las consecuencias que el Texto Constitucional depara en punto al control judicial de la actividad administrativa son muy superiores. S贸lo a ra铆z de la Constituci贸n de 1978 se garantizan en nuestro pa铆s plenamente los postulados del Estado de Derecho y, entre ellos, el derecho de toda persona a la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses leg铆timos, el sometimiento de la Administraci贸n p煤blica a la ley y al derecho y el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuaci贸n administrativa por los Tribunales. La proclamaci贸n de estos derechos y principios en la Constituci贸n y su eficacia jur铆dica directa han producido la derogaci贸n impl铆cita de aquellos preceptos de la Ley Jurisdiccional que establec铆an limitaciones en el acceso a los recursos o en su eficacia carentes de justificaci贸n en un sistema democr谩tico. Pero el alcance de este efecto derogatorio en relaci贸n a algunos extremos de la Ley de 1956 ha seguido siendo objeto de pol茅mica, lo que hac铆a muy conveniente una clarificaci贸n legal. Adem谩s, la jurisprudencia, tanto constitucional como Contencioso-Administrativa, ha extra铆do de los principios y preceptos constitucionales otras muchas reglas, que imponen determinadas interpretaciones de dicha Ley, o incluso sostienen potestades y actuaciones judiciales no contempladas expresamente en su texto. Por 煤ltimo, la influencia de la Constituci贸n en el r茅gimen de la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa no se reduce a lo que disponen los art铆culos 9.1, 24, 103.1 y 106.1. De manera m谩s o menos mediata, la organizaci贸n, el 谩mbito y extensi贸n material y el funcionamiento de este orden jurisdiccional se ve afectado por otras muchas disposiciones constitucionales, tanto las que regulan principios sustantivos y derechos fundamentales, como las que dise帽an la estructura de nuestra Monarqu铆a parlamentaria y la organizaci贸n territorial del Estado. Como el resto del ordenamiento, tambi茅n el r茅gimen legal de la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa debe adecuarse por entero a la letra y al esp铆ritu de la Constituci贸n.
Por otra parte, durante los 煤ltimos lustros la sociedad y la Administraci贸n espa帽olas han experimentado enormes transformaciones. La primera es hoy incomparablemente m谩s desarrollada, m谩s libre y plural, emancipada y consciente de sus derechos que hace cuarenta a帽os. Mientras, la Administraci贸n reducida, centralizada y jerarquizada de anta帽o se ha convertido en una organizaci贸n extensa y compleja, dotada de funciones m煤ltiples y considerables recursos, descentralizada territorial y funcionalmente. Al hilo de estas transformaciones han variado en buena medida y se han diversificado las formas jur铆dicas de la organizaci贸n administrativa, los fines, el contenido y las formas de la actividad de la Administraci贸n, los derechos que las personas y los grupos sociales ostentan frente a ella y, en definitiva, el sistema de relaciones regido por el Derecho Administrativo.
Todos estos cambios repercuten de una u otra forma sobre la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa. Concebida en origen como jurisdicci贸n especializada en la resoluci贸n de un limitado n煤mero de conflictos jur铆dicos, ha sufrido hasta la saturaci贸n el extraordinario incremento de la litigiosidad entre ciudadanos y Administraciones y de 茅stas entre s铆 que se ha producido en los 煤ltimos tiempos. En este aspecto los problemas son comunes a los que los sistemas de control judicial de la Administraci贸n est谩n soportando en otros muchos pa铆ses. Pero adem谩s, el instrumental jur铆dico que en el nuestro se otorga a la Jurisdicci贸n para el cumplimiento de sus fines ha quedado relativamente desfasado. En particular, para someter a control jur铆dico las actividades materiales y la inactividad de la Administraci贸n, pero tambi茅n para hacer ejecutar con prontitud las propias decisiones judiciales y para adoptar medidas cautelares que aseguren la eficacia del proceso. De ah铆 que, pese al aumento de los efectivos de la Jurisdicci贸n, pese al esfuerzo creativo de la jurisprudencia, pese al desarrollo de la justicia cautelar y a otros remedios parciales, la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa est茅 atravesando un per铆odo cr铆tico ante el que es preciso reaccionar mediante las oportunas reformas.
Algunas de ellas, ciertamente, ya han venido afront谩ndose por el legislador en diferentes textos, m谩s lejanos o recientes. De hecho, las normas que han modificado o que complementan en alg煤n aspecto el r茅gimen de la Jurisdicci贸n son ya tan numerosas y dispersas que justificar铆an de por s铆 una refundici贸n.
La reforma que ahora se aborda, que toma como base los trabajos parlamentarios realizados durante la anterior Legislatura, -en los que se alcanz贸 un estimable grado de consenso en muchos aspectos- va bastante m谩s all谩. De un lado tiene en cuenta esas modificaciones parciales o indirectas, pero no s贸lo para incorporarlas a un texto 煤nico, sino tambi茅n para corregir aqu茅llos de sus elementos que la pr谩ctica judicial o la cr铆tica doctrinal han revelado inapropiados o susceptibles de mejora. De otro lado, pretende completar la adecuaci贸n del r茅gimen jur铆dico del recurso contencioso-administrativo a los valores y principios constitucionales, tomando en consideraci贸n las aportaciones de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, la nueva organizaci贸n del Estado y la evoluci贸n de la doctrina jur铆dica. Por 煤ltimo, persigue dotar a la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa de los instrumentos necesarios para el ejercicio de su funci贸n, a la vista de las circunstancias en que hoy en d铆a se enmarca.
Desde este 煤ltimo punto de vista, la reforma compagina las medidas que garantizan la plenitud material de la tutela judicial en el orden contencioso-administrativo y el criterio favorable al ejercicio de las acciones y recursos y a la defensa de las partes, sin concesi贸n alguna a tentaciones formalistas, con las que tienen por finalidad agilizar la resoluci贸n de los litigios. La preocupaci贸n por conseguir un equilibrio entre las garant铆as, tanto de los derechos e intereses p煤blicos y privados en juego como del acierto y calidad de las decisiones judiciales, con la celeridad de los procesos y la efectividad de lo juzgado constituye uno de los ejes de la reforma. Pues es evidente que una justicia tard铆a o la meramente cautelar no satisfacen el derecho que reconoce el art铆culo 24.1 de la Constituci贸n.
Bien es verdad que lograr una justicia 谩gil y de calidad no depende solamente de una reforma legal. Tambi茅n es cierto que el control de la legalidad de las actividades administrativas puede y debe ejercerse asimismo por otras v铆as complementarias de la judicial, que ser铆a necesario perfeccionar para evitar la proliferaci贸n de recursos innecesarios y para ofrecer f贸rmulas poco costosas y r谩pidas de resoluci贸n de numerosos conflictos. Pero, en cualquier caso, el r茅gimen legal de la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa, insustituible en su doble funci贸n garantizadora y creadora de jurisprudencia, debe adaptarse a las condiciones del momento para hacer posible aquel objetivo.
En virtud de estas premisas, la reforma es a la vez continuista y profundamente renovadora. Continuista porque mantiene la naturaleza estrictamente judicial que la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa ya ten铆a en la legislaci贸n anterior y que la Constituci贸n ha venido a consolidar definitivamente; porque mantiene asimismo el car谩cter de juicio entre partes que el recurso contencioso-administrativo tiene y su doble finalidad de garant铆a individual y control del sometimiento de la Administraci贸n al derecho; y porque se ha querido conservar, conscientemente, todo aquello que en la pr谩ctica ha funcionado bien, de conformidad con los imperativos constitucionales.
No obstante, la trascendencia y amplitud de las transformaciones a las que la instituci贸n debe acomodarse hac铆an inevitable una revisi贸n general de su r茅gimen jur铆dico, imposible de abordar mediante simples retoques de la legislaci贸n anterior. Adem谩s, la reforma no s贸lo pretende responder a los retos de nuestro tiempo, sino que, en la medida de lo posible y con la necesaria prudencia, mira al futuro e introduce aqu铆 y all谩 preceptos y cl谩usulas generales que a la doctrina y a la jurisprudencia corresponde dotar de contenido preciso, con el fin de perfeccionar el funcionamiento de la Jurisdicci贸n.
II. 脕MBITO Y EXTENSI脫N DE LA JURISDICCI脫N CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Fiel al prop贸sito de no alterar m谩s de lo necesario la sistem谩tica de la Ley anterior, el nuevo texto legal comienza definiendo el 谩mbito propio, el alcance y los l铆mites de la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa.
Respetando la tradici贸n y de conformidad con el art铆culo 106.1 de la Constituci贸n, se le asigna el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuaci贸n administrativa sujeta a Derecho administrativo. Sin embargo, la Ley incorpora a la definici贸n del 谩mbito de la Jurisdicci贸n ciertas novedades, en parte obligadas y todas ellas trascendentales.
En primer lugar, era necesario actualizar el concepto de Administraci贸n p煤blica v谩lido a los efectos de la Ley, en atenci贸n a los cambios organizativos que se han venido produciendo y en conexi贸n con lo que disponen otras Leyes. Tambi茅n era imprescindible confirmar en 茅sta la sujeci贸n al enjuiciamiento de la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa de actos y disposiciones emanados de otros 贸rganos p煤blicos que no forman parte de la Administraci贸n, cuando dichos actos y disposiciones tienen, por su contenido y efectos, una naturaleza materialmente administrativa.
Sin intenci贸n de inmiscuirse en ning煤n debate dogm谩tico, que no es tarea del legislador, la Ley atiende a un problema pr谩ctico, consistente en asegurar la tutela judicial de quienes resulten afectados en sus derechos o intereses por dichos actos y disposiciones, en casi todo semejantes a los que emanan de las Administraciones p煤blicas.
En segundo t茅rmino, es evidente que a la altura de nuestro tiempo hist贸rico el 谩mbito material de la Jurisdicci贸n quedar铆a muy incompleto si aqu茅lla se limitara a enjuiciar las pretensiones que se deduzcan en relaci贸n con las disposiciones de rango inferior a la Ley y con los actos y contratos administrativos en sentido estricto.
Lo que realmente importa y lo que justifica la existencia de la propia Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa es asegurar, en beneficio de los interesados y del inter茅s general, el exacto sometimiento de la Administraci贸n al Derecho en todas las actuaciones que realiza en su condici贸n de poder p煤blico y en uso de las prerrogativas que como tal le corresponde. No toda la actuaci贸n administrativa, como es notorio, se expresa a trav茅s de reglamentos, actos administrativos o contratos p煤blicos, sino que la actividad prestacional, las actividades negociales de diverso tipo, las actuaciones materiales, las inactividades u omisiones de actuaciones debidas expresan tambi茅n la voluntad de la Administraci贸n, que ha de estar sometida en todo caso al imperio de la Ley. La imposibilidad legal de controlar mediante los recursos contencioso-administrativos estas otras manifestaciones de la acci贸n administrativa, desde hace tiempo criticada, resulta ya injustificable, tanto a la luz de los principios constitucionales como en virtud de la crecida importancia cuantitativa y cualitativa de tales manifestaciones. Por eso la nueva Ley somete a control de la Jurisdicci贸n la actividad de la Administraci贸n p煤blica de cualquier clase que est茅 sujeta al Derecho Administrativo, articulando para ello las acciones procesales oportunas.
En esta l铆nea, la ley precisa la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que se susciten en relaci贸n no s贸lo con los contratos administrativos sino tambi茅n con los actos separables de preparaci贸n y adjudicaci贸n de los dem谩s contratos sujetos a la legislaci贸n de contratos de las Administraciones p煤blicas. Se trata, en definitiva, de adecuar la v铆a contencioso-administrativa a la legislaci贸n de contratos administrativos, evitando que la pura y simple aplicaci贸n del Derecho privado en actuaciones directamente conectadas a fines de utilidad p煤blica se realice, cualquiera que sean las razones que la determinen, en infracci贸n de los principios generales que han de regir, por imperativo constitucional y del Derecho comunitario europeo, el comportamiento contractual de los sujetos p煤blicos. La garant铆a de la necesaria observancia de tales principios, muy distintos de los que rigen la contrataci贸n puramente privada, debe corresponder, como es natural, a la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa.
Algo parecido debe decirse de las cuestiones que se susciten en relaci贸n con la responsabilidad patrimonial de la Administraci贸n p煤blica.
Los principios de su peculiar r茅gimen jur铆dico, que tiene cobertura constitucional, son de naturaleza p煤blica y hoy en d铆a la Ley impone que en todo caso la responsabilidad se exija a trav茅s de un mismo tipo de procedimiento administrativo. Por eso parece muy conveniente unificar la competencia para conocer de este tipo de asuntos en la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa, evitando la dispersi贸n de acciones que actualmente existe y garantizando la uniformidad jurisprudencial, salvo, como es l贸gico, en aquellos casos en que la responsabilidad derive de la comisi贸n de una infracci贸n penal.
La delimitaci贸n del 谩mbito material de la Jurisdicci贸n lleva tambi茅n a precisar algunas exclusiones. La nueva Ley respeta en tal sentido la atribuci贸n de ciertas competencias relacionadas con la actividad administrativa a otros 贸rdenes jurisdiccionales que establecen otras Leyes, en su mayor parte por razones pragm谩ticas, y tiene en cuenta lo dispuesto por la m谩s reciente legislaci贸n sobre los conflictos jurisdiccionales y de atribuciones. En cambio, la Ley no recoge ya, entre estas exclusiones, la relativa a los llamados actos pol铆ticos del Gobierno, a que se refer铆a la Ley de 1956.
Sobre este 煤ltimo aspecto conviene hacer alguna precisi贸n. La Ley parte del principio de sometimiento pleno de los poderes p煤blicos al ordenamiento jur铆dico, verdadera cl谩usula regia del Estado de Derecho.
Semejante principio es incompatible con el reconocimiento de cualquier categor铆a gen茅rica de actos de autoridad -ll谩mense actos pol铆ticos, de Gobierno, o de direcci贸n pol铆tica- excluida "per se"del control jurisdiccional. Ser铆a ciertamente un contrasentido que una Ley que pretende adecuar el r茅gimen legal de la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa a la letra y al esp铆ritu de la Constituci贸n, llevase a cabo la introducci贸n de toda una esfera de actuaci贸n gubernamental inmune al Derecho. En realidad, el propio concepto de "acto pol铆tico"se halla hoy en franca retirada en el Derecho p煤blico europeo.
Los intentos encaminados a mantenerlo, ya sea delimitando gen茅ricamente un 谩mbito en la actuaci贸n del poder ejecutivo regido s贸lo por el Derecho constitucional, y exento del control de la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa, ya sea estableciendo una lista de supuestos excluidos del control judicial, resultan inadmisibles en un Estado de Derecho.
Por el contrario, y por si alguna duda pudiera caber al respecto, la Ley se帽ala -en t茅rminos positivos- una serie de aspectos sobre los que en todo caso siempre ser谩 posible el control judicial, por amplia que sea la discrecionalidad de la resoluci贸n gubernamental: los derechos fundamentales, los elementos reglados del acto, y la determinaci贸n de las indemnizaciones procedentes.
III. LOS 脫RGANOS DE LA JURISDICCI脫N Y SUS COMPETENCIAS
Dado que, como se ha expuesto, la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa se enfrenta a un grav铆simo problema por la avalancha creciente de recursos, es obvio que la reforma de sus aspectos organizativos deb铆a considerarse prioritaria.
La novedad m谩s importante en este cap铆tulo consiste en la regulaci贸n de las competencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. La creaci贸n de estos 贸rganos judiciales, que previ贸 la Ley Org谩nica del Poder Judicial, fue recibida en su d铆a con divisi贸n de opiniones. Si, por un lado, parec铆a imprescindible descongestionar a los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de un buen n煤mero de asuntos, por otro surgieron dudas acerca de la idoneidad de los Juzgados, 贸rganos unipersonales, para afrontar el ejercicio de las competencias que habr铆an de corresponderles en virtud de la cl谩usula general establecida en la citada Ley Org谩nica.
Ciertamente, la complejidad t茅cnica de muchos de los asuntos y la trascendencia pol铆tica de otros que habr铆an de enjuiciar a tenor de dicha cl谩usula ha dado origen a una larga controversia, que era necesario resolver para implantar definitivamente los Juzgados.
La presente reforma aborda el problema con decisi贸n y con cautela a la vez. Define la competencia de los Juzgados mediante un sistema de lista tasada. En la elaboraci贸n de esta lista se ha tenido en cuenta la conveniencia de atribuir a estos 贸rganos unipersonales un conjunto de competencias relativamente uniformes y de menor trascendencia econ贸mica y social, pero que cubren un elevado porcentaje de los recursos que cotidianamente se interponen ante los 贸rganos de la Jurisdicci贸n. De esta manera es posible aportar remedio a la saturaci贸n que soportan los Tribunales Superiores de Justicia, que se ver谩n descargados de buen n煤mero de pleitos, aunque conservan la competencia para juzgar en primera instancia los m谩s importantes a priori y toda la variedad de los que se incluyen en la cl谩usula residual, que ahora se traslada a su 谩mbito competencial. Por su parte, los Juzgados obtienen un conjunto de competencias que pueden razonablemente ejercer y que parecen suficientes para consolidar la experiencia. Nada impide, antes al contrario, que tras un primer per铆odo de rodaje la lista de competencias se revise a la vista de esa experiencia. De todas formas, es evidente que el 茅xito de la reforma depende m谩s que nada de la pronta y adecuada selecci贸n y formaci贸n de los titulares de los Juzgados.
No termina aqu铆 la reforma en cuanto a 贸rganos unipersonales. Se regulan tambi茅n las competencias de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, con jurisdicci贸n en toda Espa帽a, para contribuir a paliar la sobrecarga de trabajo de 贸rganos jurisdiccionales actualmente muy saturados.
IV. LAS PARTES
La regulaci贸n de las partes que se conten铆a en la Ley de 27 de diciembre de 1956, fundada en un criterio sustancialmente individualista con ciertos ribetes corporativos, ha quedado hace tiempo superada y ha venido siendo corregida por otras normas posteriores, adem谩s de reinterpretada por la jurisprudencia en un sentido muy distinto al que originariamente ten铆a. La nueva Ley se limita a recoger las sucesivas modificaciones, clarificando algunos puntos todav铆a oscuros y sistematizando los preceptos de la manera m谩s sencilla posible. Lo que se pretende es que nadie, persona f铆sica o jur铆dica, privada o p煤blica, que tenga capacidad jur铆dica suficiente y sea titular de un inter茅s leg铆timo que tutelar, concepto comprensivo de los derechos subjetivos pero m谩s amplio, pueda verse privado del acceso a la justicia.
Sobre esta base, que ya se deduce de la Constituci贸n, las novedades de la Ley tienen un car谩cter esencialmente t茅cnico. Las m谩s significativas se incorporan en los preceptos que regulan la legitimaci贸n. En cuanto a la activa, se han reducido a sistema todas las normas generales o especiales que pueden considerarse vigentes y conformes con el criterio elegido. El enunciado de supuestos da idea, en cualquier caso, de la evoluci贸n que ha experimentado el recurso contencioso-administrativo, hoy en d铆a instrumento 煤til para una pluralidad de fines: la defensa del inter茅s personal, la de los intereses colectivos y cualesquiera otros leg铆timos, incluidos los de naturaleza pol铆tica, mecanismo de control de legalidad de las Administraciones inferiores, instrumento de defensa de su autonom铆a, cauce para la defensa de derechos y libertades encomendados a ciertas instituciones p煤blicas y para la del inter茅s objetivo de la ley en los supuestos legales de acci贸n popular, entre otros.
Por lo que se refiere a la legitimaci贸n pasiva, el criterio de fondo es el mismo y conduce a simplificar las reglas anteriores. En particular, carece de sentido mantener la figura del coadyuvante, cuando ninguna diferencia hay ya entre la legitimaci贸n por derecho subjetivo y por inter茅s leg铆timo. En cambio, ha parecido necesario precisar un poco m谩s qu茅 Administraci贸n tiene car谩cter de demandada en caso de impugnaci贸n de actos sujetos a fiscalizaci贸n previa y, sobre todo, atribuir tambi茅n este car谩cter, en caso de impugnaci贸n indirecta de una disposici贸n general, a la Administraci贸n autora de la misma, aunque no lo sea de la actuaci贸n directamente recurrida. Esta previsi贸n viene a dar cauce procesal al inter茅s de cada Administraci贸n en defender en todo caso la legalidad de las normas que aprueba y constituye una de las especialidades de los recursos que versan sobre la conformidad a Derecho de disposiciones generales, que se desgranan a lo largo de todo el articulado.
En cuanto a la representaci贸n y defensa, se distingue entre 贸rganos colegiados y unipersonales. En los primeros, procurador y abogado son obligatorios; en los segundos, el procurador es potestativo y el abogado obligatorio. Los funcionarios p煤blicos podr谩n comparecer por s铆 mismos en cuestiones de personal que no impliquen separaci贸n de empleados p煤blicos inamovibles.
Por lo que ata帽e a la representaci贸n y defensa de las Administraciones p煤blicas y 贸rganos constitucionales, la Ley se remite a lo que disponen la Ley Org谩nica del Poder Judicial y la Ley de Asistencia Jur铆dica al Estado e Instituciones P煤blicas para todo tipo de procesos, as铆 como a las normas que sobre la materia y en el marco de sus competencias hayan dictado las Comunidades Aut贸nomas, pues no hay en los contencioso-administrativos ninguna peculiaridad que merezca recogerse en norma con rango de ley.
V. OBJETO DEL RECURSO
Los escasos preceptos incluidos en los dos primeros cap铆tulos del T铆tulo III contienen algunas de las innovaciones m谩s importantes que la Ley introduce en nuestro sistema de control judicial de la Administraci贸n. Se trata nada menos que de superar la tradicional y restringida concepci贸n del recurso contencioso-administrativo como una revisi贸n judicial de actos administrativos previos, es decir, como un recurso al acto, y de abrir definitivamente las puertas para obtener justicia frente a cualquier comportamiento il铆cito de la Administraci贸n. Pero al mismo tiempo, es necesario diferenciar las pretensiones que pueden deducirse en cada caso, pues es evidente que la diversidad de actuaciones y omisiones que pueden ser objeto del recurso no permiten seguir configurando 茅ste como una acci贸n procesal uniforme. Sin merma de sus caracter铆sticas comunes, empezando por el "nomen iuris", el recurso admite modulaciones de relieve en funci贸n del objeto sobre el que recae. Cohonestar los elementos comunes y los diferenciales en un esquema simple y flexible es otro de los objetivos de la reforma.
Por raz贸n de su objeto se establecen cuatro modalidades de recurso: el tradicional dirigido contra actos administrativos, ya sean expresos o presuntos; el que, de manera directa o indirecta, versa sobre la legalidad de alguna disposici贸n general, que precisa de algunas reglas especiales; el recurso contra la inactividad de la Administraci贸n y el que se interpone contra actuaciones materiales constitutivas de v铆a de hecho.
Del recurso contra actos, el mejor modelado en el per铆odo precedente, poco hay que renovar. La Ley no obstante, depura el ordenamiento anterior de algunas normas limitativas que carecen de justificaci贸n, aunque mantiene la inadmisibilidad del recurso contra actos confirmatorios de otros firmes y consentidos. Esta 煤ltima regla se apoya en elementales razones de seguridad jur铆dica, que no s贸lo deben tenerse en cuenta en favor del perjudicado por un acto administrativo sino tambi茅n en favor del inter茅s general y de quienes puedan resultar individual o colectivamente beneficiados o amparados por 茅l. Por lo dem谩s, el relativo sacrificio del acceso a la tutela judicial que se mantiene por dicha causa resulta hoy menos gravoso que anta帽o, si se tiene en cuenta la reciente ampliaci贸n de los plazos del recurso administrativo ordinario, la falta de eficacia que la legislaci贸n en vigor atribuye, sin l铆mite temporal alguno, a las notificaciones defectuosas e inclusive la ampliaci贸n de las facultades de revisi贸n de oficio. Conservar esa excepci贸n es una opci贸n razonable y equilibrada.
En cambio, ha parecido necesario destacar en el texto de la Ley las peculiaridades de los recursos en que se enjuicia la conformidad a Derecho de las disposiciones generales, hasta ahora no suficientemente consideradas. En realidad, los efectos que tienen estos tipos de recurso y, en particular, la declaraci贸n de ilegalidad de una disposici贸n general por cualquier v铆a que se produzca, no pueden compararse, en t茅rminos generales, con los del recurso contra actos. La diferencia asume cada vez mayor relieve en la pr谩ctica, si se tiene en cuenta la extensi贸n y relevancia que en el polifac茅tico Estado moderno ha asumido la producci贸n reglamentaria.
La nueva Ley asegura las m谩s amplias posibilidades de someter a control judicial la legalidad de las disposiciones generales, preservando los que se han dado en llamar recursos directo e indirecto y eliminando todo rastro de las limitaciones para recurrir que estableci贸 la legislaci贸n anterior. Ahora bien, al mismo tiempo procura que la impugnaci贸n de las disposiciones generales se tramite con celeridad y que aboque siempre a una decisi贸n judicial clara y 煤nica, de efectos generales, con el fin de evitar innecesarios vac铆os normativos y situaciones de inseguridad o interinidad en torno a la validez y vigencia de las normas. Este criterio se plasma, entre otras muchas reglas de detalle, en el tratamiento procesal que se da al denominado recurso indirecto.
Hasta ahora ha existido una cierta confusi贸n en la teor铆a jur铆dica y en la pr谩ctica judicial sobre los efectos de esta clase de recurso, cuando la norma que aplica el acto impugnado es considerada contraria a Derecho.
Y, lo que es m谩s grave, el car谩cter difuso de este tipo de control ha generado situaciones de inseguridad jur铆dica y desigualdad manifiesta, pues seg煤n el criterio de cada 贸rgano judicial y a falta de una instancia unificadora, que no siempre existe, determinadas disposiciones se aplican en unos casos o 谩mbitos y se inaplican en otros. La soluci贸n pasa por unificar la decisi贸n judicial sobre la legalidad de las disposiciones generales en un s贸lo 贸rgano, el que en cada caso es competente para conocer del recurso directo contra ellas, dotando siempre a esa decisi贸n de efectos erga omnes. De ah铆 que, cuando sea ese mismo 贸rgano el que conoce de un recurso indirecto, la Ley disponga que declarar谩 la validez o nulidad de la disposici贸n general. Para cuando el 贸rgano competente en un recurso de este tipo sea otro distinto del que puede conocer del recurso directo contra la disposici贸n de que se trate, la Ley introduce la cuesti贸n de ilegalidad.
La regulaci贸n de este procedimiento ha tenido en cuenta la experiencia de la cuesti贸n de inconstitucionalidad prevista por el art铆culo 163 de la Constituci贸n y se inspira parcialmente en su mec谩nica; las analog铆as acaban aqu铆. La cuesti贸n de ilegalidad no tiene otro significado que el de un remedio t茅cnico tendente a reforzar la seguridad jur铆dica, que no impide el enjuiciamiento de las normas por el Juez o Tribunal competente para decidir sobre la legalidad del acto aplicativo del reglamento cuya ilegalidad se aduce, pero que pretende alcanzar una decisi贸n unitaria a todo eventual pronunciamiento indirecto sobre su validez.
Largamente reclamado por la doctrina jur铆dica, la Ley crea un recurso contra la inactividad de la Administraci贸n, que tiene precedentes en otros ordenamientos europeos. El recurso se dirige a obtener de la Administraci贸n, mediante la correspondiente sentencia de condena, una prestaci贸n material debida o la adopci贸n de un acto expreso en procedimientos iniciados de oficio, all铆 donde no juega el mecanismo del silencio administrativo. De esta manera se otorga un instrumento jur铆dico al ciudadano para combatir la pasividad y las dilaciones administrativas. Claro est谩 que este remedio no permite a los 贸rganos judiciales sustituir a la Administraci贸n en aspectos de su actividad no prefigurados por el Derecho, incluida la discrecionalidad en el "quando" de una decisi贸n o de una actuaci贸n material, ni les faculta para traducir en mandatos precisos las gen茅ricas e indeterminadas habilitaciones u obligaciones legales de creaci贸n de servicios o realizaci贸n de actividades, pues en tal caso estar铆an invadiendo las funciones propias de aqu茅lla. De ah铆 que la Ley se refiera siempre a prestaciones concretas y actos que tengan un plazo legal para su adopci贸n y de ah铆 que la eventual sentencia de condena haya de ordenar estrictamente el cumplimiento de las obligaciones administrativas en los concretos t茅rminos en que est茅n establecidas. El recurso contencioso-administrativo, por su naturaleza, no puede poner remedio a todos los casos de indolencia, lentitud e ineficacia administrativas, sino tan s贸lo garantizar el exacto cumplimiento de la legalidad.
Otra novedad destacable es el recurso contra las actuaciones materiales en v铆a de hecho. Mediante este recurso se pueden combatir aquellas actuaciones materiales de la Administraci贸n que carecen de la necesaria cobertura jur铆dica y lesionan derechos e intereses leg铆timos de cualquier clase. La acci贸n tiene una naturaleza declarativa y de condena y a la vez, en cierto modo, interdictal, a cuyo efecto no puede dejar de relacionarse con la regulaci贸n de las medidas cautelares. Por raz贸n de la materia, la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de estos recursos se explica sobradamente.
En el caso del recurso contra la inactividad de la Administraci贸n, la Ley establece una reclamaci贸n previa en sede administrativa; en el del recurso contra la v铆a de hecho, un requerimiento previo de car谩cter potestativo, asimismo en sede administrativa. Pero eso no convierte a estos recursos en procesos contra la desestimaci贸n, en su caso por silencio, de tales reclamaciones o requerimientos. Ni, como se ha dicho, estas nuevas acciones se atienen al tradicional car谩cter revisor del recurso contencioso-administrativo, ni puede considerarse que la falta de estimaci贸n, total o parcial, de la reclamaci贸n o el requerimiento constituyan aut茅nticos actos administrativos, expresos o presuntos. Lo que se persigue es sencillamente dar a la Administraci贸n la oportunidad de resolver el conflicto y de evitar la intervenci贸n judicial. En caso contrario, lo que se impugna sin m谩s tr谩mites es, directamente, la inactividad o actuaci贸n material correspondiente, cuyas circunstancias delimitan el objeto material del proceso.
El resto de los preceptos del T铆tulo III se ci帽e a introducir algunas mejoras t茅cnicas. La preocupaci贸n por agilizar la tramitaci贸n de las causas es dominante y, en particular, explica la regla que permite al Juez o Tribunal suspender la tramitaci贸n de los recursos masivos que tengan id茅ntico objeto y resolver con car谩cter preferente uno o varios de ellos. De esta manera se puede eludir la reiteraci贸n de tr谩mites, pues los efectos de la primera o primeras sentencias resultantes podr铆an aplicarse a los dem谩s casos en v铆a de ejecuci贸n o, eventualmente, podr铆an inducir al desistimiento de otros recursos.
VI. EL PROCEDIMIENTO
1. La regulaci贸n del procedimiento contencioso-administrativo ordinario se basa en el esquema de la legislaci贸n anterior. Sin embargo, las modificaciones son muy numerosas, pues, por una parte, se han tenido muy en cuenta la experiencia pr谩ctica y las aportaciones doctrinales y, por otra, se han establecido normas especiales para diferentes tipos de recursos, que no precisan de un procedimiento especial. Basado en principios comunes y en un mismo esquema procesal, la Ley arbitra un procedimiento d煤ctil, que ofrece respuestas parcialmente distintas para cada supuesto. En todo momento se ha buscado conciliar las garant铆as de eficacia y celeridad del proceso con las de defensa de las partes.
Constituye una novedad importante la introducci贸n de un procedimiento abreviado para determinadas materias de cuant铆a determinada limitada, basado en el principio de oralidad.
Las garant铆as que la Ley establece para lograr la pronta y completa remisi贸n del expediente administrativo al 贸rgano judicial han sido reformadas con la intenci贸n de poner definitivamente coto a pr谩cticas administrativas injustificables y demasiado
extendidas, que alargan la tramitaci贸n de muchas causas. Incompatibles con los deberes que la Administraci贸n tiene para con los ciudadanos y con el de colaboraci贸n con la Administraci贸n de Justicia, es necesario que dichas pr谩cticas queden desterradas para siempre.
En la l铆nea de procurar la r谩pida resoluci贸n de los procesos, la Ley arbitra varias facultades en manos de las partes o del 贸rgano judicial, tales como la posibilidad de iniciar el recurso mediante demanda en algunos casos, la de solicitar que se falle sin necesidad de prueba, vista o conclusiones o la de llevar a cabo un intento de conciliaci贸n.
Del criterio de los Jueces y Magistrados y de la colaboraci贸n de las partes depender谩 que estas medidas alcancen sus fines.
Por lo que se refiere a la sentencia, la Ley sigue de cerca la regulaci贸n anterior. En particular, se mantiene la referencia de la conformidad o disconformidad de la disposici贸n, actuaci贸n o acto gen茅ricamente al Derecho, al Ordenamiento jur铆dico, por entender -en frase de la Exposici贸n de Motivos de la Ley de 1956- que reconducirla simplemente a las leyes equivale a olvidar que lo jur铆dico no se encierra y circunscribe a las disposiciones escritas, sino que se extiende a los principios y a la normatividad inmanente en la naturaleza de las instituciones. A帽ade, no obstante, algunas prescripciones sobre el contenido y efectos de algunos fallos estimatorios: los que condenen a la Administraci贸n a hacer algo, los que estimen pretensiones de resarcimiento de da帽os y perjuicios, los que anulen disposiciones generales y los que versen sobre actuaciones discrecionales. En relaci贸n con estos 煤ltimos, la Ley recuerda la naturaleza de control en derecho que tiene el recurso contencioso-administrativo y de ah铆 que precise que no pueden los Jueces y Tribunales determinar el contenido discrecional de los actos que anulen. Como es l贸gico, esta regla no pretende coartar en absoluto la potestad de los 贸rganos judiciales para extender su control de los actos discrecionales hasta donde lo exija el sometimiento de la Administraci贸n al derecho, es decir mediante el enjuiciamiento de los elementos reglados de dichos actos y la garant铆a de los l铆mites jur铆dicos de la discrecionalidad.
2. Por lo que se refiere a los recursos contra las resoluciones judiciales, la Ley se atiene en general a los que dispuso la reciente Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal. Pero introduce algunos cambios necesarios, motivados unos por la creaci贸n de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que conduce a reimplantar los recursos de apelaci贸n contra sus resoluciones, y otros por la experiencia, breve pero significativa, derivada de aquella 煤ltima reforma procesal.
El nuevo recurso de apelaci贸n ordinario contra las sentencias de los Juzgados no tiene, sin embargo, car谩cter universal. No siendo la doble instancia en todo tipo de procesos una exigencia constitucional, ha parecido conveniente descargar a los Tribunales Superiores de Justicia de conocer tambi茅n en segunda instancia de los asuntos de menor entidad, para resolver el agobio que hoy padecen. Sin embargo, la apelaci贸n procede siempre que el asunto no ha sido resuelto en cuanto al fondo, en garant铆a del contenido normal del derecho a la tutela judicial efectiva, as铆 como en el procedimiento para la protecci贸n de los derechos fundamentales, en los litigios entre Administraciones y cuando se resuelve la impugnaci贸n indirecta de disposiciones generales, por la mayor trascendencia que "a priori" tienen todos estos asuntos.
La Ley eleva sustancialmente la cuant铆a de los que tienen acceso a la casaci贸n ordinaria y en menor medida la de los que pueden acceder a la casaci贸n para unificaci贸n de doctrina. Aunque rigurosa, la medida es necesaria a la vista de la experiencia de los 煤ltimos a帽os, pues las cuant铆as fijadas por la Ley 10/1992 no han permitido reducir la abrumadora carga de trabajo que pesa sobre la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Si bien las nuevas reglas eliminan la posibilidad de doble instancia en muchos supuestos, la alternativa ser铆a consentir el agravamiento progresivo de aquella carga, ya hoy muy superior a lo que ser铆a razonable. Los efectos de tal situaci贸n son mucho m谩s perniciosos, pues se corre el riesgo de alargar la resoluci贸n de los recursos pendientes ante el Tribunal Supremo hasta extremos totalmente incompatibles con el derecho a una justicia efectiva.
Por otro lado, no es posible aumentar sustancialmente el n煤mero de Secciones y Magistrados del Alto Tribunal, que ha de poder atender a su important铆sima funci贸n objetiva de fijar la doctrina jurisprudencial.
Se regulan dos modalidades de recurso para la unificaci贸n de doctrina, cuyo conocimiento corresponder谩, respectivamente, al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia.
Se ha considerado oportuno mantener el recurso de casaci贸n en inter茅s de la ley, que se adapta a la creaci贸n de los Juzgados de los Contencioso-Administrativo y que, junto al tradicional recurso de revisi贸n, cierra el sistema de impugnaciones en este orden jurisdiccional.
3. La Ley ha realizado un importante esfuerzo para incrementar las garant铆as de ejecuci贸n de las sentencias, desde siempre una de las zonas grises de nuestro sistema contencioso-administrativo. El punto de partida reside en la imperiosa obligaci贸n de cumplir las resoluciones judiciales y colaborar en la ejecuci贸n de lo resuelto, que la Constituci贸n prescribe, y en la potestad de los 贸rganos judiciales de hacer ejecutar lo juzgado, que la propia Constituci贸n les atribuye. Prescripciones que entroncan directamente con el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que, como viene se帽alando la jurisprudencia, ese derecho no se satisface mediante una justicia meramente te贸rica, sino que conlleva el derecho a la ejecuci贸n puntual de lo fallado en sus propios t茅rminos. La negativa, expresa o impl铆cita, a cumplir una resoluci贸n judicial constituye un atentado a la Constituci贸n frente al que no caben excusas.
La Ley Org谩nica del Poder Judicial, que elimin贸 la potestad gubernativa de suspensi贸n e inejecuci贸n de sentencias, abri贸 paso, en cambio, a la expropiaci贸n de los derechos reconocidos por 茅stas frente a la Administraci贸n. Sin embargo, no especific贸 las causas de utilidad p煤blica e inter茅s social que habr铆an de legitimar el ejercicio de esta potestad expropiatoria. La Ley atiende a esta necesidad, concretando tres supuestos muy determinados, entre los que debe destacarse el de la preservaci贸n del libre ejercicio de los derechos fundamentales y libertades p煤blicas.
A salvo lo anterior, la Ley regula la forma de ejecutar las sentencias que condenan a la Administraci贸n al pago de cantidad, sin eliminar la prerrogativa de inembargabilidad de los bienes y derechos de la Hacienda P煤blica, ya que dicha modificaci贸n no puede abordarse aisladamente en la Ley Jurisdiccional, sino -en su caso- a trav茅s de una nueva regulaci贸n, completa y sistem谩tica, del estatuto jur铆dico de los bienes p煤blicos.
Pero compensa al interesado econ贸micamente frente a cualquier retraso injustificado; previene frente a las ejecuciones aparentes, declarando la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a los pronunciamientos y estableciendo una forma r谩pida para anularlos, y especifica las formas posibles de ejecuci贸n forzosa de las sentencias que condenan a la Administraci贸n a realizar una actividad o dictar un acto y otorga a los 贸rganos judiciales potestades sancionadoras para lograr la efectividad de lo mandado, aparte las consecuencias que se deduzcan en el 谩mbito penal.
Dos novedades importantes completan este Cap铆tulo de la Ley. La primera se refiere a la posibilidad de extender los efectos de una sentencia firme en materia de personal y en materia tributaria a personas distintas de las partes que se encuentren en situaci贸n id茅ntica.
Aun regulada con la necesaria cautela, la apertura puede ahorrar la reiteraci贸n de m煤ltiples procesos innecesarios contra los llamados actos en masa. La segunda consiste en otorgar al acuerdo de conciliaci贸n judicial la misma fuerza que a la sentencia a efectos de ejecuci贸n forzosa, lo que refuerza el inter茅s de la Ley por esta forma de terminaci贸n del procedimiento.
4. De los recursos especiales se ha suprimido el de personal, aunque subsisten algunas especialidades relativas a esta materia a lo largo del articulado. Se trae al texto de la Ley Jurisdiccional la regulaci贸n del proceso especial en materia de derechos fundamentales, con el mismo car谩cter preferente y urgente que ya tiene y con importantes variaciones sobre la normativa vigente, cuyo car谩cter restrictivo ha conducido, en la pr谩ctica, a un importante deterioro de esta v铆a procesal. La m谩s relevante novedad es el tratamiento del objeto del recurso -y, por tanto, de la sentencia- de acuerdo con el fundamento com煤n de los procesos contencioso-administrativos, esto es, contemplando la lesi贸n de los derechos susceptibles de amparo desde la perspectiva de la conformidad de la actuaci贸n administrativa con el ordenamiento jur铆dico.
La Ley pretende superar, por tanto, la r铆gida distinci贸n entre legalidad ordinaria y derechos fundamentales, por entender que la protecci贸n del derecho fundamental o libertad p煤blica no ser谩 factible, en muchos casos, si no se tiene en cuenta el desarrollo legal de los mismos.
El procedimiento de la cuesti贸n de ilegalidad, que se inicia de oficio, a煤na la garant铆a de defensa de las partes con la celeridad que le es inherente.
Por 煤ltimo, el procedimiento en caso de suspensi贸n administrativa previa de acuerdos se adapta a los supuestos legales de suspensi贸n previstos en la legislaci贸n vigente, al tiempo que establece las reglas que permiten su r谩pida tramitaci贸n.
5. De las disposiciones comunes sobresale la regulaci贸n de las medidas cautelares. El espectacular desarrollo de estas medidas en la jurisprudencia y la pr谩ctica procesal de los 煤ltimos a帽os ha llegado a desbordar las moderadas previsiones de la legislaci贸n
anterior, certificando su antig眉edad en este punto. La nueva Ley actualiza considerablemente la regulaci贸n de la materia, ampl铆a los tipos de medidas cautelares posibles y determina los criterios que han de servir de gu铆a a su adopci贸n.
Se parte de la base de que la justicia cautelar forma parte del derecho a la tutela efectiva, tal como tiene declarado la jurisprudencia m谩s reciente, por lo que la adopci贸n de medidas provisionales que permitan asegurar el resultado del proceso no debe contemplarse como una excepci贸n, sino como facultad que el 贸rgano judicial puede ejercitar siempre que resulte necesario.
La Ley aborda esta cuesti贸n mediante una regulaci贸n com煤n a todas las medidas cautelares, cualquiera que sea su naturaleza. El criterio para su adopci贸n consiste en que la ejecuci贸n del acto o la aplicaci贸n de la disposici贸n pueden hacer perder la finalidad del recurso o causar al recurrente perjuicios de imposible o dif铆cil reparaci贸n, pero siempre sobre la base de una ponderaci贸n suficientemente motivada de todos los intereses en conflicto.
Adem谩s, teniendo en cuenta la experiencia de los 煤ltimos a帽os y la mayor amplitud que hoy tiene el objeto del recurso contencioso-administrativo, la suspensi贸n de la disposici贸n o acto recurrido no puede constituir ya la 煤nica medida cautelar posible. La Ley introduce en consecuencia la posibilidad de adoptar cualquier medida cautelar, incluso las de car谩cter positivo. No existen para ello especiales restricciones, dado el fundamento com煤n a todas las medidas cautelares. Corresponder谩 al Juez o Tribunal determinar las que, seg煤n las circunstancias, fuesen necesarias.
Se regulan medidas "inaudita parte debitoris" -con comparecencia posterior sobre el levantamiento, mantenimiento o modificaci贸n de la medida adoptada-, as铆 como medidas previas a la interposici贸n del recurso en los supuestos de inactividad o v铆a de hecho.
T脥TULO I-Del orden jurisdiccional contencioso-administrativo
1. Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocer谩n de las pretensiones que se deduzcan en relaci贸n con la actuaci贸n de las Administraciones p煤blicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos Legislativos cuando excedan los l铆mites de la delegaci贸n.
2. Se entender谩 a estos efectos por Administraciones p煤blicas:
a) La Administraci贸n General del Estado.
b) Las Administraciones de las Comunidades Aut贸nomas.
c) Las Entidades que integran la Administraci贸n local.
d) Las Entidades de derecho p煤blico que sean dependientes o est茅n vinculadas al Estado, las Comunidades Aut贸nomas o las Entidades Locales.
3. Conocer谩n tambi茅n de las pretensiones que se deduzcan en relaci贸n con:
a) Los actos y disposiciones en materia de personal, administraci贸n y gesti贸n patrimonial sujetos al derecho p煤blico adoptados por los 贸rganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, as铆 como de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut贸nomas y de las instituciones auton贸micas an谩logas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo.
b) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los 贸rganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales, en los t茅rminos de la Ley Org谩nica del Poder Judicial.
c) La actuaci贸n de la Administraci贸n electoral, en los t茅rminos previstos en la Ley Org谩nica del R茅gimen Electoral General.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocer谩 de las cuestiones que se susciten en relaci贸n con:
a) La protecci贸n jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinaci贸n de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relaci贸n con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Aut贸nomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.
b) Los contratos administrativos y los actos de preparaci贸n y adjudicaci贸n de los dem谩s contratos sujetos a la legislaci贸n de contrataci贸n de las Administraciones p煤blicas.
c) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho p煤blico, adoptados en el ejercicio de funciones p煤blicas.
d) Los actos administrativos de control o fiscalizaci贸n dictados por la Administraci贸n concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios p煤blicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos, as铆 como los actos de los propios concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante este Orden Jurisdiccional de conformidad con la legislaci贸n sectorial correspondiente.
e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones p煤blicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relaci贸n de que derive, no pudiendo ser demandadas aqu茅llas por este motivo ante los 贸rdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producci贸n del da帽o concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.
f) Las restantes materias que le atribuya expresamente una Ley.
Precepto modificado por LO 19/2003, de 23 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 15-1-2004
路 Modificada letra e) del art铆culo 2
Redacci贸n hasta el 15-1-2004
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocer谩 de las cuestiones que se susciten en relaci贸n con:
a) La protecci贸n jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinaci贸n de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relaci贸n con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Aut贸nomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.
b) Los contratos administrativos y los actos de preparaci贸n y adjudicaci贸n de los dem谩s contratos sujetos a la legislaci贸n de contrataci贸n de las Administraciones p煤blicas.
c) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho p煤blico, adoptados en el ejercicio de funciones p煤blicas.
d) Los actos administrativos de control o fiscalizaci贸n dictados por la Administraci贸n concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios p煤blicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos, as铆 como los actos de los propios concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdiccional de conformidad con la legislaci贸n sectorial correspondiente.
e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones p煤blicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relaci贸n de que derive, no pudiendo ser demandadas aqu茅llas por este motivo ante los 贸rdenes jurisdiccionales civil o social.
f) Las restantes materias que le atribuya expresamente una Ley.
No corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a) Las cuestiones expresamente atribuidas a los 贸rdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque est茅n relacionadas con la actividad de la Administraci贸n P煤blica.
b) El recurso contencioso-disciplinario militar.
c) Los conflictos de jurisdicci贸n entre los Juzgados y Tribunales y la Administraci贸n P煤blica y los conflictos de atribuciones entre 贸rganos de una misma Administraci贸n.
d) Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Hist贸ricos de 脕lava, Guip煤zcoa y Vizcaya, que corresponder谩n, en exclusiva, al Tribunal Constitucional. en los t茅rminos establecidos por la disposici贸n adicional quinta de su Ley Org谩nica.
Precepto modificado por LO 1/2010, de 19 de febrero, con entrada en vigor a partir del 12-3-2010
路 A帽adida letra d) al art铆culo 3
Redacci贸n hasta el 12-3-2010
No corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a) Las cuestiones expresamente atribuidas a los 贸rdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque est茅n relacionadas con la actividad de la Administraci贸n P煤blica.
b) El recurso contencioso-disciplinario militar.
c) Los conflictos de jurisdicci贸n entre los Juzgados y Tribunales y la Administraci贸n P煤blica y los conflictos de atribuciones entre 贸rganos de una misma Administraci贸n.
1. La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo se extiende al conocimiento y decisi贸n de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, salvo las de car谩cter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales.
2. La decisi贸n que se pronuncie no producir谩 efectos fuera del proceso en que se dicte y no vincular谩 al orden jurisdiccional correspondiente.
1. La Jurisdicci贸n Contencioso-administrativa es improrrogable.
2. Los 贸rganos de este orden jurisdiccional apreciar谩n de oficio la falta de jurisdicci贸n y resolver谩n sobre la misma, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo com煤n de diez d铆as.
3. En todo caso, esta declaraci贸n ser谩 fundada y se efectuar谩 indicando siempre el concreto orden jurisdiccional que se estime competente.
Si la parte demandante se personare ante el mismo en el plazo de un mes desde la notificaci贸n de la resoluci贸n que declare la falta de jurisdicci贸n, se entender谩 haberlo efectuado en la fecha en que se inici贸 el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, si hubiere formulado 茅ste siguiendo las indicaciones de la notificaci贸n del acto o 茅sta fuese defectuosa.
CAP脥TULO II-脫rganos y competencias
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo se halla integrado por los siguientes 贸rganos:
a) Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
b) Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
c) Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
d) Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
e) Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
1. Los 贸rganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo que fueren competentes para conocer de un asunto lo ser谩n tambi茅n para todas sus incidencias y para hacer ejecutar las sentencias que dictaren en los t茅rminos se帽alados en el art铆culo 103.1.
2. La competencia de los Juzgados y Salas de lo Contencioso-administrativo no ser谩 prorrogable y deber谩 ser apreciada por los mismos, incluso de oficio, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo com煤n de diez d铆as.
3. La declaraci贸n de incompetencia adoptar谩 la forma de auto y deber谩 efectuarse antes de la sentencia, remiti茅ndose las actuaciones al 贸rgano de la Jurisdicci贸n que se estime competente para que ante 茅l siga el curso del proceso. Si la competencia pudiera corresponder a un Tribunal superior en grado, se acompa帽ar谩 una exposici贸n razonada, est谩ndose a lo que resuelva 茅ste.
1. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocer谩n, en 煤nica o primera instancia seg煤n lo dispuesto en esta Ley, de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urban铆stico.
2. Conocer谩n, asimismo, en 煤nica o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administraci贸n de las Comunidades Aut贸nomas, salvo cuando procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto:
a) Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinci贸n de la relaci贸n de servicio de funcionarios p煤blicos de carrera.
b) Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros y en ceses de actividades o privaci贸n de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses.
c) Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuant铆a no exceda de 30.050 euros.
3. Conocer谩n en 煤nica o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la Administraci贸n perif茅rica del Estado y de las Comunidades Aut贸nomas, contra los actos de los organismos, entes, entidades o corporaciones de derecho p煤blico, cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional y contra las resoluciones de los 贸rganos superiores cuando confirmen 铆ntegramente los dictados por aqu茅llos en v铆a de recurso, fiscalizaci贸n o tutela.
Se except煤an los actos de cuant铆a superior a 60.000 euros dictados por la Administraci贸n perif茅rica del Estado y los organismos p煤blicos estatales cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional, o cuando se dicten en ejercicio de sus competencias sobre dominio p煤blico, obras p煤blicas del Estado, expropiaci贸n forzosa y propiedades especiales.
4. Conocer谩n, igualmente, de todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjer铆a por la Administraci贸n perif茅rica del Estado o por los 贸rganos competentes de las Comunidades Aut贸nomas.
5. Corresponde conocer a los Juzgados de las impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales de Zona y de las formuladas en materia de proclamaci贸n de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas Electorales, en los t茅rminos previstos en la legislaci贸n electoral.
6. Conocer谩n tambi茅n los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecuci贸n forzosa de actos de la administraci贸n p煤blica, salvo que se trate de la ejecuci贸n de medidas de protecci贸n de menores acordadas por la Entidad P煤blica competente en la materia.
Asimismo, corresponder谩 a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la autorizaci贸n o ratificaci贸n judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud p煤blica e impliquen privaci贸n o restricci贸n de la libertad o de otro derecho fundamental.
Adem谩s, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocer谩n de las autorizaciones para la entrada e inspecci贸n de domicilios, locales, terrenos y medios de transporte que haya sido acordada por la Comisi贸n Nacional de la Competencia, cuando, requiriendo dicho acceso e inspecci贸n el consentimiento de su titular, 茅ste se oponga a ello o exista riesgo de tal oposici贸n.
Precepto modificado por Ley 26/2015, de 28 de julio, con entrada en vigor a partir del 18-8-2015
路 Modificado apartado 6 del art铆culo 8
Redacci贸n hasta el 18-8-2015
1. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocer谩n, en 煤nica o primera instancia seg煤n lo dispuesto en esta Ley, de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urban铆stico.
2. Conocer谩n, asimismo, en 煤nica o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administraci贸n de las Comunidades Aut贸nomas, salvo cuando procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto:
a) Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinci贸n de la relaci贸n de servicio de funcionarios p煤blicos de carrera.
b) Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros y en ceses de actividades o privaci贸n de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses.
c) Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuant铆a no exceda de 30.050 euros.
3. Conocer谩n en 煤nica o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la Administraci贸n perif茅rica del Estado y de las Comunidades Aut贸nomas, contra los actos de los organismos, entes, entidades o corporaciones de derecho p煤blico, cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional y contra las resoluciones de los 贸rganos superiores cuando confirmen 铆ntegramente los dictados por aqu茅llos en v铆a de recurso, fiscalizaci贸n o tutela.
Se except煤an los actos de cuant铆a superior a 60.000 euros dictados por la Administraci贸n perif茅rica del Estado y los organismos p煤blicos estatales cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional, o cuando se dicten en ejercicio de sus competencias sobre dominio p煤blico, obras p煤blicas del Estado, expropiaci贸n forzosa y propiedades especiales.
4. Conocer谩n, igualmente, de todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjer铆a por la Administraci贸n perif茅rica del Estado o por los 贸rganos competentes de las Comunidades Aut贸nomas.
5. Corresponde conocer a los Juzgados de las impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales de Zona y de las formuladas en materia de proclamaci贸n de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas Electorales, en los t茅rminos previstos en la legislaci贸n electoral.
6. Conocer谩n tambi茅n los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecuci贸n forzosa de actos de la Administraci贸n p煤blica.
Asimismo, corresponder谩 a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la autorizaci贸n o ratificaci贸n judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud p煤blica e impliquen privaci贸n o restricci贸n de la libertad o de otro derecho fundamental.
Adem谩s, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocer谩n de las autorizaciones para la entrada e inspecci贸n de domicilios, locales, terrenos y medios de transporte que haya sido acordada por la Comisi贸n Nacional de la Competencia, cuando, requiriendo dicho acceso e inspecci贸n el consentimiento de su titular, 茅ste se oponga a ello o exista riesgo de tal oposici贸n.
Precepto modificado por Ley 37/2011, de 10 de octubre, con entrada en vigor a partir del 31-10-2011
路 Modificado apartado 4 del art铆culo 8
Redacci贸n hasta el 31-10-2011
1. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocer谩n, en 煤nica o primera instancia seg煤n lo dispuesto en esta Ley, de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urban铆stico.
2. Conocer谩n, asimismo, en 煤nica o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administraci贸n de las Comunidades Aut贸nomas, salvo cuando procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto:
a) Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinci贸n de la relaci贸n de servicio de funcionarios p煤blicos de carrera.
b) Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros y en ceses de actividades o privaci贸n de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses.
c) Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuant铆a no exceda de 30.050 euros.
3. Conocer谩n en 煤nica o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la Administraci贸n perif茅rica del Estado y de las Comunidades Aut贸nomas, contra los actos de los organismos, entes, entidades o corporaciones de derecho p煤blico, cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional y contra las resoluciones de los 贸rganos superiores cuando confirmen 铆ntegramente los dictados por aqu茅llos en v铆a de recurso, fiscalizaci贸n o tutela.
Se except煤an los actos de cuant铆a superior a 60.000 euros dictados por la Administraci贸n perif茅rica del Estado y los organismos p煤blicos estatales cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional, o cuando se dicten en ejercicio de sus competencias sobre dominio p煤blico, obras p煤blicas del Estado, expropiaci贸n forzosa y propiedades especiales.
4. Conocer谩n, igualmente, de todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjer铆a por la Administraci贸n perif茅rica del Estado.
5. Corresponde conocer a los Juzgados de las impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales de Zona y de las formuladas en materia de proclamaci贸n de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas Electorales, en los t茅rminos previstos en la legislaci贸n electoral.
6. Conocer谩n tambi茅n los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecuci贸n forzosa de actos de la Administraci贸n p煤blica.
Asimismo, corresponder谩 a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la autorizaci贸n o ratificaci贸n judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud p煤blica e impliquen privaci贸n o restricci贸n de la libertad o de otro derecho fundamental.
Adem谩s, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocer谩n de las autorizaciones para la entrada e inspecci贸n de domicilios, locales, terrenos y medios de transporte que haya sido acordada por la Comisi贸n Nacional de la Competencia, cuando, requiriendo dicho acceso e inspecci贸n el consentimiento de su titular, 茅ste se oponga a ello o exista riesgo de tal oposici贸n.
Precepto modificado por Ley 15/2007, de 3 de julio, con entrada en vigor a partir del 1-9-2007
路 Modificado apartado 6 del art铆culo 8
Redacci贸n hasta el 1-9-2007
1. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocer谩n, en 煤nica o primera instancia seg煤n lo dispuesto en esta Ley, de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urban铆stico.
2. Conocer谩n, asimismo, en 煤nica o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administraci贸n de las Comunidades Aut贸nomas, salvo cuando procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto:
a) Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinci贸n de la relaci贸n de servicio de funcionarios p煤blicos de carrera.
b) Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros y en ceses de actividades o privaci贸n de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses.
c) Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuant铆a no exceda de 30.050 euros.
3. Conocer谩n en 煤nica o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la Administraci贸n perif茅rica del Estado y de las Comunidades Aut贸nomas, contra los actos de los organismos, entes, entidades o corporaciones de derecho p煤blico, cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional y contra las resoluciones de los 贸rganos superiores cuando confirmen 铆ntegramente los dictados por aqu茅llos en v铆a de recurso, fiscalizaci贸n o tutela.
Se except煤an los actos de cuant铆a superior a 60.000 euros dictados por la Administraci贸n perif茅rica del Estado y los organismos p煤blicos estatales cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional, o cuando se dicten en ejercicio de sus competencias sobre dominio p煤blico, obras p煤blicas del Estado, expropiaci贸n forzosa y propiedades especiales.
4. Conocer谩n, igualmente, de todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjer铆a por la Administraci贸n perif茅rica del Estado.
5. Corresponde conocer a los Juzgados de las impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales de Zona y de las formuladas en materia de proclamaci贸n de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas Electorales, en los t茅rminos previstos en la legislaci贸n electoral.
6. Conocer谩n tambi茅n los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecuci贸n forzosa de actos de la Administraci贸n p煤blica.
Asimismo, corresponder谩 a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la autorizaci贸n o ratificaci贸n judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud p煤blica e impliquen privaci贸n o restricci贸n de la libertad o de otro derecho fundamental.
Precepto modificado por LO 19/2003, de 23 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 15-1-2004
路 Modificado art铆culo 8
Redacci贸n hasta el 15-1-2004
1. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocer谩n, en 煤nica o primera instancia seg煤n lo dispuesto en esta Ley, de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las Entidades locales cuando tengan por objeto:
a) Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinci贸n de la relaci贸n de servicio de los funcionarios p煤blicos de carrera.
b) Gesti贸n, inspecci贸n y recaudaci贸n de los tributos y dem谩s ingresos de Derecho p煤blico regulados en la legislaci贸n de Haciendas Locales.
c) Licencias de edificaci贸n y uso del suelo y del subsuelo, siempre que su presupuesto no exceda de 250 millones de pesetas, as铆 como las de apertura.
d) Declaraci贸n de ruina y 贸rdenes de ejecuci贸n de obras de conservaci贸n, reforma y rehabilitaci贸n de inmuebles.
e) Sanciones administrativas, cualquiera que sea su naturaleza, cuant铆a y materia.
2. Conocer谩n, asimismo, en 煤nica o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administraci贸n de las Comunidades Aut贸nomas, salvo que procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto:
a) Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinci贸n de la relaci贸n de servicio de funcionarios p煤blicos de carrera.
b) Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 10 millones de pesetas y cese de actividades o privaci贸n de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses, en las siguientes materias:
1) Tr谩fico, circulaci贸n y seguridad vial.
2) Caza, pesca fluvial, pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura.
3) Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
4) Comercio interior y defensa de consumidores y usuarios.
5) Espect谩culos p煤blicos y actividades recreativas.
6) Juegos y m谩quinas recreativas y de azar.
3. Conocer谩n en 煤nica o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la Administraci贸n perif茅rica del Estado y de las Comunidades Aut贸nomas, contra los actos de los organismos, entes, entidades o corporaciones de derecho p煤blico, cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional y contra las resoluciones de los 贸rganos superiores cuando confirmen 铆ntegramente los dictados por aqu茅llos en v铆a de recurso, fiscalizaci贸n o tutela.
Se except煤an los actos de cuant铆a superior a 10 millones de pesetas dictados por la Administraci贸n perif茅rica del Estado y los organismos p煤blicos estatales cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional, o cuando se dicten en ejercicio de sus competencias sobre el dominio p煤blico, obras p煤blicas del Estado, expropiaci贸n forzosa y propiedades especiales.
4. Corresponde conocer a los Juzgados de las impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales de Zona y de las formuladas en materia de proclamaci贸n de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas Electorales, en los t茅rminos previstos en la legislaci贸n electoral.
5. Conocer谩n tambi茅n los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecuci贸n forzosa de actos de la Administraci贸n p煤blica.
Asimismo, corresponder谩 a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la autorizaci贸n o ratificaci贸n judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud p煤blica e impliquen privaci贸n o restricci贸n de la libertad o de otro derecho fundamental.
Precepto modificado por LEC 1/2000, de 7 de enero, con entrada en vigor a partir del 8-1-2001
路 A帽adido p谩rrafo 2.潞 del apartado 5 del art铆culo 8
Redacci贸n hasta el 8-1-2001
1. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocer谩n, en 煤nica o primera instancia seg煤n lo dispuesto en esta Ley, de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las Entidades locales cuando tengan por objeto:
a) Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinci贸n de la relaci贸n de servicio de los funcionarios p煤blicos de carrera.
b) Gesti贸n, inspecci贸n y recaudaci贸n de los tributos y dem谩s ingresos de Derecho p煤blico regulados en la legislaci贸n de Haciendas Locales.
c) Licencias de edificaci贸n y uso del suelo y del subsuelo, siempre que su presupuesto no exceda de 250 millones de pesetas, as铆 como las de apertura.
d) Declaraci贸n de ruina y 贸rdenes de ejecuci贸n de obras de conservaci贸n, reforma y rehabilitaci贸n de inmuebles.
e) Sanciones administrativas, cualquiera que sea su naturaleza, cuant铆a y materia.
2. Conocer谩n, asimismo, en 煤nica o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administraci贸n de las Comunidades Aut贸nomas, salvo que procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto:
a) Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinci贸n de la relaci贸n de servicio de funcionarios p煤blicos de carrera.
b) Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 10 millones de pesetas y cese de actividades o privaci贸n de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses, en las siguientes materias:
1) Tr谩fico, circulaci贸n y seguridad vial.
2) Caza, pesca fluvial, pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura.
3) Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
4) Comercio interior y defensa de consumidores y usuarios.
5) Espect谩culos p煤blicos y actividades recreativas.
6) Juegos y m谩quinas recreativas y de azar.
3. Conocer谩n en 煤nica o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la Administraci贸n perif茅rica del Estado y de las Comunidades Aut贸nomas, contra los actos de los organismos, entes, entidades o corporaciones de derecho p煤blico, cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional y contra las resoluciones de los 贸rganos superiores cuando confirmen 铆ntegramente los dictados por aqu茅llos en v铆a de recurso, fiscalizaci贸n o tutela.
Se except煤an los actos de cuant铆a superior a 10 millones de pesetas dictados por la Administraci贸n perif茅rica del Estado y los organismos p煤blicos estatales cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional, o cuando se dicten en ejercicio de sus competencias sobre el dominio p煤blico, obras p煤blicas del Estado, expropiaci贸n forzosa y propiedades especiales.
4. Corresponde conocer a los Juzgados de las impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales de Zona y de las formuladas en materia de proclamaci贸n de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas Electorales, en los t茅rminos previstos en la legislaci贸n electoral.
5. Conocer谩n tambi茅n los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecuci贸n forzosa de actos de la Administraci贸n p煤blica.
1. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo conocer谩n de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto:
a) En primera o 煤nica instancia en las materias de personal cuando se trate de actos dictados por Ministros y Secretarios de Estado, salvo que confirmen en v铆a de recurso, fiscalizaci贸n o tutela, actos dictados por 贸rganos inferiores, o se refieran al nacimiento o extinci贸n de la relaci贸n de servicio de funcionarios de carrera, o a las materias recogidas en el art铆culo 11.1.a) sobre personal militar.
b) En 煤nica o primera instancia contra los actos de los 贸rganos centrales de la Administraci贸n General del Estado en los supuestos previstos en el apartado 2.b) del art铆culo 8.
c) En primera o 煤nica instancia de los recursos contencioso-administrativos que se interpongan contra las disposiciones generales y contra los actos emanados de los organismos p煤blicos con personalidad jur铆dica propia y entidades pertenecientes al sector p煤blico estatal con competencia en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el p谩rrafo i) del apartado 1 del art铆culo 10.
d) En primera o 煤nica instancia, de los recursos contra las resoluciones dictadas por los Ministros y Secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros.
e) En primera instancia, de las resoluciones que acuerden la inadmisi贸n de las peticiones de asilo pol铆tico.
f) En 煤nica o primera instancia, de las resoluciones que, en v铆a de fiscalizaci贸n, sean dictadas por el Comit茅 Espa帽ol de Disciplina Deportiva en materia de disciplina deportiva.
2. Corresponder谩 a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, la autorizaci贸n a que se refiere el art铆culo 8.2 de la Ley 34/2002 as铆 como autorizar la ejecuci贸n de los actos adoptados por la Secci贸n Segunda de la Comisi贸n de Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestaci贸n de servicios de la sociedad de la informaci贸n o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual, en aplicaci贸n de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la informaci贸n y de Comercio Electr贸nico.
3. Igualmente conocer谩n los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo del procedimiento previsto en el art铆culo 12 bis de la Ley Org谩nica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol铆ticos.
Precepto modificado por LO 3/2015, de 30 de marzo, con entrada en vigor a partir del 1-4-2015
路 Modificado apartado 3 del art铆culo 9
Redacci贸n hasta el 1-4-2015
1. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo conocer谩n de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto:
a) En primera o 煤nica instancia en las materias de personal cuando se trate de actos dictados por Ministros y Secretarios de Estado, salvo que confirmen en v铆a de recurso, fiscalizaci贸n o tutela, actos dictados por 贸rganos inferiores, o se refieran al nacimiento o extinci贸n de la relaci贸n de servicio de funcionarios de carrera, o a las materias recogidas en el art铆culo 11.1.a) sobre personal militar.
b) En 煤nica o primera instancia contra los actos de los 贸rganos centrales de la Administraci贸n General del Estado en los supuestos previstos en el apartado 2.b) del art铆culo 8.
c) En primera o 煤nica instancia de los recursos contencioso-administrativos que se interpongan contra las disposiciones generales y contra los actos emanados de los organismos p煤blicos con personalidad jur铆dica propia y entidades pertenecientes al sector p煤blico estatal con competencia en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el p谩rrafo i) del apartado 1 del art铆culo 10.
d) En primera o 煤nica instancia, de los recursos contra las resoluciones dictadas por los Ministros y Secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros.
e) En primera instancia, de las resoluciones que acuerden la inadmisi贸n de las peticiones de asilo pol铆tico.
f) En 煤nica o primera instancia, de las resoluciones que, en v铆a de fiscalizaci贸n, sean dictadas por el Comit茅 Espa帽ol de Disciplina Deportiva en materia de disciplina deportiva.
2. Corresponder谩 a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, la autorizaci贸n a que se refiere el art铆culo 8.2 de la Ley 34/2002 as铆 como autorizar la ejecuci贸n de los actos adoptados por la Secci贸n Segunda de la Comisi贸n de Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestaci贸n de servicios de la sociedad de la informaci贸n o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual, en aplicaci贸n de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la informaci贸n y de Comercio Electr贸nico.
Precepto modificado por Ley 2/2011, de 4 de marzo, con entrada en vigor a partir del 6-3-2011
路 A帽adido apartado 2 del art铆culo 9
路 Renumerado apartado 1 del art铆culo 9. Su contenido se corresponde con la redacci贸n anterior del apartado 煤nico
Redacci贸n hasta el 6-3-2011
Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo conocer谩n de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto:
a) En primera o 煤nica instancia en las materias de personal cuando se trate de actos dictados por Ministros y Secretarios de Estado, salvo que confirmen en v铆a de recurso, fiscalizaci贸n o tutela, actos dictados por 贸rganos inferiores, o se refieran al nacimiento o extinci贸n de la relaci贸n de servicio de funcionarios de carrera, o a las materias recogidas en el art铆culo 11.1.a) sobre personal militar.
b) En 煤nica o primera instancia contra los actos de los 贸rganos centrales de la Administraci贸n General del Estado en los supuestos previstos en el apartado 2.b) del art铆culo 8.
c) En primera o 煤nica instancia de los recursos contencioso-administrativos que se interpongan contra las disposiciones generales y contra los actos emanados de los organismos p煤blicos con personalidad jur铆dica propia y entidades pertenecientes al sector p煤blico estatal con competencia en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el p谩rrafo i) del apartado 1 del art铆culo 10.
d) En primera o 煤nica instancia, de los recursos contra las resoluciones dictadas por los Ministros y Secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros.
e) En primera instancia, de las resoluciones que acuerden la inadmisi贸n de las peticiones de asilo pol铆tico.
f) En 煤nica o primera instancia, de las resoluciones que, en v铆a de fiscalizaci贸n, sean dictadas por el Comit茅 Espa帽ol de Disciplina Deportiva en materia de disciplina deportiva.
Precepto modificado por LO 7/2006, de 21 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 22-2-2007
路 A帽adida letra f) del art铆culo 9
Redacci贸n hasta el 22-2-2007
Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo conocer谩n de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto:
a) En primera o 煤nica instancia en las materias de personal cuando se trate de actos dictados por Ministros y Secretarios de Estado, salvo que confirmen en v铆a de recurso, fiscalizaci贸n o tutela, actos dictados por 贸rganos inferiores, o se refieran al nacimiento o extinci贸n de la relaci贸n de servicio de funcionarios de carrera, o a las materias recogidas en el art铆culo 11.1.a) sobre personal militar.
b) En 煤nica o primera instancia contra los actos de los 贸rganos centrales de la Administraci贸n General del Estado en los supuestos previstos en el apartado 2.b) del art铆culo 8.
c) En primera o 煤nica instancia de los recursos contencioso-administrativos que se interpongan contra las disposiciones generales y contra los actos emanados de los organismos p煤blicos con personalidad jur铆dica propia y entidades pertenecientes al sector p煤blico estatal con competencia en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el p谩rrafo i) del apartado 1 del art铆culo 10.
d) En primera o 煤nica instancia, de los recursos contra las resoluciones dictadas por los Ministros y Secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros.
e) En primera instancia, de las resoluciones que acuerden la inadmisi贸n de las peticiones de asilo pol铆tico.
Precepto modificado por LO 19/2003, de 23 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 15-1-2004
路 Modificado art铆culo 9
Redacci贸n hasta el 15-1-2004
Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo conocer谩n de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto:
a) En primera o 煤nica instancia en las materias de personal cuando se trate de actos dictados por Ministros y Secretarios de Estado, salvo que se refieran al nacimiento o extinci贸n de la relaci贸n de servicio de funcionarios de carrera, o a las materias recogidas en el art铆culo 11.1 a) sobre personal militar.
b) En 煤nica o primera instancia contra los actos de los 贸rganos centrales de la Administraci贸n General del Estado en los supuestos previstos en el apartado 2 b) del art铆culo 8.
c) En primera o 煤nica instancia de los recursos contencioso-administrativos que se interpongan contra las disposiciones generales y contra los actos emanados de los organismos p煤blicos con personalidad jur铆dica propia y entidades pertenecientes al sector p煤blico estatal con competencia en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra i) del apartado 1 del art铆culo 10.
Art铆culo 10. Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia
1. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocer谩n en 煤nica instancia de los recursos que se deduzcan en relaci贸n con:
a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Aut贸nomas, cuyo conocimiento no est茅 atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Aut贸nomas y de las Entidades locales.
c) Los actos y disposiciones de los 贸rganos de gobierno de las asambleas legislativas de las Comunidades Aut贸nomas, y de las instituciones auton贸micas an谩logas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administraci贸n y gesti贸n patrimonial.
d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Econ贸mico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la v铆a econ贸mico-administrativa.
e) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Econ贸mico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.
f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Aut贸nomas, as铆 como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamaci贸n de electos y elecci贸n y proclamaci贸n de Presidentes de Corporaciones locales, en los t茅rminos de la legislaci贸n electoral.
g) Los convenios entre Administraciones p煤blicas cuyas competencias se ejerzan en el 谩mbito territorial de la correspondiente Comunidad Aut贸noma.
h) La prohibici贸n o la propuesta de modificaci贸n de reuniones previstas en la Ley Org谩nica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reuni贸n.
i) Los actos y resoluciones dictados por 贸rganos de la Administraci贸n General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel org谩nico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, propiedades especiales y expropiaci贸n forzosa.
j) Los actos y resoluciones de los 贸rganos de las Comunidades Aut贸nomas competentes para la aplicaci贸n de la Ley de Defensa de la Competencia.
k) Las resoluciones dictadas por el 贸rgano competente para la resoluci贸n de recursos en materia de contrataci贸n previsto en el art铆culo 311 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P煤blico, en relaci贸n con los contratos incluidos en el 谩mbito competencial de las Comunidades Aut贸nomas o de las Corporaciones locales.
l) Las resoluciones dictadas por los Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos Contractuales
m) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros 贸rganos de este orden jurisdiccional.
2. Conocer谩n, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, y de los correspondientes recursos de queja.
3. Tambi茅n les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta Ley, el conocimiento de los recursos de revisi贸n contra las sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
4. Conocer谩n de las cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en la Comunidad Aut贸noma.
5. Conocer谩n del recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina previsto en el art铆culo 99.
6. Conocer谩n del recurso de casaci贸n en inter茅s de la ley previsto en el art铆culo 101.
7. Conocer谩n de la solicitud de autorizaci贸n al amparo del art铆culo 122 ter, cuando sea formulada por la autoridad de protecci贸n de datos de la Comunidad Aut贸noma respectiva.
Precepto modificado por LO 3/2018, de 5 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 7-12-2018
路 A帽adido apartado 7 del art铆culo 10
Redacci贸n hasta el 7-12-2018
1. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocer谩n en 煤nica instancia de los recursos que se deduzcan en relaci贸n con:
a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Aut贸nomas, cuyo conocimiento no est茅 atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Aut贸nomas y de las Entidades locales.
c) Los actos y disposiciones de los 贸rganos de gobierno de las asambleas legislativas de las Comunidades Aut贸nomas, y de las instituciones auton贸micas an谩logas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administraci贸n y gesti贸n patrimonial.
d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Econ贸mico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la v铆a econ贸mico-administrativa.
e) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Econ贸mico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.
f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Aut贸nomas, as铆 como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamaci贸n de electos y elecci贸n y proclamaci贸n de Presidentes de Corporaciones locales, en los t茅rminos de la legislaci贸n electoral.
g) Los convenios entre Administraciones p煤blicas cuyas competencias se ejerzan en el 谩mbito territorial de la correspondiente Comunidad Aut贸noma.
h) La prohibici贸n o la propuesta de modificaci贸n de reuniones previstas en la Ley Org谩nica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reuni贸n.
i) Los actos y resoluciones dictados por 贸rganos de la Administraci贸n General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel org谩nico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, propiedades especiales y expropiaci贸n forzosa.
j) Los actos y resoluciones de los 贸rganos de las Comunidades Aut贸nomas competentes para la aplicaci贸n de la Ley de Defensa de la Competencia.
k) Las resoluciones dictadas por el 贸rgano competente para la resoluci贸n de recursos en materia de contrataci贸n previsto en el art铆culo 311 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P煤blico, en relaci贸n con los contratos incluidos en el 谩mbito competencial de las Comunidades Aut贸nomas o de las Corporaciones locales.
l) Las resoluciones dictadas por los Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos Contractuales
m) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros 贸rganos de este orden jurisdiccional.
2. Conocer谩n, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, y de los correspondientes recursos de queja.
3. Tambi茅n les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta Ley, el conocimiento de los recursos de revisi贸n contra las sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
4. Conocer谩n de las cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en la Comunidad Aut贸noma.
5. Conocer谩n del recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina previsto en el art铆culo 99.
6. Conocer谩n del recurso de casaci贸n en inter茅s de la ley previsto en el art铆culo 101.
Precepto modificado por Ley 34/2010, de 5 de agosto, con entrada en vigor a partir del 9-9-2010
路 A帽adidas letras k) y l) del apartado 1 del art铆culo 10
路 A帽adida letra m) del apartado 1 del art铆culo 10. Su contenido se corresponde con la redacci贸n anterior de la letra k)
Redacci贸n hasta el 9-9-2010
1. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocer谩n en 煤nica instancia de los recursos que se deduzcan en relaci贸n con:
a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Aut贸nomas, cuyo conocimiento no est茅 atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Aut贸nomas y de las Entidades locales.
c) Los actos y disposiciones de los 贸rganos de gobierno de las asambleas legislativas de las Comunidades Aut贸nomas, y de las instituciones auton贸micas an谩logas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administraci贸n y gesti贸n patrimonial.
d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Econ贸mico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la v铆a econ贸mico-administrativa.
e) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Econ贸mico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.
f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Aut贸nomas, as铆 como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamaci贸n de electos y elecci贸n y proclamaci贸n de Presidentes de Corporaciones locales, en los t茅rminos de la legislaci贸n electoral.
g) Los convenios entre Administraciones p煤blicas cuyas competencias se ejerzan en el 谩mbito territorial de la correspondiente Comunidad Aut贸noma.
h) La prohibici贸n o la propuesta de modificaci贸n de reuniones previstas en la Ley Org谩nica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reuni贸n.
i) Los actos y resoluciones dictados por 贸rganos de la Administraci贸n General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel org谩nico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, propiedades especiales y expropiaci贸n forzosa.
j) Los actos y resoluciones de los 贸rganos de las Comunidades Aut贸nomas competentes para la aplicaci贸n de la Ley de Defensa de la Competencia.
k) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros 贸rganos de este orden jurisdiccional.
2. Conocer谩n, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, y de los correspondientes recursos de queja.
3. Tambi茅n les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta Ley, el conocimiento de los recursos de revisi贸n contra las sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
4. Conocer谩n de las cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en la Comunidad Aut贸noma.
5. Conocer谩n del recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina previsto en el art铆culo 99.
6. Conocer谩n del recurso de casaci贸n en inter茅s de la ley previsto en el art铆culo 101.
Precepto modificado por Ley 15/2007, de 3 de julio, con entrada en vigor a partir del 1-9-2007
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 10
Redacci贸n hasta el 1-9-2007
1. Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocer谩n en 煤nica instancia de los recursos que se deduzcan en relaci贸n con:
a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Aut贸nomas, cuyo conocimiento no est茅 atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Aut贸nomas y de las Entidades locales.
c) Los actos y disposiciones de los 贸rganos de gobierno de las Asambleas legislativas de las Comunidades Aut贸nomas, y de las instituciones auton贸micas an谩logas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administraci贸n y gesti贸n patrimonial.
d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Econ贸mico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la v铆a econ贸mico-administrativa.
e) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Econ贸mico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.
f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Aut贸nomas, as铆 como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamaci贸n de electos y elecci贸n y proclamaci贸n de Presidentes de Corporaciones locales, en los t茅rminos de la legislaci贸n electoral.
g) Los convenios entre Administraciones P煤blicas cuyas competencias se ejerzan en el 谩mbito territorial de la correspondiente Comunidad Aut贸noma.
h) La prohibici贸n o la propuesta de modificaci贸n de reuniones previstas en la Ley Org谩nica reguladora del Derecho de reuni贸n.
i) Los actos y resoluciones dictados por 贸rganos de la Administraci贸n General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel org谩nico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, propiedades especiales y expropiaci贸n forzosa.
j) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros 贸rganos de este orden jurisdiccional.
2. Conocer谩n, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, y de los correspondientes recursos de queja.
3. Tambi茅n les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta Ley, el conocimiento de los recursos de revisi贸n contra las sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
4. Conocer谩n de las cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo Contencioso-administrativo con sede en la Comunidad Aut贸noma.
5. Conocer谩n del recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina previsto en el art铆culo 99.
6. Conocer谩n del recurso de casaci贸n en inter茅s de la ley previsto en el art铆culo 101.
1. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocer谩 en 煤nica instancia:
a) De los recursos que se deduzcan en relaci贸n con las disposiciones generales y los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinci贸n de la relaci贸n de servicio de funcionarios de carrera. Asimismo conocer谩 de los recursos contra los actos de cualesquiera 贸rganos centrales del Ministerio de Defensa referidos a ascensos, orden y antig眉edad en el escalafonamiento y destinos.
b) De los recursos contra los actos de los Ministros y Secretarios de Estado cuando rectifiquen en v铆a de recurso o en procedimiento de fiscalizaci贸n o de tutela los dictados por 贸rganos o Entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.
c) De los recursos en relaci贸n con los convenios entre Administraciones p煤blicas no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.
d) De los actos de naturaleza econ贸mico-administrativa dictados por el Ministro de Econom铆a y Hacienda y por el Tribunal Econ贸mico-Administrativo Central, con excepci贸n de lo dispuesto en el art铆culo 10.1.e).
e) De los recursos contra los actos dictados por la Comisi贸n de Vigilancia de Actividades de Financiaci贸n del Terrorismo, y de la autorizaci贸n de pr贸rroga de los plazos de las medidas de dicha Comisi贸n, conforme a los previsto en la Ley de Prevenci贸n y Bloqueo de la Financiaci贸n del Terrorismo.
f) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con excepci贸n de lo dispuesto en el art铆culo 10.1.k).
g) De los recursos contra los actos del Banco de Espa帽a, de la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores y del FROB adoptados conforme a lo previsto en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperaci贸n y resoluci贸n de entidades de cr茅dito y empresas de servicios de inversi贸n.
h) De los recursos interpuestos por la Comisi贸n Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado.
2. Conocer谩, en segunda instancia, de las apelaciones contra autos y sentencias dictados por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo y de los correspondientes recursos de queja.
3. Conocer谩 de los recursos de revisi贸n contra sentencias firmes dictadas por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
4. Tambi茅n conocer谩 de las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
5. Conocer谩 de la solicitud de autorizaci贸n al amparo del art铆culo 122 ter, cuando sea formulada por la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos.
Precepto modificado por LO 3/2018, de 5 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 7-12-2018
路 A帽adido apartado 5 del art铆culo 11
Redacci贸n hasta el 7-12-2018
1. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocer谩 en 煤nica instancia:
a) De los recursos que se deduzcan en relaci贸n con las disposiciones generales y los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinci贸n de la relaci贸n de servicio de funcionarios de carrera. Asimismo conocer谩 de los recursos contra los actos de cualesquiera 贸rganos centrales del Ministerio de Defensa referidos a ascensos, orden y antig眉edad en el escalafonamiento y destinos.
b) De los recursos contra los actos de los Ministros y Secretarios de Estado cuando rectifiquen en v铆a de recurso o en procedimiento de fiscalizaci贸n o de tutela los dictados por 贸rganos o Entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.
c) De los recursos en relaci贸n con los convenios entre Administraciones p煤blicas no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.
d) De los actos de naturaleza econ贸mico-administrativa dictados por el Ministro de Econom铆a y Hacienda y por el Tribunal Econ贸mico-Administrativo Central, con excepci贸n de lo dispuesto en el art铆culo 10.1.e).
e) De los recursos contra los actos dictados por la Comisi贸n de Vigilancia de Actividades de Financiaci贸n del Terrorismo, y de la autorizaci贸n de pr贸rroga de los plazos de las medidas de dicha Comisi贸n, conforme a los previsto en la Ley de Prevenci贸n y Bloqueo de la Financiaci贸n del Terrorismo.
f) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con excepci贸n de lo dispuesto en el art铆culo 10.1.k).
g) De los recursos contra los actos del Banco de Espa帽a, de la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores y del FROB adoptados conforme a lo previsto en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperaci贸n y resoluci贸n de entidades de cr茅dito y empresas de servicios de inversi贸n.
h) De los recursos interpuestos por la Comisi贸n Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado.
2. Conocer谩, en segunda instancia, de las apelaciones contra autos y sentencias dictados por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo y de los correspondientes recursos de queja.
3. Conocer谩 de los recursos de revisi贸n contra sentencias firmes dictadas por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
4. Tambi茅n conocer谩 de las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
Precepto modificado por Ley 11/2015, de 18 de junio, con entrada en vigor a partir del 20-6-2015
路 Modificada letra g) del apartado 1 del art铆culo 11
Redacci贸n hasta el 20-6-2015
1. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocer谩 en 煤nica instancia:
a) De los recursos que se deduzcan en relaci贸n con las disposiciones generales y los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinci贸n de la relaci贸n de servicio de funcionarios de carrera. Asimismo conocer谩 de los recursos contra los actos de cualesquiera 贸rganos centrales del Ministerio de Defensa referidos a ascensos, orden y antig眉edad en el escalafonamiento y destinos.
b) De los recursos contra los actos de los Ministros y Secretarios de Estado cuando rectifiquen en v铆a de recurso o en procedimiento de fiscalizaci贸n o de tutela los dictados por 贸rganos o Entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.
c) De los recursos en relaci贸n con los convenios entre Administraciones p煤blicas no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.
d) De los actos de naturaleza econ贸mico-administrativa dictados por el Ministro de Econom铆a y Hacienda y por el Tribunal Econ贸mico-Administrativo Central, con excepci贸n de lo dispuesto en el art铆culo 10.1.e).
e) De los recursos contra los actos dictados por la Comisi贸n de Vigilancia de Actividades de Financiaci贸n del Terrorismo, y de la autorizaci贸n de pr贸rroga de los plazos de las medidas de dicha Comisi贸n, conforme a los previsto en la Ley de Prevenci贸n y Bloqueo de la Financiaci贸n del Terrorismo.
f) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con excepci贸n de lo dispuesto en el art铆culo 10.1.k).
g) De los recursos contra los actos del Banco de Espa帽a y del Fondo de Reestructuraci贸n Ordenada Bancaria adoptados conforme a lo previsto en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuraci贸n y resoluci贸n de entidades de cr茅dito.
h) De los recursos interpuestos por la Comisi贸n Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado.
2. Conocer谩, en segunda instancia, de las apelaciones contra autos y sentencias dictados por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo y de los correspondientes recursos de queja.
3. Conocer谩 de los recursos de revisi贸n contra sentencias firmes dictadas por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
4. Tambi茅n conocer谩 de las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
Precepto modificado por Ley 20/2013, de 9 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 11-12-2013
路 A帽adida letra h) del apartado 1 del art铆culo 11
Redacci贸n hasta el 11-12-2013
1. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocer谩 en 煤nica instancia:
a) De los recursos que se deduzcan en relaci贸n con las disposiciones generales y los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinci贸n de la relaci贸n de servicio de funcionarios de carrera. Asimismo conocer谩 de los recursos contra los actos de cualesquiera 贸rganos centrales del Ministerio de Defensa referidos a ascensos, orden y antig眉edad en el escalafonamiento y destinos.
b) De los recursos contra los actos de los Ministros y Secretarios de Estado cuando rectifiquen en v铆a de recurso o en procedimiento de fiscalizaci贸n o de tutela los dictados por 贸rganos o Entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.
c) De los recursos en relaci贸n con los convenios entre Administraciones p煤blicas no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.
d) De los actos de naturaleza econ贸mico-administrativa dictados por el Ministro de Econom铆a y Hacienda y por el Tribunal Econ贸mico-Administrativo Central, con excepci贸n de lo dispuesto en el art铆culo 10.1.e).
e) De los recursos contra los actos dictados por la Comisi贸n de Vigilancia de Actividades de Financiaci贸n del Terrorismo, y de la autorizaci贸n de pr贸rroga de los plazos de las medidas de dicha Comisi贸n, conforme a los previsto en la Ley de Prevenci贸n y Bloqueo de la Financiaci贸n del Terrorismo.
f) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con excepci贸n de lo dispuesto en el art铆culo 10.1.k).
g) De los recursos contra los actos del Banco de Espa帽a y del Fondo de Reestructuraci贸n Ordenada Bancaria adoptados conforme a lo previsto en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuraci贸n y resoluci贸n de entidades de cr茅dito.
2. Conocer谩, en segunda instancia, de las apelaciones contra autos y sentencias dictados por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo y de los correspondientes recursos de queja.
3. Conocer谩 de los recursos de revisi贸n contra sentencias firmes dictadas por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
4. Tambi茅n conocer谩 de las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
Precepto modificado por Ley 9/2012, de 14 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 15-11-2012
路 A帽adida letra g) al apartado 1 del art铆culo 11
Redacci贸n hasta el 15-11-2012
1. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocer谩 en 煤nica instancia:
a) De los recursos que se deduzcan en relaci贸n con las disposiciones generales y los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinci贸n de la relaci贸n de servicio de funcionarios de carrera. Asimismo conocer谩 de los recursos contra los actos de cualesquiera 贸rganos centrales del Ministerio de Defensa referidos a ascensos, orden y antig眉edad en el escalafonamiento y destinos.
b) De los recursos contra los actos de los Ministros y Secretarios de Estado cuando rectifiquen en v铆a de recurso o en procedimiento de fiscalizaci贸n o de tutela los dictados por 贸rganos o Entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.
c) De los recursos en relaci贸n con los convenios entre Administraciones p煤blicas no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.
d) De los actos de naturaleza econ贸mico-administrativa dictados por el Ministro de Econom铆a y Hacienda y por el Tribunal Econ贸mico-Administrativo Central, con excepci贸n de lo dispuesto en el art铆culo 10.1.e).
e) De los recursos contra los actos dictados por la Comisi贸n de Vigilancia de Actividades de Financiaci贸n del Terrorismo, y de la autorizaci贸n de pr贸rroga de los plazos de las medidas de dicha Comisi贸n, conforme a los previsto en la Ley de Prevenci贸n y Bloqueo de la Financiaci贸n del Terrorismo.
f) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con excepci贸n de lo dispuesto en el art铆culo 10.1.k).
g) De los recursos contra los actos del Banco de Espa帽a y del Fondo de Reestructuraci贸n Ordenada Bancaria FROB adoptados conforme a lo previsto en el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuraci贸n y resoluci贸n de entidades de cr茅dito.
2. Conocer谩, en segunda instancia, de las apelaciones contra autos y sentencias dictados por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo y de los correspondientes recursos de queja.
3. Conocer谩 de los recursos de revisi贸n contra sentencias firmes dictadas por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
4. Tambi茅n conocer谩 de las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
Precepto modificado por RD-Ley 24/2012, de 31 de agosto, con entrada en vigor a partir del 31-8-2012
路 A帽adida letra g) del apartado 1 del art铆culo 11
Redacci贸n hasta el 31-8-2012
1. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocer谩 en 煤nica instancia:
a) De los recursos que se deduzcan en relaci贸n con las disposiciones generales y los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinci贸n de la relaci贸n de servicio de funcionarios de carrera. Asimismo conocer谩 de los recursos contra los actos de cualesquiera 贸rganos centrales del Ministerio de Defensa referidos a ascensos, orden y antig眉edad en el escalafonamiento y destinos.
b) De los recursos contra los actos de los Ministros y Secretarios de Estado cuando rectifiquen en v铆a de recurso o en procedimiento de fiscalizaci贸n o de tutela los dictados por 贸rganos o Entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.
c) De los recursos en relaci贸n con los convenios entre Administraciones p煤blicas no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.
d) De los actos de naturaleza econ贸mico-administrativa dictados por el Ministro de Econom铆a y Hacienda y por el Tribunal Econ贸mico-Administrativo Central, con excepci贸n de lo dispuesto en el art铆culo 10.1.e).
e) De los recursos contra los actos dictados por la Comisi贸n de Vigilancia de Actividades de Financiaci贸n del Terrorismo, y de la autorizaci贸n de pr贸rroga de los plazos de las medidas de dicha Comisi贸n, conforme a los previsto en la Ley de Prevenci贸n y Bloqueo de la Financiaci贸n del Terrorismo.
f) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con excepci贸n de lo dispuesto en el art铆culo 10.1.k).
2. Conocer谩, en segunda instancia, de las apelaciones contra autos y sentencias dictados por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo y de los correspondientes recursos de queja.
3. Conocer谩 de los recursos de revisi贸n contra sentencias firmes dictadas por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
4. Tambi茅n conocer谩 de las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
Precepto modificado por Ley 34/2010, de 5 de agosto, con entrada en vigor a partir del 9-9-2010
路 A帽adida letra f) del apartado 1 del art铆culo 11
Redacci贸n hasta el 9-9-2010
1. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocer谩 en 煤nica instancia:
a) De los recursos que se deduzcan en relaci贸n con las disposiciones generales y los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinci贸n de la relaci贸n de servicio de funcionarios de carrera. Asimismo conocer谩 de los recursos contra los actos de cualesquiera 贸rganos centrales del Ministerio de Defensa referidos a ascensos, orden y antig眉edad en el escalafonamiento y destinos.
b) De los recursos contra los actos de los Ministros y Secretarios de Estado cuando rectifiquen en v铆a de recurso o en procedimiento de fiscalizaci贸n o de tutela los dictados por 贸rganos o Entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.
c) De los recursos en relaci贸n con los convenios entre Administraciones p煤blicas no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.
d) De los actos de naturaleza econ贸mico-administrativa dictados por el Ministro de Econom铆a y Hacienda y por el Tribunal Econ贸mico-Administrativo Central, con excepci贸n de lo dispuesto en el art铆culo 10.1.e).
e) De los recursos contra los actos dictados por la Comisi贸n de Vigilancia de Actividades de Financiaci贸n del Terrorismo, y de la autorizaci贸n de pr贸rroga de los plazos de las medidas de dicha Comisi贸n, conforme a los previsto en la Ley de Prevenci贸n y Bloqueo de la Financiaci贸n del Terrorismo.
2. Conocer谩, en segunda instancia, de las apelaciones contra autos y sentencias dictados por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo y de los correspondientes recursos de queja.
3. Conocer谩 de los recursos de revisi贸n contra sentencias firmes dictadas por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
4. Tambi茅n conocer谩 de las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
Precepto modificado por LO 4/2003, de 21 de mayo, con entrada en vigor a partir del 23-5-2003
路 A帽adida letra e) del apartado 1 del art铆culo 11
Redacci贸n hasta el 23-5-2003
1. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional conocer谩 en 煤nica instancia:
a) De los recursos que se deduzcan en relaci贸n con las disposiciones generales y los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinci贸n de la relaci贸n de servicio de funcionarios de carrera. Asimismo conocer谩 de los recursos contra los actos de cualesquiera 贸rganos centrales del Ministerio de Defensa referidos a ascensos, orden y antig眉edad en el escalafonamiento y destinos.
b) De los recursos contra los actos de los Ministros y Secretarios de Estado cuando rectifiquen en v铆a de recurso o en procedimiento de fiscalizaci贸n o de tutela los dictados por 贸rganos o Entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.
c) De los recursos en relaci贸n con los convenios entre Administraciones P煤blicas no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.
d) De los actos de naturaleza econ贸mico-administrativa dictados por el Ministro de Econom铆a y Hacienda y por el Tribunal Econ贸mico-Administrativo Central, con excepci贸n de lo dispuesto en el art铆culo 10.1.e).
2. Conocer谩, en segunda instancia, de las apelaciones contra autos y sentencias dictados por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo y de los correspondientes recursos de queja.
3. Conocer谩 de los recursos de revisi贸n contra sentencias firmes dictadas por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
4. Tambi茅n conocer谩 de las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
1. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conocer谩 en 煤nica instancia de los recursos que se deduzcan en relaci贸n con:
a) Los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno.
b) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial.
c) Los actos y disposiciones en materia de personal, administraci贸n y gesti贸n patrimonial adoptados por los 贸rganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo.
2. Conocer谩 tambi茅n de:
a) Los recursos de casaci贸n de cualquier modalidad, en los t茅rminos establecidos por esta Ley, y los correspondientes recursos de queja.
b) Los recursos de casaci贸n y revisi贸n contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas, con arreglo a lo establecido en su Ley de Funcionamiento.
c) Los recursos de revisi贸n contra sentencias firmes dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, salvo lo dispuesto en el art铆culo 61.1.1潞) de la Ley Org谩nica del Poder Judicial.
3. Asimismo conocer谩 de:
a) Los recursos que se deduzcan en relaci贸n con los actos y disposiciones de la Junta Electoral Central, as铆 como los recursos contencioso-electorales que se deduzcan contra los acuerdos sobre proclamaci贸n de electos en los t茅rminos previstos en la legislaci贸n electoral.
b) Los recursos deducidos contra actos de las Juntas Electorales adoptados en el procedimiento para elecci贸n de miembros de las Salas de Gobierno de los Tribunales, en los t茅rminos de la Ley Org谩nica del Poder Judicial.
4. Conocer谩 de la solicitud de autorizaci贸n al amparo del art铆culo 122 ter, cuando sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial.
Precepto modificado por LO 3/2018, de 5 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 7-12-2018
路 A帽adido apartado 4 del art铆culo 12
Redacci贸n hasta el 7-12-2018
1. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conocer谩 en 煤nica instancia de los recursos que se deduzcan en relaci贸n con:
a) Los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno.
b) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial.
c) Los actos y disposiciones en materia de personal, administraci贸n y gesti贸n patrimonial adoptados por los 贸rganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo.
2. Conocer谩 tambi茅n de:
a) Los recursos de casaci贸n de cualquier modalidad, en los t茅rminos establecidos por esta Ley, y los correspondientes recursos de queja.
b) Los recursos de casaci贸n y revisi贸n contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas, con arreglo a lo establecido en su Ley de Funcionamiento.
c) Los recursos de revisi贸n contra sentencias firmes dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, salvo lo dispuesto en el art铆culo 61.1.1潞) de la Ley Org谩nica del Poder Judicial.
3. Asimismo conocer谩 de:
a) Los recursos que se deduzcan en relaci贸n con los actos y disposiciones de la Junta Electoral Central, as铆 como los recursos contencioso-electorales que se deduzcan contra los acuerdos sobre proclamaci贸n de electos en los t茅rminos previstos en la legislaci贸n electoral.
b) Los recursos deducidos contra actos de las Juntas Electorales adoptados en el procedimiento para elecci贸n de miembros de las Salas de Gobierno de los Tribunales, en los t茅rminos de la Ley Org谩nica del Poder Judicial.
Para aplicar las reglas de distribuci贸n de competencia contenidas en los art铆culos anteriores, se tendr谩n en cuenta los siguientes criterios:
a) Las referencias que se hacen a la Administraci贸n del Estado, Comunidades Aut贸nomas y Entidades locales comprenden a las Entidades y Corporaciones dependientes o vinculadas a cada una de ellas.
b) La competencia atribuida a los Juzgados y Tribunales para el conocimiento de recursos contra actos administrativos incluye la relativa a la inactividad y a las actuaciones constitutivas de v铆a de hecho.
c) Salvo disposici贸n expresa en contrario, la atribuci贸n de competencia por raz贸n de la materia prevalece sobre la efectuada en raz贸n del 贸rgano administrativo autor del acto.
CAP脥TULO III-Competencia territorial de los Juzgados y Tribunales
1. La competencia territorial de los Juzgados y de los Tribunales Superiores de Justicia se determinar谩 conforme a las siguientes reglas:
Primera. Con car谩cter general, ser谩 competente el 贸rgano jurisdiccional en cuya circunscripci贸n tenga su sede el 贸rgano que hubiere dictado la disposici贸n o el acto originario impugnado.
Segunda. Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones p煤blicas en materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones ser谩 competente, a elecci贸n del demandante, el juzgado o el tribunal en cuya circunscripci贸n tenga aqu茅l su domicilio o se halle la sede del 贸rgano autor del acto originario impugnado.
Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las Comunidades Aut贸nomas o de las entidades de la Administraci贸n Local, la elecci贸n a que se refiere esta regla segunda se entender谩 limitada a la circunscripci贸n del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el 贸rgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.
Tercera. La competencia corresponder谩 al 贸rgano jurisdiccional en cuya circunscripci贸n radiquen los inmuebles afectados cuando se impugnen Planes de ordenaci贸n urbana y actuaciones urban铆sticas, expropiatorias y, en general, las que comporten intervenci贸n administrativa en la propiedad privada.
2. Cuando el acto originario impugnado afectase a una pluralidad de destinatarios y fueran diversos los Juzgados o Tribunales competentes seg煤n las reglas anteriores, la competencia vendr谩 atribuida al 贸rgano jurisdiccional en cuya circunscripci贸n tenga su sede el 贸rgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.
Precepto modificado por Ley 37/2011, de 10 de octubre, con entrada en vigor a partir del 31-10-2011
路 Modificada regla segunda del apartado 1 del art铆culo 14
Redacci贸n hasta el 31-10-2011
1. La competencia territorial de los Juzgados y de los Tribunales Superiores de Justicia se determinar谩 conforme a las siguientes reglas:
Primera. Con car谩cter general, ser谩 competente el 贸rgano jurisdiccional en cuya circunscripci贸n tenga su sede el 贸rgano que hubiere dictado la disposici贸n o el acto originario impugnado.
Segunda. Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones p煤blicas en materia de personal, propiedades especiales y sanciones ser谩 competente, a elecci贸n del demandante, el Juzgado o el Tribunal en cuya circunscripci贸n tenga aqu茅l su domicilio o se halle la sede del 贸rgano autor del acto originario impugnado.
Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las Comunidades Aut贸nomas o de las entidades de la Administraci贸n Local, la elecci贸n a que se refiere esta regla segunda se entender谩 limitada a la circunscripci贸n del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el 贸rgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.
Tercera. La competencia corresponder谩 al 贸rgano jurisdiccional en cuya circunscripci贸n radiquen los inmuebles afectados cuando se impugnen Planes de ordenaci贸n urbana y actuaciones urban铆sticas, expropiatorias y, en general, las que comporten intervenci贸n administrativa en la propiedad privada.
2. Cuando el acto originario impugnado afectase a una pluralidad de destinatarios y fueran diversos los Juzgados o Tribunales competentes seg煤n las reglas anteriores, la competencia vendr谩 atribuida al 贸rgano jurisdiccional en cuya circunscripci贸n tenga su sede el 贸rgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 A帽adido p谩rrafo 2.潞 de la regla segunda del apartado 1 del art铆culo 14
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. La competencia territorial de los Juzgados y de los Tribunales Superiores de Justicia se determinar谩 conforme a las siguientes reglas:
Primera. Con car谩cter general, ser谩 competente el 贸rgano jurisdiccional en cuya circunscripci贸n tenga su sede el 贸rgano que hubiere dictado la disposici贸n o el acto originario impugnado.
Segunda. Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones p煤blicas en materia de personal, propiedades especiales y sanciones ser谩 competente, a elecci贸n del demandante, el Juzgado o el Tribunal en cuya circunscripci贸n tenga aqu茅l su domicilio o se halle la sede del 贸rgano autor del acto originario impugnado.
Tercera. La competencia corresponder谩 al 贸rgano jurisdiccional en cuya circunscripci贸n radiquen los inmuebles afectados cuando se impugnen Planes de ordenaci贸n urbana y actuaciones urban铆sticas, expropiatorias y, en general, las que comporten intervenci贸n administrativa en la propiedad privada.
2. Cuando el acto originario impugnado afectase a una pluralidad de destinatarios y fueran diversos los Juzgados o Tribunales competentes seg煤n las reglas anteriores, la competencia vendr谩 atribuida al 贸rgano jurisdiccional en cuya circunscripci贸n tenga su sede el 贸rgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.
CAP脥TULO IV-Constituci贸n y actuaci贸n de las Salas de lo Contencioso-Administrativo
1. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo actuar谩 dividida en Secciones, cuyo Presidente ser谩 el que lo fuere de la Sala o el Magistrado m谩s antiguo de los que integren la Secci贸n, salvo en el supuesto previsto en el art铆culo 96.6 en el que la Secci贸n a que se refiere ser谩 presidida por el Presidente del Tribunal Supremo.
2. Para la vista o deliberaci贸n y fallo ser谩 necesaria la concurrencia del que presida y de los Magistrados siguientes:
a) Todos los que componen la Secci贸n para decidir los recursos de casaci贸n y revisi贸n.
b) Cuatro en los dem谩s casos.
3. Para el despacho ordinario ser谩 suficiente la concurrencia del que presida y dos Magistrados.
1. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional se compondr谩 de las Secciones que aconseje el n煤mero de asuntos, cuyo Presidente ser谩 el que lo fuere de la Sala, o el Magistrado m谩s antiguo de los integrantes de la Secci贸n.
2. Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando el n煤mero de sus miembros exceda de cinco, actuar谩n divididas en Secciones, cuyo Presidente ser谩 el que lo fuere de la Sala o el Magistrado m谩s antiguo de los que integren la Secci贸n.
3. Para la vista o deliberaci贸n y fallo, y despacho ordinario, ser谩 suficiente la concurrencia del que presida y dos Magistrados.
4. La resoluci贸n de los recursos de casaci贸n en inter茅s de la ley, de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina y de revisi贸n se encomendar谩 a una Secci贸n de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala que la presidir谩, por el Presidente o Presidentes de las dem谩s Salas de lo Contencioso-administrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en n煤mero no superior a dos; y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros.
Si la Sala o Salas de lo Contencioso-administrativo tuviesen m谩s de una Secci贸n, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecer谩 para cada a帽o judicial el turno con arreglo al cual los Presidentes de Secci贸n ocupar谩n los puestos de la regulada en este apartado. Tambi茅n lo establecer谩 entre todos los Magistrados que presten servicio en la Sala o Salas.
CAP脥TULO V-Distribuci贸n de asuntos
1. La distribuci贸n de asuntos entre las diversas Salas de un mismo Tribunal, o entre las diversas Secciones de una misma Sala, ser谩 acordada por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal, teniendo en cuenta la naturaleza y homogeneidad de la materia a que se refieren los recursos.
2. Id茅ntico criterio se tendr谩 en cuenta para la distribuci贸n de asuntos entre los diversos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de una misma poblaci贸n. La aprobaci贸n corresponder谩 a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces de este orden jurisdiccional.
3. Los acuerdos sobre distribuci贸n de asuntos se adoptar谩n cada dos a帽os y se comunicar谩n al Consejo General del Poder Judicial al solo efecto de su publicaci贸n, antes de la apertura de Tribunales, en el "Bolet铆n Oficial del Estado" o en el de la Comunidad Aut贸noma, seg煤n corresponda.
En caso de resultar alterada la competencia de los distintos Juzgados con sede en un mismo partido judicial, de las diversas Salas de un mismo Tribunal o de las diversas Secciones de una Sala por raz贸n de una nueva distribuci贸n de asuntos, de los procesos en tramitaci贸n continuar谩 conociendo y fallar谩 el 贸rgano jurisdiccional que resultare competente al tiempo de la interposici贸n del recurso, seg煤n los acuerdos entonces vigentes.
Tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, adem谩s de las personas que la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses leg铆timos cuya actuaci贸n les est茅 permitida por el ordenamiento jur铆dico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
Los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o aut贸nomos, entidades todas ellas aptas para ser titulares de derechos y obligaciones al margen de su integraci贸n en las estructuras formales de las personas jur铆dicas, tambi茅n tendr谩n capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo cuando la Ley as铆 lo declare expresamente.
1. Est谩n legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a) Las personas f铆sicas o jur铆dicas que ostenten un derecho o inter茅s leg铆timo.
b) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el art铆culo 18 que resulten afectados o est茅n legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses leg铆timos colectivos.
c) La Administraci贸n del Estado, cuando ostente un derecho o inter茅s leg铆timo, para impugnar los actos y disposiciones de la Administraci贸n de las Comunidades Aut贸nomas y de los Organismos p煤blicos vinculados a 茅stas, as铆 como los de las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislaci贸n de r茅gimen local, y los de cualquier otra Entidad p煤blica no sometida a su fiscalizaci贸n.
d) La Administraci贸n de las Comunidades Aut贸nomas, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al 谩mbito de su autonom铆a, emanados de la Administraci贸n del Estado y de cualquier otra Administraci贸n u Organismo p煤blico, as铆 como los de las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislaci贸n de r茅gimen local.
e) Las Entidades locales territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al 谩mbito de su autonom铆a, emanados de las Administraciones del Estado y de las Comunidades Aut贸nomas, as铆 como los de Organismos p煤blicos con personalidad jur铆dica propia vinculados a una y otras o los de otras Entidades locales.
f) El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la ley.
g) Las Entidades de Derecho p煤blico con personalidad jur铆dica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones P煤blicas para impugnar los actos o disposiciones que afecten al 谩mbito de sus fines.
h) Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acci贸n popular, en los casos expresamente previstos por las Leyes.
i) Para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, adem谩s de los afectados y siempre con su autorizaci贸n, estar谩n tambi茅n legitimados los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y asociados, respectivamente.
Cuando los afectados sean una pluralidad de personas indeterminada o de dif铆cil determinaci贸n, la legitimaci贸n para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponder谩 exclusivamente a los organismos p煤blicos con competencia en la materia, a los sindicatos m谩s representativos y a las asociaciones de 谩mbito estatal cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y hombres, sin perjuicio, si los afectados estuvieran determinados, de su propia legitimaci贸n procesal.
La persona acosada ser谩 la 煤nica legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por raz贸n de sexo
2. La Administraci贸n autora de un acto est谩 legitimada para impugnarlo ante este orden jurisdiccional, previa su declaraci贸n de lesividad para el inter茅s p煤blico en los t茅rminos establecidos por la Ley.
3. El ejercicio de acciones por los vecinos en nombre e inter茅s de las Entidades locales se rige por lo dispuesto en la legislaci贸n de r茅gimen local.
4. Las Administraciones p煤blicas y los particulares podr谩n interponer recurso contencioso-administrativo contra las decisiones adoptadas por los 贸rganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contrataci贸n a que se refiere la legislaci贸n de Contratos del Sector P煤blico sin necesidad, en el primer caso, de declaraci贸n de lesividad.
5. Tendr谩n legitimaci贸n para recurrir ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte que se dicten en asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, todas las personas mencionadas en el art铆culo 40.4 de la Ley Org谩nica de Protecci贸n de la Salud del Deportista y Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva.
Precepto modificado por LO 3/2013, de 20 de junio, con entrada en vigor a partir del 11-7-2013
路 A帽adido apartado 5 del art铆culo 19
Redacci贸n hasta el 11-7-2013
1. Est谩n legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a) Las personas f铆sicas o jur铆dicas que ostenten un derecho o inter茅s leg铆timo.
b) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el art铆culo 18 que resulten afectados o est茅n legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses leg铆timos colectivos.
c) La Administraci贸n del Estado, cuando ostente un derecho o inter茅s leg铆timo, para impugnar los actos y disposiciones de la Administraci贸n de las Comunidades Aut贸nomas y de los Organismos p煤blicos vinculados a 茅stas, as铆 como los de las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislaci贸n de r茅gimen local, y los de cualquier otra Entidad p煤blica no sometida a su fiscalizaci贸n.
d) La Administraci贸n de las Comunidades Aut贸nomas, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al 谩mbito de su autonom铆a, emanados de la Administraci贸n del Estado y de cualquier otra Administraci贸n u Organismo p煤blico, as铆 como los de las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislaci贸n de r茅gimen local.
e) Las Entidades locales territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al 谩mbito de su autonom铆a, emanados de las Administraciones del Estado y de las Comunidades Aut贸nomas, as铆 como los de Organismos p煤blicos con personalidad jur铆dica propia vinculados a una y otras o los de otras Entidades locales.
f) El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la ley.
g) Las Entidades de Derecho p煤blico con personalidad jur铆dica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones P煤blicas para impugnar los actos o disposiciones que afecten al 谩mbito de sus fines.
h) Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acci贸n popular, en los casos expresamente previstos por las Leyes.
i) Para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, adem谩s de los afectados y siempre con su autorizaci贸n, estar谩n tambi茅n legitimados los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y asociados, respectivamente.
Cuando los afectados sean una pluralidad de personas indeterminada o de dif铆cil determinaci贸n, la legitimaci贸n para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponder谩 exclusivamente a los organismos p煤blicos con competencia en la materia, a los sindicatos m谩s representativos y a las asociaciones de 谩mbito estatal cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y hombres, sin perjuicio, si los afectados estuvieran determinados, de su propia legitimaci贸n procesal.
La persona acosada ser谩 la 煤nica legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por raz贸n de sexo
2. La Administraci贸n autora de un acto est谩 legitimada para impugnarlo ante este orden jurisdiccional, previa su declaraci贸n de lesividad para el inter茅s p煤blico en los t茅rminos establecidos por la Ley.
3. El ejercicio de acciones por los vecinos en nombre e inter茅s de las Entidades locales se rige por lo dispuesto en la legislaci贸n de r茅gimen local.
4. Las Administraciones p煤blicas y los particulares podr谩n interponer recurso contencioso-administrativo contra las decisiones adoptadas por los 贸rganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contrataci贸n a que se refiere la legislaci贸n de Contratos del Sector P煤blico sin necesidad, en el primer caso, de declaraci贸n de lesividad.
Precepto modificado por Ley 34/2010, de 5 de agosto, con entrada en vigor a partir del 9-9-2010
路 A帽adido apartado 4 del art铆culo 19
Redacci贸n hasta el 9-9-2010
1. Est谩n legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a) Las personas f铆sicas o jur铆dicas que ostenten un derecho o inter茅s leg铆timo.
b) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el art铆culo 18 que resulten afectados o est茅n legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses leg铆timos colectivos.
c) La Administraci贸n del Estado, cuando ostente un derecho o inter茅s leg铆timo, para impugnar los actos y disposiciones de la Administraci贸n de las Comunidades Aut贸nomas y de los Organismos p煤blicos vinculados a 茅stas, as铆 como los de las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislaci贸n de r茅gimen local, y los de cualquier otra Entidad p煤blica no sometida a su fiscalizaci贸n.
d) La Administraci贸n de las Comunidades Aut贸nomas, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al 谩mbito de su autonom铆a, emanados de la Administraci贸n del Estado y de cualquier otra Administraci贸n u Organismo p煤blico, as铆 como los de las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislaci贸n de r茅gimen local.
e) Las Entidades locales territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al 谩mbito de su autonom铆a, emanados de las Administraciones del Estado y de las Comunidades Aut贸nomas, as铆 como los de Organismos p煤blicos con personalidad jur铆dica propia vinculados a una y otras o los de otras Entidades locales.
f) El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la ley.
g) Las Entidades de Derecho p煤blico con personalidad jur铆dica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones P煤blicas para impugnar los actos o disposiciones que afecten al 谩mbito de sus fines.
h) Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acci贸n popular, en los casos expresamente previstos por las Leyes.
i) Para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, adem谩s de los afectados y siempre con su autorizaci贸n, estar谩n tambi茅n legitimados los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y asociados, respectivamente.
Cuando los afectados sean una pluralidad de personas indeterminada o de dif铆cil determinaci贸n, la legitimaci贸n para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponder谩 exclusivamente a los organismos p煤blicos con competencia en la materia, a los sindicatos m谩s representativos y a las asociaciones de 谩mbito estatal cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y hombres, sin perjuicio, si los afectados estuvieran determinados, de su propia legitimaci贸n procesal.
La persona acosada ser谩 la 煤nica legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por raz贸n de sexo
2. La Administraci贸n autora de un acto est谩 legitimada para impugnarlo ante este orden jurisdiccional, previa su declaraci贸n de lesividad para el inter茅s p煤blico en los t茅rminos establecidos por la Ley.
3. El ejercicio de acciones por los vecinos en nombre e inter茅s de las Entidades locales se rige por lo dispuesto en la legislaci贸n de r茅gimen local.
Precepto modificado por LO 3/2007, de 22 de marzo, con entrada en vigor a partir del 24-3-2007
路 A帽adida letra i) del apartado 1 del art铆culo 19
Redacci贸n hasta el 24-3-2007
1. Est谩n legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a) Las personas f铆sicas o jur铆dicas que ostenten un derecho o inter茅s leg铆timo.
b) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el art铆culo 18 que resulten afectados o est茅n legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses leg铆timos colectivos.
c) La Administraci贸n del Estado, cuando ostente un derecho o inter茅s leg铆timo, para impugnar los actos y disposiciones de la Administraci贸n de las Comunidades Aut贸nomas y de los Organismos P煤blicos vinculados a 茅stas, as铆 como los de las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislaci贸n de r茅gimen local, y los de cualquier otra Entidad p煤blica no sometida a su fiscalizaci贸n.
d) La Administraci贸n de las Comunidades Aut贸nomas, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al 谩mbito de su autonom铆a, emanados de la Administraci贸n del Estado y de cualquier otra Administraci贸n u Organismo P煤blico, as铆 como los de las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislaci贸n de r茅gimen local.
e) Las Entidades locales territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al 谩mbito de su autonom铆a, emanados de las Administraciones del Estado y de las Comunidades Aut贸nomas, as铆 como los de organismos p煤blicos con personalidad jur铆dica propia vinculados a una y otras o los de otras Entidades locales.
f) El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la ley.
g) Las Entidades de Derecho p煤blico con personalidad jur铆dica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones P煤blicas para impugnar los actos o disposiciones que afecten al 谩mbito de sus fines.
h) Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acci贸n popular, en los casos expresamente previstos por las Leyes.
2. La Administraci贸n autora de un acto est谩 legitimada para impugnarlo ante este orden jurisdiccional, previa su declaraci贸n de lesividad para el inter茅s p煤blico en los t茅rminos establecidos por la Ley.
3. El ejercicio de acciones por los vecinos en nombre e inter茅s de las Entidades locales se rige por lo dispuesto en la legislaci贸n de r茅gimen local.
No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administraci贸n p煤blica:
a) Los 贸rganos de la misma y los miembros de sus 贸rganos colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresamente.
b) Los particulares cuando obren por delegaci贸n o como meros agentes o mandatarios de ella.
c) Las Entidades de Derecho p煤blico que sean dependientes o est茅n vinculadas al Estado, las Comunidades Aut贸nomas o las Entidades locales, respecto de la actividad de la Administraci贸n de la que dependan. Se except煤an aquellos a los que por Ley se haya dotado de un estatuto espec铆fico de autonom铆a respecto de dicha Administraci贸n.
1. Se considera parte demandada:
a) Las Administraciones p煤blicas o cualesquiera de los 贸rganos mencionados en el art铆culo 1.3 contra cuya actividad se dirija el recurso.
b) Las personas o entidades cuyos derechos o intereses leg铆timos pudieran quedar afectados por la estimaci贸n de las pretensiones del demandante.
c) Las aseguradoras de las Administraciones p煤blicas, que siempre ser谩n parte codemandada junto con la Administraci贸n a quien aseguren.
2. A efectos de lo dispuesto en el p谩rrafo a) del apartado anterior, cuando se trate de Organismos o Corporaciones p煤blicos sujetos a fiscalizaci贸n de una Administraci贸n territorial, se entiende por Administraci贸n demandada:
a) El Organismo o Corporaci贸n autores del acto o disposici贸n fiscalizados, si el resultado de la fiscalizaci贸n es aprobatorio.
b) La que ejerza la fiscalizaci贸n, si mediante ella no se aprueba 铆ntegramente el acto o disposici贸n.
3. En los recursos contra las decisiones adoptadas por los 贸rganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contrataci贸n a que se refiere la legislaci贸n de Contratos del Sector P煤blico los citados 贸rganos no tendr谩n la consideraci贸n de parte demandada, si茅ndolo las personas o Administraciones favorecidas por el acto objeto del recurso, o que se personen en tal concepto, conforme a lo dispuesto en el art铆culo 49.
4. Si el demandante fundara sus pretensiones en la ilegalidad de una disposici贸n general, se considerar谩 tambi茅n parte demandada a la Administraci贸n autora de la misma, aunque no proceda de ella la actuaci贸n recurrida.
Precepto modificado por Ley 34/2010, de 5 de agosto, con entrada en vigor a partir del 9-9-2010
路 Modificado apartado 3 del art铆culo 21
路 Renumerado apartado 4 del art铆culo 21. Su contenido se corresponde con el anterior apartado 3
Redacci贸n hasta el 9-9-2010
1. Se considera parte demandada:
a) Las Administraciones p煤blicas o cualesquiera de los 贸rganos mencionados en el art铆culo 1.3 contra cuya actividad se dirija el recurso.
b) Las personas o entidades cuyos derechos o intereses leg铆timos pudieran quedar afectados por la estimaci贸n de las pretensiones del demandante.
c) Las aseguradoras de las Administraciones p煤blicas, que siempre ser谩n parte codemandada junto con la Administraci贸n a quien aseguren.
2. A efectos de lo dispuesto en el p谩rrafo a) del apartado anterior, cuando se trate de Organismos o Corporaciones p煤blicos sujetos a fiscalizaci贸n de una Administraci贸n territorial, se entiende por Administraci贸n demandada:
a) El Organismo o Corporaci贸n autores del acto o disposici贸n fiscalizados, si el resultado de la fiscalizaci贸n es aprobatorio.
b) La que ejerza la fiscalizaci贸n, si mediante ella no se aprueba 铆ntegramente el acto o disposici贸n.
3. Si el demandante fundara sus pretensiones en la ilegalidad de una disposici贸n general, se considerar谩 tambi茅n parte demandada a la Administraci贸n autora de la misma, aunque no proceda de ella la actuaci贸n recurrida.
Precepto modificado por LO 19/2003, de 23 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 15-1-2004
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 21
Redacci贸n hasta el 15-1-2004
1. Se considera parte demandada:
a) Las Administraciones p煤blicas o cualesquiera de los 贸rganos mencionados en el art铆culo 1.3 contra cuya actividad se dirija el recurso.
b) Las personas o entidades cuyos derechos o intereses leg铆timos pudieran quedar afectados por la estimaci贸n de las pretensiones del demandante.
2. A efectos de lo dispuesto en el p谩rrafo a) del apartado anterior, cuando se trate de Organismos o Corporaciones p煤blicos sujetos a fiscalizaci贸n de una Administraci贸n territorial, se entiende por Administraci贸n demandada:
a) El Organismo o Corporaci贸n autores del acto o disposici贸n fiscalizados, si el resultado de la fiscalizaci贸n es aprobatorio.
b) La que ejerza la fiscalizaci贸n, si mediante ella no se aprueba 铆ntegramente el acto o disposici贸n.
3. Si el demandante fundara sus pretensiones en la ilegalidad de una disposici贸n general, se considerar谩 tambi茅n parte demandada a la Administraci贸n autora de la misma, aunque no proceda de ella la actuaci贸n recurrida.
Si la legitimaci贸n de las partes derivare de alguna relaci贸n jur铆dica transmisible, el causahabiente podr谩 suceder en cualquier estado del proceso a la persona que inicialmente hubiere actuado como parte.
CAP脥TULO III-Representaci贸n y defensa de las partes
1. En sus actuaciones ante 贸rganos unipersonales, las partes podr谩n conferir su representaci贸n a un Procurador y ser谩n asistidas, en todo caso, por Abogado. Cuando las partes confieran su representaci贸n al Abogado, ser谩 a 茅ste a quien se notifiquen las actuaciones.
2. En sus actuaciones ante 贸rganos colegiados, las partes deber谩n conferir su representaci贸n a un Procurador y ser asistidas por Abogado.
3. Podr谩n, no obstante, comparecer por s铆 mismos los funcionarios p煤blicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separaci贸n de empleados p煤blicos inamovibles.
Precepto modificado por Ley 42/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del 7-10-2015
路 A帽adido apartado 3 al art铆culo 23
Redacci贸n hasta el 7-10-2015
1. En sus actuaciones ante 贸rganos unipersonales, las partes podr谩n conferir su representaci贸n a un Procurador y ser谩n asistidas, en todo caso, por Abogado. Cuando las partes confieran su representaci贸n al Abogado, ser谩 a 茅ste a quien se notifiquen las actuaciones.
2. En sus actuaciones ante 贸rganos colegiados, las partes deber谩n conferir su representaci贸n a un Procurador y ser asistidas por Abogado.
3. .....
Precepto modificado por Ley 10/2012, de 20 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 22-11-2012
路 Derogado apartado 3 del art铆culo 23
Redacci贸n hasta el 22-11-2012
1. En sus actuaciones ante 贸rganos unipersonales, las partes podr谩n conferir su representaci贸n a un Procurador y ser谩n asistidas, en todo caso, por Abogado. Cuando las partes confieran su representaci贸n al Abogado, ser谩 a 茅ste a quien se notifiquen las actuaciones.
2. En sus actuaciones ante 贸rganos colegiados, las partes deber谩n conferir su representaci贸n a un Procurador y ser asistidas por Abogado.
3. Podr谩n, no obstante, comparecer por s铆 mismos los funcionarios p煤blicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separaci贸n de empleados p煤blicos inamovibles.
La representaci贸n y defensa de las Administraciones P煤blicas y de los 贸rganos constitucionales se rige por lo dispuesto en la Ley Org谩nica del Poder Judicial y en la Ley de Asistencia Jur铆dica al Estado e Instituciones P煤blicas, as铆 como en las normas que sobre la materia y en el marco de sus competencias hayan dictado las Comunidades Aut贸nomas.
T脥TULO III-Objeto del recurso contencioso-administrativo
1. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relaci贸n con las disposiciones de car谩cter general y con los actos expresos y presuntos de la Administraci贸n P煤blica que pongan fin a la v铆a administrativa, ya sean definitivos o de tr谩mite, si estos 煤ltimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensi贸n o perjuicio irreparable a derechos o intereses leg铆timos.
2. Tambi茅n es admisible el recurso contra la inactividad de la Administraci贸n y contra sus actuaciones materiales que constituyan v铆a de hecho, en los t茅rminos establecidos en esta Ley.
1. Adem谩s de la impugnaci贸n directa de las disposiciones de car谩cter general, tambi茅n es admisible la de los actos que se produzcan en aplicaci贸n de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho.
2. La falta de impugnaci贸n directa de una disposici贸n general o la desestimaci贸n del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnaci贸n de los actos de aplicaci贸n con fundamento en lo dispuesto en el apartado anterior.
1. Cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso-administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposici贸n general aplicada, deber谩 plantear la cuesti贸n de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposici贸n, salvo lo dispuesto en los dos apartados siguientes.
2. Cuando el Juez o Tribunal competente para conocer de un recurso contra un acto fundado en la invalidez de una disposici贸n general lo fuere tambi茅n para conocer del recurso directo contra 茅sta, la sentencia declarar谩 la validez o nulidad de la disposici贸n general.
3. Sin necesidad de plantear cuesti贸n de ilegalidad, el Tribunal Supremo anular谩 cualquier disposici贸n general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma.
No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducci贸n de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
1. Cuando la Administraci贸n, en virtud de una disposici贸n general que no precise de actos de aplicaci贸n o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, est茅 obligada a realizar una prestaci贸n concreta en favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administraci贸n el cumplimiento de dicha obligaci贸n. Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamaci贸n, la Administraci贸n no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, 茅stos pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administraci贸n.
2. Cuando la Administraci贸n no ejecute sus actos firmes podr谩n los afectados solicitar su ejecuci贸n, y si 茅sta no se produce en el plazo de un mes desde tal petici贸n, podr谩n los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitar谩 por el procedimiento abreviado regulado en el art铆culo 78.
En caso de v铆a de hecho, el interesado podr谩 formular requerimiento a la Administraci贸n actuante, intimando su cesaci贸n. Si dicha intimaci贸n no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez d铆as siguientes a la presentaci贸n del requerimiento, podr谩 deducir directamente recurso contencioso-administrativo.
1. El demandante podr谩 pretender la declaraci贸n de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulaci贸n de los actos y disposiciones susceptibles de impugnaci贸n seg煤n el Cap铆tulo precedente.
2. Tambi茅n podr谩 pretender el reconocimiento de una situaci贸n jur铆dica individualizada y la adopci贸n de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnizaci贸n de los da帽os y perjuicios, cuando proceda.
1. Cuando el recurso se dirija contra la inactividad de la Administraci贸n P煤blica, conforme a lo dispuesto en el art铆culo 29, el demandante podr谩 pretender del 贸rgano jurisdiccional que condene a la Administraci贸n al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos t茅rminos en que est茅n establecidas.
2. Si el recurso tiene por objeto una actuaci贸n material constitutiva de v铆a de hecho, el demandante podr谩 pretender que se declare contraria a Derecho, que se ordene el cese de dicha actuaci贸n y que se adopten, en su caso, las dem谩s medidas previstas en el art铆culo 31.2.
1. Los 贸rganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo juzgar谩n dentro del l铆mite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposici贸n.
2. Si el Juez o Tribunal, al dictar sentencia, estimare que la cuesti贸n sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposici贸n, lo someter谩 a aqu茅llas mediante providencia en que, advirtiendo que no se prejuzga el fallo definitivo, los expondr谩 y conceder谩 a los interesados un plazo com煤n de diez d铆as para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensi贸n del plazo para pronunciar el fallo. Contra la expresada providencia no cabr谩 recurso alguno.
3. Esto mismo se observar谩 si, impugnados directamente determinados preceptos de una disposici贸n general, el Tribunal entendiera necesario extender el enjuiciamiento a otros de la misma disposici贸n por razones de conexi贸n o consecuencia con los preceptos recurridos.
1. Ser谩n acumulables en un proceso las pretensiones que se deduzcan en relaci贸n con un mismo acto, disposici贸n o actuaci贸n.
2. Lo ser谩n tambi茅n las que se refieran a varios actos, disposiciones o actuaciones cuando unos sean reproducci贸n, confirmaci贸n o ejecuci贸n de otros o exista entre ellos cualquier otra conexi贸n directa.
1. El actor podr谩 acumular en su demanda cuantas pretensiones re煤nan los requisitos se帽alados en el art铆culo anterior.
2. Si el Secretario judicial no estimare pertinente la acumulaci贸n, dar谩 cuenta al Tribunal, quien, en su caso, ordenar谩 a la parte que interponga por separado los recursos en el plazo de treinta d铆as. Si no lo efectuare, el Juez tendr谩 por caducado aquel recurso respecto del cual no se hubiere dado cumplimiento a lo ordenado.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 35
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. El actor podr谩 acumular en su demanda cuantas pretensiones re煤nan los requisitos se帽alados en el art铆culo anterior.
2. Si el 贸rgano jurisdiccional no estimare pertinente la acumulaci贸n, ordenar谩 a la parte que interponga por separado los recursos en el plazo de treinta d铆as y, si no lo efectuare, se tendr谩 por caducado aquel recurso respecto del cual no se hubiere dado cumplimiento a lo ordenado.
1. Si antes de la sentencia se dictare o se tuviere conocimiento de la existencia de alg煤n acto, disposici贸n o actuaci贸n que guarde con el que sea objeto del recurso en tramitaci贸n la relaci贸n prevista en el art铆culo 34, el demandante podr谩 solicitar, dentro del plazo que se帽ala el art铆culo 46, la ampliaci贸n del recurso a aquel acto administrativo, disposici贸n o actuaci贸n.
2. De esta petici贸n, que producir谩 la suspensi贸n del curso del procedimiento, el Secretario judicial dar谩 traslado a las partes para que presenten alegaciones en el plazo com煤n de cinco d铆as.
3. Si el 贸rgano jurisdiccional accediere a la ampliaci贸n, continuar谩 la suspensi贸n de la tramitaci贸n del proceso en tanto no se alcance respecto de aqu茅lla el mismo estado que tuviere el procedimiento inicial.
4. Ser谩 asimismo aplicable lo dispuesto en el apartado 1 de este art铆culo cuando en los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra actos presuntos la Administraci贸n dictare durante su tramitaci贸n resoluci贸n expresa respecto de la pretensi贸n inicialmente deducida. En tal caso podr谩 el recurrente desistir del recurso interpuesto con fundamento en la aceptaci贸n de la resoluci贸n expresa que se hubiere dictado o solicitar la ampliaci贸n a la resoluci贸n expresa. Una vez producido el desistimiento del recurso inicialmente interpuesto, el plazo para recurrir la resoluci贸n expresa, que ser谩 de dos meses, se contar谩 desde el d铆a siguiente al de la notificaci贸n de la misma.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 36
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Si antes de la sentencia se dictare o se tuviere conocimiento de la existencia de alg煤n acto, disposici贸n o actuaci贸n que guarde con el que sea objeto del recurso en tramitaci贸n la relaci贸n prevista en el art铆culo 34, el demandante podr谩 solicitar, dentro del plazo que se帽ala el art铆culo 46, la ampliaci贸n del recurso a aquel acto administrativo, disposici贸n o actuaci贸n.
2. De esta petici贸n, que producir谩 la suspensi贸n del curso del procedimiento, se dar谩 traslado a las partes para que presenten alegaciones en el plazo com煤n de cinco d铆as.
3. Si el 贸rgano jurisdiccional accediere a la ampliaci贸n, continuar谩 la suspensi贸n de la tramitaci贸n del proceso en tanto no se alcance respecto de aqu茅lla el mismo estado que tuviere el procedimiento inicial.
4. Ser谩 asimismo aplicable lo dispuesto en el apartado 1 de este art铆culo cuando en los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra actos presuntos la Administraci贸n dictare durante su tramitaci贸n resoluci贸n expresa respecto de la pretensi贸n inicialmente deducida. En tal caso podr谩 el recurrente desistir del recurso interpuesto con fundamento en la aceptaci贸n de la resoluci贸n expresa que se hubiere dictado o solicitar la ampliaci贸n a la resoluci贸n expresa. Una vez producido el desistimiento del recurso inicialmente interpuesto, el plazo para recurrir la resoluci贸n expresa, que ser谩 de dos meses, se contar谩 desde el d铆a siguiente al de la notificaci贸n de la misma.
1. Interpuestos varios recursos Contencioso-Administrativos con ocasi贸n de actos, disposiciones o actuaciones en los que concurra alguna de las circunstancias se帽aladas en el art铆culo 34, el 贸rgano jurisdiccional podr谩 en cualquier momento procesal, previa audiencia de las partes por plazo com煤n de cinco d铆as, acordar la acumulaci贸n de oficio o a instancia de alguna de ellas.
2. Cuando ante un Juez o Tribunal estuviera pendiente una pluralidad de recursos con id茅ntico objeto, el 贸rgano jurisdiccional, si no se hubiesen acumulado, deber谩 tramitar uno o varios con car谩cter preferente previa audiencia de las partes por plazo com煤n de cinco d铆as, suspendiendo el curso de los dem谩s hasta que se dicte sentencia en los primeros.
3. Una vez firme, el Secretario judicial llevar谩 testimonio de la sentencia a los recursos suspendidos y la notificar谩 a los recurrentes afectados por la suspensi贸n a fin de que en el plazo de cinco d铆as puedan interesar la extensi贸n de sus efectos en los t茅rminos previstos en el art铆culo 111, la continuaci贸n del procedimiento o bien desistir del recurso.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 2 y 3 del art铆culo 37
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Interpuestos varios recursos Contencioso-Administrativos con ocasi贸n de actos, disposiciones o actuaciones en los que concurra alguna de las circunstancias se帽aladas en el art铆culo 34, el 贸rgano jurisdiccional podr谩 en cualquier momento procesal, previa audiencia de las partes por plazo com煤n de cinco d铆as, acordar la acumulaci贸n de oficio o a instancia de alguna de ellas.
2. Cuando ante un juez o tribunal estuviera pendiente una pluralidad de recursos con id茅ntico objeto, el 贸rgano jurisdiccional podr谩 no acumularlos y tramitar uno o varios con car谩cter preferente, previa audiencia de las partes por plazo com煤n de cinco d铆as, suspendiendo el curso de los dem谩s hasta que se dicte sentencia en los primeros.
3. La sentencia se notificar谩 a las partes afectadas por la suspensi贸n, que podr谩n interesar la extensi贸n de sus efectos en los t茅rminos del art铆culo 111, o bien desistir del recurso. De no hacerlo, se llevar谩 testimonio a los recursos suspendidos.
Precepto modificado por LO 19/2003, de 23 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 15-1-2004
路 Modificado art铆culo 37
Redacci贸n hasta el 15-1-2004
1. Interpuestos varios recursos contencioso-administrativos con ocasi贸n de actos, disposiciones o actuaciones en los que concurra alguna de las circunstancias se帽aladas en el art铆culo 34, el 贸rgano jurisdiccional podr谩 en cualquier momento procesal, previa audiencia de las partes por plazo com煤n de cinco d铆as, acordar la acumulaci贸n de oficio o a instancia de alguna de ellas.
2. Cuando ante un Juez o Tribunal estuviera pendiente una pluralidad de recursos con id茅ntico objeto, el 贸rgano jurisdiccional podr谩 no acumularlos y tramitar uno o varios con car谩cter preferente, previa audiencia de las partes por plazo com煤n de cinco d铆as, suspendiendo el curso de los dem谩s hasta que se dicte sentencia en los primeros. La sentencia deber谩 ser notificada a las partes afectadas por la suspensi贸n, quienes podr谩n optar por solicitar la extensi贸n de sus efectos en los t茅rminos del art铆culo 111, por la continuaci贸n de su procedimiento o por el desistimiento.
1. La Administraci贸n comunicar谩 al Tribunal, al remitirle el expediente administrativo, si tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de acumulaci贸n que previene el presente Cap铆tulo.
2. El Secretario judicial pondr谩 en conocimiento del Juez o Tribunal los procesos que se tramiten en la Oficina judicial en los que puedan concurrir los supuestos de acumulaci贸n que previene el presente Cap铆tulo.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 38
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. La Administraci贸n comunicar谩 al Tribunal, al remitirle el expediente administrativo, si tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de acumulaci贸n que previene el presente Cap铆tulo.
2. El Secretario Judicial pondr谩 en conocimiento del Juez los procesos que se tramiten en su Secretar铆a en los que puedan concurrir los supuestos de acumulaci贸n que previene el presente Cap铆tulo.
Contra las resoluciones sobre acumulaci贸n, ampliaci贸n y tramitaci贸n preferente s贸lo se dar谩 recurso de s煤plica.
1. El Secretario judicial fijar谩 la cuant铆a del recurso contencioso-administrativo una vez formulados los escritos de demanda y contestaci贸n, en los que las partes podr谩n exponer, por medio de otros铆, su parecer al respecto.
2. Cuando as铆 no se hiciere, el Secretario judicial requerir谩 al demandante para que fije la cuant铆a, concedi茅ndole al efecto un plazo no superior a diez d铆as, transcurrido el cual sin haberlo realizado se estar谩 a la que fije el Secretario judicial, previa audiencia del demandado.
3. Cuando el demandado no estuviere de acuerdo con la cuant铆a fijada por el demandante, lo expondr谩 por escrito dentro del t茅rmino de diez d铆as, resolviendo el Secretario judicial lo procedente. En este caso el Juez o Tribunal, en la sentencia, resolver谩 definitivamente la cuesti贸n.
4. La parte perjudicada por la resoluci贸n prevista en el apartado anterior podr谩 fundar el recurso de queja en la indebida determinaci贸n de la cuant铆a si por causa de 茅sta no se tuviere por preparado el recurso de casaci贸n o no se admitiera el recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina o el de apelaci贸n.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 40
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. El 贸rgano jurisdiccional fijar谩 la cuant铆a del recurso contencioso-administrativo una vez formulados los escritos de demanda y contestaci贸n, en los que las partes podr谩n exponer, por medio de otros铆, su parecer al respecto.
2. Cuando as铆 no se hiciere el Juzgado o Tribunal requerir谩 al demandante para que fije la cuant铆a, concedi茅ndole al efecto un plazo no superior a diez d铆as, transcurrido el cual sin haberlo realizado se estar谩 a la que fije el 贸rgano jurisdiccional, previa audiencia del demandado.
3. Cuando el demandado no estuviere de acuerdo con la cuant铆a fijada por el demandante lo expondr谩 por escrito dentro del t茅rmino de diez d铆as, tramit谩ndose el incidente con arreglo a lo dispuesto para estos casos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4. Contra el auto de fijaci贸n de cuant铆a no cabr谩 recurso alguno, pero la parte perjudicada podr谩 fundar el de queja en su indebida determinaci贸n, si no se tuviere por preparado el recurso de casaci贸n o no se admitiera el recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina o el de apelaci贸n.
1. La cuant铆a del recurso contencioso-administrativo vendr谩 determinada por el valor econ贸mico de la pretensi贸n objeto del mismo.
2. Cuando existan varios demandantes, se atender谩 al valor econ贸mico de la pretensi贸n deducida por cada uno de ellos, y no a la suma de todos.
3. En los supuestos de acumulaci贸n o de ampliaci贸n, la cuant铆a vendr谩 determinada por la suma del valor econ贸mico de las pretensiones objeto de aqu茅llas, pero no comunicar谩 a las de cuant铆a inferior la posibilidad de casaci贸n o apelaci贸n.
1. Para fijar el valor econ贸mico de la pretensi贸n se tendr谩n en cuenta las normas de la legislaci贸n procesal civil, con las especialidades siguientes:
a) Cuando el demandante solicite solamente la anulaci贸n del acto, se atender谩 al contenido econ贸mico del mismo, para lo cual se tendr谩 en cuenta el d茅bito principal, pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad, salvo que cualquiera de 茅stos fuera de importe superior a aqu茅l.
b) Cuando el demandante solicite, adem谩s de la anulaci贸n, el reconocimiento de una situaci贸n jur铆dica individualizada, o cuando solicite el cumplimiento de una obligaci贸n administrativa, la cuant铆a vendr谩 determinada:
Primero. Por el valor econ贸mico total del objeto de la reclamaci贸n, si la Administraci贸n P煤blica hubiere denegado totalmente, en v铆a administrativa, las pretensiones del demandante.
Segundo. Por la diferencia de la cuant铆a entre el objeto de la reclamaci贸n y el del acto que motiv贸 el recurso, si la Administraci贸n hubiera reconocido parcialmente, en v铆a administrativa, las pretensiones del demandante.
2. Se reputar谩n de cuant铆a indeterminada los recursos dirigidos a impugnar directamente las disposiciones generales, incluidos los instrumentos normativos de planeamiento urban铆stico, los que se refieran a los funcionarios p煤blicos cuando no versen sobre derechos o sanciones susceptibles de valoraci贸n econ贸mica, as铆 como aqu茅llos en los que junto a pretensiones evaluables econ贸micamente se acumulen otras no susceptibles de tal valoraci贸n.
Tambi茅n se reputar谩n de cuant铆a indeterminada los recursos interpuestos contra actos, en materia de Seguridad Social, que tengan por objeto la inscripci贸n de empresas, formalizaci贸n de la protecci贸n frente a riesgos profesionales, tarifaci贸n, cobertura de la prestaci贸n de incapacidad temporal, afiliaci贸n, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 42
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Para fijar el valor econ贸mico de la pretensi贸n se tendr谩n en cuenta las normas de la legislaci贸n procesal civil, con las especialidades siguientes:
a) Cuando el demandante solicite solamente la anulaci贸n del acto, se atender谩 al contenido econ贸mico del mismo, para lo cual se tendr谩 en cuenta el d茅bito principal, pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad, salvo que cualquiera de 茅stos fuera de importe superior a aqu茅l.
b) Cuando el demandante solicite, adem谩s de la anulaci贸n, el reconocimiento de una situaci贸n jur铆dica individualizada, o cuando solicite el cumplimiento de una obligaci贸n administrativa, la cuant铆a vendr谩 determinada:
Primero. Por el valor econ贸mico total del objeto de la reclamaci贸n, si la Administraci贸n P煤blica hubiere denegado totalmente, en v铆a administrativa, las pretensiones del demandante.
Segundo. Por la diferencia de la cuant铆a entre el objeto de la reclamaci贸n y el del acto que motiv贸 el recurso, si la Administraci贸n hubiera reconocido parcialmente, en v铆a administrativa, las pretensiones del demandante.
2. Se reputar谩n de cuant铆a indeterminada los recursos dirigidos a impugnar directamente las disposiciones generales, incluidos los instrumentos normativos de planeamiento urban铆stico, los que se refieran a los funcionarios p煤blicos cuando no versen sobre derechos o sanciones susceptibles de valoraci贸n econ贸mica, as铆 como aqu茅llos en los que junto a pretensiones evaluables econ贸micamente se acumulen otras no susceptibles de tal valoraci贸n.
T脥TULO IV-Procedimiento contencioso-administrativo
CAP脥TULO I-Procedimiento en primera o 煤nica instancia
SECCI脫N 1.陋-Diligencias preliminares
Cuando la propia Administraci贸n autora de alg煤n acto pretenda demandar su anulaci贸n ante la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa deber谩, previamente, declararlo lesivo para el inter茅s p煤blico.
1. En los litigios entre Administraciones P煤blicas no cabr谩 interponer recurso en v铆a administrativa. No obstante, cuando una Administraci贸n interponga recurso contencioso-administrativo contra otra, podr谩 requerirla previamente para que derogue la disposici贸n, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuaci贸n material, o inicie la actividad a que est茅 obligada.
Cuando la Administraci贸n contratante, el contratista o terceros pretendan recurrir las decisiones adoptadas por los 贸rganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contrataci贸n a que se refiere la legislaci贸n de Contratos del Sector P煤blico interpondr谩n el recurso directamente y sin necesidad de previo requerimiento o recurso administrativo.
2. El requerimiento deber谩 dirigirse al 贸rgano competente mediante escrito razonado que concretar谩 la disposici贸n, acto, actuaci贸n o inactividad, y deber谩 producirse en el plazo de dos meses contados desde la publicaci贸n de la norma o desde que la Administraci贸n requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuaci贸n o inactividad.
3. El requerimiento se entender谩 rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepci贸n, el requerido no lo contestara.
4. Queda a salvo lo dispuesto sobre esta materia en la legislaci贸n de r茅gimen local.
Precepto modificado por Ley 34/2010, de 5 de agosto, con entrada en vigor a partir del 9-9-2010
路 A帽adido 煤ltimo p谩rrafo del apartado 1 del art铆culo 44
Redacci贸n hasta el 9-9-2010
1. En los litigios entre Administraciones P煤blicas no cabr谩 interponer recurso en v铆a administrativa. No obstante, cuando una Administraci贸n interponga recurso contencioso-administrativo contra otra, podr谩 requerirla previamente para que derogue la disposici贸n, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuaci贸n material, o inicie la actividad a que est茅 obligada.
2. El requerimiento deber谩 dirigirse al 贸rgano competente mediante escrito razonado que concretar谩 la disposici贸n, acto, actuaci贸n o inactividad, y deber谩 producirse en el plazo de dos meses contados desde la publicaci贸n de la norma o desde que la Administraci贸n requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuaci贸n o inactividad.
3. El requerimiento se entender谩 rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepci贸n, el requerido no lo contestara.
4. Queda a salvo lo dispuesto sobre esta materia en la legislaci贸n de r茅gimen local.
SECCI脫N 2.陋-Interposici贸n del recurso y reclamaci贸n del expediente
1. El recurso contencioso-administrativo se iniciar谩 por un escrito reducido a citar la disposici贸n, acto, inactividad o actuaci贸n constitutiva de v铆a de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando esta Ley disponga otra cosa.
2. A este escrito se acompa帽ar谩:
a) El documento que acredite la representaci贸n del compareciente, salvo si figurase unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo Juzgado o Tribunal, en cuyo caso podr谩 solicitarse que se expida certificaci贸n para su uni贸n a los autos.
b) El documento o documentos que acrediten la legitimaci贸n del actor cuando la ostente por hab茅rsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro t铆tulo.
c) La copia o traslado de la disposici贸n o del acto expreso que se recurran, o indicaci贸n del expediente en que haya reca铆do el acto o el peri贸dico oficial en que la disposici贸n se haya publicado. Si el objeto del recurso fuera la inactividad de la Administraci贸n o una v铆a de hecho, se mencionar谩 el 贸rgano o dependencia al que se atribuya una u otra, en su caso, el expediente en que tuvieran origen, o cualesquiera otros datos que sirvan para identificar suficientemente el objeto del recurso.
d) El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jur铆dicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicaci贸n, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado.
3. El Secretario judicial examinar谩 de oficio la validez de la comparecencia tan pronto como se haya presentado el escrito de interposici贸n. Si estima que es v谩lida, admitir谩 a tr谩mite el recurso. Si con el escrito de interposici贸n no se acompa帽an los documentos expresados en el apartado anterior o los presentados son incompletos y, en general, siempre que el Secretario judicial estime que no concurren los requisitos exigidos por esta Ley para la validez de la comparencia, requerir谩 inmediatamente la subsanaci贸n de los mismos, se帽alando un plazo de diez d铆as para que el recurrente pueda llevarla a efecto y, si no lo hiciere, el Juez o Tribunal se pronunciar谩 sobre el archivo de las actuaciones.
4. El recurso de lesividad se iniciar谩 por demanda formulada con arreglo al art铆culo 56.1, que fijar谩 con precisi贸n la persona o personas demandadas y su sede o domicilio si constara. A esta demanda se acompa帽ar谩n en todo caso la declaraci贸n de lesividad, el expediente administrativo y, si procede, los documentos de las letras a) y d) del apartado 2 de este art铆culo.
5. El recurso dirigido contra una disposici贸n general, acto, inactividad o v铆a de hecho en que no existan terceros interesados podr谩 iniciarse tambi茅n mediante demanda en que se concretar谩 la disposici贸n, acto o conducta impugnados y se razonar谩 su disconformidad a Derecho. Con la demanda se acompa帽ar谩n los documentos que procedan de los previstos en el apartado segundo de este art铆culo.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 3 del art铆culo 45
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. El recurso contencioso-administrativo se iniciar谩 por un escrito reducido a citar la disposici贸n, acto, inactividad o actuaci贸n constitutiva de v铆a de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando esta Ley disponga otra cosa.
2. A este escrito se acompa帽ar谩:
a) El documento que acredite la representaci贸n del compareciente, salvo si figurase unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo Juzgado o Tribunal, en cuyo caso podr谩 solicitarse que se expida certificaci贸n para su uni贸n a los autos.
b) El documento o documentos que acrediten la legitimaci贸n del actor cuando la ostente por hab茅rsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro t铆tulo.
c) La copia o traslado de la disposici贸n o del acto expreso que se recurran, o indicaci贸n del expediente en que haya reca铆do el acto o el peri贸dico oficial en que la disposici贸n se haya publicado. Si el objeto del recurso fuera la inactividad de la Administraci贸n o una v铆a de hecho, se mencionar谩 el 贸rgano o dependencia al que se atribuya una u otra, en su caso, el expediente en que tuvieran origen, o cualesquiera otros datos que sirvan para identificar suficientemente el objeto del recurso.
d) El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jur铆dicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicaci贸n, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado.
3. El Juzgado o Sala examinar谩 de oficio la validez de la comparecencia tan pronto como se haya presentado el escrito de interposici贸n. Si con 茅ste no se acompa帽an los documentos expresados en el apartado anterior o los presentados son incompletos y, en general, siempre que el Juzgado o Sala estime que no concurren los requisitos exigidos por esta Ley para la validez de la comparecencia, requerir谩 inmediatamente la subsanaci贸n de los mismos, se帽alando un plazo de diez d铆as para que el recurrente pueda llevarla a efecto, y si no lo hace, se ordenar谩 el archivo de las actuaciones.
4. El recurso de lesividad se iniciar谩 por demanda formulada con arreglo al art铆culo 56.1, que fijar谩 con precisi贸n la persona o personas demandadas y su sede o domicilio si constara. A esta demanda se acompa帽ar谩n en todo caso la declaraci贸n de lesividad, el expediente administrativo y, si procede, los documentos de las letras a) y d) del apartado 2 de este art铆culo.
5. El recurso dirigido contra una disposici贸n general, acto, inactividad o v铆a de hecho en que no existan terceros interesados podr谩 iniciarse tambi茅n mediante demanda en que se concretar谩 la disposici贸n, acto o conducta impugnados y se razonar谩 su disconformidad a Derecho. Con la demanda se acompa帽ar谩n los documentos que procedan de los previstos en el apartado segundo de este art铆culo.
1. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ser谩 de dos meses contados desde el d铆a siguiente al de la publicaci贸n de la disposici贸n impugnada o al de la notificaci贸n o publicaci贸n del acto que ponga fin a la v铆a administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo ser谩 de seis meses y se contar谩, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del d铆a siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa especifica, se produzca el acto presunto.
2. En los supuestos previstos en el art铆culo 29, los dos meses se contar谩n a partir del d铆a siguiente al vencimiento de los plazos se帽alados en dicho art铆culo.
3. Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuaci贸n en v铆a de hecho, el plazo para interponer el recurso ser谩 de diez d铆as a contar desde el d铆a siguiente a la terminaci贸n del plazo establecido en el art铆culo 30. Si no hubiere requerimiento, el plazo ser谩 de veinte d铆as desde el d铆a en que se inici贸 la actuaci贸n administrativa en v铆a de hecho.
4. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contar谩 desde el d铆a siguiente a aquel en que se notifique la resoluci贸n expresa del recurso potestativo de reposici贸n o en que 茅ste deba entenderse presuntamente desestimado.
5. El plazo para interponer recurso de lesividad ser谩 de dos meses a contar desde el d铆a siguiente a la fecha de la declaraci贸n de lesividad.
6. En los litigios entre Administraciones, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo ser谩 de dos meses, salvo que por Ley se establezca otra cosa. Cuando hubiera precedido el requerimiento regulado en los tres primeros apartados del art铆culo 44, el plazo se contar谩 desde el d铆a siguiente a aquel en que se reciba la comunicaci贸n del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado.
1. Una vez cumplido lo dispuesto en el art铆culo 45.3, el Secretario judicial en el siguiente d铆a h谩bil acordar谩, si lo solicita el recurrente, que se anuncie la interposici贸n del recurso y remitir谩 el oficio para su publicaci贸n por el 贸rgano competente, sin perjuicio de que sea costeada por el recurrente, en el peri贸dico oficial que proceda atendiendo al 谩mbito territorial de competencia del 贸rgano autor de la actividad administrativa recurrida. El Secretario judicial podr谩 tambi茅n acordar de oficio la publicaci贸n, si lo estima conveniente.
2. Si se hubiera iniciado el recurso mediante demanda en los supuestos previstos por el art铆culo 45.5 y 茅ste se dirige contra una disposici贸n general, deber谩 procederse a la publicaci贸n del anuncio de interposici贸n de aqu茅l, en el que se conceder谩n quince d铆as para la personaci贸n de quienes tengan inter茅s leg铆timo en sostener la conformidad a Derecho de la disposici贸n, acto o conducta impugnados. Transcurrido este plazo, el Secretario judicial proceder谩 a dar traslado de la demanda y de los documentos que la acompa帽en para que sea contestada primero por la Administraci贸n y luego por los dem谩s demandados que se hubieran personado.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 47
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Una vez cumplido lo dispuesto en el art铆culo 45.3, el Juzgado o la Sala, en el siguiente d铆a h谩bil, acordar谩, si lo solicita el recurrente, que se anuncie la interposici贸n del recurso y remitir谩 el oficio para su publicaci贸n por el 贸rgano competente, sin perjuicio de que sea costeada por el recurrente, en el peri贸dico oficial que proceda atendiendo al 谩mbito territorial de competencia del 贸rgano autor de la actividad administrativa recurrida. El Juzgado o la Sala podr谩 tambi茅n acordar de oficio la publicaci贸n, si lo estima conveniente.
2. Si se hubiera iniciado el recurso mediante demanda en los supuestos previstos por el art铆culo 45.5, deber谩 procederse a la publicaci贸n del anuncio de interposici贸n de aqu茅l, en el que se conceder谩n quince d铆as para la personaci贸n de quienes tengan inter茅s leg铆timo en sostener la conformidad a Derecho de la disposici贸n, acto o conducta impugnados. Transcurrido este plazo, se proceder谩 a dar traslado de la demanda y de los documentos que la acompa帽en para que sea contestada primero por la Administraci贸n y luego por los dem谩s demandados que se hubieran personado.
1. El Secretario judicial, al acordar lo previsto en el apartado 1 del art铆culo anterior, o mediante diligencia si la publicaci贸n no fuere necesaria, requerir谩 a la Administraci贸n que le remita el expediente administrativo, orden谩ndole que practique los emplazamientos previstos en el art铆culo 49. El expediente se reclamar谩 al 贸rgano autor de la disposici贸n o acto impugnado o a aqu茅l al que se impute la inactividad o v铆a de hecho. Se har谩 siempre una copia autentificada de los expedientes tramitados en grados o fases anteriores, antes de devolverlos a su oficina de procedencia.
2. No se reclamar谩 el expediente en el caso del apartado 2 del art铆culo anterior, sin perjuicio de la facultad otorgada por el apartado 5 de este art铆culo 48.
3. El expediente deber谩 ser remitido en el plazo improrrogable de veinte d铆as, a contar desde que la comunicaci贸n judicial tenga entrada en el registro general del 贸rgano requerido. La entrada se pondr谩 en conocimiento del 贸rgano jurisdiccional.
4. El expediente, original o copiado, se enviar谩 completo, foliado y, en su caso, autentificado, acompa帽ado de un 铆ndice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La Administraci贸n conservar谩 siempre el original o una copia autentificada de los expedientes que env铆e. Si el expediente fuera reclamado por diversos Juzgados o Tribunales, la Administraci贸n enviar谩 copias autentificadas del original o de la copia que conserve.
5. Cuando el recurso contra la disposici贸n se hubiere iniciado por demanda, el Tribunal podr谩 recabar de oficio o a petici贸n del actor el expediente de elaboraci贸n. Recibido el expediente, el Secretario judicial lo pondr谩 de manifiesto a las partes por cinco d铆as para que formulen alegaciones.
6. Se excluir谩n del expediente, mediante resoluci贸n motivada, los documentos clasificados como secreto oficial, haci茅ndolo constar as铆 en el 铆ndice de documentos y en el lugar del expediente donde se encontraran los documentos excluidos.
7. Transcurrido el plazo de remisi贸n del expediente sin haberse recibido completo, se reiterar谩 la reclamaci贸n y, si no se enviara en el t茅rmino de diez d铆as contados como dispone el apartado 3, tras constatarse su responsabilidad, previo apercibimiento del Secretario judicial notificado personalmente para formulaci贸n de alegaciones, el Juez o Tribunal impondr谩 una multa coercitiva de trescientos a mil doscientos euros a la autoridad o empleado responsable. La multa ser谩 reiterada cada veinte d铆as, hasta el cumplimiento de lo requerido.
De darse la causa de imposibilidad de determinaci贸n individualizada de la autoridad o empleado responsable, la Administraci贸n ser谩 la responsable del pago de la multa sin perjuicio de que se repercuta contra el responsable.
8. Contra los autos en los que se acuerde la imposici贸n de multas a las que se refiere el apartado anterior podr谩 interponerse recurso de s煤plica en los t茅rminos previstos en el art铆culo 79.
9. Si no se hubieran satisfecho voluntariamente, las multas firmes se har谩n efectivas por v铆a judicial de apremio.
10. Impuestas las tres primeras multas coercitivas sin lograr que se remita el expediente completo, el Juez o Tribunal pondr谩 los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de seguir imponiendo nuevas multas. El requerimiento cuya desatenci贸n pueda dar lugar a la tercera multa coercitiva contendr谩 el oportuno apercibimiento.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 1, 5 y 7 del art铆culo 48
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. El 贸rgano jurisdiccional, al acordar lo previsto en el apartado 1 del art铆culo anterior, o mediante resoluci贸n si la publicaci贸n no fuere necesaria, requerir谩 a la Administraci贸n que le remita el expediente administrativo, orden谩ndole que practique los emplazamientos previstos en el art铆culo 49. El expediente se reclamar谩 al 贸rgano autor de la disposici贸n o acto impugnado o a aqu茅l al que se impute la inactividad o v铆a de hecho. Se har谩 siempre una copia autentificada de los expedientes tramitados en grados o fases anteriores, antes de devolverlos a su oficina de procedencia.
2. No se reclamar谩 el expediente en el caso del apartado 2 del art铆culo anterior, sin perjuicio de la facultad otorgada por el apartado 5 de este art铆culo 48.
3. El expediente deber谩 ser remitido en el plazo improrrogable de veinte d铆as, a contar desde que la comunicaci贸n judicial tenga entrada en el registro general del 贸rgano requerido. La entrada se pondr谩 en conocimiento del 贸rgano jurisdiccional.
4. El expediente, original o copiado, se enviar谩 completo, foliado y, en su caso, autentificado, acompa帽ado de un 铆ndice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La Administraci贸n conservar谩 siempre el original o una copia autentificada de los expedientes que env铆e. Si el expediente fuera reclamado por diversos Juzgados o Tribunales, la Administraci贸n enviar谩 copias autentificadas del original o de la copia que conserve.
5. Cuando el recurso contra la disposici贸n se hubiere iniciado por demanda, el Tribunal podr谩 recabar de oficio o a petici贸n del actor el expediente de elaboraci贸n. Recibido el expediente, se pondr谩 de manifiesto a las partes por cinco d铆as para que formulen alegaciones.
6. Se excluir谩n del expediente, mediante resoluci贸n motivada, los documentos clasificados como secreto oficial, haci茅ndolo constar as铆 en el 铆ndice de documentos y en el lugar del expediente donde se encontraran los documentos excluidos.
7. Transcurrido el plazo de remisi贸n del expediente sin haberse recibido completo, se reiterar谩 la reclamaci贸n, y si no se enviara en el t茅rmino de diez d铆as contados como dispone el apartado 3, tras constatarse su responsabilidad, previo apercibimiento notificado personalmente para formulaci贸n de alegaciones, se impondr谩 una multa coercitiva de 300,50 a 1.202,02 euros a la autoridad o empleado responsable. La multa ser谩 reiterada cada veinte d铆as, hasta el cumplimiento de lo requerido.
De darse la causa de imposibilidad de determinaci贸n individualizada de la autoridad o empleado responsable, la Administraci贸n ser谩 la responsable del pago de la multa sin perjuicio de que se repercuta contra el responsable.
8. Contra los autos en los que se acuerde la imposici贸n de multas a las que se refiere el apartado anterior podr谩 interponerse recurso de s煤plica en los t茅rminos previstos en el art铆culo 79.
9. Si no se hubieran satisfecho voluntariamente, las multas firmes se har谩n efectivas por v铆a judicial de apremio.
10. Impuestas las tres primeras multas coercitivas sin lograr que se remita el expediente completo, el Juez o Tribunal pondr谩 los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de seguir imponiendo nuevas multas. El requerimiento cuya desatenci贸n pueda dar lugar a la tercera multa coercitiva contendr谩 el oportuno apercibimiento.
Precepto modificado por Ley 62/2003, de 30 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 1-1-2004
路 Modificados apartados 7 y 8 del art铆culo 48
Redacci贸n hasta el 1-1-2004
1. El 贸rgano jurisdiccional, al acordar lo previsto en el apartado 1 del art铆culo anterior, o mediante resoluci贸n si la publicaci贸n no fuere necesaria, requerir谩 a la Administraci贸n que le remita el expediente administrativo, orden谩ndole que practique los emplazamientos previstos en el art铆culo 49. El expediente se reclamar谩 al 贸rgano autor de la disposici贸n o acto impugnado o a aquel al que se impute la inactividad o v铆a de hecho. Se har谩 siempre una copia autentificada de los expedientes tramitados en grados o fases anteriores, antes de devolverlos a su oficina de procedencia.
2. No se reclamar谩 el expediente en el caso del apartado 2 del art铆culo anterior, sin perjuicio de la facultad otorgada por el apartado 5 de este art铆culo 48.
3. El expediente deber谩 ser remitido en el plazo improrrogable de veinte d铆as, a contar desde que la comunicaci贸n judicial tenga entrada en el registro general del 贸rgano requerido. La entrada se pondr谩 en conocimiento del 贸rgano jurisdiccional.
4. El expediente, original o copiado, se enviar谩 completo, foliado y, en su caso, autentificado, acompa帽ado de un 铆ndice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La Administraci贸n conservar谩 siempre el original o una copia autentificada de los expedientes que env铆e. Si el expediente fuera reclamado por diversos Juzgados o Tribunales, la Administraci贸n enviar谩 copias autentificadas del original o de la copia que conserve.
5. Cuando el recurso contra la disposici贸n se hubiere iniciado por demanda, el Tribunal podr谩 recabar de oficio o a petici贸n del actor el expediente de elaboraci贸n. Recibido el expediente, se pondr谩 de manifiesto a las partes por cinco d铆as para que formulen alegaciones.
6. Se excluir谩n del expediente, mediante resoluci贸n motivada, los documentos clasificados como secreto oficial, haci茅ndolo constar as铆 en el 铆ndice de documentos y en el lugar del expediente donde se encontraran los documentos excluidos.
7. Transcurrido el plazo de remisi贸n del expediente sin haberse recibido completo, se reiterar谩 la reclamaci贸n, y si no se enviara al t茅rmino de diez d铆as contados como dispone el apartado 3, se impondr谩 una multa coercitiva de 50.000 a 200.000 pesetas a la autoridad o empleado responsable. La multa ser谩 reiterada cada veinte d铆as, hasta el cumplimiento de lo requerido.
De darse la causa de imposibilidad de determinaci贸n individualizada de la autoridad o empleado responsable, la Administraci贸n ser谩 la responsable del pago de la multa sin perjuicio de que se repercuta contra el responsable.
8. Aquel a quien se le hubiere impuesto la multa prevista en el apartado anterior podr谩 ser o铆do en justicia. La audiencia en justicia se pedir谩 en el plazo de los tres d铆as siguientes al de la notificaci贸n de la multa, mediante escrito presentado, sin necesidad de Procurador o Abogado, ante el Juez o Tribunal que la haya impuesto. La audiencia ser谩 resuelta mediante auto contra el que no cabr谩 recurso alguno.
9. Si no se hubieran satisfecho voluntariamente, las multas firmes se har谩n efectivas por v铆a judicial de apremio.
10. Impuestas las tres primeras multas coercitivas sin lograr que se remita el expediente completo, el Juez o Tribunal pondr谩 los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de seguir imponiendo nuevas multas. El requerimiento cuya desatenci贸n pueda dar lugar a la tercera multa coercitiva contendr谩 el oportuno apercibimiento.
SECCI脫N 3.陋-Emplazamiento de los demandados y admisi贸n del recurso
1. La resoluci贸n por la que se acuerde remitir el expediente se notificar谩 en los cinco d铆as siguientes a su adopci贸n, a cuantos aparezcan como interesados en 茅l, emplaz谩ndoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve d铆as. La notificaci贸n se practicar谩 con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo com煤n.
En los recursos contra las decisiones adoptadas por los 贸rganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contrataci贸n a que se refiere la legislaci贸n de Contratos del Sector P煤blico se emplazar谩 como parte demandada a las personas, distintas del recurrente, que hubieren comparecido en el recurso administrativo, para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve d铆as.
2. Hechas las notificaciones, se enviar谩 el expediente al Juzgado o Tribunal, incorporando la justificaci贸n del emplazamiento o emplazamientos efectuados, salvo que no hubieran podido practicarse dentro del plazo fijado para la remisi贸n del expediente, en cuyo caso 茅ste se enviar谩 sin demora, y la justificaci贸n de los emplazamientos una vez se ultimen.
3. Recibido el expediente, el Secretario judicial, a la vista del resultado de las actuaciones administrativas y del contenido del escrito de interposici贸n y documentos anejos, comprobar谩 que se han efectuado las debidas notificaciones para emplazamiento y, si advirtiere que son incompletas, ordenar谩 a la Administraci贸n que se practiquen las necesarias para asegurar la defensa de los interesados que sean identificables.
4. Cuando no hubiera sido posible emplazar a alg煤n interesado en el domicilio que conste, el Secretario judicial mandar谩 insertar el correspondiente edicto en el peri贸dico oficial que proceda atendiendo al 谩mbito territorial de competencia del 贸rgano autor de la actividad administrativa recurrida. Los emplazados por edictos podr谩n personarse hasta el momento en que hubiere de d谩rseles traslado para contestar a la demanda.
5. En el supuesto previsto en el art铆culo 47.2 se estar谩 a lo que en 茅l se dispone.
6. El emplazamiento de los demandados en el recurso de lesividad se efectuar谩 personalmente por plazo de nueve d铆as.
Precepto modificado por Ley 34/2010, de 5 de agosto, con entrada en vigor a partir del 9-9-2010
路 A帽adido 煤ltimo p谩rrafo al apartado 1 del art铆culo 49
Redacci贸n hasta el 9-9-2010
1. La resoluci贸n por la que se acuerde remitir el expediente se notificar谩 en los cinco d铆as siguientes a su adopci贸n, a cuantos aparezcan como interesados en 茅l, emplaz谩ndoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve d铆as. La notificaci贸n se practicar谩 con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo com煤n.
2. Hechas las notificaciones, se enviar谩 el expediente al Juzgado o Tribunal, incorporando la justificaci贸n del emplazamiento o emplazamientos efectuados, salvo que no hubieran podido practicarse dentro del plazo fijado para la remisi贸n del expediente, en cuyo caso 茅ste se enviar谩 sin demora, y la justificaci贸n de los emplazamientos una vez se ultimen.
3. Recibido el expediente, el Secretario judicial, a la vista del resultado de las actuaciones administrativas y del contenido del escrito de interposici贸n y documentos anejos, comprobar谩 que se han efectuado las debidas notificaciones para emplazamiento y, si advirtiere que son incompletas, ordenar谩 a la Administraci贸n que se practiquen las necesarias para asegurar la defensa de los interesados que sean identificables.
4. Cuando no hubiera sido posible emplazar a alg煤n interesado en el domicilio que conste, el Secretario judicial mandar谩 insertar el correspondiente edicto en el peri贸dico oficial que proceda atendiendo al 谩mbito territorial de competencia del 贸rgano autor de la actividad administrativa recurrida. Los emplazados por edictos podr谩n personarse hasta el momento en que hubiere de d谩rseles traslado para contestar a la demanda.
5. En el supuesto previsto en el art铆culo 47.2 se estar谩 a lo que en 茅l se dispone.
6. El emplazamiento de los demandados en el recurso de lesividad se efectuar谩 personalmente por plazo de nueve d铆as.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 3 y 4 del art铆culo 49
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. La resoluci贸n por la que se acuerde remitir el expediente se notificar谩 en los cinco d铆as siguientes a su adopci贸n, a cuantos aparezcan como interesados en 茅l, emplaz谩ndoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve d铆as. La notificaci贸n se practicar谩 con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo com煤n.
2. Hechas las notificaciones, se enviar谩 el expediente al Juzgado o Tribunal, incorporando la justificaci贸n del emplazamiento o emplazamientos efectuados, salvo que no hubieran podido practicarse dentro del plazo fijado para la remisi贸n del expediente, en cuyo caso 茅ste se enviar谩 sin demora, y la justificaci贸n de los emplazamientos una vez se ultimen.
3. Recibido el expediente, el Juzgado o Tribunal, a la vista del resultado de las actuaciones administrativas y del contenido del escrito de interposici贸n y documentos anejos, comprobar谩 que se han efectuado las debidas notificaciones para emplazamiento y, si advirtiere que son incompletas, ordenar谩 a la Administraci贸n que se practiquen las necesarias para asegurar la defensa de los interesados que sean identificables.
4. Cuando no hubiera sido posible emplazar a alg煤n interesado en el domicilio que conste, el Juez o Tribunal mandar谩 insertar el correspondiente edicto en el mismo peri贸dico oficial en que se hubiera publicado el anuncio de la interposici贸n. Los emplazados por edictos podr谩n personarse hasta el momento en que hubiere de d谩rseles traslado para contestar a la demanda.
5. En el supuesto previsto en el art铆culo 47.2 se estar谩 a lo que en 茅l se dispone.
6. El emplazamiento de los demandados en el recurso de lesividad se efectuar谩 personalmente por plazo de nueve d铆as.
1. El emplazamiento de la Administraci贸n se entender谩 efectuado por la reclamaci贸n del expediente.
2. Las Administraciones p煤blicas se entender谩n personadas por el env铆o del expediente.
3. Los demandados legalmente emplazados podr谩n personarse en autos dentro del plazo concedido. Si lo hicieren posteriormente, se les tendr谩 por parte para los tr谩mites no precluidos. Si no se personaren oportunamente continuar谩 el procedimiento por sus tr谩mites, sin que haya lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.
1. El Juzgado o Sala, tras el examen del expediente administrativo, declarar谩 no haber lugar a la admisi贸n del recurso cuando constare de modo inequ铆voco y manifiesto:
a) La falta de jurisdicci贸n o la incompetencia del Juzgado o Tribunal.
b) La falta de legitimaci贸n del recurrente.
c) Haberse interpuesto el recurso contra actividad no susceptible de impugnaci贸n.
d) Haber caducado el plazo de interposici贸n del recurso.
2. El Juzgado o Sala podr谩 inadmitir el recurso cuando se hubieran desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales por sentencia firme, mencionando, en este 煤ltimo caso, la resoluci贸n o resoluciones desestimatorias.
3. Cuando se impugne una actuaci贸n material constitutiva de v铆a de hecho, el Juzgado o Sala podr谩 tambi茅n inadmitir el recurso si fuera evidente que la actuaci贸n administrativa se ha producido dentro de la competencia y en conformidad con las reglas del procedimiento legalmente establecido.
Asimismo, cuando se impugne la no realizaci贸n por la Administraci贸n de las obligaciones a que se refiere el art铆culo 29, el recurso se inadmitir谩 si fuera evidente la ausencia de obligaci贸n concreta de la Administraci贸n respecto de los recurrentes.
4. El Juzgado o la Sala, antes de pronunciarse sobre la inadmisi贸n del recurso, har谩 saber a las partes el motivo en que pudiera fundarse para que, en el plazo com煤n de diez d铆as, aleguen lo que estimen procedente y acompa帽en los documentos a que hubiera lugar.
5. Contra el auto que declare la inadmisi贸n podr谩n interponerse los recursos previstos en esta Ley. El auto de admisi贸n no ser谩 recurrible pero no impedir谩 oponer cualquier motivo de inadmisibilidad en momento procesal posterior.
6. Declarada la inadmisi贸n al amparo de lo establecido en el p谩rrafo a) del apartado 1 de este art铆culo, se estar谩 a lo que determinan los art铆culos 5.3 y 7.3.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado p谩rrafo 1.潞 del apartado 1 del art铆culo 51
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. El Juzgado o Sala, previa reclamaci贸n y examen del expediente administrativo, si lo considera necesario, declarar谩 no haber lugar a la admisi贸n del recurso cuando constare de modo inequ铆voco y manifiesto:
a) La falta de jurisdicci贸n o la incompetencia del Juzgado o Tribunal.
b) La falta de legitimaci贸n del recurrente.
c) Haberse interpuesto el recurso contra actividad no susceptible de impugnaci贸n.
d) Haber caducado el plazo de interposici贸n del recurso.
2. El Juzgado o Sala podr谩 inadmitir el recurso cuando se hubieran desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales por sentencia firme, mencionando, en este 煤ltimo caso, la resoluci贸n o resoluciones desestimatorias.
3. Cuando se impugne una actuaci贸n material constitutiva de v铆a de hecho, el Juzgado o Sala podr谩 tambi茅n inadmitir el recurso si fuera evidente que la actuaci贸n administrativa se ha producido dentro de la competencia y en conformidad con las reglas del procedimiento legalmente establecido.
Asimismo, cuando se impugne la no realizaci贸n por la Administraci贸n de las obligaciones a que se refiere el art铆culo 29, el recurso se inadmitir谩 si fuera evidente la ausencia de obligaci贸n concreta de la Administraci贸n respecto de los recurrentes.
4. El Juzgado o la Sala, antes de pronunciarse sobre la inadmisi贸n del recurso, har谩 saber a las partes el motivo en que pudiera fundarse para que, en el plazo com煤n de diez d铆as, aleguen lo que estimen procedente y acompa帽en los documentos a que hubiera lugar.
5. Contra el auto que declare la inadmisi贸n podr谩n interponerse los recursos previstos en esta Ley. El auto de admisi贸n no ser谩 recurrible pero no impedir谩 oponer cualquier motivo de inadmisibilidad en momento procesal posterior.
6. Declarada la inadmisi贸n al amparo de lo establecido en el p谩rrafo a) del apartado 1 de este art铆culo, se estar谩 a lo que determinan los art铆culos 5.3 y 7.3.
1. Recibido el expediente administrativo en el Juzgado o Tribunal y comprobados, y en su caso completados, los emplazamientos, por el Secretario judicial se acordar谩 que se entregue al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de veinte d铆as, salvo que concurra alguno de los supuestos del art铆culo 51, en cuyo caso dar谩 cuenta al Tribunal para que resuelva lo que proceda. Cuando los recurrentes fuesen varios, y aunque no actuasen bajo una misma direcci贸n, la demanda se formular谩 simult谩neamente por todos ellos. La entrega del expediente se efectuar谩 en original o copia.
2. Si la demanda no se hubiere presentado dentro del plazo, el Juzgado o Sala, de oficio, declarar谩 por auto la caducidad del recurso. No obstante, se admitir谩 el escrito de demanda, y producir谩 sus efectos legales, si se presentare dentro del d铆a en que se notifique el auto.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 52
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Recibido el expediente administrativo en el Juzgado o Tribunal y comprobados, y en su caso completados, los emplazamientos, se acordar谩 que se entregue al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de veinte d铆as. Cuando los recurrentes fuesen varios y aunque no actuasen bajo una misma direcci贸n, la demanda se formular谩 simult谩neamente por todos ellos. La entrega del expediente se efectuar谩 en original o copia.
2. Si la demanda no se hubiere presentado dentro del plazo, el Juzgado o Sala, de oficio, declarar谩 por auto la caducidad del recurso. No obstante, se admitir谩 el escrito de demanda, y producir谩 sus efectos legales, si se presentare dentro del d铆a en que se notifique el auto.
1. Transcurrido el t茅rmino para la remisi贸n del expediente administrativo sin que 茅ste hubiera sido enviado, la parte recurrente podr谩 pedir, por s铆 o a iniciativa del Secretario judicial, que se le conceda plazo para formalizar la demanda.
2. Si despu茅s de que la parte demandante hubiera usado del derecho establecido en el apartado anterior se recibiera el expediente, el Secretario judicial pondr谩 茅ste de manifiesto a las partes demandantes y, en su caso, demandadas por plazo com煤n de diez d铆as para que puedan efectuar las alegaciones complementarias que estimen oportunas.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 53
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Transcurrido el t茅rmino para la remisi贸n del expediente administrativo sin que 茅ste hubiera sido enviado, la parte recurrente podr谩 pedir, por s铆 o a iniciativa del Juez o Tribunal, que se le conceda plazo para formalizar la demanda.
2. Si despu茅s de que la parte demandante hubiera usado del derecho establecido en el apartado anterior se recibiera el expediente, 茅ste se pondr谩 de manifiesto a las partes demandantes y, en su caso, demandadas por plazo com煤n de diez d铆as para que puedan efectuar las alegaciones complementarias que estimen oportunas.
1. Presentada la demanda, el Secretario judicial dar谩 traslado de la misma, con entrega del expediente administrativo, a las partes demandadas que hubieran comparecido, para que la contesten en el plazo de veinte d铆as. Si la demanda se hubiere formalizado sin haberse recibido el expediente administrativo, emplazar谩 a la Administraci贸n demandada para contestar, apercibi茅ndola de que no se admitir谩 la contestaci贸n si no va acompa帽ada de dicho expediente.
2. Si el defensor de la Administraci贸n demandada estima que la disposici贸n o actuaci贸n administrativa recurrida pudiera no ajustarse a Derecho, podr谩 solicitar la suspensi贸n del procedimiento por un plazo de veinte d铆as para comunicar su parecer razonado a aqu茅lla. El Secretario judicial, previa audiencia del demandante, acordar谩 lo procedente.
3. La contestaci贸n se formular谩 primero por la Administraci贸n demandada. Cuando hubieren de hacerlo, adem谩s de la Administraci贸n, otros demandados, y aunque no actuaren bajo una misma direcci贸n, la contestaci贸n se formular谩 simult谩neamente por todos ellos. En este caso no habr谩 lugar a la entrega del expediente administrativo, que ser谩 puesto de manifiesto en la Oficina judicial, pero s铆 de la copia del mismo, con los gastos a cargo de estos demandados.
4. Si la Administraci贸n demandada fuere una entidad local y no se hubiere personado en el proceso pese a haber sido emplazada, se le dar谩 no obstante traslado de la demanda para que, en el plazo de veinte d铆as, pueda designar representante en juicio o comunicar al 贸rgano judicial, por escrito, los fundamentos por los que estimare improcedente la pretensi贸n del actor.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 54
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Presentada la demanda, se dar谩 traslado de la misma, con entrega del expediente administrativo, a las partes demandadas que hubieran comparecido, para que la contesten en el plazo de veinte d铆as. Si la demanda se hubiere formalizado sin haberse recibido el expediente administrativo, se emplazar谩 a la Administraci贸n demandada para contestar, apercibi茅ndola de que no se admitir谩 la contestaci贸n si no va acompa帽ada de dicho expediente.
2. Si el defensor de la Administraci贸n demandada estima que la disposici贸n o actuaci贸n administrativa recurrida pudiera no ajustarse a Derecho, podr谩 solicitar la suspensi贸n del procedimiento por un plazo de veinte d铆as para comunicar su parecer razonado a aqu茅lla.
3. La contestaci贸n se formular谩 primero por la Administraci贸n demandada.
Cuando hubieren de hacerlo, adem谩s de la Administraci贸n, otros demandados, y aunque no actuaren bajo una misma direcci贸n, la contestaci贸n se formular谩 simult谩neamente por todos ellos. En este caso no habr谩 lugar a la entrega del expediente administrativo, que ser谩 puesto de manifiesto en la Secretar铆a, pero s铆 de la copia del mismo, con los gastos a cargo de estos demandados.
4. Si la Administraci贸n demandada fuere una Entidad local y no se hubiere personado en el proceso pese a haber sido emplazada, se le dar谩 no obstante traslado de la demanda para que, en el plazo de veinte d铆as, pueda designar representante en juicio o comunicar al Juez o Tribunal, por escrito, los fundamentos por los que estimare improcedente la pretensi贸n del actor.
1. Si las partes estimasen que el expediente administrativo no est谩 completo, podr谩n solicitar, dentro del plazo para formular la demanda o la contestaci贸n, que se reclamen los antecedentes para completarlo.
2. La solicitud a que se refiere el apartado anterior suspender谩 el curso del plazo correspondiente.
3. El Secretario judicial resolver谩 lo pertinente en el plazo de tres d铆as. La Administraci贸n, al remitir de nuevo el expediente, deber谩 indicar en el 铆ndice a que se refiere el art铆culo 48.4 los documentos que se han adicionado.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 3 del art铆culo 55
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Si las partes estimasen que el expediente administrativo no est谩 completo, podr谩n solicitar, dentro del plazo para formular la demanda o la contestaci贸n, que se reclamen los antecedentes para completarlo.
2. La solicitud a que se refiere el apartado anterior suspender谩 el curso del plazo correspondiente.
3. El Juzgado o Sala resolver谩 lo pertinente en el plazo de tres d铆as. La Administraci贸n, al remitir de nuevo el expediente, deber谩 indicar en el 铆ndice a que se refiere el art铆culo 48.4 los documentos que se han adicionado.
1. En los escritos de demanda y de contestaci贸n se consignar谩n con la debida separaci贸n los hechos, los fundamentos de Derecho y las pretensiones que se deduzcan, en justificaci贸n de las cuales podr谩n alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administraci贸n.
2. El Secretario judicial examinar谩 de oficio la demanda y requerir谩 que se subsanen las faltas de que adolezca en plazo no superior a diez d铆as. Realizada la subsanaci贸n, admitir谩 la demanda. En otro caso, dar谩 cuenta al Juez para que resuelva lo que proceda sobre su admisi贸n.
3. Con la demanda y la contestaci贸n las partes acompa帽ar谩n los documentos en que directamente funden su derecho, y si no obraren en su poder, designar谩n el archivo, oficina, protocolo o persona en cuyo poder se encuentren.
4. Despu茅s de la demanda y contestaci贸n no se admitir谩n a las partes m谩s documentos que los
que se hallen en alguno de los casos previstos para el proceso civil. No obstante, el demandante podr谩 aportar, adem谩s, los documentos que tengan por objeto desvirtuar alegaciones contenidas en las contestaciones a la demanda y que pongan de manifiesto disconformidad en los hechos, antes de la citaci贸n de vista o conclusiones.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 56
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. En los escritos de demanda y de contestaci贸n se consignar谩n con la debida separaci贸n los hechos, los fundamentos de Derecho y las pretensiones que se deduzcan, en justificaci贸n de las cuales podr谩n alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administraci贸n.
2. El Juzgado o Tribunal examinar谩 de oficio la demanda y requerir谩 que se subsanen las faltas de que adolezca en plazo no superior a diez d铆as.
Si la subsanaci贸n no se efectuara en tiempo, se ordenar谩 el archivo de las actuaciones.
3. Con la demanda y la contestaci贸n las partes acompa帽ar谩n los documentos en que directamente funden su derecho, y si no obraren en su poder, designar谩n el archivo, oficina, protocolo o persona en cuyo poder se encuentren.
4. Despu茅s de la demanda y contestaci贸n no se admitir谩n a las partes m谩s documentos que los
que se hallen en alguno de los casos previstos para el proceso civil. No obstante, el demandante podr谩 aportar, adem谩s, los documentos que tengan por objeto desvirtuar alegaciones contenidas en las contestaciones a la demanda y que pongan de manifiesto disconformidad en los hechos, antes de la citaci贸n de vista o conclusiones.
El Secretario judicial declarar谩 concluso el pleito, sin m谩s tr谩mite, para sentencia una vez contestada la demanda, salvo que el Juez o Tribunal haga uso de la facultad que le atribuye el art铆culo 61 en los siguientes supuestos:
1.潞 Si el actor pide por otros铆 en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista o conclusiones y la parte demandada no se opone.
2.潞 Si en los escritos de demanda y contestaci贸n no se solicita el recibimiento a prueba ni los tr谩mites de vista o conclusiones, salvo que el Juez o Tribunal, excepcionalmente, atendida la 铆ndole del asunto, acuerde la celebraci贸n de vista o la formulaci贸n de conclusiones escritas.
En los dos supuestos anteriores, si el demandado solicita la inadmisi贸n del recurso, se dar谩 traslado al demandante para que en el plazo de cinco d铆as formule las alegaciones que estime procedentes sobre la posible causa de inadmisi贸n, y seguidamente se declarar谩 concluso el pleito.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 57
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
El actor podr谩 pedir por otros铆 en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista o conclusiones. Si la parte demandada no se opone, el pleito ser谩 declarado concluso, sin m谩s tr谩mites, para sentencia una vez contestada la demanda, salvo que el Juez o Tribunal haga uso de la facultad que le atribuye el art铆culo 61.
SECCI脫N 5.陋-Alegaciones previas
1. Las partes demandadas podr谩n alegar, dentro de los primeros cinco d铆as del plazo para contestar la demanda, los motivos que pudieren determinar la incompetencia del 贸rgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso con arreglo a lo dispuesto en el art铆culo 69, sin perjuicio de que tales motivos, salvo la incompetencia del 贸rgano jurisdiccional, puedan ser alegados en la contestaci贸n, incluso si hubiesen sido desestimados como alegaci贸n previa.
2. Para hacer uso de este tr谩mite la Administraci贸n demandada habr谩 de acompa帽ar el expediente administrativo si no lo hubiera remitido antes.
1. Del escrito formulando alegaciones previas el Secretario judicial dar谩 traslado por cinco d铆as al actor, el cual podr谩 subsanar el defecto, si procediera, en el plazo de diez d铆as.
2. Evacuado el traslado, se seguir谩 la tramitaci贸n prevista para los incidentes.
3. El auto desestimatorio de las alegaciones previas no ser谩 susceptible de recurso y dispondr谩 que se conteste la demanda en el plazo que reste.
4. El auto estimatorio de las alegaciones previas declarar谩 la inadmisibilidad del recurso y, una vez firme, el Secretario judicial ordenar谩 la devoluci贸n del expediente administrativo a la oficina de donde procediere. Si se hubiere declarado la falta de jurisdicci贸n o de competencia, se estar谩 a lo que determinan los art铆culos 5.潞 3 y 7.潞 3.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 1 y 4 del art铆culo 59
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Del escrito formulando alegaciones previas se dar谩 traslado por cinco d铆as al actor, el cual podr谩 subsanar el defecto, si procediera, en el plazo de diez d铆as.
2. Evacuado el traslado, se seguir谩 la tramitaci贸n prevista para los incidentes.
3. El auto desestimatorio de las alegaciones previas no ser谩 susceptible de recurso y dispondr谩 que se conteste la demanda en el plazo que reste.
4. Una vez firme el auto estimatorio de las alegaciones previas, se declarar谩 la inadmisibilidad del recurso y se ordenar谩 la devoluci贸n del expediente administrativo a la oficina de donde procediere. Si se hubiere declarado la falta de jurisdicci贸n o de competencia, se estar谩 a lo que determinan los art铆culos 5.3 y 7.3.
1. Solamente se podr谩 pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otros铆, en los escritos de demanda y contestaci贸n y en los de alegaciones complementarias. En dichos escritos deber谩n expresarse en forma ordenada los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba y los medios de prueba que se propongan.
2. Si de la contestaci贸n a la demanda resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resoluci贸n del pleito, el recurrente podr谩 pedir el recibimiento a prueba y expresar los medios de prueba que se propongan dentro de los cinco d铆as siguientes a aquel en que se haya dado traslado de la misma, sin perjuicio de que pueda hacer uso de su derecho a aportar documentos conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del art铆culo 56.
3. Se recibir谩 el proceso a prueba cuando exista disconformidad en los hechos y 茅stos fueran de trascendencia, a juicio del 贸rgano jurisdiccional, para la resoluci贸n del pleito. Si el objeto del recurso fuera una sanci贸n administrativa o disciplinaria, el proceso se recibir谩 siempre a prueba cuando exista disconformidad en los hechos.
4. La prueba se desarrollar谩 con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil, siendo el plazo para practicarla de treinta d铆as. No obstante, se podr谩n aportar al proceso las pruebas practicadas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte que las propuso.
5. Las Salas podr谩n delegar en uno de sus Magistrados o en un Juzgado de lo Contencioso-administrativo la pr谩ctica de todas o algunas de las diligencias probatorias, y el representante en autos de la Administraci贸n podr谩, a su vez, delegar en un funcionario p煤blico de la misma la facultad de intervenir en la pr谩ctica de pruebas.
6. En el acto de emisi贸n de la prueba pericial, el Juez otorgar谩, a petici贸n de cualquiera de las partes, un plazo no superior a cinco d铆as para que las partes puedan solicitar aclaraciones al dictamen emitido.
7. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por raz贸n del sexo, corresponder谩 al demandado probar la ausencia de discriminaci贸n en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.
A los efectos de lo dispuesto en el p谩rrafo anterior, el 贸rgano judicial, a instancia de parte, podr谩 recabar, si lo estimase 煤til y pertinente, informe o dictamen de los organismos p煤blicos competentes.
Precepto modificado por Ley 37/2011, de 10 de octubre, con entrada en vigor a partir del 31-10-2011
路 Modificados apartados 1, 2 y 4 del art铆culo 60
Redacci贸n hasta el 31-10-2011
1. Solamente se podr谩 pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otros铆, en los escritos de demanda y contestaci贸n y en los de alegaciones complementarias. En dichos escritos deber谩n expresarse en forma ordenada los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba.
2. Si de la contestaci贸n a la demanda resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resoluci贸n del pleito, el recurrente podr谩 pedir el recibimiento a prueba dentro de los cinco d铆as siguientes a aquel en que se haya dado traslado de la misma, sin perjuicio de que pueda hacer uso de su derecho a aportar documentos conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del art铆culo 56.
3. Se recibir谩 el proceso a prueba cuando exista disconformidad en los hechos y 茅stos fueran de trascendencia, a juicio del 贸rgano jurisdiccional, para la resoluci贸n del pleito. Si el objeto del recurso fuera una sanci贸n administrativa o disciplinaria, el proceso se recibir谩 siempre a prueba cuando exista disconformidad en los hechos.
4. La prueba se desarrollar谩 con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil, si bien el plazo ser谩 de quince d铆as para proponer y treinta para practicar. No obstante, se podr谩n aportar al proceso las pruebas practicadas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte que las propuso.
5. Las Salas podr谩n delegar en uno de sus Magistrados o en un Juzgado de lo Contencioso-administrativo la pr谩ctica de todas o algunas de las diligencias probatorias, y el representante en autos de la Administraci贸n podr谩, a su vez, delegar en un funcionario p煤blico de la misma la facultad de intervenir en la pr谩ctica de pruebas.
6. En el acto de emisi贸n de la prueba pericial, el Juez otorgar谩, a petici贸n de cualquiera de las partes, un plazo no superior a cinco d铆as para que las partes puedan solicitar aclaraciones al dictamen emitido.
7. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por raz贸n del sexo, corresponder谩 al demandado probar la ausencia de discriminaci贸n en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.
A los efectos de lo dispuesto en el p谩rrafo anterior, el 贸rgano judicial, a instancia de parte, podr谩 recabar, si lo estimase 煤til y pertinente, informe o dictamen de los organismos p煤blicos competentes.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 2 y 6 del art铆culo 60
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Solamente se podr谩 pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otros铆, en los escritos de demanda y contestaci贸n y en los de alegaciones complementarias. En dichos escritos deber谩n expresarse en forma ordenada los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba.
2. Si de la contestaci贸n a la demanda resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resoluci贸n del pleito, el recurrente podr谩 pedir el recibimiento a prueba dentro de los tres d铆as siguientes a aquel en que se haya dado traslado de la misma, sin perjuicio de que pueda hacer uso de su derecho a aportar documentos conforme a lo dispuesto en el art铆culo 56.4.
3. Se recibir谩 el proceso a prueba cuando exista disconformidad en los hechos y 茅stos fueran de trascendencia, a juicio del 贸rgano jurisdiccional, para la resoluci贸n del pleito. Si el objeto del recurso fuera una sanci贸n administrativa o disciplinaria, el proceso se recibir谩 siempre a prueba cuando exista disconformidad en los hechos.
4. La prueba se desarrollar谩 con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil, si bien el plazo ser谩 de quince d铆as para proponer y treinta para practicar. No obstante, se podr谩n aportar al proceso las pruebas practicadas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte que las propuso.
5. Las Salas podr谩n delegar en uno de sus Magistrados o en un Juzgado de lo Contencioso-administrativo la pr谩ctica de todas o algunas de las diligencias probatorias, y el representante en autos de la Administraci贸n podr谩, a su vez, delegar en un funcionario p煤blico de la misma la facultad de intervenir en la pr谩ctica de pruebas.
6. En el acto de emisi贸n de la prueba pericial el juez otorgar谩, a petici贸n de cualquiera de las partes, un plazo no superior a tres d铆as para que las partes puedan solicitar aclaraciones al dictamen emitido.
7. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por raz贸n del sexo, corresponder谩 al demandado probar la ausencia de discriminaci贸n en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.
A los efectos de lo dispuesto en el p谩rrafo anterior, el 贸rgano judicial, a instancia de parte, podr谩 recabar, si lo estimase 煤til y pertinente, informe o dictamen de los organismos p煤blicos competentes.
Precepto modificado por LO 3/2007, de 22 de marzo, con entrada en vigor a partir del 24-3-2007
路 A帽adido apartado 7 del art铆culo 60
Redacci贸n hasta el 24-3-2007
1. Solamente se podr谩 pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otros铆, en los escritos de demanda y contestaci贸n y en los de alegaciones complementarias. En dichos escritos deber谩n expresarse en forma ordenada los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba.
2. Si de la contestaci贸n a la demanda resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resoluci贸n del pleito, el recurrente podr谩 pedir el recibimiento a prueba dentro de los tres d铆as siguientes a aquel en que se haya dado traslado de la misma, sin perjuicio de que pueda hacer uso de su derecho a aportar documentos conforme a lo dispuesto en el art铆culo 56.4.
3. Se recibir谩 el proceso a prueba cuando exista disconformidad en los hechos y 茅stos fueran de trascendencia, a juicio del 贸rgano jurisdiccional, para la resoluci贸n del pleito. Si el objeto del recurso fuera una sanci贸n administrativa o disciplinaria, el proceso se recibir谩 siempre a prueba cuando exista disconformidad en los hechos.
4. La prueba se desarrollar谩 con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil, si bien el plazo ser谩 de quince d铆as para proponer y treinta para practicar. No obstante, se podr谩n aportar al proceso las pruebas practicadas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte que las propuso.
5. Las Salas podr谩n delegar en uno de sus Magistrados o en un Juzgado de lo Contencioso-administrativo la pr谩ctica de todas o algunas de las diligencias probatorias, y el representante en autos de la Administraci贸n podr谩, a su vez, delegar en un funcionario p煤blico de la misma la facultad de intervenir en la pr谩ctica de pruebas.
6. En el acto de emisi贸n de la prueba pericial el juez otorgar谩, a petici贸n de cualquiera de las partes, un plazo no superior a tres d铆as para que las partes puedan solicitar aclaraciones al dictamen emitido.
1. El Juez o Tribunal podr谩 acordar de oficio el recibimiento a prueba y disponer la pr谩ctica de cuantas estime pertinentes para la m谩s acertada decisi贸n del asunto.
2. Finalizado el per铆odo de prueba, y hasta que el pleito sea declarado concluso para sentencia, el 贸rgano jurisdiccional podr谩 tambi茅n acordar la pr谩ctica de cualquier diligencia de prueba que estimare necesaria.
3. Las partes tendr谩n intervenci贸n en las pruebas que se practiquen al amparo de lo previsto en los dos apartados anteriores.
4. Si el Juez o Tribunal hiciere uso de su facultad de acordar de oficio la pr谩ctica de una prueba, y las partes carecieran de oportunidad para alegar sobre ello en la vista o en el escrito de conclusiones, el Secretario judicial pondr谩 de manifiesto el resultado de la prueba a las partes, las cuales podr谩n, en el plazo de cinco d铆as, alegar cuanto estimen conveniente acerca de su alcance e importancia.
5. El juez podr谩 acordar de oficio, previa audiencia a las partes, o bien a instancia de las mismas la extensi贸n de los efectos de las pruebas periciales a los procedimientos conexos. A los efectos de la aplicaci贸n de las normas sobre costas procesales en relaci贸n al coste de estas pruebas se entender谩 que son partes todos los intervinientes en los procesos sobre los cuales se haya acordado la extensi贸n de sus efectos, prorrate谩ndose su coste entre los obligados en dichos procesos al pago de las costas.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 4 del art铆culo 61
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. El Juez o Tribunal podr谩 acordar de oficio el recibimiento a prueba y disponer la pr谩ctica de cuantas estime pertinentes para la m谩s acertada decisi贸n del asunto.
2. Finalizado el per铆odo de prueba, y hasta que el pleito sea declarado concluso para sentencia, el 贸rgano jurisdiccional podr谩 tambi茅n acordar la pr谩ctica de cualquier diligencia de prueba que estimare necesaria.
3. Las partes tendr谩n intervenci贸n en las pruebas que se practiquen al amparo de lo previsto en los dos apartados anteriores.
4. Si el Juez o Tribunal hiciere uso de su facultad de acordar de oficio la pr谩ctica de una prueba, y las partes carecieran de oportunidad para alegar sobre ello en la vista o en el escrito de conclusiones, el resultado de la prueba se pondr谩 de manifiesto a las partes, las cuales podr谩n, en el plazo de tres d铆as, alegar cuanto estimen conveniente acerca de su alcance e importancia.
5. El juez podr谩 acordar de oficio, previa audiencia a las partes, o bien a instancia de las mismas la extensi贸n de los efectos de las pruebas periciales a los procedimientos conexos. A los efectos de la aplicaci贸n de las normas sobre costas procesales en relaci贸n al coste de estas pruebas se entender谩 que son partes todos los intervinientes en los procesos sobre los cuales se haya acordado la extensi贸n de sus efectos, prorrate谩ndose su coste entre los obligados en dichos procesos al pago de las costas.
1. Salvo que en esta Ley se disponga otra cosa, las partes podr谩n solicitar que se celebre vista, que se presenten conclusiones o que el pleito sea declarado concluso, sin m谩s tr谩mites, para sentencia.
2. Dicha solicitud habr谩 de formularse por medio de otros铆 en los escritos de demanda o contestaci贸n o por escrito presentado en el plazo de cinco d铆as contados desde que se notifique la diligencia de ordenaci贸n declarando concluso el per铆odo de prueba.
3. El Secretario judicial proveer谩 seg煤n lo que coincidentemente hayan solicitado las partes. En otro caso, s贸lo acordar谩 la celebraci贸n de vista o la formulaci贸n de conclusiones escritas cuando lo solicite el demandante o cuando, habi茅ndose practicado prueba, lo solicite cualquiera de las partes; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del art铆culo 61.
4. Si las partes no hubieran formulado solicitud alguna el Juez o Tribunal, excepcionalmente, atendida la 铆ndole del asunto, podr谩 acordar la celebraci贸n de vista o la formulaci贸n de conclusiones escritas.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 2 y 3 del art铆culo 62
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Salvo que en esta Ley se disponga otra cosa, las partes podr谩n solicitar que se celebre vista, que se presenten conclusiones o que el pleito sea declarado concluso, sin m谩s tr谩mites, para sentencia.
2. Dicha solicitud habr谩 de formularse por medio de otros铆 en los escritos de demanda o contestaci贸n o por escrito presentado en el plazo de tres d铆as contados desde que se notifique la diligencia de ordenaci贸n declarando concluso el per铆odo de prueba.
3. El Juzgado o Tribunal proveer谩 seg煤n lo que coincidentemente hayan solicitado las partes. En otro caso, s贸lo acordar谩 la celebraci贸n de vista o la formulaci贸n de conclusiones escritas cuando lo solicite el demandante o cuando, habi茅ndose practicado prueba, lo solicite cualquiera de las partes; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del art铆culo 61.
4. Si las partes no hubieran formulado solicitud alguna el Juez o Tribunal, excepcionalmente, atendida la 铆ndole del asunto, podr谩 acordar la celebraci贸n de vista o la formulaci贸n de conclusiones escritas.
1. Si se acordara la celebraci贸n de vista, el Secretario judicial se帽alar谩 la fecha de la audiencia por riguroso orden de antig眉edad de los asuntos, excepto los referentes a materias que por prescripci贸n de la ley o por acuerdo motivado del 贸rgano jurisdiccional, fundado en circunstancias excepcionales, deban tener preferencia, los cuales, estando conclusos, podr谩n ser antepuestos a los dem谩s cuyo se帽alamiento a煤n no se hubiera hecho. En el se帽alamiento de las vistas el Secretario judicial atender谩 asimismo a los criterios establecidos en el art铆culo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. En el acto de la vista, se dar谩 la palabra a las partes por su orden para que de forma sucinta expongan sus alegaciones. El Juez o el Presidente de la Sala, por s铆 o a trav茅s del Magistrado ponente, podr谩 invitar a los defensores de las partes, antes o despu茅s de los informes orales, a que concreten los hechos y puntualicen, aclaren o rectifiquen cuanto sea preciso para delimitar el objeto de debate.
3. El desarrollo de la vista se registrar谩 en soporte apto para la grabaci贸n y reproducci贸n del sonido y de la imagen. El Secretario judicial deber谩 custodiar el documento electr贸nico que sirva de soporte a la grabaci贸n. Las partes podr谩n pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.
4. Siempre que se cuente con los medios tecnol贸gicos necesarios, el Secretario judicial garantizar谩 la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilizaci贸n de la firma electr贸nica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garant铆as. En este caso, la celebraci贸n del acto no requerir谩 la presencia en la sala del Secretario judicial, salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos d铆as antes de la celebraci贸n de la vista, o que excepcionalmente el Secretario judicial lo considere necesario, atendiendo a la complejidad del asunto, al n煤mero y naturaleza de las pruebas a practicar, al n煤mero de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen, supuesto en el cual el Secretario judicial extender谩 acta sucinta en los t茅rminos previstos en el apartado siguiente.
5. Si los mecanismos de garant铆a previstos en el apartado anterior no se pudiesen utilizar, el Secretario judicial deber谩 consignar en el acta los siguientes extremos: n煤mero y clase de procedimiento; lugar y fecha de celebraci贸n; tiempo de duraci贸n, asistentes al acto; alegaciones de las partes; resoluciones que adopte el Juez o Tribunal; as铆 como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte. A este acta se incorporar谩n los soportes de la grabaci贸n de las sesiones.
6. Cuando los medios de registro previstos en este art铆culo no se pudiesen utilizar por cualquier causa, el Secretario judicial extender谩 acta de cada sesi贸n, recogiendo en ella, con la extensi贸n y detalle necesarios, las alegaciones de las partes, las incidencias y reclamaciones producidas y las resoluciones adoptadas.
7. El acta prevista en los apartados 5 y 6 de este art铆culo, se extender谩 por procedimientos inform谩ticos, sin que pueda ser manuscrita m谩s que en las ocasiones en que la sala en que se est茅 celebrando la actuaci贸n careciera de medios inform谩ticos. En estos casos, al terminar la sesi贸n el Secretario judicial leer谩 el acta, haciendo en ella las rectificaciones que las partes reclamen, si las estima procedentes. Este acta se firmar谩 por el Secretario judicial tras el Juez o Presidente, las partes, sus representantes o defensores y los peritos, en su caso.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 63
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Si se acordara la celebraci贸n de vista, la fecha de la audiencia ser谩 se帽alada por riguroso orden de antig眉edad de los asuntos, excepto los referentes a materias que por prescripci贸n de la Ley o por acuerdo motivado del 贸rgano jurisdiccional, fundado en circunstancias excepcionales, deban tener preferencia, los cuales, estando conclusos, podr谩n ser antepuestos a los dem谩s cuyo se帽alamiento a煤n no se hubiera hecho.
2. En el acto de la vista, se dar谩 la palabra a las partes por su orden para que de forma sucinta expongan sus alegaciones. El Juez o el Presidente de la Sala, por s铆 o a trav茅s del Magistrado ponente, podr谩 invitar a los defensores de las partes, antes o despu茅s de los informes orales, a que concreten los hechos y puntualicen, aclaren o rectifiquen cuanto sea preciso para delimitar el objeto del debate.
1. Cuando se acuerde el tr谩mite de conclusiones, las partes presentar谩n unas alegaciones sucintas acerca de los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jur铆dicos en que apoyen sus pretensiones.
2. El plazo para formular el escrito ser谩 de diez d铆as sucesivos para los demandantes y demandados, siendo simult谩neo para cada uno de estos grupos de partes si en alguno de ellos hubiere comparecido m谩s de una persona y no actuaran unidos bajo una misma representaci贸n.
3. El se帽alamiento de d铆a para votaci贸n y fallo se ajustar谩 al orden expresado en el apartado 1 del art铆culo anterior.
4. Celebrada la vista o presentadas las conclusiones, el Juez o Tribunal declarar谩 que el pleito ha quedado concluso para sentencia, salvo que haga uso de la facultad a que se refiere el apartado 2 del art铆culo 61, en cuyo caso dicha declaraci贸n se har谩 inmediatamente despu茅s de que finalice la pr谩ctica de la diligencia o diligencias de prueba acordadas.
1. En el acto de la vista o en el escrito de conclusiones no podr谩n plantearse cuestiones que no hayan sido suscitadas en los escritos de demanda y contestaci贸n.
2. Cuando el Juez o Tribunal juzgue oportuno que en el acto de la vista o en las conclusiones se traten motivos relevantes para el fallo y distintos de los alegados, lo pondr谩 en conocimiento de las partes mediante providencia, d谩ndoles plazo de diez d铆as para ser o铆das sobre ello. Contra esta providencia no cabr谩 recurso alguno.
3. En el acto de la vista, o en el escrito de conclusiones, el demandante podr谩 solicitar que la sentencia formule pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuant铆a de los da帽os y perjuicios de cuyo resarcimiento se trate, si constasen ya probados en autos.
Los recursos directos contra disposiciones generales gozar谩n de preferencia y, una vez conclusos, ser谩n antepuestos para su votaci贸n y fallo a cualquier otro recurso contencioso-administrativo, sea cual fuere su instancia o grado, salvo el proceso especial de protecci贸n de derechos fundamentales.
1. La sentencia se dictar谩 en el plazo de diez d铆as desde que el pleito haya sido declarado concluso y decidir谩 todas las cuestiones controvertidas en el proceso.
2. Cuando el Juez o Tribunal apreciase que la sentencia no podr谩 dictarse dentro del plazo indicado, lo razonar谩 debidamente y se帽alar谩 una fecha posterior concreta en la que se dictar谩 la misma, notific谩ndolo a las partes.
1. La sentencia pronunciar谩 alguno de los fallos siguientes:
a) Inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo.
b) Estimaci贸n o desestimaci贸n del recurso contencioso-administrativo.
2. La sentencia contendr谩 adem谩s el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas.
La sentencia declarar谩 la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones en los casos siguientes:
a) Que el Juzgado o Tribunal Contencioso-Administrativo carezca de jurisdicci贸n.
b) Que se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada.
c) Que tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnaci贸n.
d) Que recayera sobre cosa juzgada o existiera litispendencia.
e) Que se hubiera presentado el escrito inicial del recurso fuera del plazo establecido.
1. La sentencia desestimar谩 el recurso cuando se ajusten a Derecho la disposici贸n, acto o actuaci贸n impugnados.
2. La sentencia estimar谩 el recurso contencioso-administrativo cuando la disposici贸n, la actuaci贸n o el acto incurrieran en cualquier infracci贸n del ordenamiento jur铆dico, incluso la desviaci贸n de poder.
Se entiende por desviaci贸n de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jur铆dico.
1. Cuando la sentencia estimase el recurso contencioso-administrativo:
a) Declarar谩 no ser conforme a Derecho y, en su caso, anular谩 total o parcialmente la disposici贸n o acto recurrido o dispondr谩 que cese o se modifique la actuaci贸n impugnada.
b) Si se hubiese pretendido el reconocimiento y restablecimiento de una situaci贸n jur铆dica individualizada, reconocer谩 dicha situaci贸n jur铆dica y adoptar谩 cuantas medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento de la misma.
c) Si la medida consistiera en la emisi贸n de un acto o en la pr谩ctica de una actuaci贸n jur铆dicamente obligatoria, la sentencia podr谩 establecer plazo para que se cumpla el fallo.
d) Si fuera estimada una pretensi贸n de resarcir da帽os y perjuicios, se declarar谩 en todo caso el derecho a la reparaci贸n, se帽alando asimismo qui茅n viene obligado a indemnizar. La sentencia fijar谩 tambi茅n la cuant铆a de la indemnizaci贸n cuando lo pida expresamente el demandante y consten probados en autos elementos suficientes para ello. En otro caso, se establecer谩n las bases para la determinaci贸n de la cuant铆a, cuya definitiva concreci贸n quedar谩 diferida al per铆odo de ejecuci贸n de sentencia.
2. Los 贸rganos jurisdiccionales no podr谩n determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposici贸n general en sustituci贸n de los que anularen ni podr谩n determinar el contenido discrecional de los actos anulados.
1. La sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimaci贸n del recurso contencioso-administrativo s贸lo producir谩 efectos entre las partes.
2. La anulaci贸n de una disposici贸n o acto producir谩 efectos para todas las personas afectadas. Las sentencias firmes que anulen una disposici贸n general tendr谩n efectos generales desde el d铆a en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo peri贸dico oficial en que lo hubiera sido la disposici贸n anulada. Tambi茅n se publicar谩n las sentencias firmes que anulen un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas.
3. La estimaci贸n de pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de una situaci贸n jur铆dica individualizada s贸lo producir谩 efectos entre las partes. No obstante, tales efectos podr谩n extenderse a terceros en los t茅rminos previstos en los art铆culos 110 y 111.
Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposici贸n general no afectar谩n por s铆 mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulaci贸n alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulaci贸n del precepto supusiera la exclusi贸n o la reducci贸n de las sanciones a煤n no ejecutadas completamente.
SECCI脫N 9.陋-Otros modos de terminaci贸n del procedimiento
1. El recurrente podr谩 desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia.
2. Para que el desistimiento del representante en juicio produzca efectos ser谩 necesario que lo ratifique el recurrente o que est茅 autorizado para ello. Si desistiere la Administraci贸n p煤blica, habr谩 de presentarse testimonio del acuerdo adoptado por el 贸rgano competente con arreglo a los requisitos exigidos por las leyes o reglamentos respectivos.
3. El Secretario judicial dar谩 traslado a las dem谩s partes, y en los supuestos de acci贸n popular al Ministerio Fiscal, por plazo com煤n de cinco d铆as Si prestaren su conformidad al desistimiento o no se opusieren a 茅l, dictar谩 decreto en el que declarar谩 terminado el procedimiento, ordenando el archivo de los autos y la devoluci贸n del expediente administrativo a la oficina de procedencia.
4. En otro caso, o cuando apreciare da帽o para el inter茅s p煤blico, dar谩 cuenta al Juez o Tribunal para que resuelva lo que proceda.
5. Si fueren varios los recurrentes, el procedimiento continuar谩 respecto de aquellos que no hubieren desistido.
6. El desistimiento no implicar谩 necesariamente la condena en costas.
7. Cuando se hubiera desistido del recurso porque la Administraci贸n demandada hubiera reconocido totalmente en v铆a administrativa las pretensiones del demandante, y despu茅s la Administraci贸n dictase un nuevo acto total o parcialmente revocatorio del reconocimiento, el actor podr谩 pedir que contin煤e el procedimiento en el estado en que se encontrase, extendi茅ndose al acto revocatorio. Si el Juez o Tribunal lo estimase conveniente, conceder谩 a las partes un plazo com煤n de diez d铆as para que formulen por escrito alegaciones complementarias sobre la revocaci贸n.
8. Desistido un recurso de apelaci贸n o de casaci贸n, el Secretario judicial sin m谩s tr谩mites declarar谩 terminado el procedimiento por decreto, ordenando el archivo de los autos y la devoluci贸n de las actuaciones recibidas al 贸rgano jurisdiccional de procedencia.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 3, 4 y 8 del art铆culo 74
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. El recurrente podr谩 desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia.
2. Para que el desistimiento del representante en juicio produzca efectos ser谩 necesario que lo ratifique el recurrente o que est茅 autorizado para ello. Si desistiere la Administraci贸n p煤blica, habr谩 de presentarse testimonio del acuerdo adoptado por el 贸rgano competente con arreglo a los requisitos exigidos por las leyes o reglamentos respectivos.
3. El Juez o Tribunal oir谩 a las dem谩s partes, y en los supuestos de acci贸n popular al Ministerio Fiscal, por plazo com煤n de cinco d铆as, y dictar谩 auto en el que declarar谩 terminado el procedimiento, ordenando el archivo de los autos y la devoluci贸n del expediente administrativo a la oficina de procedencia.
4. El Juez o Tribunal no aceptar谩 el desistimiento si se opusiere la Administraci贸n o en su caso el Ministerio Fiscal, y podr谩 rechazarlo razonadamente cuando apreciare da帽o para el inter茅s p煤blico.
5. Si fueren varios los recurrentes, el procedimiento continuar谩 respecto de aquellos que no hubieren desistido.
6. El desistimiento no implicar谩 necesariamente la condena en costas.
7. Cuando se hubiera desistido del recurso porque la Administraci贸n demandada hubiera reconocido totalmente en v铆a administrativa las pretensiones del demandante, y despu茅s la Administraci贸n dictase un nuevo acto total o parcialmente revocatorio del reconocimiento, el actor podr谩 pedir que contin煤e el procedimiento en el estado en que se encontrase, extendi茅ndose al acto revocatorio. Si el Juez o Tribunal lo estimase conveniente, conceder谩 a las partes un plazo com煤n de diez d铆as para que formulen por escrito alegaciones complementarias sobre la revocaci贸n.
8. Desistido un recurso de apelaci贸n o de casaci贸n, el Tribunal sin m谩s tr谩mites dictar谩 auto en el que declarar谩 terminado el procedimiento, ordenando el archivo de los autos y la devoluci贸n de las actuaciones recibidas al 贸rgano jurisdiccional de procedencia.
1. Los demandados podr谩n allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 del art铆culo anterior.
2. Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin m谩s tr谩mites, dictar谩 sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracci贸n manifiesta del ordenamiento jur铆dico, en cuyo caso el 贸rgano jurisdiccional comunicar谩 a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimaci贸n de las pretensiones y las oir谩 por plazo com煤n de diez d铆as, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho.
3. Si fueren varios los demandados, el procedimiento seguir谩 respecto de aquellos que no se hubiesen allanado.
1. Si interpuesto recurso contencioso-administrativo la Administraci贸n demandada reconociese totalmente en v铆a administrativa las pretensiones del demandante, cualquiera de las partes podr谩 ponerlo en conocimiento del Juez o Tribunal, cuando la Administraci贸n no lo hiciera.
2. El Secretario judicial mandar谩 o铆r a las partes por plazo com煤n de cinco d铆as y, previa comprobaci贸n de lo alegado, el Juez o Tribunal dictar谩 auto en el que declarar谩 terminado el procedimiento y ordenar谩 el archivo del recurso y la devoluci贸n del expediente administrativo, si el reconocimiento no infringiera manifiestamente el ordenamiento jur铆dico. En este 煤ltimo caso dictar谩 sentencia ajustada a Derecho.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 76
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Si interpuesto recurso contencioso-administrativo la Administraci贸n demandada reconociese totalmente en v铆a administrativa las pretensiones del demandante, cualquiera de las partes podr谩 ponerlo en conocimiento del Juez o Tribunal, cuando la Administraci贸n no lo hiciera.
2. El Juez o Tribunal oir谩 a las partes por plazo com煤n de cinco d铆as y, previa comprobaci贸n de lo alegado, dictar谩 auto en el que declarar谩 terminado el procedimiento y ordenar谩 el archivo del recurso y la devoluci贸n del expediente administrativo, si el reconocimiento no infringiera manifiestamente el ordenamiento jur铆dico. En este 煤ltimo caso dictar谩 sentencia ajustada a Derecho.
1. En los procedimientos en primera o 煤nica instancia el Juez o Tribunal, de oficio o a solicitud de parte, una vez formuladas la demanda y la contestaci贸n, podr谩 someter a la consideraci贸n de las partes el reconocimiento de hechos o documentos, as铆 como la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia, cuando el juicio se promueva sobre materias susceptibles de transacci贸n y, en particular, cuando verse sobre estimaci贸n de cantidad.
Los representantes de las Administraciones P煤blicas demandadas necesitar谩n la autorizaci贸n oportuna para llevar a efecto la transacci贸n, con arreglo a las normas que regulan la disposici贸n de la acci贸n por parte de los mismos.
2. El intento de conciliaci贸n no suspender谩 el curso de las actuaciones salvo que todas las partes personadas lo solicitasen y podr谩 producirse en cualquier momento anterior al d铆a en que el pleito haya sido declarado concluso para sentencia.
3. Si las partes llegaran a un acuerdo que implique la desaparici贸n de la controversia, el Juez o Tribunal dictar谩 auto declarando terminado el procedimiento, siempre que lo acordado no fuera manifiestamente contrario al ordenamiento jur铆dico ni lesivo del inter茅s p煤blico o de terceros.
CAP脥TULO II-Procedimiento abreviado
1. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de este Orden Jurisdiccional conocen, por el procedimiento abreviado, de los asuntos de su competencia que se susciten sobre cuestiones de personal al servicio de las Administraciones P煤blicas, sobre extranjer铆a y sobre inadmisi贸n de peticiones de asilo pol铆tico, asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, as铆 como todas aquellas cuya cuant铆a no supere los 30.000 euros.
2. El recurso se iniciar谩 por demanda, a la que se acompa帽ar谩 el documento o documentos en que el actor funde su derecho y aqu茅llos previstos en el art铆culo 45.2.
3. Presentada la demanda, el Secretario judicial, apreciada la jurisdicci贸n y competencia objetiva del Tribunal, admitir谩 la demanda. En otro caso, dar谩 cuenta a 茅ste para que resuelva lo que proceda.
Admitida la demanda, el Secretario judicial acordar谩 su traslado al demandado, citando a las partes para la celebraci贸n de vista, con indicaci贸n de d铆a y hora, y requerir谩 a la Administraci贸n demandada que remita el expediente administrativo con al menos quince d铆as de antelaci贸n del t茅rmino se帽alado para la vista. En el se帽alamiento de las vistas atender谩 a los criterios establecidos en el art铆culo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
No obstante, si el actor pide por otros铆 en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista, el Secretario judicial dar谩 traslado de la misma a las partes demandadas para que la contesten en el plazo de veinte d铆as, con el apercibimiento a que se refiere el apartado primero del art铆culo 54. Las partes demandadas podr谩n, dentro de los diez primeros d铆as del plazo para contestar a la demanda, solicitar la celebraci贸n de la vista. En dicho caso el Secretario judicial citar谩 a las partes al acto conforme a lo previsto en el p谩rrafo anterior. En caso contrario, el Secretario judicial proceder谩 de acuerdo con lo dispuesto en el art铆culo 57, declarando concluso el pleito sin m谩s tr谩mite una vez contestada la demanda, salvo que el Juez haga uso de la facultad que le atribuye el art铆culo 61.
4. Recibido el expediente administrativo, el Secretario judicial lo remitir谩 al actor y a los interesados que se hubieren personado para que puedan hacer alegaciones en el acto de la vista.
5. Comparecidas las partes, o alguna de ellas, el Juez declarar谩 abierta la vista.
Si las partes no comparecieren o lo hiciere s贸lo el demandado, el Juez o Tribunal tendr谩 al actor por desistido del recurso y le condenar谩 en costas, y si compareciere s贸lo el actor, acordar谩 que prosiga la vista en ausencia del demandado.
6. La vista comenzar谩 con exposici贸n por el demandante de los fundamentos de lo que pida o ratificaci贸n de los expuestos en la demanda.
7. Acto seguido, el demandado podr谩 formular las alegaciones que a su derecho convengan, comenzando, en su caso, por las cuestiones relativas a la jurisdicci贸n, a la competencia objetiva y territorial y a cualquier otro hecho o circunstancia que pueda obstar a la v谩lida prosecuci贸n y t茅rmino del proceso mediante sentencia sobre el fondo.
8. O铆do el demandante sobre estas cuestiones, el Juez resolver谩 lo que proceda, y si mandase proseguir el juicio, el demandado podr谩 pedir que conste en acta su disconformidad. Lo mismo podr谩 hacer el demandante si el Juez, al resolver sobre alguna de dichas cuestiones, declinara el conocimiento del asunto en favor de otro Juzgado o Tribunal o entendiese que debe declarar la inadmisibilidad del recurso.
9. Si en sus alegaciones el demandado hubiese impugnado la adecuaci贸n del procedimiento por raz贸n de la cuant铆a, el Juez, antes de practicarse la prueba o, en su caso, las conclusiones, exhortar谩 a las partes a ponerse de acuerdo sobre tal extremo. Si no se alcanzare el acuerdo decidir谩 el Juez, que dar谩 al proceso el curso procedimental que corresponda seg煤n la cuant铆a que 茅l determine. Frente a la decisi贸n del Juez no se dar谩 recurso alguno.
10. Si no se suscitasen las cuestiones procesales a que se refieren los apartados anteriores o si, habi茅ndose suscitado, se resolviese por el Juez la continuaci贸n del juicio, se dar谩 la palabra a las partes para fijar con claridad los hechos en que fundamenten sus pretensiones. Si no hubiere conformidad sobre ellos, se propondr谩n las pruebas y, una vez admitidas las que no sean impertinentes o in煤tiles, se practicar谩n seguidamente.
11. Cuando de las alegaciones de las partes se desprenda la conformidad de todos los demandados con las pretensiones del actor, el car谩cter meramente jur铆dico de la controversia, la ausencia de proposici贸n de la prueba o la inadmisibilidad de toda la prueba propuesta, y las partes no deseasen formular conclusiones, el Juez apreciar谩 tal circunstancia en el acto y, si ninguna parte se opusiere, dictar谩 sentencia sin m谩s dilaci贸n.
Formulada oposici贸n, el Juez resolver谩 estim谩ndola, en cuyo caso proseguir谩 la vista conforme a lo reglado en los apartados siguientes, o desestim谩ndola en la misma sentencia que dicte conforme a lo previsto en el p谩rrafo anterior, antes de resolver sobre el fondo, como especial pronunciamiento.
12. Los medios de prueba se practicar谩n en los juicios abreviados, en cuanto no sea incompatible con sus tr谩mites, del modo previsto para el juicio ordinario.
13. Las preguntas para la prueba de interrogatorio de parte se propondr谩n verbalmente, sin admisi贸n de pliegos.
14. No se admitir谩n escritos de preguntas y repreguntas para la prueba testifical. Cuando el n煤mero de testigos fuese excesivo y, a criterio del 贸rgano judicial, sus manifestaciones pudieran constituir in煤til reiteraci贸n del testimonio sobre hechos suficientemente esclarecidos, aqu茅l podr谩 limitarlos discrecionalmente.
15. Los testigos no podr谩n ser tachados y, 煤nicamente en conclusiones, las partes podr谩n hacer las observaciones que sean oportunas respecto de sus circunstancias personales y de la veracidad de sus manifestaciones.
16. En la pr谩ctica de la prueba pericial no ser谩n de aplicaci贸n las reglas generales sobre insaculaci贸n de peritos.
17. Contra las resoluciones del Juez sobre denegaci贸n de pruebas o sobre admisi贸n de las que se denunciaran como obtenidas con violaci贸n de derechos fundamentales, las partes podr谩n interponer en el acto recurso de s煤plica, que se sustanciar谩 y resolver谩 seguidamente.
18. Si el Juez estimase que alguna prueba relevante no puede practicarse en la vista, sin mala fe por parte de quien tuviera la carga de aportarla, la suspender谩, se帽alando el Secretario judicial competente, en el acto y sin necesidad de nueva notificaci贸n, el lugar, d铆a y hora en que deba reanudarse.
19. Tras la pr谩ctica de la prueba, si la hubiere, y, en su caso, de las conclusiones, o铆dos los Letrados, las personas que sean parte en los asuntos podr谩n, con la venia del Juez, exponer de palabra lo que crean oportuno para su defensa a la conclusi贸n de la vista, antes de darla por terminada.
20. El Juez dictar谩 sentencia en el plazo de diez d铆as desde la celebraci贸n de la vista.
21. La vista se documentar谩 en la forma establecida en los apartados 3 y 4 del art铆culo 63.
22. Si los mecanismos de garant铆a previstos en el apartado anterior no se pudiesen utilizar deber谩n consignarse en el acta los siguientes extremos: n煤mero y clase de procedimiento; lugar y fecha de celebraci贸n; tiempo de duraci贸n, asistentes al acto; alegaciones de las partes; resoluciones que adopte el Juez o Tribunal; as铆 como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte. A este acta se incorporar谩n los soportes de la grabaci贸n de las sesiones.
Cuando no se pudiesen utilizar los medios de registro por cualquier causa, el Secretario judicial extender谩 acta de cada sesi贸n, en la que se har谩 constar:
a) Lugar, fecha, Juez que preside el acto, partes comparecientes, representantes, en su caso, y defensores que las asisten.
b) Breve resumen de las alegaciones de las partes, medios de prueba propuestos por ellas, declaraci贸n expresa de su pertinencia o impertinencia, razones de la denegaci贸n y protesta, en su caso.
c) En cuanto a las pruebas admitidas y practicadas:
1.潞 Resumen suficiente de las de interrogatorio de parte y testifical.
2.潞 Relaci贸n circunstanciada de los documentos presentados, o datos suficientes que permitan identificarlos, en el caso de que su excesivo n煤mero haga desaconsejable la citada relaci贸n.
3.潞 Relaci贸n de las incidencias planteadas en el juicio respecto a la prueba documental.
4.潞 Resumen suficiente de los informes periciales, as铆 como tambi茅n de la resoluci贸n del Juez en torno a las propuestas de recusaci贸n de los peritos.
5.潞 Resumen de las declaraciones realizadas en la vista.
d) Conclusiones y peticiones concretas formuladas por las partes; en caso de que fueran de condena a cantidad, 茅sta deber谩 recogerse en el acta.
e) Declaraci贸n hecha por el Juez de conclusi贸n de los autos, mandando traerlos a la vista para sentencia.
Las actas previstas en este apartado se extender谩n por procedimientos inform谩ticos, sin que puedan ser manuscritas m谩s que en las ocasiones en que la sala en que se est茅 celebrando la actuaci贸n careciera de medios inform谩ticos. En estos casos, al terminar la sesi贸n el Secretario judicial leer谩 el acta, haciendo en ella las rectificaciones que las partes reclamen, si las estima procedentes. Este acta se firmar谩 por el Secretario judicial tras el Juez o Presidente, las partes, sus representantes o defensores y los peritos, en su caso.
23. El procedimiento abreviado, en lo no dispuesto en este Cap铆tulo, se regir谩 por las normas generales de la presente Ley.
Precepto modificado por Ley 37/2011, de 10 de octubre, con entrada en vigor a partir del 31-10-2011
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 78
路 A帽adido p谩rrafo 3.潞 del apartado 3 del art铆culo 78
Redacci贸n hasta el 31-10-2011
1. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de este Orden Jurisdiccional conocen, por el procedimiento abreviado, de los asuntos de su competencia que se susciten sobre cuestiones de personal al servicio de las administraciones p煤blicas, sobre extranjer铆a y sobre inadmisi贸n de peticiones de asilo pol铆tico, asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, as铆 como todas aquellas cuya cuant铆a no supere los 13.000 euros.
2. El recurso se iniciar谩 por demanda, a la que se acompa帽ar谩 el documento o documentos en que el actor funde su derecho y aqu茅llos previstos en el art铆culo 45.2.
3. Presentada la demanda, el Secretario judicial, apreciada la jurisdicci贸n y competencia objetiva del Tribunal, admitir谩 la demanda. En otro caso, dar谩 cuenta a 茅ste para que resuelva lo que proceda.
Admitida la demanda, el Secretario judicial acordar谩 su traslado al demandado, citando a las partes para la celebraci贸n de vista, con indicaci贸n de d铆a y hora, y requerir谩 a la Administraci贸n demandada que remita el expediente administrativo con al menos quince d铆as de antelaci贸n del t茅rmino se帽alado para la vista. En el se帽alamiento de las vistas atender谩 a los criterios establecidos en el art铆culo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4. Recibido el expediente administrativo, el Secretario judicial lo remitir谩 al actor y a los interesados que se hubieren personado para que puedan hacer alegaciones en el acto de la vista.
5. Comparecidas las partes, o alguna de ellas, el Juez declarar谩 abierta la vista.
Si las partes no comparecieren o lo hiciere s贸lo el demandado, el Juez o Tribunal tendr谩 al actor por desistido del recurso y le condenar谩 en costas, y si compareciere s贸lo el actor, acordar谩 que prosiga la vista en ausencia del demandado.
6. La vista comenzar谩 con exposici贸n por el demandante de los fundamentos de lo que pida o ratificaci贸n de los expuestos en la demanda.
7. Acto seguido, el demandado podr谩 formular las alegaciones que a su derecho convengan, comenzando, en su caso, por las cuestiones relativas a la jurisdicci贸n, a la competencia objetiva y territorial y a cualquier otro hecho o circunstancia que pueda obstar a la v谩lida prosecuci贸n y t茅rmino del proceso mediante sentencia sobre el fondo.
8. O铆do el demandante sobre estas cuestiones, el Juez resolver谩 lo que proceda, y si mandase proseguir el juicio, el demandado podr谩 pedir que conste en acta su disconformidad. Lo mismo podr谩 hacer el demandante si el Juez, al resolver sobre alguna de dichas cuestiones, declinara el conocimiento del asunto en favor de otro Juzgado o Tribunal o entendiese que debe declarar la inadmisibilidad del recurso.
9. Si en sus alegaciones el demandado hubiese impugnado la adecuaci贸n del procedimiento por raz贸n de la cuant铆a, el Juez, antes de practicarse la prueba o, en su caso, las conclusiones, exhortar谩 a las partes a ponerse de acuerdo sobre tal extremo. Si no se alcanzare el acuerdo decidir谩 el Juez, que dar谩 al proceso el curso procedimental que corresponda seg煤n la cuant铆a que 茅l determine. Frente a la decisi贸n del Juez no se dar谩 recurso alguno.
10. Si no se suscitasen las cuestiones procesales a que se refieren los apartados anteriores o si, habi茅ndose suscitado, se resolviese por el Juez la continuaci贸n del juicio, se dar谩 la palabra a las partes para fijar con claridad los hechos en que fundamenten sus pretensiones. Si no hubiere conformidad sobre ellos, se propondr谩n las pruebas y, una vez admitidas las que no sean impertinentes o in煤tiles, se practicar谩n seguidamente.
11. Cuando de las alegaciones de las partes se desprenda la conformidad de todos los demandados con las pretensiones del actor, el car谩cter meramente jur铆dico de la controversia, la ausencia de proposici贸n de la prueba o la inadmisibilidad de toda la prueba propuesta, y las partes no deseasen formular conclusiones, el Juez apreciar谩 tal circunstancia en el acto y, si ninguna parte se opusiere, dictar谩 sentencia sin m谩s dilaci贸n.
Formulada oposici贸n, el Juez resolver谩 estim谩ndola, en cuyo caso proseguir谩 la vista conforme a lo reglado en los apartados siguientes, o desestim谩ndola en la misma sentencia que dicte conforme a lo previsto en el p谩rrafo anterior, antes de resolver sobre el fondo, como especial pronunciamiento.
12. Los medios de prueba se practicar谩n en los juicios abreviados, en cuanto no sea incompatible con sus tr谩mites, del modo previsto para el juicio ordinario.
13. Las preguntas para la prueba de interrogatorio de parte se propondr谩n verbalmente, sin admisi贸n de pliegos.
14. No se admitir谩n escritos de preguntas y repreguntas para la prueba testifical. Cuando el n煤mero de testigos fuese excesivo y, a criterio del 贸rgano judicial, sus manifestaciones pudieran constituir in煤til reiteraci贸n del testimonio sobre hechos suficientemente esclarecidos, aqu茅l podr谩 limitarlos discrecionalmente.
15. Los testigos no podr谩n ser tachados y, 煤nicamente en conclusiones, las partes podr谩n hacer las observaciones que sean oportunas respecto de sus circunstancias personales y de la veracidad de sus manifestaciones.
16. En la pr谩ctica de la prueba pericial no ser谩n de aplicaci贸n las reglas generales sobre insaculaci贸n de peritos.
17. Contra las resoluciones del Juez sobre denegaci贸n de pruebas o sobre admisi贸n de las que se denunciaran como obtenidas con violaci贸n de derechos fundamentales, las partes podr谩n interponer en el acto recurso de s煤plica, que se sustanciar谩 y resolver谩 seguidamente.
18. Si el Juez estimase que alguna prueba relevante no puede practicarse en la vista, sin mala fe por parte de quien tuviera la carga de aportarla, la suspender谩, se帽alando el Secretario judicial competente, en el acto y sin necesidad de nueva notificaci贸n, el lugar, d铆a y hora en que deba reanudarse.
19. Tras la pr谩ctica de la prueba, si la hubiere, y, en su caso, de las conclusiones, o铆dos los Letrados, las personas que sean parte en los asuntos podr谩n, con la venia del Juez, exponer de palabra lo que crean oportuno para su defensa a la conclusi贸n de la vista, antes de darla por terminada.
20. El Juez dictar谩 sentencia en el plazo de diez d铆as desde la celebraci贸n de la vista.
21. La vista se documentar谩 en la forma establecida en los apartados 3 y 4 del art铆culo 63.
22. Si los mecanismos de garant铆a previstos en el apartado anterior no se pudiesen utilizar deber谩n consignarse en el acta los siguientes extremos: n煤mero y clase de procedimiento; lugar y fecha de celebraci贸n; tiempo de duraci贸n, asistentes al acto; alegaciones de las partes; resoluciones que adopte el Juez o Tribunal; as铆 como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte. A este acta se incorporar谩n los soportes de la grabaci贸n de las sesiones.
Cuando no se pudiesen utilizar los medios de registro por cualquier causa, el Secretario judicial extender谩 acta de cada sesi贸n, en la que se har谩 constar:
a) Lugar, fecha, Juez que preside el acto, partes comparecientes, representantes, en su caso, y defensores que las asisten.
b) Breve resumen de las alegaciones de las partes, medios de prueba propuestos por ellas, declaraci贸n expresa de su pertinencia o impertinencia, razones de la denegaci贸n y protesta, en su caso.
c) En cuanto a las pruebas admitidas y practicadas:
1.潞 Resumen suficiente de las de interrogatorio de parte y testifical.
2.潞 Relaci贸n circunstanciada de los documentos presentados, o datos suficientes que permitan identificarlos, en el caso de que su excesivo n煤mero haga desaconsejable la citada relaci贸n.
3.潞 Relaci贸n de las incidencias planteadas en el juicio respecto a la prueba documental.
4.潞 Resumen suficiente de los informes periciales, as铆 como tambi茅n de la resoluci贸n del Juez en torno a las propuestas de recusaci贸n de los peritos.
5.潞 Resumen de las declaraciones realizadas en la vista.
d) Conclusiones y peticiones concretas formuladas por las partes; en caso de que fueran de condena a cantidad, 茅sta deber谩 recogerse en el acta.
e) Declaraci贸n hecha por el Juez de conclusi贸n de los autos, mandando traerlos a la vista para sentencia.
Las actas previstas en este apartado se extender谩n por procedimientos inform谩ticos, sin que puedan ser manuscritas m谩s que en las ocasiones en que la sala en que se est茅 celebrando la actuaci贸n careciera de medios inform谩ticos. En estos casos, al terminar la sesi贸n el Secretario judicial leer谩 el acta, haciendo en ella las rectificaciones que las partes reclamen, si las estima procedentes. Este acta se firmar谩 por el Secretario judicial tras el Juez o Presidente, las partes, sus representantes o defensores y los peritos, en su caso.
23. El procedimiento abreviado, en lo no dispuesto en este Cap铆tulo, se regir谩 por las normas generales de la presente Ley.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 3, 4, 5, 13, 18, 21 y 22 del art铆culo 78
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de este Orden Jurisdiccional conocen, por el procedimiento abreviado, de los asuntos de su competencia que se susciten sobre cuestiones de personal al servicio de las administraciones p煤blicas, sobre extranjer铆a y sobre inadmisi贸n de peticiones de asilo pol铆tico, asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, as铆 como todas aquellas cuya cuant铆a no supere los 13.000 euros.
2. El recurso se iniciar谩 por demanda, a la que se acompa帽ar谩 el documento o documentos en que el actor funde su derecho y aqu茅llos previstos en el art铆culo 45.2.
3. Presentada la demanda, el Juez, previo examen de su jurisdicci贸n y de su competencia objetiva, dictar谩 providencia en la que ordenar谩, en su caso, la admisi贸n de la demanda y su traslado al demandado y citar谩 a las partes para la celebraci贸n de vista, con indicaci贸n de d铆a y hora. En la misma providencia ordenar谩 a la Administraci贸n demandada que remita el expediente administrativo, con al menos quince d铆as de antelaci贸n del t茅rmino se帽alado para la vista.
4. Recibido el expediente administrativo, el Juez lo remitir谩 al actor y a los interesados que se hubieren personado para que puedan hacer alegaciones en el acto de la vista.
5. Comparecidas las partes, o alguna de ellas, el Juez declarar谩 abierta la vista.
Si las partes no comparecieren, o lo hiciere s贸lo el demandado, se tendr谩 al actor por desistido del recurso, y se le condenar谩 en costas; y si compareciere s贸lo el actor, se proseguir谩 la vista en ausencia del demandado.
6. La vista comenzar谩 con exposici贸n por el demandante de los fundamentos de lo que pida o ratificaci贸n de los expuestos en la demanda.
7. Acto seguido, el demandado podr谩 formular las alegaciones que a su derecho convengan, comenzando, en su caso, por las cuestiones relativas a la jurisdicci贸n, a la competencia objetiva y territorial y a cualquier otro hecho o circunstancia que pueda obstar a la v谩lida prosecuci贸n y t茅rmino del proceso mediante sentencia sobre el fondo.
8. O铆do el demandante sobre estas cuestiones, el Juez resolver谩 lo que proceda, y si mandase proseguir el juicio, el demandado podr谩 pedir que conste en acta su disconformidad. Lo mismo podr谩 hacer el demandante si el Juez, al resolver sobre alguna de dichas cuestiones, declinara el conocimiento del asunto en favor de otro Juzgado o Tribunal o entendiese que debe declarar la inadmisibilidad del recurso.
9. Si en sus alegaciones el demandado hubiese impugnado la adecuaci贸n del procedimiento por raz贸n de la cuant铆a, el Juez, antes de practicarse la prueba o, en su caso, las conclusiones, exhortar谩 a las partes a ponerse de acuerdo sobre tal extremo. Si no se alcanzare el acuerdo decidir谩 el Juez, que dar谩 al proceso el curso procedimental que corresponda seg煤n la cuant铆a que 茅l determine. Frente a la decisi贸n del Juez no se dar谩 recurso alguno.
10. Si no se suscitasen las cuestiones procesales a que se refieren los apartados anteriores o si, habi茅ndose suscitado, se resolviese por el Juez la continuaci贸n del juicio, se dar谩 la palabra a las partes para fijar con claridad los hechos en que fundamenten sus pretensiones. Si no hubiere conformidad sobre ellos, se propondr谩n las pruebas y, una vez admitidas las que no sean impertinentes o in煤tiles, se practicar谩n seguidamente.
11. Cuando de las alegaciones de las partes se desprenda la conformidad de todos los demandados con las pretensiones del actor, el car谩cter meramente jur铆dico de la controversia, la ausencia de proposici贸n de la prueba o la inadmisibilidad de toda la prueba propuesta, y las partes no deseasen formular conclusiones, el Juez apreciar谩 tal circunstancia en el acto y, si ninguna parte se opusiere, dictar谩 sentencia sin m谩s dilaci贸n.
Formulada oposici贸n, el Juez resolver谩 estim谩ndola, en cuyo caso proseguir谩 la vista conforme a lo reglado en los apartados siguientes, o desestim谩ndola en la misma sentencia que dicte conforme a lo previsto en el p谩rrafo anterior, antes de resolver sobre el fondo, como especial pronunciamiento.
12. Los medios de prueba se practicar谩n en los juicios abreviados, en cuanto no sea incompatible con sus tr谩mites, del modo previsto para el juicio ordinario.
13. Las posiciones para la prueba de confesi贸n se propondr谩n verbalmente, sin admisi贸n de pliegos.
14. No se admitir谩n escritos de preguntas y repreguntas para la prueba testifical. Cuando el n煤mero de testigos fuese excesivo y, a criterio del 贸rgano judicial, sus manifestaciones pudieran constituir in煤til reiteraci贸n del testimonio sobre hechos suficientemente esclarecidos, aqu茅l podr谩 limitarlos discrecionalmente.
15. Los testigos no podr谩n ser tachados y, 煤nicamente en conclusiones, las partes podr谩n hacer las observaciones que sean oportunas respecto de sus circunstancias personales y de la veracidad de sus manifestaciones.
16. En la pr谩ctica de la prueba pericial no ser谩n de aplicaci贸n las reglas generales sobre insaculaci贸n de peritos.
17. Contra las resoluciones del Juez sobre denegaci贸n de pruebas o sobre admisi贸n de las que se denunciaran como obtenidas con violaci贸n de derechos fundamentales, las partes podr谩n interponer en el acto recurso de s煤plica, que se sustanciar谩 y resolver谩 seguidamente.
18. Si el Juez estimase que alguna prueba relevante no puede practicarse en la vista, sin mala fe por parte de quien tuviera la carga de aportarla, la suspender谩, se帽alando en el acto, y sin necesidad de nueva notificaci贸n, el lugar, d铆a y hora en que deba reanudarse.
19. Tras la pr谩ctica de la prueba, si la hubiere, y, en su caso, de las conclusiones, o铆dos los Letrados, las personas que sean parte en los asuntos podr谩n, con la venia del Juez, exponer de palabra lo que crean oportuno para su defensa a la conclusi贸n de la vista, antes de darla por terminada.
20. El Juez dictar谩 sentencia en el plazo de diez d铆as desde la celebraci贸n de la vista.
21. Durante la celebraci贸n del juicio se ir谩 extendiendo la correspondiente acta, en la que se har谩 constar:
a) Lugar, fecha, Juez que preside el acto, partes comparecientes, representantes, en su caso, y defensores que las asisten.
b) Breve resumen de las alegaciones de las partes, medios de prueba propuestos por ellas, declaraci贸n expresa de su pertinencia o impertinencia, razones de la denegaci贸n y protesta, en su caso.
c) en cuanto a las pruebas admitidas y practicadas:
1.潞 Resumen suficiente de las de confesi贸n y testifical.
2.潞 Relaci贸n circunstanciada de los documentos presentados, o datos suficientes que permitan identificarlos, en el caso de que su excesivo n煤mero haga desaconsejable la citada relaci贸n.
3.潞 Relaci贸n de las incidencias planteadas en el juicio respecto a la prueba documental.
4.潞 Resumen suficiente de los informes periciales, as铆 como tambi茅n de la resoluci贸n del Juez en torno a las propuestas de recusaci贸n de los peritos.
5.潞 Resumen de las declaraciones realizadas en la vista.
d) Conclusiones y peticiones concretas formuladas por las partes; en caso de que fueran de condena a cantidad, 茅sta deber谩 recogerse en el acta.
e) Declaraci贸n hecha por el Juez de conclusi贸n de los autos, mandando traerlos a la vista para sentencia.
22. El Juez resolver谩, sin ulterior recurso, cualquier observaci贸n que se hiciera sobre el contenido del acta, firm谩ndola seguidamente en uni贸n de las partes o de sus representantes o defensores y de los peritos, haciendo constar si alguno de ellos no firma por no poder, no querer hacerlo o no estar presente, firm谩ndola, por 煤ltimo, el Secretario, que dar谩 fe.
El acta del juicio podr谩 ser extendida tambi茅n a trav茅s de medios mec谩nicos de reproducci贸n. En tal caso, se exigir谩n los mismos requisitos expresados en el apartado anterior.
Del acta del juicio deber谩 entregarse copia a quienes hayan sido partes en el proceso, si lo solicitaren.
23. El procedimiento abreviado, en lo no dispuesto en este Cap铆tulo, se regir谩 por las normas generales de la presente Ley.
Precepto modificado por LO 7/2006, de 21 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 22-2-2007
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 78
Redacci贸n hasta el 22-2-2007
1. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de este Orden Jurisdiccional conocen por el procedimiento abreviado de los asuntos de su competencia que se susciten sobre cuestiones de personal al servicio de las Administraciones P煤blicas, sobre extranjer铆a y sobre inadmisi贸n de peticiones de asilo pol铆tico, as铆 como todas aquellas cuya cuant铆a no supere los 13.000 euros.
2. El recurso se iniciar谩 por demanda, a la que se acompa帽ar谩 el documento o documentos
en que el actor funde su derecho y aquellos previstos en el art铆culo 45.2.
3. Presentada la demanda, el Juez, previo examen de su jurisdicci贸n y de su competencia objetiva, dictar谩 providencia en la que ordenar谩, en su caso, la admisi贸n de la demanda y su traslado al demandado y citar谩 a las partes para la celebraci贸n de vista, con indicaci贸n de d铆a y hora. En la misma providencia ordenar谩 a la Administraci贸n demandada que remita el expediente administrativo, con al menos quince d铆as de antelaci贸n del t茅rmino se帽alado para la vista.
4. Recibido el expediente administrativo, el Juez lo remitir谩 al actor y a los interesados que se hubieren personado para que puedan hacer alegaciones en el acto de la vista.
5. Comparecidas las partes, o alguna de ellas, el Juez declarar谩 abierta la vista.
Si las partes no comparecieren, o lo hiciere s贸lo el demandado, se tendr谩 al actor por desistido del recurso, y se le condenar谩 en costas; y si compareciere s贸lo el actor, se proseguir谩 la vista en ausencia del demandado.
6. La vista comenzar谩 con exposici贸n por el demandante de los fundamentos de lo que pida o ratificaci贸n de los expuestos en la demanda.
7. Acto seguido, el demandado podr谩 formular las alegaciones que a su derecho convengan, comenzando, en su caso, por las cuestiones relativas a la jurisdicci贸n, a la competencia objetiva y territorial y a cualquier otro hecho o circunstancia que pueda obstar a la v谩lida prosecuci贸n y t茅rmino del proceso mediante sentencia sobre el fondo.
8. O铆do el demandante sobre estas cuestiones, el Juez resolver谩 lo que proceda, y si mandase proseguir el juicio, el demandado podr谩 pedir que conste en acta su disconformidad. Lo mismo podr谩 hacer el demandante si el Juez, al resolver sobre alguna de dichas cuestiones, declinara el conocimiento del asunto en favor de otro Juzgado o Tribunal o entendiese que debe declarar la inadmisibilidad del recurso.
9. Si en sus alegaciones el demandado hubiese impugnado la adecuaci贸n del procedimiento por raz贸n de la cuant铆a, el Juez, antes de practicarse la prueba o, en su caso, las conclusiones, exhortar谩 a las partes a ponerse de acuerdo sobre tal extremo. Si no se alcanzare el acuerdo decidir谩 el Juez, que dar谩 al proceso el curso procedimental que corresponda seg煤n la cuant铆a que 茅l determine. Frente a la decisi贸n del Juez no se dar谩 recurso alguno.
10. Si no se suscitasen las cuestiones procesales a que se refieren los apartados anteriores o si, habi茅ndose suscitado, se resolviese por el Juez la continuaci贸n del juicio, se dar谩 la palabra a las partes para fijar con claridad los hechos en que fundamenten sus pretensiones. Si no hubiere conformidad sobre ellos, se propondr谩n las pruebas y, una vez admitidas las que no sean impertinentes o in煤tiles, se practicar谩n seguidamente.
11. Cuando de las alegaciones de las partes se desprenda la conformidad de todos los demandados con las pretensiones del actor, el car谩cter meramente jur铆dico de la controversia, la ausencia de proposici贸n de la prueba o la inadmisibilidad de toda la prueba propuesta, y las partes no deseasen formular conclusiones, el Juez apreciar谩 tal circunstancia en el acto y, si ninguna parte se opusiere, dictar谩 sentencia sin m谩s dilaci贸n.
Formulada oposici贸n, el Juez resolver谩 estim谩ndola, en cuyo caso proseguir谩 la vista conforme a lo reglado en los apartados siguientes, o desestim谩ndola en la misma sentencia que dicte conforme a lo previsto en el p谩rrafo anterior, antes de resolver sobre el fondo, como especial pronunciamiento.
12. Los medios de prueba se practicar谩n en los juicios abreviados, en cuanto no sea incompatible con sus tr谩mites, del modo previsto para el juicio ordinario.
13. Las posiciones para la prueba de confesi贸n se propondr谩n verbalmente, sin admisi贸n de pliegos.
14. No se admitir谩n escritos de preguntas y repreguntas para la prueba testifical. Cuando el n煤mero de testigos fuese excesivo y, a criterio del 贸rgano judicial, sus manifestaciones pudieran constituir in煤til reiteraci贸n del testimonio sobre hechos suficientemente esclarecidos, aqu茅l podr谩 limitarlos discrecionalmente.
15. Los testigos no podr谩n ser tachados y, 煤nicamente en conclusiones, las partes podr谩n hacer las observaciones que sean oportunas respecto de sus circunstancias personales y de la veracidad de sus manifestaciones.
16. En la pr谩ctica de la prueba pericial no ser谩n de aplicaci贸n las reglas generales sobre insaculaci贸n de peritos.
17. Contra las resoluciones del Juez sobre denegaci贸n de pruebas o sobre admisi贸n de las que se denunciaran como obtenidas con violaci贸n de derechos fundamentales, las partes podr谩n interponer en el acto recurso de s煤plica, que se sustanciar谩 y resolver谩 seguidamente.
18. Si el Juez estimase que alguna prueba relevante no puede practicarse en la vista, sin mala fe por parte de quien tuviera la carga de aportarla, la suspender谩, se帽alando en el acto, y sin necesidad de nueva notificaci贸n, el lugar, d铆a y hora en que deba reanudarse.
19. Tras la pr谩ctica de la prueba, si la hubiere, y, en su caso, de las conclusiones, o铆dos los Letrados, las personas que sean parte en los asuntos podr谩n, con la venia del Juez, exponer de palabra lo que crean oportuno para su defensa a la conclusi贸n de la vista, antes de darla por terminada.
20. El Juez dictar谩 sentencia en el plazo de diez d铆as desde la celebraci贸n de la vista.
21. Durante la celebraci贸n del juicio se ir谩 extendiendo la correspondiente acta, en la que se har谩 constar:
a) Lugar, fecha, Juez que preside el acto, partes comparecientes, representantes, en su caso, y defensores que las asisten.
b) Breve resumen de las alegaciones de las partes, medios de prueba propuestos por ellas, declaraci贸n expresa de su pertinencia o impertinencia, razones de la denegaci贸n y protesta, en su caso.
c) en cuanto a las pruebas admitidas y practicadas:
1.潞 Resumen suficiente de las de confesi贸n y testifical.
2.潞 Relaci贸n circunstanciada de los documentos presentados, o datos suficientes que permitan identificarlos, en el caso de que su excesivo n煤mero haga desaconsejable la citada relaci贸n.
3.潞 Relaci贸n de las incidencias planteadas en el juicio respecto a la prueba documental.
4.潞 Resumen suficiente de los informes periciales, as铆 como tambi茅n de la resoluci贸n del Juez en torno a las propuestas de recusaci贸n de los peritos.
5.潞 Resumen de las declaraciones realizadas en la vista.
d) Conclusiones y peticiones concretas formuladas por las partes; en caso de que fueran de condena a cantidad, 茅sta deber谩 recogerse en el acta.
e) Declaraci贸n hecha por el Juez de conclusi贸n de los autos, mandando traerlos a la vista para sentencia.
22. El Juez resolver谩, sin ulterior recurso, cualquier observaci贸n que se hiciera sobre el contenido del acta, firm谩ndola seguidamente en uni贸n de las partes o de sus representantes o defensores y de los peritos, haciendo constar si alguno de ellos no firma por no poder, no querer hacerlo o no estar presente, firm谩ndola, por 煤ltimo, el Secretario, que dar谩 fe.
El acta del juicio podr谩 ser extendida tambi茅n a trav茅s de medios mec谩nicos de reproducci贸n. En tal caso, se exigir谩n los mismos requisitos expresados en el apartado anterior.
Del acta del juicio deber谩 entregarse copia a quienes hayan sido partes en el proceso, si lo solicitaren.
23. El procedimiento abreviado, en lo no dispuesto en este Cap铆tulo, se regir谩 por las normas generales de la presente Ley.
Precepto modificado por LO 19/2003, de 23 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 15-1-2004
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 78
Redacci贸n hasta el 15-1-2004
1. Los recursos que se deduzcan en las materias de que conozcan los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, cuando su cuant铆a no supere las 500.000 pesetas o se trate de cuestiones de personal que no se refieran al nacimiento o extinci贸n de la relaci贸n de servicio de los funcionarios p煤blicos de carrera, se sustanciar谩n por el procedimiento abreviado regulado en este art铆culo.
2. El recurso se iniciar谩 por demanda, a la que se acompa帽ar谩 el documento o documentos
en que el actor funde su derecho y aquellos previstos en el art铆culo 45.2.
3. Presentada la demanda, el Juez, previo examen de su jurisdicci贸n y de su competencia objetiva, dictar谩 providencia en la que ordenar谩, en su caso, la admisi贸n de la demanda y su traslado al demandado y citar谩 a las partes para la celebraci贸n de vista, con indicaci贸n de d铆a y hora. En la misma providencia ordenar谩 a la Administraci贸n demandada que remita el expediente administrativo, con al menos quince d铆as de antelaci贸n del t茅rmino se帽alado para la vista.
4. Recibido el expediente administrativo, el Juez lo remitir谩 al actor y a los interesados que se hubieren personado para que puedan hacer alegaciones en el acto de la vista.
5. Comparecidas las partes, o alguna de ellas, el Juez declarar谩 abierta la vista.
Si las partes no comparecieren, o lo hiciere s贸lo el demandado, se tendr谩 al actor por desistido del recurso, y se le condenar谩 en costas; y si compareciere s贸lo el actor, se proseguir谩 la vista en ausencia del demandado.
6. La vista comenzar谩 con exposici贸n por el demandante de los fundamentos de lo que pida o ratificaci贸n de los expuestos en la demanda.
7. Acto seguido, el demandado podr谩 formular las alegaciones que a su derecho convengan, comenzando, en su caso, por las cuestiones relativas a la jurisdicci贸n, a la competencia objetiva y territorial y a cualquier otro hecho o circunstancia que pueda obstar a la v谩lida prosecuci贸n y t茅rmino del proceso mediante sentencia sobre el fondo.
8. O铆do el demandante sobre estas cuestiones, el Juez resolver谩 lo que proceda, y si mandase proseguir el juicio, el demandado podr谩 pedir que conste en acta su disconformidad. Lo mismo podr谩 hacer el demandante si el Juez, al resolver sobre alguna de dichas cuestiones, declinara el conocimiento del asunto en favor de otro Juzgado o Tribunal o entendiese que debe declarar la inadmisibilidad del recurso.
9. Si en sus alegaciones el demandado hubiese impugnado la adecuaci贸n del procedimiento por raz贸n de la cuant铆a, el Juez, antes de practicarse la prueba o, en su caso, las conclusiones, exhortar谩 a las partes a ponerse de acuerdo sobre tal extremo. Si no se alcanzare el acuerdo decidir谩 el Juez, que dar谩 al proceso el curso procedimental que corresponda seg煤n la cuant铆a que 茅l determine. Frente a la decisi贸n del Juez no se dar谩 recurso alguno.
10. Si no se suscitasen las cuestiones procesales a que se refieren los apartados anteriores o si, habi茅ndose suscitado, se resolviese por el Juez la continuaci贸n del juicio, se dar谩 la palabra a las partes para fijar con claridad los hechos en que fundamenten sus pretensiones. Si no hubiere conformidad sobre ellos, se propondr谩n las pruebas y, una vez admitidas las que no sean impertinentes o in煤tiles, se practicar谩n seguidamente.
11. Cuando de las alegaciones de las partes se desprenda la conformidad de todos los demandados con las pretensiones del actor, el car谩cter meramente jur铆dico de la controversia, la ausencia de proposici贸n de la prueba o la inadmisibilidad de toda la prueba propuesta, y las partes no deseasen formular conclusiones, el Juez apreciar谩 tal circunstancia en el acto y, si ninguna parte se opusiere, dictar谩 sentencia sin m谩s dilaci贸n.
Formulada oposici贸n, el Juez resolver谩 estim谩ndola, en cuyo caso proseguir谩 la vista conforme a lo reglado en los apartados siguientes, o desestim谩ndola en la misma sentencia que dicte conforme a lo previsto en el p谩rrafo anterior, antes de resolver sobre el fondo, como especial pronunciamiento.
12. Los medios de prueba se practicar谩n en los juicios abreviados, en cuanto no sea incompatible con sus tr谩mites, del modo previsto para el juicio ordinario.
13. Las posiciones para la prueba de confesi贸n se propondr谩n verbalmente, sin admisi贸n de pliegos.
14. No se admitir谩n escritos de preguntas y repreguntas para la prueba testifical. Cuando el n煤mero de testigos fuese excesivo y, a criterio del 贸rgano judicial, sus manifestaciones pudieran constituir in煤til reiteraci贸n del testimonio sobre hechos suficientemente esclarecidos, aqu茅l podr谩 limitarlos discrecionalmente.
15. Los testigos no podr谩n ser tachados y, 煤nicamente en conclusiones, las partes podr谩n hacer las observaciones que sean oportunas respecto de sus circunstancias personales y de la veracidad de sus manifestaciones.
16. En la pr谩ctica de la prueba pericial no ser谩n de aplicaci贸n las reglas generales sobre insaculaci贸n de peritos.
17. Contra las resoluciones del Juez sobre denegaci贸n de pruebas o sobre admisi贸n de las que se denunciaran como obtenidas con violaci贸n de derechos fundamentales, las partes podr谩n interponer en el acto recurso de s煤plica, que se sustanciar谩 y resolver谩 seguidamente.
18. Si el Juez estimase que alguna prueba relevante no puede practicarse en la vista, sin mala fe por parte de quien tuviera la carga de aportarla, la suspender谩, se帽alando en el acto, y sin necesidad de nueva notificaci贸n, el lugar, d铆a y hora en que deba reanudarse.
19. Tras la pr谩ctica de la prueba, si la hubiere, y, en su caso, de las conclusiones, o铆dos los Letrados, las personas que sean parte en los asuntos podr谩n, con la venia del Juez, exponer de palabra lo que crean oportuno para su defensa a la conclusi贸n de la vista, antes de darla por terminada.
20. El Juez dictar谩 sentencia en el plazo de diez d铆as desde la celebraci贸n de la vista.
21. Durante la celebraci贸n del juicio se ir谩 extendiendo la correspondiente acta, en la que se har谩 constar:
a) Lugar, fecha, Juez que preside el acto, partes comparecientes, representantes, en su caso, y defensores que las asisten.
b) Breve resumen de las alegaciones de las partes, medios de prueba propuestos por ellas, declaraci贸n expresa de su pertinencia o impertinencia, razones de la denegaci贸n y protesta, en su caso.
c) en cuanto a las pruebas admitidas y practicadas:
1.潞 Resumen suficiente de las de confesi贸n y testifical.
2.潞 Relaci贸n circunstanciada de los documentos presentados, o datos suficientes que permitan identificarlos, en el caso de que su excesivo n煤mero haga desaconsejable la citada relaci贸n.
3.潞 Relaci贸n de las incidencias planteadas en el juicio respecto a la prueba documental.
4.潞 Resumen suficiente de los informes periciales, as铆 como tambi茅n de la resoluci贸n del Juez en torno a las propuestas de recusaci贸n de los peritos.
5.潞 Resumen de las declaraciones realizadas en la vista.
d) Conclusiones y peticiones concretas formuladas por las partes; en caso de que fueran de condena a cantidad, 茅sta deber谩 recogerse en el acta.
e) Declaraci贸n hecha por el Juez de conclusi贸n de los autos, mandando traerlos a la vista para sentencia.
22. El Juez resolver谩, sin ulterior recurso, cualquier observaci贸n que se hiciera sobre el contenido del acta, firm谩ndola seguidamente en uni贸n de las partes o de sus representantes o defensores y de los peritos, haciendo constar si alguno de ellos no firma por no poder, no querer hacerlo o no estar presente, firm谩ndola, por 煤ltimo, el Secretario, que dar谩 fe.
El acta del juicio podr谩 ser extendida tambi茅n a trav茅s de medios mec谩nicos de reproducci贸n. En tal caso, se exigir谩n los mismos requisitos expresados en el apartado anterior.
Del acta del juicio deber谩 entregarse copia a quienes hayan sido partes en el proceso, si lo solicitaren.
23. El procedimiento abreviado, en lo no dispuesto en este Cap铆tulo, se regir谩 por las normas generales de la presente Ley.
CAP脥TULO III-Recursos contra resoluciones procesales
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificada r煤brica del Cap铆tulo III del T铆tulo IV
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
CAP脥TULO III-Recursos contra providencias, autos y sentencias
SECCI脫N 1.陋-Recursos contra providencias y autos
1. Contra las providencias y los autos no susceptibles de apelaci贸n o casaci贸n podr谩 interponerse recurso de s煤plica, sin perjuicio del cual se llevar谩 a efecto la resoluci贸n impugnada, salvo que el 贸rgano jurisdiccional, de oficio o a instancia de parte, acuerde lo contrario.
2. No es admisible el recurso de reposici贸n contra las resoluciones expresamente exceptuadas del mismo en esta Ley, ni contra los autos que resuelvan los recursos de reposici贸n y los de aclaraci贸n.
3. El recurso de s煤plica se interpondr谩 en el plazo de cinco d铆as a contar desde el siguiente al de la notificaci贸n de la resoluci贸n impugnada.
4. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, el Secretario judicial dar谩 traslado de las copias del escrito a las dem谩s partes, por t茅rmino com煤n de cinco d铆as, a fin de que puedan impugnarlo si lo estiman conveniente. Transcurrido dicho plazo, el 贸rgano jurisdiccional resolver谩 por auto dentro del tercer d铆a.
5. .....
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Suprimido apartado 5 del art铆culo 79
路 Modificados apartados 2 y 4 del art铆culo 79
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Contra las providencias y los autos no susceptibles de apelaci贸n o casaci贸n podr谩 interponerse recurso de s煤plica, sin perjuicio del cual se llevar谩 a efecto la resoluci贸n impugnada, salvo que el 贸rgano jurisdiccional, de oficio o a instancia de parte, acuerde lo contrario.
2. No es admisible el recurso de s煤plica contra las resoluciones expresamente exceptuadas del mismo en esta Ley, ni contra los autos que resuelvan los recursos de s煤plica, los de aclaraci贸n y las solicitudes de revisi贸n de diligencias de ordenaci贸n.
3. El recurso de s煤plica se interpondr谩 en el plazo de cinco d铆as a contar desde el siguiente al de la notificaci贸n de la resoluci贸n impugnada.
4. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, se dar谩 traslado de las copias del escrito a las dem谩s partes, por t茅rmino com煤n de tres d铆as, a fin de que puedan impugnarlo si lo estiman conveniente. Transcurrido dicho plazo, el 贸rgano jurisdiccional resolver谩 por auto dentro del tercer d铆a.
5. La revisi贸n de las diligencias de ordenaci贸n podr谩 ser solicitada del Juez o del Magistrado Ponente en el plazo se帽alado en el apartado 3.
Solicitada la revisi贸n, se seguir谩 el tr谩mite previsto en el apartado 4.
1. Son apelables en un solo efecto los autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en procesos de los que conozcan en primera instancia, en los siguientes casos:
a) Los que pongan t茅rmino a la pieza separada de medidas cautelares.
b) Los reca铆dos en ejecuci贸n de sentencia.
c) Los que declaren la inadmisi贸n del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuaci贸n.
d) Los reca铆dos sobre las autorizaciones previstas en el art铆culo 8.6 y en los art铆culos 9.2 y 122 bis.
e) Los reca铆dos en aplicaci贸n de los art铆culos 83 y 84.
2. La apelaci贸n de los autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en los supuestos de los art铆culos 110 y 111, se regir谩 por el mismo r茅gimen de admisi贸n de la apelaci贸n que corresponda a la sentencia cuya extensi贸n se pretende.
3. La tramitaci贸n de los recursos de apelaci贸n interpuestos contra los autos de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo se ajustar谩 a lo establecido en la Secci贸n 2.陋 de este Cap铆tulo.
Precepto modificado por Ley 2/2011, de 4 de marzo, con entrada en vigor a partir del 6-3-2011
路 Modificada letra d) del apartado 1 del art铆culo 80
Redacci贸n hasta el 6-3-2011
1. Son apelables en un solo efecto los autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en procesos de los que conozcan en primera instancia, en los siguientes casos:
a) Los que pongan t茅rmino a la pieza separada de medidas cautelares.
b) Los reca铆dos en ejecuci贸n de sentencia.
c) Los que declaren la inadmisi贸n del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuaci贸n.
d) Los reca铆dos sobre las autorizaciones previstas en el art铆culo 8.5.
e) Los reca铆dos en aplicaci贸n de los art铆culos 83 y 84.
2. La apelaci贸n de los autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en los supuestos de los art铆culos 110 y 111, se regir谩 por el mismo r茅gimen de admisi贸n de la apelaci贸n que corresponda a la sentencia cuya extensi贸n se pretende.
3. La tramitaci贸n de los recursos de apelaci贸n interpuestos contra los autos de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo se ajustar谩 a lo establecido en la Secci贸n 2.陋 de este Cap铆tulo.
Precepto modificado por LO 19/2003, de 23 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 15-1-2004
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 80
Redacci贸n hasta el 15-1-2004
1. Son apelables en un solo efecto los autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, en procesos de los que conozcan en primera instancia, en los siguientes casos:
a) Los que pongan t茅rmino a la pieza separada de medidas cautelares.
b) Los reca铆dos en ejecuci贸n de sentencia.
c) Los que declaren la inadmisi贸n del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuaci贸n.
d) Los reca铆dos sobre las autorizaciones previstas en el art铆culo 8.5.
e) Los reca铆dos en aplicaci贸n de los art铆culos 83 y 84.
2. Son apelables en todo caso, en ambos efectos, los autos de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y los de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en los supuestos a los que se refieren los art铆culos 110 y 111.
3. La tramitaci贸n de los recursos de apelaci贸n interpuestos contra los autos de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo se ajustar谩 a lo establecido en la Secci贸n Segunda de este Cap铆tulo.
1. Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo ser谩n susceptibles de recurso de apelaci贸n, salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes:
a) Aquellos cuya cuant铆a no exceda de 30.000 euros.
b) Los relativos a materia electoral comprendidos en el art铆culo 8.潞 4.
2. Ser谩n siempre susceptibles de apelaci贸n las sentencias siguientes:
a) Las que declaren la inadmisibilidad del recurso en el caso de la letra a) del apartado anterior.
b) Las dictadas en el procedimiento para la protecci贸n de los derechos fundamentales de la persona.
c) Las que resuelvan litigios entre Administraciones p煤blicas.
d) Las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales.
Precepto modificado por Ley 37/2011, de 10 de octubre, con entrada en vigor a partir del 31-10-2011
路 Modificada letra a) del apartado 1 del art铆culo 81
Redacci贸n hasta el 31-10-2011
1. Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo ser谩n susceptibles de recurso de apelaci贸n, salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes:
a) Aquellos cuya cuant铆a no exceda de dieciocho mil euros.
b) Los relativos a materia electoral comprendidos en el art铆culo 8.潞 4.
2. Ser谩n siempre susceptibles de apelaci贸n las sentencias siguientes:
a) Las que declaren la inadmisibilidad del recurso en el caso de la letra a) del apartado anterior.
b) Las dictadas en el procedimiento para la protecci贸n de los derechos fundamentales de la persona.
c) Las que resuelvan litigios entre Administraciones p煤blicas.
d) Las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 81
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo ser谩n susceptibles de recurso de apelaci贸n, salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes:
a) Aquellos cuya cuant铆a no exceda de tres millones de pesetas.
b) Los relativos a materia electoral comprendidos en el art铆culo 8.4.
2. Ser谩n siempre susceptibles de apelaci贸n las sentencias siguientes:
a) Las que declaren la inadmisibilidad del recurso en el caso de la letra a) del apartado anterior.
b) Las dictadas en el procedimiento para la protecci贸n de los derechos fundamentales de la persona.
c) Las que resuelvan litigios entre Administraciones p煤blicas.
d) Las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales.
El recurso de apelaci贸n podr谩 interponerse por quienes, seg煤n esta Ley, se hallen legitimados como parte demandante o demandada.
1. El recurso de apelaci贸n contra las sentencias es admisible en ambos efectos, salvo en los casos en que la presente Ley disponga otra cosa.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Juez, en cualquier momento, a instancia de la parte interesada, podr谩 adoptar las medidas cautelares que sean pertinentes para asegurar, en su caso, la ejecuci贸n de la sentencia atendiendo a los criterios establecidos en el Cap铆tulo II del T铆tulo VI.
1. La interposici贸n de un recurso de apelaci贸n no impedir谩 la ejecuci贸n provisional de la sentencia recurrida.
Las partes favorecidas por la sentencia podr谩n instar su ejecuci贸n provisional. Cuando de 茅sta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podr谩n acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podr谩 exigirse la prestaci贸n de cauci贸n o garant铆a para responder de aqu茅llos. En este caso no podr谩 llevarse a cabo la ejecuci贸n provisional hasta que la cauci贸n o la medida acordada est茅 constituida y acreditada en autos.
2. La constituci贸n de la cauci贸n se ajustar谩 a lo establecido en el art铆culo 133.2.
3. No se acordar谩 la ejecuci贸n provisional cuando la misma sea susceptible de producir situaciones irreversibles o perjuicios de imposible reparaci贸n.
4. Previa audiencia de las dem谩s partes por plazo com煤n de cinco d铆as, el Juez resolver谩 sobre la ejecuci贸n provisional en el t茅rmino de los cinco d铆as siguientes.
5. Cuando quien inste la ejecuci贸n provisional sea una Administraci贸n p煤blica, quedar谩 exenta de la prestaci贸n de cauci贸n.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 4 del art铆culo 84
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. La interposici贸n de un recurso de apelaci贸n no impedir谩 la ejecuci贸n provisional de la sentencia recurrida.
Las partes favorecidas por la sentencia podr谩n instar su ejecuci贸n provisional. Cuando de 茅sta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podr谩n acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podr谩 exigirse la prestaci贸n de cauci贸n o garant铆a para responder de aqu茅llos. En este caso no podr谩 llevarse a cabo la ejecuci贸n provisional hasta que la cauci贸n o la medida acordada est茅 constituida y acreditada en autos.
2. La constituci贸n de la cauci贸n se ajustar谩 a lo establecido en el art铆culo 133.2.
3. No se acordar谩 la ejecuci贸n provisional cuando la misma sea susceptible de producir situaciones irreversibles o perjuicios de imposible reparaci贸n.
4. Previa audiencia de las dem谩s partes por plazo com煤n de tres d铆as, el Juez resolver谩 sobre la ejecuci贸n provisional en el t茅rmino de los cinco d铆as siguientes.
5. Cuando quien inste la ejecuci贸n provisional sea una Administraci贸n p煤blica, quedar谩 exenta de la prestaci贸n de cauci贸n.
1. El recurso de apelaci贸n se interpondr谩 ante el Juzgado que hubiere dictado la sentencia que se apele, dentro de los quince d铆as siguientes al de su notificaci贸n, mediante escrito razonado que deber谩 contener las alegaciones en que se fundamente el recurso. Transcurrido el plazo de quince d铆as sin haberse interpuesto el recurso de apelaci贸n, el Secretario judicial declarar谩 la firmeza de la sentencia.
2. Si el escrito presentado cumple los requisitos previstos en el apartado anterior y se refiere a una sentencia susceptible de apelaci贸n, el Secretario judicial dictar谩 resoluci贸n admitiendo el recurso, contra la que no cabr谩 recurso alguno, y dar谩 traslado del mismo a las dem谩s partes para que, en el plazo com煤n de quince d铆as, puedan formalizar su oposici贸n. En otro caso, lo pondr谩 en conocimiento del Juez que, si lo estima oportuno, denegar谩 la admisi贸n por medio de auto, contra el que podr谩 interponerse recurso de queja, que se sustanciar谩 en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
3. En los escritos de interposici贸n del recurso y de oposici贸n al mismo las partes podr谩n pedir el recibimiento a prueba para la pr谩ctica de las que hubieran sido denegadas o no hubieran sido debidamente practicadas en primera instancia por causas que no les sean imputables. En dichos escritos, los funcionarios p煤blicos, en los procesos a que se refiere el art铆culo 23.3, designar谩n un domicilio para notificaciones en la sede de la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente.
4. En el escrito de oposici贸n, la parte apelada, si entendiera admitida indebidamente la apelaci贸n, deber谩 hacerlo constar, en cuyo caso el Secretario judicial dar谩 vista a la apelante, por cinco d铆as, de esta alegaci贸n. Tambi茅n podr谩 el apelado, en el mismo escrito, adherirse a la apelaci贸n, razonando los puntos en que crea que le es perjudicial la sentencia, y en este caso el Secretario dar谩 traslado al apelante del escrito de oposici贸n por plazo de diez d铆as, al solo efecto de que pueda oponerse a la adhesi贸n.
5. Transcurridos los plazos a que se refieren los apartados 2 y 4 anteriores, el Juzgado elevar谩 los autos y el expediente administrativo, en uni贸n de los escritos presentados, orden谩ndose el emplazamiento de las partes para su comparecencia en el plazo de treinta d铆as ante la Sala de lo Contencioso-administrativo competente, que resolver谩, en su caso, lo que proceda sobre la discutida admisi贸n del recurso o sobre el recibimiento a prueba.
6. Cuando la Sala estime procedente la prueba solicitada, su pr谩ctica tendr谩 lugar con citaci贸n de las partes.
7. Las partes, en los escritos de interposici贸n y de oposici贸n al recurso, podr谩n solicitar que se celebre vista, que se presenten conclusiones o que el pleito sea declarado concluso, sin m谩s tr谩mites, para sentencia.
8. El Secretario judicial acordar谩 la celebraci贸n de vista, en cuyo caso har谩 el oportuno se帽alamiento, o la presentaci贸n de conclusiones si lo hubieren solicitado todas las partes o si se hubiere practicado prueba. La Sala tambi茅n podr谩 acordar que se celebre vista, que se帽alar谩 el secretario, o que se presenten conclusiones escritas cuando lo estimare necesario, atendida la 铆ndole del asunto. Ser谩 de aplicaci贸n a estos tr谩mites lo dispuesto en los art铆culos 63 a 65.
Celebrada la vista o presentadas las conclusiones, el Secretario judicial declarar谩 que el pleito ha quedado concluso para sentencia.
9. La Sala dictar谩 sentencia en el plazo de diez d铆as desde la declaraci贸n de que el pleito est谩 concluso para sentencia.
10. Cuando la Sala revoque en apelaci贸n la sentencia impugnada que hubiere declarado la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, resolver谩 al mismo tiempo sobre el fondo del asunto.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 1, 2, 4, 5 y 8 del art铆culo 85
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. El recurso de apelaci贸n se interpondr谩 ante el Juzgado que hubiere dictado la sentencia que se apele, dentro de los quince d铆as siguientes al de su notificaci贸n, mediante escrito razonado que deber谩 contener las alegaciones en que se fundamente el recurso.
Transcurrido el plazo de quince d铆as sin haberse interpuesto el recurso de apelaci贸n, la sentencia quedar谩 firme.
2. Si el escrito presentado cumple los requisitos previstos en el apartado anterior y se refiere a una sentencia susceptible de apelaci贸n, el Juzgado dictar谩 resoluci贸n admitiendo el recurso, contra la que no cabr谩 recurso alguno, y dar谩 traslado del mismo a las dem谩s partes para que, en el plazo com煤n de quince d铆as, puedan formalizar su oposici贸n. En otro caso, denegar谩 la admisi贸n por medio de auto, contra el que podr谩 interponerse recurso de queja, que se sustanciar谩 en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
3. En los escritos de interposici贸n del recurso y de oposici贸n al mismo las partes podr谩n pedir el recibimiento a prueba para la pr谩ctica de las que hubieran sido denegadas o no hubieran sido debidamente practicadas en primera instancia por causas que no les sean imputables. En dichos escritos, los funcionarios p煤blicos, en los procesos a que se refiere el art铆culo 23.3, designar谩n un domicilio para notificaciones en la sede de la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente.
4. En el escrito de oposici贸n, la parte apelada, si entendiera admitida indebidamente la apelaci贸n, deber谩 hacerlo constar, en cuyo caso se dar谩 vista a la apelante, por tres d铆as, de esta alegaci贸n. Tambi茅n podr谩 el apelado, en el mismo escrito, adherirse a la apelaci贸n, razonando los puntos en que crea que le es perjudicial la sentencia, en cuyo caso se dar谩 traslado al apelante del escrito de oposici贸n por plazo de diez d铆as, al solo efecto de que pueda oponerse a la adhesi贸n.
5. Transcurridos los plazos a que se refieren los apartados 2 y 4 anteriores, el Juzgado elevar谩 los autos y el expediente administrativo, en uni贸n de los escritos presentados, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente, que resolver谩, en su caso, lo que proceda sobre la discutida admisi贸n del recurso o sobre el recibimiento a prueba.
6. Cuando la Sala estime procedente la prueba solicitada, su pr谩ctica tendr谩 lugar con citaci贸n de las partes.
7. Las partes, en los escritos de interposici贸n y de oposici贸n al recurso, podr谩n solicitar que se celebre vista, que se presenten conclusiones o que el pleito sea declarado concluso, sin m谩s tr谩mites, para sentencia.
8. La Sala acordar谩 la celebraci贸n de vista o la presentaci贸n de conclusiones si lo hubieren solicitado todas las partes o si se hubiere practicado prueba, as铆 como cuando lo estimare necesario, atendida la 铆ndole del asunto. Ser谩 de aplicaci贸n a estos tr谩mites lo dispuesto en los art铆culos 63 a 65.
Celebrada la vista o presentadas las conclusiones, la Sala declarar谩 que el pleito ha quedado concluso para sentencia.
9. La Sala dictar谩 sentencia en el plazo de diez d铆as desde la declaraci贸n de que el pleito est谩 concluso para sentencia.
10. Cuando la Sala revoque en apelaci贸n la sentencia impugnada que hubiere declarado la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, resolver谩 al mismo tiempo sobre el fondo del asunto.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 22-7-2016
路 Modificada Secci贸n 3.陋 del Cap铆tulo III del T铆tulo IV
1. Las sentencias dictadas en 煤nica instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y las dictadas en 煤nica instancia o en apelaci贸n por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia ser谩n susceptibles de recurso de casaci贸n ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
En el caso de las sentencias dictadas en 煤nica instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, 煤nicamente ser谩n susceptibles de recurso las sentencias que contengan doctrina que se reputa gravemente da帽osa para los intereses generales y sean susceptibles de extensi贸n de efectos.
2. Se except煤an de lo establecido en el apartado anterior las sentencias dictadas en el procedimiento para la protecci贸n del derecho fundamental de reuni贸n y en los procesos contencioso-electorales.
3. Las sentencias que, siendo susceptibles de casaci贸n, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia s贸lo ser谩n recurribles ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracci贸n de normas de Derecho estatal o de la Uni贸n Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora.
Cuando el recurso se fundare en infracci贸n de normas emanadas de la Comunidad Aut贸noma ser谩 competente una Secci贸n de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala, que la presidir谩, por el Presidente o Presidentes de las dem谩s Salas de lo Contencioso-administrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en n煤mero no superior a dos, y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros.
Si la Sala o Salas de lo Contencioso-administrativo tuviesen m谩s de una Secci贸n, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecer谩 para cada a帽o judicial el turno con arreglo al cual los Presidentes de Secci贸n ocupar谩n los puestos de la regulada en este apartado. Tambi茅n lo establecer谩 entre todos los Magistrados que presten servicio en la Sala o Salas.
4. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable ser谩n susceptibles de recurso de casaci贸n en los casos establecidos en su Ley de Funcionamiento.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 22-7-2016
路 Modificado art铆culo 86
Redacci贸n hasta el 22-7-2016
1. Las sentencias dictadas en 煤nica instancia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia ser谩n susceptibles de recurso de casaci贸n ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
2. Se except煤an de lo establecido en el apartado anterior:
a) Las sentencias que se refieran a cuestiones de personal al servicio de las Administraciones p煤blicas, salvo que afecten al nacimiento o a la extinci贸n de la relaci贸n de servicio de funcionarios de carrera.
b) Las reca铆das, cualquiera que fuere la materia, en asuntos cuya cuant铆a no exceda de 600.000 euros, excepto cuando se trate del procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales, en cuyo caso proceder谩 el recurso cualquiera que sea la cuant铆a del asunto litigioso.
c) Las dictadas en el procedimiento para la protecci贸n del derecho fundamental de reuni贸n a que se refiere el art铆culo 122.
d) Las dictadas en materia electoral.
3. Cabr谩 en todo caso recurso de casaci贸n contra las sentencias de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia que declaren nula o conforme a Derecho una disposici贸n de car谩cter general.
4. Las sentencias que, siendo susceptibles de casaci贸n por aplicaci贸n de los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia s贸lo ser谩n recurribles en casaci贸n si el recurso pretende fundarse en infracci贸n de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora.
5. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable ser谩n susceptibles de recurso de casaci贸n en los casos establecidos en su Ley de Funcionamiento.
Precepto modificado por Ley 37/2011, de 10 de octubre, con entrada en vigor a partir del 31-10-2011
路 Modificada letra b) del apartado 2 del art铆culo 86
Redacci贸n hasta el 31-10-2011
1. Las sentencias dictadas en 煤nica instancia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia ser谩n susceptibles de recurso de casaci贸n ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
2. Se except煤an de lo establecido en el apartado anterior:
a) Las sentencias que se refieran a cuestiones de personal al servicio de las Administraciones p煤blicas, salvo que afecten al nacimiento o a la extinci贸n de la relaci贸n de servicio de funcionarios de carrera.
b) Las reca铆das, cualquiera que fuere la materia, en asuntos cuya cuant铆a no exceda de 150.000 euros, excepto cuando se trate del procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales, en cuyo caso proceder谩 el recurso cualquiera que sea la cuant铆a del asunto litigioso.
c) Las dictadas en el procedimiento para la protecci贸n del derecho fundamental de reuni贸n a que se refiere el art铆culo 122.
d) Las dictadas en materia electoral.
3. Cabr谩 en todo caso recurso de casaci贸n contra las sentencias de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia que declaren nula o conforme a Derecho una disposici贸n de car谩cter general.
4. Las sentencias que, siendo susceptibles de casaci贸n por aplicaci贸n de los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia s贸lo ser谩n recurribles en casaci贸n si el recurso pretende fundarse en infracci贸n de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora.
5. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable ser谩n susceptibles de recurso de casaci贸n en los casos establecidos en su Ley de Funcionamiento.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificada letra b) del apartado 2 del art铆culo 86
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Las sentencias dictadas en 煤nica instancia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia ser谩n susceptibles de recurso de casaci贸n ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
2. Se except煤an de lo establecido en el apartado anterior:
a) Las sentencias que se refieran a cuestiones de personal al servicio de las Administraciones p煤blicas, salvo que afecten al nacimiento o a la extinci贸n de la relaci贸n de servicio de funcionarios de carrera.
b) Las reca铆das, cualquiera que fuere la materia, en asuntos cuya cuant铆a no exceda de 25 millones de pesetas, excepto cuando se trate del procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales, en cuyo caso proceder谩 el recurso cualquiera que sea la cuant铆a del asunto litigioso.
c) Las dictadas en el procedimiento para la protecci贸n del derecho fundamental de reuni贸n a que se refiere el art铆culo 122.
d) Las dictadas en materia electoral.
3. Cabr谩 en todo caso recurso de casaci贸n contra las sentencias de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia que declaren nula o conforme a Derecho una disposici贸n de car谩cter general.
4. Las sentencias que, siendo susceptibles de casaci贸n por aplicaci贸n de los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia s贸lo ser谩n recurribles en casaci贸n si el recurso pretende fundarse en infracci贸n de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora.
5. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable ser谩n susceptibles de recurso de casaci贸n en los casos establecidos en su Ley de Funcionamiento.
1. Tambi茅n son susceptibles de recurso de casaci贸n los siguientes autos dictados por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, con la misma excepci贸n e igual l铆mite dispuestos en los apartados 2 y 3 del art铆culo anterior:
a) Los que declaren la inadmisi贸n del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuaci贸n.
b) Los que pongan t茅rmino a la pieza separada de suspensi贸n o de otras medidas cautelares.
c) Los reca铆dos en ejecuci贸n de sentencia, siempre que resuelvan cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aqu茅lla o que contradigan los t茅rminos del fallo que se ejecuta.
d) Los dictados en el caso previsto en el art铆culo 91.
e) Los dictados en aplicaci贸n de los art铆culos 110 y 111.
2. Para que pueda prepararse el recurso de casaci贸n en los casos previstos en el apartado anterior, es requisito necesario interponer previamente el recurso de s煤plica.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 22-7-2016
路 Modificado art铆culo 87
Redacci贸n hasta el 22-7-2016
1. Tambi茅n son susceptibles de recurso de casaci贸n, en los mismos supuestos previstos en el art铆culo anterior, los autos siguientes:
a) Los que declaren la inadmisi贸n del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuaci贸n.
b) Los que pongan t茅rmino a la pieza separada de suspensi贸n o de otras medidas cautelares.
c) Los reca铆dos en ejecuci贸n de sentencia, siempre que resuelvan cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aqu茅lla o que contradigan los t茅rminos del fallo que se ejecuta.
d) Los dictados en el caso previsto en el art铆culo 91.
2. Ser谩n susceptibles de recurso de casaci贸n, en todo caso, los autos dictados en aplicaci贸n de los art铆culos 110 y 111.
3. Para que pueda prepararse el recurso de casaci贸n en los casos previstos en los apartados anteriores, es requisito necesario interponer previamente el recurso de s煤plica.
Precepto modificado por LEC 1/2000, de 7 de enero, con entrada en vigor a partir del 8-1-2001
路 Modificado apartado 3 del art铆culo 87
Redacci贸n hasta el 8-1-2001
1. Tambi茅n son susceptibles de recurso de casaci贸n, en los mismos supuestos previstos en el art铆culo anterior, los autos siguientes:
a) Los que declaren la inadmisi贸n del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuaci贸n.
b) Los que pongan t茅rmino a la pieza separada de suspensi贸n o de otras medidas cautelares.
c) Los reca铆dos en ejecuci贸n de sentencia, siempre que resuelvan cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aqu茅lla o que contradigan los t茅rminos del fallo que se ejecuta.
d) Los dictados en el caso previsto en el art铆culo 91.
2. Ser谩n susceptibles de recurso de casaci贸n, en todo caso, los autos dictados en aplicaci贸n de los art铆culos 110 y 111.
3. Para que pueda prepararse el recurso de casaci贸n en los casos previstos en el apartado anterior es requisito necesario interponer previamente el recurso de s煤plica.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art铆culo 93.3, el recurso de casaci贸n ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se limitar谩 a las cuestiones de derecho, con exclusi贸n de las cuestiones de hecho.
2. Las pretensiones del recurso de casaci贸n deber谩n tener por objeto la anulaci贸n, total o parcial, de la sentencia o auto impugnado y, en su caso, la devoluci贸n de los autos al Tribunal de instancia o la resoluci贸n del litigio por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dentro de los t茅rminos en que apareciese planteado el debate.
3. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podr谩 determinar, mediante acuerdo que se publicar谩 en el "Bolet铆n Oficial del Estado", la extensi贸n m谩xima y otras condiciones extr铆nsecas, incluidas las relativas a su presentaci贸n por medios telem谩ticos, de los escritos de interposici贸n y de oposici贸n de los recursos de casaci贸n.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 1-10-2015
路 A帽adido art铆culo 87 bis
1. El recurso de casaci贸n podr谩 ser admitido a tr谩mite cuando, invocada una concreta infracci贸n del ordenamiento jur铆dico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta inter茅s casacional objetivo para la formaci贸n de jurisprudencia.
2. El Tribunal de casaci贸n podr谩 apreciar que existe inter茅s casacional objetivo, motiv谩ndolo expresamente en el auto de admisi贸n, cuando, entre otras circunstancias, la resoluci贸n que se impugna:
a) Fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretaci贸n de las normas de Derecho estatal o de la Uni贸n Europea en las que se fundamenta el fallo contradictoria con la que otros 贸rganos jurisdiccionales hayan establecido.
b) Siente una doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente da帽osa para los intereses generales.
c) Afecte a un gran n煤mero de situaciones, bien en s铆 misma o por trascender del caso objeto del proceso.
d) Resuelva un debate que haya versado sobre la validez constitucional de una norma con rango de ley, sin que la improcedencia de plantear la pertinente cuesti贸n de inconstitucionalidad aparezca suficientemente esclarecida.
e) Interprete y aplique aparentemente con error y como fundamento de su decisi贸n una doctrina constitucional.
f) Interprete y aplique el Derecho de la Uni贸n Europea en contradicci贸n aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o en supuestos en que aun pueda ser exigible la intervenci贸n de 茅ste a t铆tulo prejudicial.
g) Resuelva un proceso en que se impugn贸, directa o indirectamente, una disposici贸n de car谩cter general.
h) Resuelva un proceso en que lo impugnado fue un convenio celebrado entre Administraciones p煤blicas.
i) Haya sido dictada en el procedimiento especial de protecci贸n de derechos fundamentales.
3. Se presumir谩 que existe inter茅s casacional objetivo:
a) Cuando en la resoluci贸n impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la raz贸n de decidir sobre las que no exista jurisprudencia.
b) Cuando dicha resoluci贸n se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla err贸nea.
c) Cuando la sentencia recurrida declare nula una disposici贸n de car谩cter general, salvo que esta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente.
d) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores o de supervisi贸n o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
e) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los Gobiernos o Consejos de Gobierno de las Comunidades Aut贸nomas.
No obstante, en los supuestos referidos en las letras a), d) y e) el recurso podr谩 inadmitirse por auto motivado cuando el Tribunal aprecie que el asunto carece manifiestamente de inter茅s casacional objetivo para la formaci贸n de jurisprudencia.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 22-7-2016
路 Modificado art铆culo 88
Redacci贸n hasta el 22-7-2016
1. El recurso de casaci贸n habr谩 de fundarse en alguno o algunos de los siguientes motivos:
a) Abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicci贸n.
b) Incompetencia o inadecuaci贸n del procedimiento.
c) Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracci贸n de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garant铆as procesales, siempre que, en este 煤ltimo caso, se haya producido indefensi贸n para la parte.
d) Infracci贸n de las normas del ordenamiento jur铆dico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.
2. La infracci贸n de las normas relativas a los actos y garant铆as procesales que produzca indefensi贸n s贸lo podr谩 alegarse cuando se haya pedido la subsanaci贸n de la falta o transgresi贸n en la instancia, de existir momento procesal oportuno para ello.
3. Cuando el recurso se funde en el motivo previsto en la letra d) del apartado 1 de este art铆culo el Tribunal Supremo podr谩 integrar en los hechos admitidos como probados por el Tribunal de instancia aquellos que, habiendo sido omitidos por 茅ste, est茅n suficientemente justificados seg煤n las actuaciones y cuya toma en consideraci贸n resulte necesaria para apreciar la infracci贸n alegada de las normas del ordenamiento jur铆dico o de la jurisprudencia, incluso la desviaci贸n de poder.
1. El recurso de casaci贸n se preparar谩 ante la Sala de instancia en el plazo de treinta d铆as, contados desde el siguiente al de la notificaci贸n de la resoluci贸n que se recurre, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido.
2. El escrito de preparaci贸n deber谩, en apartados separados que se encabezar谩n con un ep铆grafe expresivo de aquello de lo que tratan:
a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos reglados en orden al plazo, la legitimaci贸n y la recurribilidad de la resoluci贸n que se impugna.
b) Identificar con precisi贸n las normas o la jurisprudencia que se consideran infringidas, justificando que fueron alegadas en el proceso, o tomadas en consideraci贸n por la Sala de instancia, o que 茅sta hubiera debido observarlas aun sin ser alegadas.
c) Acreditar, si la infracci贸n imputada lo es de normas o de jurisprudencia relativas a los actos o garant铆as procesales que produjo indefensi贸n, que se pidi贸 la subsanaci贸n de la falta o transgresi贸n en la instancia, de haber existido momento procesal oportuno para ello.
d) Justificar que la o las infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes de la decisi贸n adoptada en la resoluci贸n que se pretende recurrir.
e) Justificar, en el caso de que 茅sta hubiera sido dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de un Tribunal Superior de Justicia, que la norma supuestamente infringida forma parte del Derecho estatal o del de la Uni贸n Europea.
f) Especialmente, fundamentar con singular referencia al caso, que concurren alguno o algunos de los supuestos que, con arreglo a los apartados 2 y 3 del art铆culo anterior, permiten apreciar el inter茅s casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
3. Si el escrito de preparaci贸n no se presentara en el plazo de treinta d铆as, la sentencia o auto quedar谩 firme, declar谩ndolo as铆 el Letrado de la Administraci贸n de Justicia mediante decreto. Contra esta decisi贸n s贸lo cabr谩 el recurso directo de revisi贸n regulado en el art铆culo 102 bis de esta Ley.
4. Si, aun presentado en plazo, no cumpliera los requisitos que impone el apartado 2 de este art铆culo, la Sala de instancia, mediante auto motivado, tendr谩 por no preparado el recurso de casaci贸n, denegando el emplazamiento de las partes y la remisi贸n de las actuaciones al Tribunal Supremo. Contra este auto 煤nicamente podr谩 interponerse recurso de queja, que se sustanciar谩 en la forma establecida por la Ley de Enjuiciamiento Civil.
5. Si se cumplieran los requisitos exigidos por el apartado 2, dicha Sala, mediante auto en el que se motivar谩 suficientemente su concurrencia, tendr谩 por preparado el recurso de casaci贸n, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia dentro del plazo de treinta d铆as ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, as铆 como la remisi贸n a 茅sta de los autos originales y del expediente administrativo Y, si lo entiende oportuno, emitir谩 opini贸n sucinta y fundada sobre el inter茅s objetivo del recurso para la formaci贸n de jurisprudencia, que unir谩 al oficio de remisi贸n.
6. Contra el auto en que se tenga por preparado el recurso de casaci贸n, la parte recurrida no podr谩 interponer recurso alguno, pero podr谩 oponerse a su admisi贸n al tiempo de comparecer ante el Tribunal Supremo, si lo hiciere dentro del t茅rmino del emplazamiento.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 22-7-2016
路 Modificado art铆culo 89
Redacci贸n hasta el 22-7-2016
1. El recurso de casaci贸n se preparar谩 ante la Sala que hubiere dictado la resoluci贸n recurrida en el plazo de diez d铆as, contados desde el siguiente al de la notificaci贸n de aqu茅lla, mediante escrito en el que deber谩 manifestarse la intenci贸n de interponer el recurso, con sucinta exposici贸n de la concurrencia de los requisitos de forma exigidos.
2. En el supuesto previsto en el art铆culo 86.4, habr谩 de justificarse que la infracci贸n de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.
3. El recurso de casaci贸n podr谩 interponerse por quienes hayan sido parte en el procedimiento a que se contraiga la Sentencia o resoluci贸n recurrida.
4. Transcurrido el plazo de diez d铆as sin haberse preparado el recurso de casaci贸n, la sentencia o resoluci贸n quedar谩 firme, declar谩ndolo as铆 el Secretario judicial mediante decreto.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 4 del art铆culo 89
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. El recurso de casaci贸n se preparar谩 ante la Sala que hubiere dictado la resoluci贸n recurrida en el plazo de diez d铆as, contados desde el siguiente al de la notificaci贸n de aqu茅lla, mediante escrito en el que deber谩 manifestarse la intenci贸n de interponer el recurso, con sucinta exposici贸n de la concurrencia de los requisitos de forma exigidos.
2. En el supuesto previsto en el art铆culo 86.4, habr谩 de justificarse que la infracci贸n de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.
3. El recurso de casaci贸n podr谩 interponerse por quienes hayan sido parte en el procedimiento a que se contraiga la Sentencia o resoluci贸n recurrida.
4. Transcurrido el plazo de diez d铆as sin haberse preparado el recurso de casaci贸n, la sentencia o resoluci贸n quedar谩 firme.
1. Recibidos los autos originales y el expediente administrativo, la Secci贸n de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo a que se refiere el apartado siguiente podr谩 acordar, excepcionalmente y s贸lo si las caracter铆sticas del asunto lo aconsejan, o铆r a las partes personadas por plazo com煤n de treinta d铆as acerca de si el recurso presenta inter茅s casacional objetivo para la formaci贸n de jurisprudencia.
2. La admisi贸n o inadmisi贸n a tr谩mite del recurso ser谩 decidida por una Secci贸n de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo integrada por el Presidente de la Sala y por al menos un Magistrado de cada una de sus restantes Secciones. Con excepci贸n del Presidente de la Sala, dicha composici贸n se renovar谩 por mitad transcurrido un a帽o desde la fecha de su primera constituci贸n y en lo sucesivo cada seis meses, mediante acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que determinar谩 sus integrantes para cada uno de los citados periodos y que se publicar谩 en la p谩gina web del Poder Judicial.
3. La resoluci贸n sobre la admisi贸n o inadmisi贸n del recurso adoptar谩 la siguiente forma:
a) En los supuestos del apartado 2 del art铆culo 88, en los que ha de apreciarse la existencia de inter茅s casacional objetivo para la formaci贸n de jurisprudencia, la resoluci贸n adoptar谩 la forma de providencia, si decide la inadmisi贸n, y de auto, si acuerda la admisi贸n a tr谩mite. No obstante, si el 贸rgano que dict贸 la resoluci贸n recurrida hubiera emitido en el tr谩mite que prev茅 el art铆culo 89.5 opini贸n que, adem谩s de fundada, sea favorable a la admisi贸n del recurso, la inadmisi贸n se acordar谩 por auto motivado.
b) En los supuestos del apartado 3 del art铆culo 88, en los que se presume la existencia de inter茅s casacional objetivo, la inadmisi贸n se acordar谩 por auto motivado en el que se justificar谩 que concurren las salvedades que en aqu茅l se establecen.
4. Los autos de admisi贸n precisar谩n la cuesti贸n o cuestiones en las que se entiende que existe inter茅s casacional objetivo e identificar谩n la norma o normas jur铆dicas que en principio ser谩n objeto de interpretaci贸n, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si as铆 lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso. Las providencias de inadmisi贸n 煤nicamente indicar谩n si en el recurso de casaci贸n concurre una de estas circunstancias:
a) ausencia de los requisitos reglados de plazo, legitimaci贸n o recurribilidad de la resoluci贸n impugnada;
b) incumplimiento de cualquiera de las exigencias que el art铆culo 89.2 impone para el escrito de preparaci贸n;
c) no ser relevante y determinante del fallo ninguna de las infracciones denunciadas; o
d) carencia en el recurso de inter茅s casacional objetivo para la formaci贸n de jurisprudencia.
5. Contra las providencias y los autos de admisi贸n o inadmisi贸n no cabr谩 recurso alguno.
6. El Letrado de la Administraci贸n de Justicia de Sala comunicar谩 inmediatamente a la Sala de instancia la decisi贸n adoptada y, si es de inadmisi贸n, le devolver谩 las actuaciones procesales y el expediente administrativo recibidos.
7. Los autos de admisi贸n del recurso de casaci贸n se publicar谩n en la p谩gina web del Tribunal Supremo. Con periodicidad semestral, su Sala de lo Contencioso-administrativo har谩 p煤blico, en la mencionada p谩gina web y en el «Bolet铆n Oficial del Estado», el listado de recursos de casaci贸n admitidos a tr谩mite, con menci贸n sucinta de la norma o normas que ser谩n objeto de interpretaci贸n y de la programaci贸n para su resoluci贸n.
8. La inadmisi贸n a tr谩mite del recurso de casaci贸n comportar谩 la imposici贸n de las costas a la parte recurrente, pudiendo tal imposici贸n ser limitada a una parte de ellas o hasta una cifra m谩xima.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 22-7-2016
路 Modificado art铆culo 90
Redacci贸n hasta el 22-7-2016
1. Si el escrito de preparaci贸n cumple los requisitos previstos en el art铆culo anterior, y se refiere a una resoluci贸n susceptible de casaci贸n, el Secretario judicial tendr谩 por preparado el recurso. En otro caso, dar谩 cuenta a la Sala para que resuelva lo que proceda.
Si se tuviere por preparado el recurso, el Secretario judicial emplazar谩 a las partes para su comparecencia e interposici贸n del recurso dentro del plazo de treinta d铆as ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Practicados los emplazamientos, remitir谩 los autos originales y el expediente administrativo dentro de los cinco d铆as siguientes.
2. Si no se tuviese por preparado, la Sala dictar谩 auto motivado denegando el emplazamiento de las partes y la remisi贸n de las actuaciones al Tribunal Supremo. Contra este auto 煤nicamente podr谩 interponerse recurso de queja, que se sustanciar谩 en la forma establecida por la Ley de Enjuiciamiento Civil.
3. Contra la resoluci贸n en la que se tenga por preparado el recurso de casaci贸n, la parte recurrida no podr谩 interponer recurso alguno, pero podr谩 oponerse a su admisi贸n al tiempo de comparecer ante el Tribunal Supremo, si lo hiciere dentro del t茅rmino del emplazamiento.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 90
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Si el escrito de preparaci贸n cumple los requisitos previstos en el art铆culo anterior, y se refiere a una resoluci贸n susceptible de casaci贸n, se tendr谩 por preparado el recurso orden谩ndose el emplazamiento de las partes para su comparecencia e interposici贸n del recurso dentro del plazo de treinta d铆as ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Practicados los emplazamientos, se remitir谩n los autos originales y el expediente administrativo dentro de los cinco d铆as siguientes.
2. En otro caso, se dictar谩 auto motivado denegando el emplazamiento de las partes y la remisi贸n de las actuaciones al Tribunal Supremo. Contra este auto 煤nicamente podr谩 interponerse recurso de queja, que se sustanciar谩 en la forma establecida por la Ley de Enjuiciamiento Civil.
3. Contra la providencia en la que se tenga por preparado el recurso de casaci贸n la parte recurrida no podr谩 interponer recurso alguno, pero podr谩 oponerse a su admisi贸n al tiempo de comparecer ante el Tribunal Supremo, si lo hace dentro del t茅rmino del emplazamiento.
1. La preparaci贸n del recurso de casaci贸n no impedir谩 la ejecuci贸n provisional de la sentencia recurrida.
Las partes favorecidas por la sentencia podr谩n instar su ejecuci贸n provisional. Cuando de 茅sta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podr谩n acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podr谩 exigirse la presentaci贸n de cauci贸n o garant铆a para responder de aqu茅llos. No podr谩 llevarse a efecto la ejecuci贸n provisional hasta que la cauci贸n o la medida acordada est茅 constituida y acreditada en autos.
2. La constituci贸n de la cauci贸n se ajustar谩 a lo establecido en el art铆culo 133.2 de esta Ley.
3. El Tribunal de instancia denegar谩 la ejecuci贸n provisional cuando pueda crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de dif铆cil reparaci贸n.
4. Cuando se tenga por preparado un recurso de casaci贸n, el Letrado de la Administraci贸n de Justicia dejara testimonio bastante de los autos y de la resoluci贸n recurrida a los efectos previstos en este art铆culo.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 22-7-2016
路 Modificado art铆culo 91
Redacci贸n hasta el 22-7-2016
1. La preparaci贸n del recurso de casaci贸n no impedir谩 la ejecuci贸n provisional de la sentencia recurrida.
Las partes favorecidas por la sentencia podr谩n instar su ejecuci贸n provisional. Cuando de 茅sta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podr谩n acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podr谩 exigirse la presentaci贸n de cauci贸n o garant铆a para responder de aqu茅llos. No podr谩 llevarse a efecto la ejecuci贸n provisional hasta que la cauci贸n o la medida acordada est茅 constituida y acreditada en autos.
2. La constituci贸n de la cauci贸n se ajustar谩 a lo establecido en el art铆culo 133.2.
3. El Juez o Tribunal denegar谩 la ejecuci贸n provisional cuando pueda crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de dif铆cil reparaci贸n.
4. Cuando se tenga por preparado un recurso de casaci贸n, el Secretario judicial dejar谩 testimonio bastante de los autos y de la resoluci贸n recurrida a los efectos previstos en este art铆culo.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 3 y 4 del art铆culo 91
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. La preparaci贸n del recurso de casaci贸n no impedir谩 la ejecuci贸n provisional de la sentencia recurrida.
Las partes favorecidas por la sentencia podr谩n instar su ejecuci贸n provisional. Cuando de 茅sta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podr谩n acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podr谩 exigirse la presentaci贸n de cauci贸n o garant铆a para responder de aqu茅llos. No podr谩 llevarse a efecto la ejecuci贸n provisional hasta que la cauci贸n o la medida acordada est茅 constituida y acreditada en autos.
2. La constituci贸n de la cauci贸n se ajustar谩 a lo establecido en el art铆culo 133.2.
3. La ejecuci贸n provisional se denegar谩 cuando pueda crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de dif铆cil reparaci贸n.
4. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia, cuando tenga por preparado un recurso de casaci贸n, dejar谩 testimonio bastante de los autos y de la resoluci贸n recurrida a los efectos previstos en este art铆culo.
1. Admitido el recurso, el Letrado de la Administraci贸n de Justicia de la Secci贸n de Admisi贸n de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dictar谩 diligencia de ordenaci贸n en la que dispondr谩 remitir las actuaciones a la Secci贸n de dicha Sala competente para su tramitaci贸n y decisi贸n y en la que har谩 saber a la parte recurrente que dispone de un plazo de treinta d铆as, a contar desde la notificaci贸n de aqu茅lla, para presentar en la Secretar铆a de esa Secci贸n competente el escrito de interposici贸n del recurso de casaci贸n. Durante este plazo, las actuaciones procesales y el expediente administrativo estar谩n de manifiesto en la Oficina judicial.
2. Transcurrido dicho plazo sin presentar el escrito de interposici贸n, el Letrado de la Administraci贸n de Justicia declarar谩 desierto el recurso, ordenando la devoluci贸n de las actuaciones recibidas a la Sala de que procedieran. Contra tal declaraci贸n s贸lo podr谩n interponerse los recursos que prev茅 el art铆culo 102 bis de esta Ley.
3. El escrito de interposici贸n deber谩, en apartados separados que se encabezar谩n con un ep铆grafe expresivo de aquello de lo que tratan:
a) Exponer razonadamente por qu茅 han sido infringidas las normas o la jurisprudencia que como tales se identificaron en el escrito de preparaci贸n, sin poder extenderse a otra u otras no consideradas entonces, debiendo analizar, y no s贸lo citar, las sentencias del Tribunal Supremo que a juicio de la parte son expresivas de aquella jurisprudencia, para justificar su aplicabilidad al caso; y
b) Precisar el sentido de las pretensiones que la parte deduce y de los pronunciamientos que solicita.
4. Si el escrito de interposici贸n no cumpliera lo exigido en el apartado anterior, la Secci贸n de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo competente para la resoluci贸n del recurso acordar谩 o铆r a la parte recurrente sobre el incumplimiento detectado y, sin m谩s tr谩mites, dictar谩 sentencia inadmiti茅ndolo si entendiera tras la audiencia que el incumplimiento fue cierto. En ella, impondr谩 a dicha parte las costas causadas, pudiendo tal imposici贸n ser limitada a una parte de ellas o hasta una cifra m谩xima.
5. En otro caso, acordar谩 dar traslado del escrito de interposici贸n a la parte o partes recurridas y personadas para que puedan oponerse al recurso en el plazo com煤n de treinta d铆as. Durante este plazo estar谩n de manifiesto las actuaciones procesales y el expediente administrativo en la Oficina judicial. En el escrito de oposici贸n no podr谩 pretenderse la inadmisi贸n del recurso.
6. Transcurrido dicho plazo, h谩yanse presentado o no los escritos de oposici贸n, la Secci贸n competente para la decisi贸n del recurso, de oficio o a petici贸n de cualquiera de las partes formulada por otros铆 en los escritos de interposici贸n u oposici贸n, acordar谩 la celebraci贸n de vista p煤blica salvo que entendiera que la 铆ndole del asunto la hace innecesaria, en cuyo caso declarar谩 que el recurso queda concluso y pendiente de votaci贸n y fallo. El se帽alamiento del d铆a en que haya de celebrarse la vista o en que haya de tener lugar el acto de votaci贸n y fallo respetar谩 la programaci贸n que, atendiendo prioritariamente al criterio de mayor antig眉edad del recurso, se haya podido establecer.
7. Cuando la 铆ndole del asunto lo aconsejara, el Presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de oficio o a petici贸n de la mayor铆a de los Magistrados de la Secci贸n antes indicada, podr谩 acordar que los actos de vista p煤blica o de votaci贸n y fallo tengan lugar ante el Pleno de la Sala.
8. La Secci贸n competente, o el Pleno de la Sala en el caso previsto en el apartado anterior, dictar谩 sentencia en el plazo de diez d铆as desde que termine la deliberaci贸n para votaci贸n y fallo.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 22-7-2016
路 Modificado art铆culo 92
Redacci贸n hasta el 22-7-2016
1. Dentro del t茅rmino del emplazamiento, el recurrente habr谩 de personarse y formular ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el escrito de interposici贸n del recurso, en el que se expresar谩 razonadamente el motivo o motivos en que se ampare, citando las normas o la jurisprudencia que considere infringidas.
2. Transcurrido dicho plazo sin presentar el escrito de interposici贸n, el Secretario judicial declarar谩 desierto el recurso, ordenando la devoluci贸n de las actuaciones recibidas a la Sala de que procedieren.
3. Si el recurrente fuere el defensor de la Administraci贸n o el Ministerio Fiscal, en cuanto se reciban los autos se dictar谩 diligencia de ordenaci贸n d谩ndoles traslado de los mismos por plazo de treinta d铆as para que manifiesten si sostienen o no el recurso y, en caso afirmativo, formulen el escrito de interposici贸n ajustado a lo que previene el apartado 1 de este art铆culo.
4. Si el recurso no se sostuviera o no se formulara el escrito de interposici贸n en el plazo antes se帽alado, se declarar谩 desierto por el Secretario judicial.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 2 y 4 del art铆culo 92
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Dentro del t茅rmino del emplazamiento, el recurrente habr谩 de personarse y formular ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el escrito de interposici贸n del recurso, en el que se expresar谩 razonadamente el motivo o motivos en que se ampare, citando las normas o la jurisprudencia que considere infringidas.
2. Transcurrido dicho plazo sin presentar el escrito de interposici贸n, el recurso se declarar谩 desierto, orden谩ndose la devoluci贸n de las actuaciones recibidas a la Sala de que procedieren.
3. Si el recurrente fuere el defensor de la Administraci贸n o el Ministerio Fiscal, en cuanto se reciban los autos se dictar谩 diligencia de ordenaci贸n d谩ndoles traslado de los mismos por plazo de treinta d铆as para que manifiesten si sostienen o no el recurso y, en caso afirmativo, formulen el escrito de interposici贸n ajustado a lo que previene el apartado 1 de este art铆culo.
4. Si el recurso no se sostuviera o no se formulara el escrito de interposici贸n en el plazo antes se帽alado, se declarar谩 desierto.
1. La sentencia fijar谩 la interpretaci贸n de aquellas normas estatales o la que tenga por establecida o clara de las de la Uni贸n Europea sobre las que, en el auto de admisi贸n a tr谩mite, se consider贸 necesario el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Y, con arreglo a ella y a las restantes normas que fueran aplicables, resolver谩 las cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso, anulando la sentencia o auto recurrido, en todo o en parte, o confirm谩ndolos. Podr谩 asimismo, cuando justifique su necesidad, ordenar la retroacci贸n de actuaciones a un momento determinado del procedimiento de instancia para que siga el curso ordenado por la ley hasta su culminaci贸n.
2. Si apreciara que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo no es competente para el conocimiento de aquellas pretensiones, o que no lo era el 贸rgano judicial de instancia, anular谩 la resoluci贸n recurrida e indicar谩, en el primer caso, el concreto orden jurisdiccional que se estima competente, con los efectos que prev茅 el art铆culo 5.3 de esta Ley, o remitir谩, en el segundo, las actuaciones al 贸rgano judicial que hubiera debido conocer de ellas.
3. En la resoluci贸n de la concreta controversia jur铆dica que es objeto del proceso, el Tribunal Supremo podr谩 integrar en los hechos admitidos como probados por la Sala de instancia aquellos que, habiendo sido omitidos por 茅sta, est茅n suficientemente justificados seg煤n las actuaciones y cuya toma en consideraci贸n resulte necesaria para apreciar la infracci贸n alegada de las normas del ordenamiento jur铆dico o de la jurisprudencia, incluso la desviaci贸n de poder.
4. La sentencia que se dicte en el momento procesal a que se refiere el apartado 8 del art铆culo anterior, resolver谩 sobre las costas de la instancia conforme a lo establecido en el art铆culo 139.1 de esta ley y dispondr谩, en cuanto a las del recurso de casaci贸n, que cada parte abone las causadas a su instancia y las comunes por mitad. No obstante, podr谩 imponer las del recurso de casaci贸n a una sola de ellas cuando la sentencia aprecie, y as铆 lo motive, que ha actuado con mala fe o temeridad; imposici贸n que podr谩 limitar a una parte de ellas o hasta una cifra m谩xima.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 22-7-2016
路 Modificado art铆culo 93
Redacci贸n hasta el 22-7-2016
1. Interpuesto el recurso de casaci贸n, el Secretario judicial pasar谩 las actuaciones al Magistrado ponente para que se instruya y someta a la deliberaci贸n de la Sala lo que haya de resolverse sobre la admisi贸n o inadmisi贸n del recurso interpuesto.
2. La Sala dictar谩 auto de inadmisi贸n en los siguientes casos:
a) Si, no obstante haberse tenido por preparado el recurso, se apreciare en este tr谩mite que no se han observado los requisitos exigidos o que la resoluci贸n impugnada no es susceptible de recurso de casaci贸n. A estos efectos, la Sala podr谩 rectificar fundadamente la cuant铆a inicialmente fijada, de oficio o a instancia de la parte recurrida, si 茅sta lo solicita dentro del t茅rmino del emplazamiento.
b) Si el motivo o motivos invocados en el escrito de interposici贸n del recurso no se encuentran comprendidos entre los que se relacionan en el art铆culo 88; si no se citan las normas o la jurisprudencia que se reputan infringidas; si las citas hechas no guardan relaci贸n alguna con las cuestiones debatidas; o si, siendo necesario haber pedido la subsanaci贸n de la falta, no hay constancia de que se haya hecho.
c) Si se hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales.
d) Si el recurso carece manifiestamente de fundamento.
e) En los asuntos de cuant铆a indeterminada que no se refieran a la impugnaci贸n directa o indirecta de una disposici贸n general, si el recurso estuviese fundado en el motivo del art铆culo 88.1 d) y se apreciase que el asunto carece de inter茅s casacional por no afectar a un gran n煤mero de situaciones o no poseer el suficiente contenido de generalidad.
3. La Sala, antes de resolver, pondr谩 de manifiesto sucintamente la posible causa de inadmisi贸n del recurso a las partes personadas por plazo de diez d铆as para que formulen las alegaciones que estimen procedentes.
4. Si la Sala considera que concurre alguna de las causas de inadmisi贸n, dictar谩 auto motivado declarando la inadmisi贸n del recurso y la firmeza de la resoluci贸n recurrida. Si la inadmisi贸n no fuera de todos los motivos aducidos, dictar谩 tambi茅n auto motivado, continuando la tramitaci贸n del recurso respecto de los motivos no afectados por el auto de inadmisi贸n parcial. Para declarar la inadmisi贸n del recurso por cualquiera de las causas previstas en las letras c), d) y e) del apartado 2, ser谩 necesario que el auto se dicte por unanimidad.
5. La inadmisi贸n del recurso, cuando sea total, comportar谩 la imposici贸n de las costas al recurrente, salvo si lo es exclusivamente por la causa prevista en la letra e) del apartado 2.
6. Contra los autos a que se refiere este art铆culo no se dar谩 recurso alguno.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 93
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Interpuesto el recurso de casaci贸n, se pasar谩n las actuaciones al Magistrado ponente para que se instruya y someta a la deliberaci贸n de la Sala lo que haya de resolverse sobre la admisi贸n o inadmisi贸n del recurso interpuesto.
2. La Sala dictar谩 auto de inadmisi贸n en los siguientes casos:
a) Si, no obstante haberse tenido por preparado el recurso, se apreciare en este tr谩mite que no se han observado los requisitos exigidos o que la resoluci贸n impugnada no es susceptible de recurso de casaci贸n. A estos efectos, la Sala podr谩 rectificar fundadamente la cuant铆a inicialmente fijada, de oficio o a instancia de la parte recurrida, si 茅sta lo solicita dentro del t茅rmino del emplazamiento.
b) Si el motivo o motivos invocados en el escrito de interposici贸n del recurso no se encuentran comprendidos entre los que se relacionan en el art铆culo 88; si no se citan las normas o la jurisprudencia que se reputan infringidas; si las citas hechas no guardan relaci贸n alguna con las cuestiones debatidas; o si, siendo necesario haber pedido la subsanaci贸n de la falta, no hay constancia de que se haya hecho.
c) Si se hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales.
d) Si el recurso carece manifiestamente de fundamento.
e) En los asuntos de cuant铆a indeterminada que no se refieran a la impugnaci贸n directa o indirecta de una disposici贸n general, si el recurso estuviese fundado en el motivo del art铆culo 88.1 d) y se apreciase que el asunto carece de inter茅s casacional por no afectar a un gran n煤mero de situaciones o no poseer el suficiente contenido de generalidad.
3. La Sala, antes de resolver, pondr谩 de manifiesto sucintamente la posible causa de inadmisi贸n del recurso a las partes personadas por plazo de diez d铆as para que formulen las alegaciones que estimen procedentes.
4. Si la Sala considera que concurre alguna de las causas de inadmisi贸n, dictar谩 auto motivado declarando la inadmisi贸n del recurso y la firmeza de la resoluci贸n recurrida. Si la inadmisi贸n no fuera de todos los motivos aducidos, dictar谩 tambi茅n auto motivado, continuando la tramitaci贸n del recurso respecto de los motivos no afectados por el auto de inadmisi贸n parcial. Para declarar la inadmisi贸n del recurso por cualquiera de las causas previstas en las letras c), d) y e) del apartado 2, ser谩 necesario que el auto se dicte por unanimidad.
5. La inadmisi贸n del recurso, cuando sea total, comportar谩 la imposici贸n de las costas al recurrente, salvo si lo es exclusivamente por la causa prevista en la letra e) del apartado 2.
6. Contra los autos a que se refiere este art铆culo no se dar谩 recurso alguno.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 22-7-2016
路 Suprimido art铆culo 94
Redacci贸n hasta el 22-7-2016
1. De admitirse el recurso por todos o alguno de sus motivos, el Secretario judicial entregar谩 copia del mismo a la parte o partes recurridas y personadas para que formalicen por escrito su oposici贸n en el plazo com煤n de treinta d铆as. Durante dicho plazo estar谩n de manifiesto las actuaciones en la Oficina judicial.
En el escrito de oposici贸n se podr谩n alegar causas de inadmisibilidad del recurso, siempre que no hayan sido rechazadas por el Tribunal en el tr谩mite establecido en el art铆culo 93.
2. Transcurrido el plazo, h谩yanse o no presentado escritos de oposici贸n, el Secretario judicial se帽alar谩 d铆a y hora para celebraci贸n de la vista de acordarlo as铆 la Sala o, de no ser as铆, declarar谩 que el pleito est谩 concluso para sentencia.
3. Habr谩 lugar a la celebraci贸n de vista cuando lo pidan todas las partes o la Sala lo estime necesario, atendida la 铆ndole del asunto. La solicitud de vista se formular谩 por otros铆 en los escritos de interposici贸n del recurso y de oposici贸n a 茅ste.
4. La Sala dictar谩 sentencia en el plazo de diez d铆as desde la celebraci贸n de la vista o la declaraci贸n de que el pleito est谩 concluso para sentencia.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 1 y 2 del art铆culo 94
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. De admitirse el recurso por todos o alguno de sus motivos, se entregar谩 copia del mismo a la parte o partes recurridas y personadas para que formalicen por escrito su oposici贸n en el plazo com煤n de treinta d铆as. Durante dicho plazo estar谩n de manifiesto las actuaciones en la Secretar铆a.
En el escrito de oposici贸n se podr谩n alegar causas de inadmisibilidad del recurso, siempre que no hayan sido rechazadas por el Tribunal en el tr谩mite establecido en el art铆culo 93.
2. Transcurrido el plazo, h谩yanse o no presentado escritos de oposici贸n, la Sala se帽alar谩 d铆a y hora para celebraci贸n de la vista o declarar谩 que el pleito est谩 concluso para sentencia.
3. Habr谩 lugar a la celebraci贸n de vista cuando lo pidan todas las partes o la Sala lo estime necesario, atendida la 铆ndole del asunto. La solicitud de vista se formular谩 por otros铆 en los escritos de interposici贸n del recurso y de oposici贸n a 茅ste.
4. La Sala dictar谩 sentencia en el plazo de diez d铆as desde la celebraci贸n de la vista o la declaraci贸n de que el pleito est谩 concluso para sentencia.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 22-7-2016
路 Suprimido art铆culo 95
Redacci贸n hasta el 22-7-2016
1. La sentencia que resuelva el recurso de casaci贸n podr谩 declarar su inadmisibilidad si concurre alguno de los motivos previstos en el art铆culo 93.2.
2. Si se estimare el recurso por todos o alguno de los motivos aducidos, la Sala, en una sola sentencia, casando la recurrida, resolver谩 conforme a Derecho, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) De estimarse por el motivo del art铆culo 88.1.a), se anular谩 la sentencia o resoluci贸n recurrida, indic谩ndose el concreto orden jurisdiccional que se estima competente o se resolver谩 el asunto, seg煤n corresponda. En el primer caso, ser谩 aplicable lo dispuesto en el art铆culo 5.3.
b) De estimarse por el motivo del art铆culo 88.1.b), se remitir谩n las actuaciones al 贸rgano jurisdiccional
competente para que resuelva, o se repondr谩n al estado y momento exigidos por el procedimiento adecuado para la sustanciaci贸n de las mismas salvo que, por la aplicaci贸n de sus normas espec铆ficas, dicho procedimiento adecuado no pueda seguirse.
c) De estimarse la existencia de las infracciones procesales mencionadas en el motivo del art铆culo 88.1.c) se mandar谩n reponer las actuaciones al estado y momento en que se hubiera incurrido en la falta, salvo si la infracci贸n consistiera en vulneraci贸n de las normas reguladoras de la sentencia, en cuyo caso se estar谩 a lo dispuesto en la siguiente letra d).
d) En los dem谩s casos, la Sala resolver谩 lo que corresponda dentro de los t茅rminos en que apareciera planteado el debate.
3. En la sentencia que declare haber lugar al recurso, la Sala resolver谩 en cuanto a las costas de la instancia conforme a lo establecido en el art铆culo 139.
SECCI脫N 4.陋-Recursos de casaci贸n para la unificaci贸n de la doctrina
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 22-7-2016
路 Suprimida Secci贸n 4.陋 del Cap铆tulo III del T铆tulo IV
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 22-7-2016
路 Suprimido art铆culo 96
Redacci贸n hasta el 22-7-2016
1. Podr谩 interponerse recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina contra las sentencias dictadas en 煤nica instancia por las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia cuando, respecto a los mismos litigantes u otros diferentes en id茅ntica situaci贸n y, en m茅rito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos.
2. Tambi茅n son recurribles por este mismo concepto las sentencias de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia dictadas en 煤nica instancia cuando la contradicci贸n se produzca con sentencias del Tribunal Supremo en las mismas circunstancias se帽aladas en el apartado anterior.
3. S贸lo ser谩n susceptibles de recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina aquellas sentencias que no sean recurribles en casaci贸n con arreglo a lo establecido en la letra b) del art铆culo 86.2, siempre que la cuant铆a litigiosa sea superior a 30.000 euros.
4. En ning煤n caso ser谩n recurribles las sentencias a que se refiere el art铆culo 86.2.a), c) y d), ni las que quedan excluidas del recurso de casaci贸n en el art铆culo 86.4.
5. Del recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina previsto en este art铆culo conocer谩, dentro de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, la Secci贸n que corresponda de acuerdo con las reglas generales de organizaci贸n de la misma Sala.
6. Ello no obstante, cuando se trate de sentencias dictadas en 煤nica instancia por el Tribunal Supremo, del recurso conocer谩 una Secci贸n compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo, el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y cinco Magistrados de esta misma Sala, que ser谩n los dos m谩s antiguos y los tres m谩s modernos.
7. De este recurso conocer谩 la Secci贸n a que se refiere el apartado anterior cuando la sentencia del Tribunal Supremo que se cite como infringida provenga, y se haga constar as铆 por el recurrente en el escrito de preparaci贸n, de una Secci贸n distinta de aquella a la que corresponda conocer de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 de este art铆culo.
Precepto modificado por Ley 37/2011, de 10 de octubre, con entrada en vigor a partir del 31-10-2011
路 Modificado apartado 3 del art铆culo 96
Redacci贸n hasta el 31-10-2011
1. Podr谩 interponerse recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina contra las sentencias dictadas en 煤nica instancia por las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia cuando, respecto a los mismos litigantes u otros diferentes en id茅ntica situaci贸n y, en m茅rito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos.
2. Tambi茅n son recurribles por este mismo concepto las sentencias de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia dictadas en 煤nica instancia cuando la contradicci贸n se produzca con sentencias del Tribunal Supremo en las mismas circunstancias se帽aladas en el apartado anterior.
3. S贸lo ser谩n susceptibles de recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina aquellas sentencias que no sean recurribles en casaci贸n con arreglo a lo establecido en la letra b) del art铆culo 86.2, siempre que la cuant铆a litigiosa sea superior a 18.000 euros.
4. En ning煤n caso ser谩n recurribles las sentencias a que se refiere el art铆culo 86.2.a), c) y d), ni las que quedan excluidas del recurso de casaci贸n en el art铆culo 86.4.
5. Del recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina previsto en este art铆culo conocer谩, dentro de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, la Secci贸n que corresponda de acuerdo con las reglas generales de organizaci贸n de la misma Sala.
6. Ello no obstante, cuando se trate de sentencias dictadas en 煤nica instancia por el Tribunal Supremo, del recurso conocer谩 una Secci贸n compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo, el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y cinco Magistrados de esta misma Sala, que ser谩n los dos m谩s antiguos y los tres m谩s modernos.
7. De este recurso conocer谩 la Secci贸n a que se refiere el apartado anterior cuando la sentencia del Tribunal Supremo que se cite como infringida provenga, y se haga constar as铆 por el recurrente en el escrito de preparaci贸n, de una Secci贸n distinta de aquella a la que corresponda conocer de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 de este art铆culo.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 3 del art铆culo 96
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Podr谩 interponerse recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina contra las sentencias dictadas en 煤nica instancia por las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia cuando, respecto a los mismos litigantes u otros diferentes en id茅ntica situaci贸n y, en m茅rito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos.
2. Tambi茅n son recurribles por este mismo concepto las sentencias de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia dictadas en 煤nica instancia cuando la contradicci贸n se produzca con sentencias del Tribunal Supremo en las mismas circunstancias se帽aladas en el apartado anterior.
3. S贸lo ser谩n susceptibles de recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina aquellas sentencias que no sean recurribles en casaci贸n con arreglo a lo establecido en la letra b) del art铆culo 86.2, siempre que la cuant铆a litigiosa sea superior a tres millones de pesetas.
4. En ning煤n caso ser谩n recurribles las sentencias a que se refiere el art铆culo 86.2.a), c) y d), ni las que quedan excluidas del recurso de casaci贸n en el art铆culo 86.4.
5. Del recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina previsto en este art铆culo conocer谩, dentro de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, la Secci贸n que corresponda de acuerdo con las reglas generales de organizaci贸n de la misma Sala.
6. Ello no obstante, cuando se trate de sentencias dictadas en 煤nica instancia por el Tribunal Supremo, del recurso conocer谩 una Secci贸n compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo, el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y cinco Magistrados de esta misma Sala, que ser谩n los dos m谩s antiguos y los tres m谩s modernos.
7. De este recurso conocer谩 la Secci贸n a que se refiere el apartado anterior cuando la sentencia del Tribunal Supremo que se cite como infringida provenga, y se haga constar as铆 por el recurrente en el escrito de preparaci贸n, de una Secci贸n distinta de aquella a la que corresponda conocer de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 de este art铆culo.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 22-7-2016
路 Suprimido art铆culo 97
Redacci贸n hasta el 22-7-2016
1. El recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina se interpondr谩 directamente ante la Sala sentenciadora en el plazo de treinta d铆as, contados desde el siguiente a la notificaci贸n de la sentencia, mediante escrito razonado que deber谩 contener relaci贸n precisa y circunstanciada de las identidades determinantes de la contradicci贸n alegada y la infracci贸n legal que se imputa a la sentencia recurrida.
2. A este escrito se acompa帽ar谩 certificaci贸n de la sentencia o sentencias alegadas con menci贸n de su firmeza o, en su defecto, copia simple de su texto y justificaci贸n documental de haberse solicitado aqu茅lla, en cuyo caso el Secretario judicial la reclamar谩 de oficio. Si la sentencia ha sido publicada conforme a lo dispuesto en el art铆culo 72.2, bastar谩 con indicar el peri贸dico oficial en el que aparezca publicada.
3. Si el escrito de interposici贸n cumple los requisitos previstos en los apartados anteriores y se refiere a una sentencia susceptible de casaci贸n para la unificaci贸n de la doctrina, el Secretario judicial admitir谩 el recurso. En otro caso, dar谩 cuenta a la Sala para que resuelva lo que proceda.
Admitido el recurso, el Secretario judicial dar谩 traslado del mismo, con entrega de copia, a la parte o partes recurridas para que formalicen por escrito su oposici贸n en el plazo de treinta d铆as, quedando entretanto de manifiesto las actuaciones en la Oficina judicial. El traslado del recurso a la parte o partes recurridas exigir谩, en su caso, que previamente se haya tra铆do a los autos la certificaci贸n reclamada.
4. Si no se admitiese el recurso se dictar谩 auto motivado, pero antes de resolver la Sala pondr谩 de manifiesto sucintamente la posible causa de inadmisi贸n a las partes, en el plazo com煤n de cinco d铆as, para que formulen las alegaciones que estimen procedentes. Contra el auto de inadmisi贸n podr谩 interponerse recurso de queja, que se sustanciar谩 con arreglo a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
5. En los escritos de interposici贸n del recurso y de oposici贸n al mismo podr谩n las partes pedir la celebraci贸n de vista.
6. Presentado el escrito o escritos de oposici贸n al recurso, o transcurrido el plazo para ello, la Sala sentenciadora elevar谩 los autos y el expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, orden谩ndose el emplazamiento de las partes para su comparecencia en el plazo de treinta d铆as.
7. La sustanciaci贸n y resoluci贸n del recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina, en todo lo no previsto en los art铆culos anteriores, se acomodar谩 a lo establecido en la Secci贸n anterior en cuanto resulte aplicable.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 2, 3, 4 y 6 del art铆culo 97
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. El recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina se interpondr谩 directamente ante la Sala sentenciadora en el plazo de treinta d铆as, contados desde el siguiente a la notificaci贸n de la sentencia, mediante escrito razonado que deber谩 contener relaci贸n precisa y circunstanciada de las identidades determinantes de la contradicci贸n alegada y la infracci贸n legal que se imputa a la sentencia recurrida.
2. A este escrito se acompa帽ar谩 certificaci贸n de la sentencia o sentencias alegadas con menci贸n de su firmeza o, en su defecto, copia simple de su texto y justificaci贸n documental de haberse solicitado aqu茅lla, en cuyo caso la Sala la reclamar谩 de oficio. Si la sentencia ha sido publicada conforme a lo dispuesto en el art铆culo 72.2, bastar谩 con indicar el peri贸dico oficial en el que aparezca publicada.
3. Si el escrito de interposici贸n cumple los requisitos previstos en los apartados anteriores y se refiere a una sentencia susceptible de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina, la Sala sentenciadora admitir谩 el recurso y en la misma diligencia de ordenaci贸n dar谩 traslado del mismo, con entrega de copia, a la parte o partes recurridas para que formalicen por escrito su oposici贸n en el plazo de treinta d铆as, quedando entretanto de manifiesto las actuaciones en Secretar铆a. El traslado del recurso a la parte o partes recurridas exigir谩, en su caso, que previamente se haya tra铆do a los autos la certificaci贸n reclamada.
4. En otro caso, dictar谩 auto motivado declarando la inadmisi贸n del recurso, pero antes de resolver pondr谩 de manifiesto sucintamente la posible causa de inadmisi贸n a las partes, en el plazo com煤n de cinco d铆as, para que formulen las alegaciones que estimen procedentes. Contra el auto de inadmisi贸n podr谩 interponerse recurso de queja, que se sustanciar谩 con arreglo a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
5. En los escritos de interposici贸n del recurso y de oposici贸n al mismo podr谩n las partes pedir la celebraci贸n de vista.
6. Presentado el escrito o escritos de oposici贸n al recurso, o transcurrido el plazo para ello, la Sala sentenciadora elevar谩 los autos y el expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, poni茅ndolo en conocimiento de las partes.
7. La sustanciaci贸n y resoluci贸n del recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina, en todo lo no previsto en los art铆culos anteriores, se acomodar谩 a lo establecido en la Secci贸n anterior en cuanto resulte aplicable.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 22-7-2016
路 Suprimido art铆culo 98
Redacci贸n hasta el 22-7-2016
1. Los pronunciamientos del Tribunal Supremo al resolver los recursos de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina en ning煤n caso afectar谩n a las situaciones jur铆dicas creadas por las sentencias precedentes a la impugnada.
2. Si la sentencia declara que ha lugar al recurso, casar谩 la impugnada y resolver谩 el debate planteado con pronunciamientos ajustados a Derecho, modificando las declaraciones efectuadas y las situaciones creadas por la sentencia recurrida.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 22-7-2016
路 Suprimido art铆culo 99
Redacci贸n hasta el 22-7-2016
1. Son susceptibles de recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina las sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, si existen varias de estas Salas o la Sala o Salas tienen varias Secciones, cuando, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en id茅ntica situaci贸n y, en m茅rito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos. Este recurso s贸lo podr谩 fundarse en infracci贸n de normas emanadas de la Comunidad Aut贸noma.
2. Este recurso 煤nicamente proceder谩 contra sentencias que no sean susceptibles de recurso de casaci贸n o de recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina por aplicaci贸n exclusiva de lo previsto en el art铆culo 86.4 y cuando la cuant铆a litigiosa supere los 30.000 euros.
3. Del recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina conocer谩 una Secci贸n de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala, que la presidir谩, por el Presidente o Presidentes de las dem谩s Salas de lo Contencioso-administrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en n煤mero no superior a dos, y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros.
Si la Sala o Salas de lo Contencioso-administrativo tuviesen m谩s de una Secci贸n, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecer谩 para cada a帽o judicial el turno con arreglo al cual los Presidentes de Secci贸n ocupar谩n los puestos de la regulada en este apartado. Tambi茅n lo establecer谩 entre todos los Magistrados que presten servicio en la Sala o Salas.
4. En lo referente a plazos, procedimiento para la sustanciaci贸n de este recurso y efectos de la sentencia regir谩 lo establecido en los art铆culos 97 y 98 con las adaptaciones necesarias.
Precepto modificado por Ley 37/2011, de 10 de octubre, con entrada en vigor a partir del 31-10-2011
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 99
Redacci贸n hasta el 31-10-2011
1. Son susceptibles de recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina las sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, si existen varias de estas Salas o la Sala o Salas tienen varias Secciones, cuando, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en id茅ntica situaci贸n y, en m茅rito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos. Este recurso s贸lo podr谩 fundarse en infracci贸n de normas emanadas de la Comunidad Aut贸noma.
2. Este recurso 煤nicamente proceder谩 contra sentencias que no sean susceptibles de recurso de casaci贸n o de recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina por aplicaci贸n exclusiva de lo previsto en el art铆culo 86.4 y cuando la cuant铆a litigiosa supere los 18.000 euros.
3. Del recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina conocer谩 una Secci贸n de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala, que la presidir谩, por el Presidente o Presidentes de las dem谩s Salas de lo Contencioso-administrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en n煤mero no superior a dos, y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros.
Si la Sala o Salas de lo Contencioso-administrativo tuviesen m谩s de una Secci贸n, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecer谩 para cada a帽o judicial el turno con arreglo al cual los Presidentes de Secci贸n ocupar谩n los puestos de la regulada en este apartado. Tambi茅n lo establecer谩 entre todos los Magistrados que presten servicio en la Sala o Salas.
4. En lo referente a plazos, procedimiento para la sustanciaci贸n de este recurso y efectos de la sentencia regir谩 lo establecido en los art铆culos 97 y 98 con las adaptaciones necesarias.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 99
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Son susceptibles de recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina las sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, si existen varias de estas Salas o la Sala o Salas tienen varias Secciones, cuando, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en id茅ntica situaci贸n y, en m茅rito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos. Este recurso s贸lo podr谩 fundarse en infracci贸n de normas emanadas de la Comunidad Aut贸noma.
2. Este recurso 煤nicamente proceder谩 contra sentencias que no sean susceptibles de recurso de casaci贸n o de recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina por aplicaci贸n exclusiva de lo previsto en el art铆culo 86.4 y cuando la cuant铆a litigiosa supere los tres millones de pesetas.
3. Del recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina conocer谩 una Secci贸n de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala, que la presidir谩, por el Presidente o Presidentes de las dem谩s Salas de lo Contencioso-administrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en n煤mero no superior a dos, y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros.
Si la Sala o Salas de lo Contencioso-administrativo tuviesen m谩s de una Secci贸n, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecer谩 para cada a帽o judicial el turno con arreglo al cual los Presidentes de Secci贸n ocupar谩n los puestos de la regulada en este apartado. Tambi茅n lo establecer谩 entre todos los Magistrados que presten servicio en la Sala o Salas.
4. En lo referente a plazos, procedimiento para la sustanciaci贸n de este recurso y efectos de la sentencia regir谩 lo establecido en los art铆culos 97 y 98 con las adaptaciones necesarias.
SECCI脫N 5.陋-Recursos de casaci贸n en inter茅s de la ley
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 22-7-2016
路 Suprimida Secci贸n 5.陋 del Cap铆tulo III del T铆tulo IV
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 22-7-2016
路 Suprimido art铆culo 100
Redacci贸n hasta el 22-7-2016
1. Las sentencias dictadas en 煤nica instancia por los Jueces de lo Contencioso-administrativo y las pronunciadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, que no sean susceptibles de los recursos de casaci贸n a que se refieren las dos Secciones anteriores, podr谩n ser impugnadas por la Administraci贸n p煤blica territorial que tenga inter茅s leg铆timo en el asunto y por las Entidades o Corporaciones que ostenten la representaci贸n y defensa de intereses de car谩cter general o corporativo y tuviesen inter茅s leg铆timo en el asunto, por el Ministerio Fiscal y por la Administraci贸n General del Estado, en inter茅s de la ley, mediante un recurso de casaci贸n, cuando estimen gravemente da帽osa para el inter茅s general y err贸nea la resoluci贸n dictada.
2. 脷nicamente podr谩 enjuiciarse a trav茅s de este recurso la correcta interpretaci贸n y aplicaci贸n de normas emanadas del Estado que hayan sido determinantes del fallo recurrido.
3. El recurso se interpondr谩 en el plazo de tres meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, mediante escrito razonado en el que se fijar谩 la doctrina legal que se postule, acompa帽ando copia certificada de la sentencia impugnada en la que deber谩 constar la fecha de su notificaci贸n. Si no se cumplen estos requisitos o el recurso fuera extempor谩neo, la Sala ordenar谩 de plano su archivo.
4. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, el Secretario judicial del Tribunal Supremo reclamar谩 los autos originales al 贸rgano jurisdiccional sentenciador y mandar谩 emplazar a cuantos hubiesen sido parte en los mismos, para que en el plazo de quince d铆as comparezcan en el recurso.
5. Del escrito de interposici贸n del recurso el Secretario dar谩 traslado, con entrega de copia, a las partes personadas para que en el plazo de treinta d铆as formulen las alegaciones que estimen procedentes, poni茅ndoles entretanto de manifiesto las actuaciones en la Oficina judicial. Este traslado se entender谩 siempre con el defensor de la Administraci贸n cuando no fuere recurrente.
6. Transcurrido el plazo de alegaciones, h谩yanse o no presentado escritos y, previa audiencia del Ministerio Fiscal por plazo de diez d铆as, el Tribunal Supremo dictar谩 sentencia. A la tramitaci贸n y resoluci贸n de estos recursos se dar谩 car谩cter preferente.
7. La sentencia que se dicte respetar谩, en todo caso, la situaci贸n jur铆dica particular derivada de la sentencia recurrida y, cuando fuere estimatoria, fijar谩 en el fallo la doctrina legal. En este caso, se publicar谩 en el "Bolet铆n Oficial del Estado", y a partir de su inserci贸n en 茅l vincular谩 a todos los Jueces y Tribunales inferiores en grado de este orden jurisdiccional.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 3, 4 y 5 del art铆culo 100
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Las sentencias dictadas en 煤nica instancia por los Jueces de lo Contencioso-administrativo y las pronunciadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, que no sean susceptibles de los recursos de casaci贸n a que se refieren las dos Secciones anteriores, podr谩n ser impugnadas por la Administraci贸n p煤blica territorial que tenga inter茅s leg铆timo en el asunto y por las Entidades o Corporaciones que ostenten la representaci贸n y defensa de intereses de car谩cter general o corporativo y tuviesen inter茅s leg铆timo en el asunto, por el Ministerio Fiscal y por la Administraci贸n General del Estado, en inter茅s de la ley, mediante un recurso de casaci贸n, cuando estimen gravemente da帽osa para el inter茅s general y err贸nea la resoluci贸n dictada.
2. 脷nicamente podr谩 enjuiciarse a trav茅s de este recurso la correcta interpretaci贸n y aplicaci贸n de normas emanadas del Estado que hayan sido determinantes del fallo recurrido.
3. El recurso se interpondr谩 en el plazo de tres meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, mediante escrito razonado en el que se fijar谩 la doctrina legal que se postule, acompa帽ando copia certificada de la sentencia impugnada en la que deber谩 constar la fecha de su notificaci贸n. Si no se cumplen estos requisitos o el recurso fuera extempor谩neo, se ordenar谩 de plano su archivo.
4. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, el Tribunal Supremo reclamar谩 los autos originales al 贸rgano jurisdiccional sentenciador y mandar谩 emplazar a cuantos hubiesen sido parte en los mismos, para que en el plazo de quince d铆as comparezcan en el recurso.
5. Del escrito de interposici贸n del recurso se dar谩 traslado, con entrega de copia, a las partes personadas para que en el plazo de treinta d铆as formulen las alegaciones que estimen procedentes, poni茅ndoles entretanto de manifiesto las actuaciones en Secretar铆a. Este traslado se entender谩 siempre con el defensor de la Administraci贸n cuando no fuere recurrente.
6. Transcurrido el plazo de alegaciones, h谩yanse o no presentado escritos y, previa audiencia del Ministerio Fiscal por plazo de diez d铆as, el Tribunal Supremo dictar谩 sentencia. A la tramitaci贸n y resoluci贸n de estos recursos se dar谩 car谩cter preferente.
7. La sentencia que se dicte respetar谩, en todo caso, la situaci贸n jur铆dica particular derivada de la sentencia recurrida y, cuando fuere estimatoria, fijar谩 en el fallo la doctrina legal. En este caso, se publicar谩 en el "Bolet铆n Oficial del Estado", y a partir de su inserci贸n en 茅l vincular谩 a todos los Jueces y Tribunales inferiores en grado de este orden jurisdiccional.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 22-7-2016
路 Suprimido art铆culo 101
Redacci贸n hasta el 22-7-2016
1. Las sentencias dictadas en 煤nica instancia por los Jueces de lo Contencioso-Administrativo contra las que no se puede interponer el recurso previsto en el art铆culo anterior podr谩n ser impugnadas por la Administraci贸n p煤blica territorial que tenga inter茅s leg铆timo en el asunto y por las Entidades o Corporaciones que ostenten la representaci贸n y defensa de intereses de car谩cter general o corporativo y tuviesen inter茅s leg铆timo en el asunto, por el Ministerio Fiscal y por la Administraci贸n de la Comunidad Aut贸noma, en inter茅s de la ley, mediante un recurso de casaci贸n, cuando estimen gravemente da帽osa para el inter茅s general y err贸nea la resoluci贸n dictada.
2. 脷nicamente podr谩 enjuiciarse a trav茅s de este recurso la correcta interpretaci贸n y aplicaci贸n de normas emanadas de la Comunidad Aut贸noma que hayan sido determinantes del fallo recurrido.
3. De este recurso de casaci贸n en inter茅s de la ley conocer谩 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia y, cuando cuente con m谩s de una, la Secci贸n de la Sala que tenga su sede en dicho Tribunal a que se refiere el art铆culo 99.3.
4. En lo referente a plazos, procedimiento para la sustanciaci贸n de este recurso y efectos de la sentencia regir谩 lo establecido en el art铆culo anterior con las adaptaciones necesarias. La publicaci贸n de la sentencia, en su caso, tendr谩 lugar en el "Bolet铆n Oficial" de la Comunidad Aut贸noma y a partir de su inserci贸n en 茅l vincular谩 a todos los Jueces de lo Contencioso-administrativo con sede en el territorio a que extiende su jurisdicci贸n el Tribunal Superior de Justicia.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificada r煤brica de la Secci贸n 6.陋 del Cap铆tulo III del Libro IV
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
SECCI脫N 6.陋-Recurso de revisi贸n
1. Habr谩 lugar a la revisi贸n de una sentencia firme:
a) Si despu茅s de pronunciada se recobraren documentos decisivos, no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.
b) Si hubiere reca铆do en virtud de documentos que, al tiempo de dictarse aqu茅lla, ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos o cuya falsedad se reconociese o declarase despu茅s.
c) Si habi茅ndose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.
d) Si se hubiere dictado sentencia en virtud de cohecho, prevaricaci贸n, violencia u otra maquinaci贸n fraudulenta.
2. Asimismo se podr谩 interponer recurso de revisi贸n contra una resoluci贸n judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resoluci贸n ha sido dictada en violaci贸n de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protecci贸n de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violaci贸n, por su naturaleza y gravedad, entra帽e efectos que persistan y no puedan cesar de ning煤n otro modo que no sea mediante esta revisi贸n, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas.
3. En lo referente a legitimaci贸n, plazos, procedimiento y efectos de las sentencias dictadas en este procedimiento de revisi贸n, regir谩n las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, s贸lo habr谩 lugar a la celebraci贸n de vista cuando lo pidan todas las partes o la Sala lo estime necesario.
4. La revisi贸n en materia de responsabilidad contable proceder谩 en los casos establecidos en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 1-10-2015
路 Modificado art铆culo 102
Redacci贸n hasta el 1-10-2015
1. Habr谩 lugar a la revisi贸n de una sentencia firme:
a) Si despu茅s de pronunciada se recobraren documentos decisivos, no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.
b) Si hubiere reca铆do en virtud de documentos que, al tiempo de dictarse aqu茅lla, ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos o cuya falsedad se reconociese o declarase despu茅s.
c) Si habi茅ndose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.
d) Si se hubiere dictado sentencia en virtud de cohecho, prevaricaci贸n, violencia u otra maquinaci贸n fraudulenta.
2. En lo referente a plazos, procedimiento y efectos de las sentencias dictadas en este procedimiento de revisi贸n, regir谩n las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, s贸lo habr谩 lugar a la celebraci贸n de vista cuando lo pidan todas las partes o la Sala lo estime necesario.
3. La revisi贸n en materia de responsabilidad contable proceder谩 en los casos establecidos en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 2 y 3 del art铆culo 102
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Habr谩 lugar a la revisi贸n de una sentencia firme:
a) Si despu茅s de pronunciada se recobraren documentos decisivos, no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.
b) Si hubiere reca铆do en virtud de documentos que, al tiempo de dictarse aqu茅lla, ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos o cuya falsedad se reconociese o declarase despu茅s.
c) Si habi茅ndose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.
d) Si se hubiere dictado sentencia en virtud de cohecho, prevaricaci贸n, violencia u otra maquinaci贸n fraudulenta.
2. En lo referente a plazos, procedimiento y efectos de las sentencias dictadas en este recurso, regir谩n las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, s贸lo habr谩 lugar a la celebraci贸n de vista cuando lo pidan todas las partes o la Sala lo estime necesario.
3. El recurso de revisi贸n en materia de responsabilidad contable proceder谩 en los casos establecidos en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
SECCI脫N 7.陋-Recursos contra las resoluciones del Secretario judicial
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 A帽adida Secci贸n 7.陋 del Cap铆tulo III del T铆tulo IV
1. Contra las diligencias de ordenaci贸n y decretos no definitivos del Secretario judicial cabr谩 recurso de reposici贸n ante el Secretario que dict贸 la resoluci贸n recurrida, excepto en los casos en que la Ley prevea recurso directo de revisi贸n.
El recurso de reposici贸n se interpondr谩 en el plazo de cinco d铆as a contar desde el siguiente al de la notificaci贸n de la resoluci贸n impugnada.
Si no se cumplieran los requisitos establecidos en el p谩rrafo anterior, se inadmitir谩 mediante decreto directamente recurrible en revisi贸n.
Interpuesto el recurso en tiempo y forma, el Secretario judicial dar谩 traslado de las copias del escrito a las dem谩s partes, por t茅rmino com煤n de tres d铆as, a fin de que puedan impugnarlo si lo estiman conveniente. Transcurrido dicho plazo, el Secretario judicial resolver谩 mediante decreto dentro del tercer d铆a.
2. Contra el decreto resolutivo de la reposici贸n no se dar谩 recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuesti贸n al recurrir, si fuere procedente, la resoluci贸n definitiva.
Cabr谩 recurso directo de revisi贸n contra los decretos por los que se ponga fin al procedimiento o impidan su continuaci贸n. Dicho recurso carecer谩 de efectos suspensivos sin que, en ning煤n caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto.
Cabr谩 interponer igualmente recurso directo de revisi贸n contra los decretos en aquellos casos en que expresamente se prevea.
3. El recurso de revisi贸n deber谩 interponerse en el plazo de cinco d铆as mediante escrito en el que deber谩 citarse la infracci贸n en que la resoluci贸n hubiera incurrido.
Cumplidos los anteriores requisitos, el Secretario judicial, mediante diligencia de ordenaci贸n, admitir谩 el recurso, concediendo a las dem谩s partes personadas un plazo com煤n de cinco d铆as para impugnarlo, si lo estiman conveniente.
Si no se cumplieran los requisitos de admisibilidad del recurso, el Juzgado o Tribunal lo inadmitir谩 mediante providencia.
Transcurrido el plazo para impugnaci贸n, h谩yanse presentado o no escritos, el Juzgado o Tribunal resolver谩 sin m谩s tr谩mites, mediante auto, en un plazo de cinco d铆as.
Contra las resoluciones sobre admisi贸n o inadmisi贸n no cabr谩 recurso alguno.
4. Contra el auto dictado resolviendo el recurso de revisi贸n 煤nicamente cabr谩 recurso de apelaci贸n y de casaci贸n en los supuestos previstos en los art铆culos 80 y 87 de esta Ley, respectivamente.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 A帽adido art铆culo 102 bis
Nota
Declarado inconstitucional y nulo el p谩rrafo 1.潞 del art铆culo 102 bis.2 en su redacci贸n dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, por STC 58/2016, Pleno, de 17 de marzo de 2016. Recurso 5344-2013 (SP/SENT/844701).
1. La potestad de hacer ejecutar las sentencias y dem谩s resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete al que haya conocido del asunto en primera o 煤nica instancia.
2. Las partes est谩n obligadas a cumplir las sentencias en la forma y t茅rminos que en 茅stas se consignen.
3. Todas las personas y entidades p煤blicas y privadas est谩n obligadas a prestar la colaboraci贸n requerida por los Jueces y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo para la debida y completa ejecuci贸n de lo resuelto.
4. Ser谩n nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento.
5. El 贸rgano jurisdiccional a quien corresponda la ejecuci贸n de la sentencia declarar谩, a instancia de parte, la nulidad de los actos y disposiciones a que se refiere el apartado anterior, por los tr谩mites previstos en los apartados 2 y 3 del art铆culo 109, salvo que careciese de competencia para ello conforme a lo dispuesto en esta Ley.
1. Luego que sea firme una sentencia, el Secretario judicial lo comunicar谩 en el plazo de diez d铆as al 贸rgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, recibida la comunicaci贸n, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, y en el mismo plazo indique el 贸rgano responsable del cumplimiento de aqu茅l.
2. Transcurridos dos meses a partir de la comunicaci贸n de la sentencia o el plazo fijado en 茅sta para el cumplimiento del fallo conforme al art铆culo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podr谩 instar su ejecuci贸n forzosa.
3. Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la sentencia, 茅sta podr谩 fijar un plazo inferior para el cumplimiento, cuando lo dispuesto en el apartado anterior lo haga ineficaz o cause grave perjuicio.
Precepto modificado por Ley 37/2011, de 10 de octubre, con entrada en vigor a partir del 31-10-2011
路 Modificado art铆culo 104
Redacci贸n hasta el 31-10-2011
1. Luego que sea firme una sentencia, el Secretario judicial lo comunicar谩 en el plazo de diez d铆as al 贸rgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, una vez acusado recibo de la comunicaci贸n en id茅ntico plazo desde la recepci贸n, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, y en el mismo plazo indique el 贸rgano responsable del cumplimiento de aqu茅l.
2. Transcurridos dos meses a partir de la comunicaci贸n de la sentencia o el plazo fijado en 茅sta para el cumplimiento del fallo conforme al art铆culo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podr谩 instar su ejecuci贸n forzosa.
3. Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la Sentencia, 茅sta podr谩 fijar un plazo inferior para el cumplimiento, cuando lo dispuesto en el apartado anterior lo haga ineficaz o cause grave perjuicio.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 104
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Luego que sea firme una sentencia, se comunicar谩 en el plazo de diez d铆as al 贸rgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, una vez acusado recibo de la comunicaci贸n en id茅ntico plazo desde la recepci贸n, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo y en el mismo plazo indique el 贸rgano responsable del cumplimiento de aqu茅l.
2. Transcurridos dos meses a partir de la comunicaci贸n de la sentencia o el plazo fijado en 茅sta para el cumplimiento del fallo conforme al art铆culo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podr谩 instar su ejecuci贸n forzosa.
3. Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la Sentencia, 茅sta podr谩 fijar un plazo inferior para el cumplimiento, cuando lo dispuesto en el apartado anterior lo haga ineficaz o cause grave perjuicio.
1. No podr谩 suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecuci贸n total o parcial del fallo.
2. Si concurriesen causas de imposibilidad material o legal de ejecutar una sentencia, el 贸rgano obligado a su cumplimiento lo manifestar谩 a la autoridad judicial a trav茅s del representante procesal de la Administraci贸n, dentro del plazo previsto en el apartado segundo del art铆culo anterior, a fin de que, con audiencia de las partes y de quienes considere interesados, el Juez o Tribunal aprecie la concurrencia o no de dichas causas y adopte las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, fijando en su caso la indemnizaci贸n que proceda por la parte en que no pueda ser objeto de cumplimiento pleno.
3. Son causas de utilidad p煤blica o de inter茅s social para expropiar los derechos o intereses leg铆timos reconocidos frente a la Administraci贸n en una sentencia firme el peligro cierto de alteraci贸n grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el temor fundado de guerra o el quebranto de la integridad del territorio nacional. La declaraci贸n de la concurrencia de alguna de las causas citadas se har谩 por el Gobierno de la Naci贸n; podr谩 tambi茅n efectuarse por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut贸noma cuando se trate de peligro cierto de alteraci贸n grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y el acto, actividad o disposici贸n impugnados proviniera de los 贸rganos de la Administraci贸n de dicha Comunidad o de las Entidades locales de su territorio, as铆 como de las Entidades de Derecho p煤blico y Corporaciones dependientes de una y otras.
La declaraci贸n de concurrencia de alguna de las causas mencionadas en el p谩rrafo anterior habr谩 de efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la comunicaci贸n de la sentencia. El Juez o Tribunal a quien competa la ejecuci贸n se帽alar谩, por el tr谩mite de los incidentes, la correspondiente indemnizaci贸n y, si la causa alegada fuera la de peligro cierto de alteraci贸n grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, apreciar谩, adem谩s, la concurrencia de dicho motivo.
1. Cuando la Administraci贸n fuere condenada al pago de cantidad l铆quida, el 贸rgano encargado de su cumplimiento acordar谩 el pago con cargo al cr茅dito correspondiente de su presupuesto que tendr谩 siempre la consideraci贸n de ampliable. Si para el pago fuese necesario realizar una modificaci贸n presupuestaria, deber谩 concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al d铆a de notificaci贸n de la resoluci贸n judicial.
2. A la cantidad a que se refiere el apartado anterior se a帽adir谩 el inter茅s legal del dinero, calculado desde la fecha de notificaci贸n de la sentencia dictada en 煤nica o primera instancia.
3. No obstante lo dispuesto en el art铆culo 104.2, transcurridos tres meses desde que la sentencia firme sea comunicada al 贸rgano que deba cumplirla, se podr谩 instar la ejecuci贸n forzosa. En este supuesto, la autoridad judicial, o铆do el 贸rgano encargado de hacerla efectiva, podr谩 incrementar en dos puntos el inter茅s legal a devengar, siempre que apreciase falta de diligencia en el cumplimiento.
4. Si la Administraci贸n condenada al pago de cantidad estimase que el cumplimiento de la sentencia habr铆a de producir trastorno grave a su Hacienda, lo pondr谩 en conocimiento del Juez o Tribunal acompa帽ado de una propuesta razonada para que, o铆das las partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en la forma que sea menos gravosa para aqu茅lla.
5. Lo dispuesto en los apartados anteriores ser谩 de aplicaci贸n asimismo a los supuestos en que se lleve a efecto la ejecuci贸n provisional de las sentencias conforme a esta Ley.
6. Cualquiera de las partes podr谩 solicitar que la cantidad a satisfacer se compense con cr茅ditos que la Administraci贸n ostente contra el recurrente.
1. Si la sentencia firme anulase total o parcialmente el acto impugnado, el Secretario judicial dispondr谩, a instancia de parte, la inscripci贸n del fallo en los registros p煤blicos a que hubiere tenido acceso el acto anulado, as铆 como su publicaci贸n en los peri贸dicos oficiales o privados, si concurriere causa bastante para ello, a costa de la parte ejecutada. Cuando la publicaci贸n sea en peri贸dicos privados, se deber谩 acreditar ante el 贸rgano jurisdiccional un inter茅s p煤blico que lo justifique.
2. Si la sentencia anulara total o parcialmente una disposici贸n general o un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, el Secretario del 贸rgano judicial ordenar谩 su publicaci贸n en diario oficial en el plazo de diez d铆as a contar desde la firmeza de la sentencia.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 107
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Si la sentencia firme anulase total o parcialmente el acto impugnado, el Juez o Tribunal dispondr谩, a instancia de parte, la inscripci贸n del fallo en los registros p煤blicos a que hubiere tenido acceso el acto anulado, as铆 como su publicaci贸n en los peri贸dicos oficiales o privados, si concurriere causa bastante para ello, a costa de la parte ejecutada.
Cuando la publicaci贸n sea en peri贸dicos privados se deber谩 acreditar ante el 贸rgano jurisdiccional un inter茅s p煤blico que lo justifique.
2. Si la sentencia anulara total o parcialmente una disposici贸n general o un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, el 贸rgano judicial ordenar谩 su publicaci贸n en diario oficial en el plazo de diez d铆as a contar desde la firmeza de la sentencia.
1. Si la sentencia condenare a la Administraci贸n a realizar una determinada actividad o a dictar un acto, el Juez o Tribunal podr谩, en caso de incumplimiento:
a) Ejecutar la sentencia a trav茅s de sus propios medios o requiriendo la colaboraci贸n de las autoridades y agentes de la Administraci贸n condenada o, en su defecto, de otras Administraciones p煤blicas, con observancia de los procedimientos establecidos al efecto.
b) Adoptar las medidas necesarias para que el fallo adquiera la eficacia que, en su caso, ser铆a inherente al acto omitido, entre las que se incluye la ejecuci贸n subsidiaria con cargo a la Administraci贸n condenada.
2. Si la Administraci贸n realizare alguna actividad que contraviniera los pronunciamientos del fallo, el Juez o Tribunal, a instancia de los interesados, proceder谩 a reponer la situaci贸n al estado exigido por el fallo y determinar谩 los da帽os y perjuicios que ocasionare el incumplimiento.
3. El Juez o Tribunal, en los casos en que, adem谩s de declarar contraria a la normativa la construcci贸n de un inmueble, ordene motivadamente la demolici贸n del mismo y la reposici贸n a su estado originario de la realidad f铆sica alterada, exigir谩, como condici贸n previa a la demolici贸n, y salvo que una situaci贸n de peligro inminente lo impidiera, la prestaci贸n de garant铆as suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 1-10-2015
路 A帽adido apartado 3 del art铆culo 108
Redacci贸n hasta el 1-10-2015
1. Si la sentencia condenare a la Administraci贸n a realizar una determinada actividad o a dictar un acto, el Juez o Tribunal podr谩, en caso de incumplimiento:
a) Ejecutar la sentencia a trav茅s de sus propios medios o requiriendo la colaboraci贸n de las autoridades y agentes de la Administraci贸n condenada o, en su defecto, de otras Administraciones p煤blicas, con observancia de los procedimientos establecidos al efecto.
b) Adoptar las medidas necesarias para que el fallo adquiera la eficacia que, en su caso, ser铆a inherente al acto omitido, entre las que se incluye la ejecuci贸n subsidiaria con cargo a la Administraci贸n condenada.
2. Si la Administraci贸n realizare alguna actividad que contraviniera los pronunciamientos del fallo, el Juez o Tribunal, a instancia de los interesados, proceder谩 a reponer la situaci贸n al estado exigido por el fallo y determinar谩 los da帽os y perjuicios que ocasionare el incumplimiento.
1. La Administraci贸n p煤blica, las dem谩s partes procesales y las personas afectadas por el fallo, mientras no conste en autos la total ejecuci贸n de la sentencia, podr谩n promover incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecuci贸n y especialmente las siguientes:
a) 脫rgano administrativo que ha de responsabilizarse de realizar las actuaciones.
b) Plazo m谩ximo para su cumplimiento, en atenci贸n a las circunstancias que concurran.
c) Medios con que ha de llevarse a efecto y procedimiento a seguir.
2. Del escrito planteando la cuesti贸n incidental el Secretario judicial dar谩 traslado a las partes para que, en plazo com煤n que no exceder谩 de veinte d铆as, aleguen lo que estimen procedente.
3. Evacuado el traslado o transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, el Juez o Tribunal dictar谩 auto, en el plazo de diez d铆as, decidiendo la cuesti贸n planteada.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 109
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. La Administraci贸n p煤blica, las dem谩s partes procesales y las personas afectadas por el fallo, mientras no conste en autos la total ejecuci贸n de la sentencia, podr谩n promover incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecuci贸n y especialmente las siguientes:
a) 脫rgano administrativo que ha de responsabilizarse de realizar las actuaciones.
b) Plazo m谩ximo para su cumplimiento, en atenci贸n a las circunstancias que concurran.
c) Medios con que ha de llevarse a efecto y procedimiento a seguir.
2. Del escrito planteando la cuesti贸n incidental se dar谩 traslado a las partes para que, en plazo com煤n que no exceder谩 de veinte d铆as, aleguen lo que estimen procedente.
3. Evacuado el traslado o transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, el Juez o Tribunal dictar谩 auto, en el plazo de diez d铆as, decidiendo la cuesti贸n planteada.
1. En materia tributaria, de personal al servicio de la Administraci贸n p煤blica y de unidad de mercado, los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situaci贸n jur铆dica individualizada a favor de una o varias personas podr谩n extenderse a otras, en ejecuci贸n de la sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que los interesados se encuentren en id茅ntica situaci贸n jur铆dica que los favorecidos por el fallo.
b) Que el juez o tribunal sentenciador fuera tambi茅n competente, por raz贸n del territorio, para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situaci贸n individualizada.
c) Que soliciten la extensi贸n de los efectos de la sentencia en el plazo de un a帽o desde la 煤ltima notificaci贸n de 茅sta a quienes fueron parte en el proceso. Si se hubiere interpuesto recurso en inter茅s de ley o de revisi贸n, este plazo se contar谩 desde la 煤ltima notificaci贸n de la resoluci贸n que ponga fin a 茅ste.
2. La solicitud deber谩 dirigirse directamente al 贸rgano jurisdiccional competente que hubiera dictado la resoluci贸n de la que se pretende que se extiendan los efectos.
3. La petici贸n al 贸rgano jurisdiccional se formular谩 en escrito razonado al que deber谩 acompa帽arse el documento o documentos que acrediten la identidad de situaciones o la no concurrencia de alguna de las circunstancias del apartado 5 de este art铆culo.
4. Antes de resolver, en los veinte d铆as siguientes, el Secretario judicial recabar谩 de la Administraci贸n los antecedentes que estime oportunos y, en todo caso, un informe detallado sobre la viabilidad de la extensi贸n solicitada, poniendo de manifiesto el resultado de esas actuaciones a las partes para que aleguen por plazo com煤n de cinco d铆as, con emplazamiento en su caso de los interesados directamente afectados por los efectos de la extensi贸n. Una vez evacuado el tr谩mite, el Juez o Tribunal resolver谩 sin m谩s por medio de auto, en el que no podr谩 reconocerse una situaci贸n jur铆dica distinta a la definida en la sentencia firme de que se trate.
5. El incidente se desestimar谩, en todo caso, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Si existiera cosa juzgada.
b) Cuando la doctrina determinante del fallo cuya extensi贸n se postule fuere contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo o a la doctrina sentada por los Tribunales Superiores de Justicia en el recurso a que se refiere el art铆culo 99.
c) Si para el interesado se hubiere dictado resoluci贸n que, habiendo causado estado en v铆a administrativa, fuere consentida y firme por no haber promovido recurso Contencioso-Administrativo.
6. Si se encuentra pendiente un recurso de revisi贸n o un recurso de casaci贸n en inter茅s de la Ley, quedar谩 en suspenso la decisi贸n del incidente hasta que se resuelva el citado recurso.
7. El r茅gimen de recurso del auto dictado se ajustar谩 a las reglas generales previstas en el art铆culo 80.
Precepto modificado por Ley 20/2013, de 9 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 11-12-2013
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 110
Redacci贸n hasta el 11-12-2013
1. En materia tributaria y de personal al servicio de la Administraci贸n p煤blica, los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situaci贸n jur铆dica individualizada a favor de una o varias personas podr谩n extenderse a otras, en ejecuci贸n de la sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que los interesados se encuentren en id茅ntica situaci贸n jur铆dica que los favorecidos por el fallo.
b) Que el juez o tribunal sentenciador fuera tambi茅n competente, por raz贸n del territorio, para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situaci贸n individualizada.
c) Que soliciten la extensi贸n de los efectos de la sentencia en el plazo de un a帽o desde la 煤ltima notificaci贸n de 茅sta a quienes fueron parte en el proceso. Si se hubiere interpuesto recurso en inter茅s de la Ley o de revisi贸n, este plazo se contar谩 desde la 煤ltima notificaci贸n de la resoluci贸n que ponga fin a 茅ste.
2. La solicitud deber谩 dirigirse directamente al 贸rgano jurisdiccional competente que hubiera dictado la resoluci贸n de la que se pretende que se extiendan los efectos.
3. La petici贸n al 贸rgano jurisdiccional se formular谩 en escrito razonado al que deber谩 acompa帽arse el documento o documentos que acrediten la identidad de situaciones o la no concurrencia de alguna de las circunstancias del apartado 5 de este art铆culo.
4. Antes de resolver, en los veinte d铆as siguientes, el Secretario judicial recabar谩 de la Administraci贸n los antecedentes que estime oportunos y, en todo caso, un informe detallado sobre la viabilidad de la extensi贸n solicitada, poniendo de manifiesto el resultado de esas actuaciones a las partes para que aleguen por plazo com煤n de cinco d铆as, con emplazamiento en su caso de los interesados directamente afectados por los efectos de la extensi贸n. Una vez evacuado el tr谩mite, el Juez o Tribunal resolver谩 sin m谩s por medio de auto, en el que no podr谩 reconocerse una situaci贸n jur铆dica distinta a la definida en la sentencia firme de que se trate.
5. El incidente se desestimar谩, en todo caso, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Si existiera cosa juzgada.
b) Cuando la doctrina determinante del fallo cuya extensi贸n se postule fuere contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo o a la doctrina sentada por los Tribunales Superiores de Justicia en el recurso a que se refiere el art铆culo 99.
c) Si para el interesado se hubiere dictado resoluci贸n que, habiendo causado estado en v铆a administrativa, fuere consentida y firme por no haber promovido recurso Contencioso-Administrativo.
6. Si se encuentra pendiente un recurso de revisi贸n o un recurso de casaci贸n en inter茅s de la Ley, quedar谩 en suspenso la decisi贸n del incidente hasta que se resuelva el citado recurso.
7. El r茅gimen de recurso del auto dictado se ajustar谩 a las reglas generales previstas en el art铆culo 80.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 4 del art铆culo 110
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. En materia tributaria y de personal al servicio de la Administraci贸n p煤blica, los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situaci贸n jur铆dica individualizada a favor de una o varias personas podr谩n extenderse a otras, en ejecuci贸n de la sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que los interesados se encuentren en id茅ntica situaci贸n jur铆dica que los favorecidos por el fallo.
b) Que el juez o tribunal sentenciador fuera tambi茅n competente, por raz贸n del territorio, para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situaci贸n individualizada.
c) Que soliciten la extensi贸n de los efectos de la sentencia en el plazo de un a帽o desde la 煤ltima notificaci贸n de 茅sta a quienes fueron parte en el proceso. Si se hubiere interpuesto recurso en inter茅s de la Ley o de revisi贸n, este plazo se contar谩 desde la 煤ltima notificaci贸n de la resoluci贸n que ponga fin a 茅ste.
2. La solicitud deber谩 dirigirse directamente al 贸rgano jurisdiccional competente que hubiera dictado la resoluci贸n de la que se pretende que se extiendan los efectos.
3. La petici贸n al 贸rgano jurisdiccional se formular谩 en escrito razonado al que deber谩 acompa帽arse el documento o documentos que acrediten la identidad de situaciones o la no concurrencia de alguna de las circunstancias del apartado 5 de este art铆culo.
4. Antes de resolver, en los 20 d铆as siguientes, el Juez o tribunal de la ejecuci贸n recabar谩 de la Administraci贸n los antecedentes que estime oportunos y, en todo caso, un informe detallado sobre la viabilidad de la extensi贸n solicitada, poniendo de manifiesto el resultado de esas actuaciones a las partes para que aleguen por plazo com煤n de tres d铆as, con emplazamiento, en su caso, de los interesados directamente afectados por los efectos de la extensi贸n. Una vez evacuado el tr谩mite, resolver谩 sin m谩s por medio de auto, en el que no podr谩 reconocerse una situaci贸n jur铆dica distinta a la definida en la sentencia firme de que se trate.
5. El incidente se desestimar谩, en todo caso, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Si existiera cosa juzgada.
b) Cuando la doctrina determinante del fallo cuya extensi贸n se postule fuere contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo o a la doctrina sentada por los Tribunales Superiores de Justicia en el recurso a que se refiere el art铆culo 99.
c) Si para el interesado se hubiere dictado resoluci贸n que, habiendo causado estado en v铆a administrativa, fuere consentida y firme por no haber promovido recurso Contencioso-Administrativo.
6. Si se encuentra pendiente un recurso de revisi贸n o un recurso de casaci贸n en inter茅s de la Ley, quedar谩 en suspenso la decisi贸n del incidente hasta que se resuelva el citado recurso.
7. El r茅gimen de recurso del auto dictado se ajustar谩 a las reglas generales previstas en el art铆culo 80.
Precepto modificado por LO 19/2003, de 23 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 15-1-2004
路 Modificado art铆culo 110
Redacci贸n hasta el 15-1-2004
1. En materia tributaria y de personal al servicio de la Administraci贸n p煤blica, los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situaci贸n jur铆dica individualizada en favor de una o varias personas podr谩n extenderse a otras, en ejecuci贸n de la sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que los interesados se encuentren en id茅ntica situaci贸n jur铆dica que los favorecidos por el fallo.
b) Que el Juez o Tribunal sentenciador fuera tambi茅n competente, por raz贸n del territorio, para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situaci贸n individualizada.
c) Que soliciten la extensi贸n de los efectos de la sentencia en el plazo de un a帽o desde la 煤ltima notificaci贸n de 茅sta a quienes fueron parte en el proceso. Si se hubiere interpuesto recurso en inter茅s de la ley o de revisi贸n, este plazo se contar谩 desde la 煤ltima notificaci贸n de la resoluci贸n que ponga fin a 茅ste.
2. La solicitud deber谩 dirigirse a la Administraci贸n demandada. Si transcurrieren tres meses sin que se notifique resoluci贸n alguna o cuando la Administraci贸n denegare la solicitud de modo expreso, podr谩 acudirse sin m谩s tr谩mites al Juez o Tribunal de la ejecuci贸n en el plazo de dos meses, contados desde el transcurso del plazo antes indicado o desde el d铆a siguiente a la notificaci贸n de la resoluci贸n denegatoria.
3. La petici贸n al 贸rgano jurisdiccional se formular谩 en escrito razonado al que deber谩 acompa帽arse el documento o documentos que acrediten la identidad de situaciones, sustanci谩ndose por los tr谩mites establecidos para los incidentes, pero sin que haya lugar a la celebraci贸n de vista.
4. Antes de resolver, el Juez o Tribunal de la ejecuci贸n recabar谩 de la Administraci贸n las actuaciones referentes al incidente planteado y, si se recibieran en los veinte d铆as siguientes, ordenar谩 que se pongan de manifiesto a las partes por plazo com煤n de tres d铆as. En otro caso, resolver谩 sin m谩s por medio de auto, en el que no podr谩 reconocerse una situaci贸n jur铆dica distinta a la definida en la sentencia firme de que se trate.
5. El incidente se desestimar谩, en todo caso, cuando existiera cosa juzgada, o cuando la doctrina determinante del fallo cuya extensi贸n se postule fuere contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo o a la doctrina sentada por los Tribunales Superiores de Justicia en el recurso a que se refiere el art铆culo 99. Si se encuentra pendiente un recurso de revisi贸n o un recurso de casaci贸n en inter茅s de la ley, quedar谩 en suspenso la decisi贸n del incidente hasta que se resuelva el citado recurso.
Cuando se hubiere acordado suspender la tramitaci贸n de uno o m谩s recursos con arreglo a lo previsto en el art铆culo 37.2, una vez declarada la firmeza de la sentencia dictada en el pleito que se hubiere tramitado con car谩cter preferente, el Secretario judicial requerir谩 a los recurrentes afectados por la suspensi贸n para que en el plazo de cinco d铆as interesen la extensi贸n de los efectos de la sentencia o la continuaci贸n del pleito suspendido, o bien manifiesten si desisten del recurso.
Si se solicitase la extensi贸n de los efectos de aquella sentencia, el Juez o Tribunal la acordar谩, salvo que concurra la circunstancia prevista en el art铆culo 110.5.b) o alguna de las causas de inadmisibilidad del recurso contempladas en el art铆culo 69 de esta Ley.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 111
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Cuando se hubiere acordado suspender la tramitaci贸n de uno o m谩s recursos con arreglo a lo previsto en el art铆culo 37.2, los recurrentes afectados por la suspensi贸n podr谩n interesar del Juez o Tribunal de la ejecuci贸n que extienda a su favor los efectos de la sentencia o sentencias firmes reca铆das en los recursos resueltos, con arreglo a lo establecido en los apartados 3, 4 y 5 del art铆culo anterior en cuanto resulten aplicables.
Transcurridos los plazos se帽alados para el total cumplimiento del fallo, el juez o tribunal adoptar谩, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado.
Singularmente, acreditada su responsabilidad, previo apercibimiento del Secretario judicial notificado personalmente para formulaci贸n de alegaciones, el Juez o la Sala podr谩n:
a) Imponer multas coercitivas de ciento cincuenta a mil quinientos euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala, as铆 como reiterar estas multas hasta la completa ejecuci贸n del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar. A la imposici贸n de estas multas les ser谩 aplicable lo previsto en el art铆culo 48.
b) Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado p谩rrafo 2.潞 del art铆culo 112
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Transcurridos los plazos se帽alados para el total cumplimiento del fallo, el juez o tribunal adoptar谩, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado.
Singularmente, acreditada su responsabilidad, previo apercibimiento notificado personalmente para formulaci贸n de alegaciones, podr谩:
a) Imponer multas coercitivas de 150,25 a 1.502,53 a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala, as铆 como reiterar estas multas hasta la completa ejecuci贸n del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar. A la imposici贸n de estas multas les ser谩 aplicable lo previsto en el art铆culo 48.
b) Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.
Precepto modificado por Ley 62/2003, de 30 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 1-1-2004
路 Modificado art铆culo 112
Redacci贸n hasta el 1-1-2004
Transcurridos los plazos se帽alados para el total cumplimiento del fallo, el Juez o Tribunal adoptar谩, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado, y singularmente, previo apercibimiento, podr谩:
a) Imponer multas coercitivas de 25.000 a 250.000 pesetas a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala, as铆 como reiterar estas multas hasta la completa ejecuci贸n del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar. A la imposici贸n de estas multas le ser谩 aplicable lo previsto en el art铆culo 48.
b) Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.
1. Transcurrido el plazo de ejecuci贸n que se hubiere fijado en el acuerdo a que se refiere el art铆culo 77.3, cualquiera de las partes podr谩 instar su ejecuci贸n forzosa.
2. Si no se hubiere fijado plazo para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo, la parte perjudicada podr谩 requerir a la otra su cumplimiento y transcurridos dos meses podr谩 proceder a instar su ejecuci贸n forzosa.
CAP脥TULO I-Procedimiento para la protecci贸n de los derechos fundamentales de la persona
1. El procedimiento de amparo judicial de las libertades y derechos, previsto en el art铆culo 53.2 de la Constituci贸n espa帽ola, se regir谩, en el orden contencioso-administrativo, por lo dispuesto en este Cap铆tulo y, en lo no previsto en 茅l, por las normas generales de la presente Ley.
2. Podr谩n hacerse valer en este proceso las pretensiones a que se refieren los art铆culos 31 y 32, siempre que tengan como finalidad la de restablecer o preservar los derechos o libertades por raz贸n de los cuales el recurso hubiere sido formulado.
3. A todos los efectos la tramitaci贸n de estos recursos tendr谩 car谩cter preferente.
1. El plazo para interponer este recurso ser谩 de diez d铆as que se computar谩n, seg煤n los casos, desde el d铆a siguiente al de notificaci贸n del acto, publicaci贸n de la disposici贸n impugnada, requerimiento para el cese de la v铆a de hecho, o transcurso del plazo fijado para la resoluci贸n, sin m谩s tr谩mites. Cuando la lesi贸n del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad administrativa, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, o, trat谩ndose de una actuaci贸n en v铆a de hecho, no se hubiera formulado requerimiento, el plazo de diez d铆as se iniciar谩 transcurridos veinte d铆as desde la reclamaci贸n, la presentaci贸n del recurso o el inicio de la actuaci贸n administrativa en v铆a de hecho, respectivamente.
2. En el escrito de interposici贸n se expresar谩 con precisi贸n y claridad el derecho o derechos cuya tutela se pretende y, de manera concisa, los argumentos sustanciales que den fundamento al recurso.
1. En el mismo d铆a de la presentaci贸n del recurso o en el siguiente, el Secretario judicial requerir谩 con car谩cter urgente al 贸rgano administrativo correspondiente, acompa帽ando copia del escrito de interposici贸n, para que en el plazo m谩ximo de cinco d铆as a contar desde la recepci贸n del requerimiento remita el expediente acompa帽ado de los informes y datos que estime procedentes, con apercibimiento de cuanto se establece en el art铆culo 48.
2. Al remitir el expediente, el 贸rgano administrativo lo comunicar谩 a todos los que aparezcan como interesados en el mismo, acompa帽ando copia del escrito de interposici贸n y emplaz谩ndoles para que puedan comparecer como demandados ante el Juzgado o Sala en el plazo de cinco d铆as.
3. La Administraci贸n, con el env铆o del expediente, y los dem谩s demandados, al comparecer, podr谩n solicitar razonadamente la inadmisi贸n del recurso y la celebraci贸n de la comparecencia a que se refiere el art铆culo 117.2.
4. La falta de env铆o del expediente administrativo dentro del plazo previsto en el apartado anterior no suspender谩 el curso de los autos.
5. Cuando el expediente administrativo se recibiese en el Juzgado o Sala una vez transcurrido el plazo establecido en el apartado 1 de este art铆culo, el Secretario judicial lo pondr谩 de manifiesto a las partes por plazo de cuarenta y ocho horas, en el que podr谩n hacer alegaciones, y sin alteraci贸n del curso del procedimiento.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 1 y 5 del art铆culo 116
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. En el mismo d铆a de la presentaci贸n del recurso o en el siguiente se requerir谩 con car谩cter urgente al 贸rgano administrativo correspondiente, acompa帽ando copia del escrito de interposici贸n, para que en el plazo m谩ximo de cinco d铆as, a contar desde la recepci贸n del requerimiento, remita el expediente acompa帽ado de los informes y datos que estime procedentes, con apercibimiento de cuanto se establece en el art铆culo 48.
2. Al remitir el expediente, el 贸rgano administrativo lo comunicar谩 a todos los que aparezcan como interesados en el mismo, acompa帽ando copia del escrito de interposici贸n y emplaz谩ndoles para que puedan comparecer como demandados ante el Juzgado o Sala en el plazo de cinco d铆as.
3. La Administraci贸n, con el env铆o del expediente, y los dem谩s demandados, al comparecer, podr谩n solicitar razonadamente la inadmisi贸n del recurso y la celebraci贸n de la comparecencia a que se refiere el art铆culo 117.2.
4. La falta de env铆o del expediente administrativo dentro del plazo previsto en el apartado anterior no suspender谩 el curso de los autos.
5. Cuando el expediente administrativo se recibiese en el Juzgado o Sala una vez transcurrido el plazo establecido en el apartado 1 de este art铆culo, se pondr谩 de manifiesto a las partes por plazo de cuarenta y ocho horas, en el que podr谩n hacer alegaciones, y sin alteraci贸n del curso del procedimiento.
1. Recibido el expediente o transcurrido el plazo para su remisi贸n y, en su caso, el del emplazamiento a los dem谩s interesados, el Secretario judicial, dentro del siguiente d铆a, dictar谩 decreto mandando seguir las actuaciones. Si estima que no procede la admisi贸n, dar谩 cuenta al Tribunal quien, en su caso, comunicar谩 a las partes el motivo en que pudiera fundarse la inadmisi贸n del procedimiento.
2. En el supuesto de posibles motivos de inadmisi贸n del procedimiento, el Secretario judicial convocar谩 a las partes y al Ministerio Fiscal a una comparecencia, que habr谩 de tener lugar antes de transcurrir cinco d铆as, en la que se les oir谩 sobre la procedencia de dar al recurso la tramitaci贸n prevista en este cap铆tulo.
3. En el siguiente d铆a el 贸rgano jurisdiccional dictar谩 auto mandando proseguir las actuaciones por este tr谩mite o acordando su inadmisi贸n por inadecuaci贸n del procedimiento.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 1 y 2 del art铆culo 117
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Recibido el expediente o transcurrido el plazo para su remisi贸n y, en su caso, el del emplazamiento a los dem谩s interesados, el 贸rgano jurisdiccional, dentro del siguiente d铆a, dictar谩 auto mandando seguir las actuaciones o comunicar谩 a las partes el motivo en que pudiera fundarse la inadmisi贸n del procedimiento.
2. En el supuesto de posibles motivos de inadmisi贸n del procedimiento se convocar谩 a las partes y al Ministerio Fiscal a una comparecencia, que habr谩 de tener lugar antes de transcurrir cinco d铆as, en la que se les oir谩 sobre la procedencia de dar al recurso la tramitaci贸n prevista en este Cap铆tulo.
3. En el siguiente d铆a el 贸rgano jurisdiccional dictar谩 auto mandando proseguir las actuaciones por este tr谩mite o acordando su inadmisi贸n por inadecuaci贸n del procedimiento.
Acordada la prosecuci贸n del procedimiento especial de este cap铆tulo, el Secretario judicial pondr谩 de manifiesto al recurrente el expediente y dem谩s actuaciones para que en el plazo improrrogable de ocho d铆as pueda formalizar la demanda y acompa帽ar los documentos.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 118
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Acordada la prosecuci贸n del procedimiento especial de este Cap铆tulo, se pondr谩n de manifiesto al recurrente el expediente y dem谩s actuaciones para que en el plazo improrrogable de ocho d铆as pueda formalizar la demanda y acompa帽ar los documentos.
Formalizada la demanda, el Secretario judicial dar谩 traslado de la misma al Ministerio Fiscal y a las partes demandadas para que, a la vista del expediente, presenten sus alegaciones en el plazo com煤n e improrrogable de ocho d铆as y acompa帽en los documentos que estimen oportunos.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 119
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Formalizada la demanda, se dar谩 traslado de la misma al Ministerio Fiscal y a las partes demandadas para que, a la vista del expediente, presenten sus alegaciones en el plazo com煤n e improrrogable de ocho d铆as y acompa帽en los documentos que estimen oportunos.
Evacuado el tr谩mite de alegaciones o transcurrido el plazo para efectuarlas, el 贸rgano jurisdiccional decidir谩 en el siguiente d铆a sobre el recibimiento a prueba, con arreglo a las normas generales establecidas en la presente Ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en el art铆culo 57. El per铆odo probatorio no ser谩 en ning煤n caso superior a veinte d铆as comunes para su proposici贸n y pr谩ctica.
1. Conclusas las actuaciones, el 贸rgano jurisdiccional dictar谩 sentencia en el plazo de cinco d铆as.
2. La sentencia estimar谩 el recurso cuando la disposici贸n, la actuaci贸n o el acto incurran en cualquier infracci贸n del ordenamiento jur铆dico,
incluso la desviaci贸n de poder, y como consecuencia de la misma vulneren un derecho de los susceptibles de amparo.
3. Contra las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo proceder谩 siempre la apelaci贸n en un solo efecto.
1. En el caso de prohibici贸n o de propuesta de modificaci贸n de reuniones previstas en la Ley Org谩nica Reguladora del Derecho de Reuni贸n que no sean aceptadas por los promotores, 茅stos podr谩n interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal competente. El recurso se interpondr谩 dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificaci贸n de la prohibici贸n o modificaci贸n, traslad谩ndose por los promotores copia debidamente registrada del escrito del recurso a la autoridad gubernativa, con el objeto de que 茅sta remita inmediatamente el expediente.
2. El Secretario judicial, en el plazo improrrogable de cuatro d铆as, y poniendo de manifiesto el expediente si se hubiera recibido, convocar谩 al representante legal de la Administraci贸n, al Ministerio Fiscal y a los recurrentes o a la persona que 茅stos designen como representante a una audiencia en la que el Tribunal, de manera contradictoria, oir谩 a todos los personados y resolver谩 sin ulterior recurso.
En cuanto se refiere a la grabaci贸n de la audiencia y a su documentaci贸n, ser谩n aplicables las disposiciones contenidas en el art铆culo 63.
3. La decisi贸n que se adopte 煤nicamente podr谩 mantener o revocar la prohibici贸n o las modificaciones propuestas.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 122
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. En el caso de prohibici贸n o de propuesta de modificaci贸n de reuniones previstas en la Ley Org谩nica Reguladora del Derecho de Reuni贸n que no sean aceptadas por los promotores, 茅stos podr谩n interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal competente. El recurso se interpondr谩 dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificaci贸n de la prohibici贸n o modificaci贸n, traslad谩ndose por los promotores copia debidamente registrada del escrito del recurso a la autoridad gubernativa, con el objeto de que 茅sta remita inmediatamente el expediente.
2. El Tribunal, en el plazo improrrogable de cuatro d铆as, y poniendo de manifiesto el expediente si se hubiera recibido, convocar谩 al representante legal de la Administraci贸n, al Ministerio Fiscal y a los recurrentes o a la persona que 茅stos designen como representante a una audiencia en la que, de manera contradictoria, oir谩 a todos los personados y resolver谩 sin ulterior recurso.
3. La decisi贸n que se adopte 煤nicamente podr谩 mantener o revocar la prohibici贸n o las modificaciones propuestas.
1. El procedimiento para obtener la autorizaci贸n judicial a que se refiere el art铆culo 8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci贸n y del Comercio Electr贸nico, se iniciar谩 con la solicitud de los 贸rganos competentes en la que se expondr谩n las razones que justifican la petici贸n acompa帽ada de los documentos que sean procedentes a estos efectos. El Juzgado, en el plazo de 24 horas siguientes a la petici贸n y, previa audiencia del Ministerio Fiscal, dictar谩 resoluci贸n autorizando la solicitud efectuada siempre que no resulte afectado el art铆culo 18 apartados 1 y 3 de la Constituci贸n.
2. La ejecuci贸n de las medidas para que se interrumpa la prestaci贸n de servicios de la sociedad de la informaci贸n o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual, adoptadas por la Secci贸n Segunda de la Comisi贸n de Propiedad Intelectual en aplicaci贸n de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la informaci贸n y de Comercio Electr贸nico, requerir谩 de autorizaci贸n judicial previa de conformidad con lo establecido en los p谩rrafos siguientes.
Acordada la medida por la Comisi贸n, solicitar谩 del Juzgado competente la autorizaci贸n para su ejecuci贸n, referida a la posible afectaci贸n a los derechos y libertades garantizados en el art铆culo 20 de la Constituci贸n.
En el plazo improrrogable de dos d铆as siguientes a la recepci贸n de la notificaci贸n de la resoluci贸n de la Comisi贸n y poniendo de manifiesto el expediente, el Juzgado convocar谩 al representante legal de la Administraci贸n, al Ministerio Fiscal y a los titulares de los derechos y libertades afectados o a la persona que 茅stos designen como representante a una audiencia, en la que, de manera contradictoria, el Juzgado oir谩 a todos los personados y resolver谩 en el plazo improrrogable de dos d铆as mediante auto. La decisi贸n que se adopte 煤nicamente podr谩 autorizar o denegar la ejecuci贸n de la medida.
Precepto modificado por Ley 2/2011, de 4 de marzo, con entrada en vigor a partir del 6-3-2011
路 A帽adido art铆culo 122 bis
Art铆culo 122 ter. Procedimiento de autorizaci贸n judicial de conformidad de una decisi贸n de la Comisi贸n Europea en materia de transferencia internacional de datos
1. El procedimiento para obtener la autorizaci贸n judicial a que se refiere la disposici贸n adicional quinta de la Ley Org谩nica de Protecci贸n de Datos Personales y Garant铆a de los Derechos Digitales, se iniciar谩 con la solicitud de la autoridad de protecci贸n de datos dirigida al Tribunal competente para que se pronuncie acerca de la conformidad de una decisi贸n de la Comisi贸n Europea en materia de transferencia internacional de datos con el Derecho de la Uni贸n Europea. La solicitud ir谩 acompa帽ada de copia del expediente que se encontrase pendiente de resoluci贸n ante la autoridad de protecci贸n de datos.
2. Ser谩n partes en el procedimiento, adem谩s de la autoridad de protecci贸n de datos, quienes lo fueran en el procedimiento tramitado ante ella y, en todo caso, la Comisi贸n Europea.
3. El acuerdo de admisi贸n o inadmisi贸n a tr谩mite del procedimiento confirmar谩, modificar谩 o levantar谩 la suspensi贸n del procedimiento por posible vulneraci贸n de la normativa de protecci贸n de datos tramitado ante la autoridad de protecci贸n de datos, del que trae causa este procedimiento de autorizaci贸n judicial.
4. Admitida a tr谩mite la solicitud, el Tribunal competente lo notificar谩 a la autoridad de protecci贸n de datos a fin de que d茅 traslado a quienes interviniesen en el procedimiento tramitado ante la misma para que se personen en el plazo de tres d铆as. Igualmente, se dar谩 traslado a la Comisi贸n Europea a los mismos efectos.
5. Concluido el plazo mencionado en la letra anterior, se dar谩 traslado de la solicitud de autorizaci贸n a las partes personadas a fin de que en el plazo de diez d铆as aleguen lo que estimen procedente, pudiendo solicitar en ese momento la pr谩ctica de las pruebas que estimen necesarias.
6. Transcurrido el per铆odo de prueba, si alguna de las partes lo hubiese solicitado y el 贸rgano jurisdiccional lo estimase pertinente, se celebrar谩 una vista. El Tribunal podr谩 decidir el alcance de las cuestiones sobre las que las partes deber谩n centrar sus alegaciones en dicha vista.
7. Finalizados los tr谩mites mencionados en los tres apartados anteriores, el Tribunal competente adoptar谩 en el plazo de diez d铆as una de estas decisiones:
a) Si considerase que la decisi贸n de la Comisi贸n Europea es conforme al Derecho de la Uni贸n Europea, dictar谩 sentencia declar谩ndolo as铆 y denegando la autorizaci贸n solicitada.
b) En caso de considerar que la decisi贸n es contraria al Derecho de la Uni贸n Europea, dictar谩 auto de planteamiento de cuesti贸n prejudicial de validez de la citada decisi贸n ante el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, en los t茅rminos del art铆culo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea.
La autorizaci贸n solamente podr谩 ser concedida si la decisi贸n de la Comisi贸n Europea cuestionada fuera declarada inv谩lida por el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea.
8. El r茅gimen de recursos ser谩 el previsto en esta ley.
Precepto modificado por LO 3/2018, de 5 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 7-12-2018
路 A帽adido art铆culo 122 ter
CAP脥TULO II-Cuesti贸n de ilegalidad
1. El Juez o Tribunal plantear谩, mediante auto, la cuesti贸n de ilegalidad prevista en el art铆culo 27.1 dentro de los cinco d铆as siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia. La cuesti贸n habr谩 de ce帽irse exclusivamente a aquel o aquellos preceptos reglamentarios cuya declaraci贸n de ilegalidad haya servido de base para la estimaci贸n de la demanda. Contra el auto de planteamiento no se dar谩 recurso alguno.
2. En este auto se acordar谩 emplazar a las partes para que, en el plazo de quince d铆as, puedan comparecer y formular alegaciones ante el Tribunal competente para fallar la cuesti贸n. Transcurrido este plazo, no se admitir谩 la personaci贸n.
1. Planteada la cuesti贸n, el Secretario judicial remitir谩 urgentemente, junto con la certificaci贸n del auto de planteamiento, copia testimoniada de los autos principales y del expediente administrativo.
2. Acordar谩 igualmente la publicaci贸n del auto de planteamiento de la cuesti贸n en el mismo peri贸dico oficial en que lo hubiera sido la disposici贸n cuestionada.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 124
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. El Juez o Tribunal que haya planteado la cuesti贸n remitir谩 urgentemente, junto con la certificaci贸n del auto de planteamiento, copia testimoniada de los autos principales y del expediente administrativo.
2. El planteamiento de la cuesti贸n se publicar谩 en el mismo peri贸dico oficial en que lo hubiera sido la disposici贸n cuestionada.
1. Con el escrito de personaci贸n y alegaciones podr谩 acompa帽arse la documentaci贸n que se estime oportuna para enjuiciar la legalidad de la disposici贸n cuestionada.
2. Terminado el plazo de personaci贸n y alegaciones, el Secretario judicial declarar谩 concluso el procedimiento. La sentencia se dictar谩 en los diez d铆as siguientes a dicha declaraci贸n. No obstante, podr谩 el Tribunal rechazar, en tr谩mite de admisi贸n, mediante auto y sin necesidad de audiencia de las partes, la cuesti贸n de ilegalidad cuando faltaren las condiciones procesales.
3. El plazo para dictar sentencia quedar谩 interrumpido si, para mejor proveer, el Tribunal acordara reclamar el expediente de elaboraci贸n de la disposici贸n cuestionada o practicar alguna prueba de oficio. En estos casos el Secretario judicial acordar谩 o铆r a las partes por plazo com煤n de cinco d铆as sobre el expediente o el resultado de la prueba.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 2 y 3 del art铆culo 125
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Con el escrito de personaci贸n y alegaciones podr谩 acompa帽arse la documentaci贸n que se estime oportuna para enjuiciar la legalidad de la disposici贸n cuestionada.
2. Terminado el plazo de personaci贸n y alegaciones, se declarar谩 concluso el procedimiento y se se帽alar谩 d铆a para votaci贸n y fallo. La sentencia se dictar谩 en los diez d铆as siguientes a dicho se帽alamiento. No obstante podr谩 el Tribunal rechazar, en tr谩mite de admisi贸n, mediante auto y sin necesidad de audiencia de las partes, la cuesti贸n de ilegalidad cuando faltaren las condiciones procesales.
3. El plazo para dictar sentencia quedar谩 interrumpido si, para mejor proveer, el Tribunal acordara reclamar el expediente de elaboraci贸n de la disposici贸n cuestionada o practicar alguna prueba de oficio. En estos casos se acordar谩 o铆r a las partes por plazo com煤n de tres d铆as sobre el expediente o el resultado de la prueba.
1. La sentencia estimar谩 o desestimar谩 parcial o totalmente la cuesti贸n, salvo que faltare alg煤n requisito procesal insubsanable, caso en que la declarar谩 inadmisible.
2. Se aplicar谩 a la cuesti贸n de ilegalidad lo dispuesto para el recurso directo contra disposiciones generales en los art铆culos 33.3, 66, 70, 71.1.a), 71.2, 72.2 y 73. Se publicar谩n tambi茅n las sentencias firmes que desestimen la cuesti贸n.
3. Firme la sentencia que resuelva la cuesti贸n de ilegalidad, por el Secretario judicial se comunicar谩 al Juez o Tribunal que la plante贸.
4. Cuando la cuesti贸n de legalidad sea de especial trascendencia para el desarrollo de otros procedimientos, ser谩 objeto de tramitaci贸n y resoluci贸n preferente.
5. La sentencia que resuelva la cuesti贸n de ilegalidad no afectar谩 a la situaci贸n jur铆dica concreta derivada de la sentencia dictada por el Juez o Tribunal que plante贸 aqu茅lla.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 3 del art铆culo 126
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. La sentencia estimar谩 o desestimar谩 parcial o totalmente la cuesti贸n, salvo que faltare alg煤n requisito procesal insubsanable, caso en que la declarar谩 inadmisible.
2. Se aplicar谩 a la cuesti贸n de ilegalidad lo dispuesto para el recurso directo contra disposiciones generales en los art铆culos 33.3, 66, 70, 71.1.a), 71.2, 72.2 y 73. Se publicar谩n tambi茅n las sentencias firmes que desestimen la cuesti贸n.
3. Firme la sentencia que resuelva la cuesti贸n de ilegalidad, se comunicar谩 al Juez o Tribunal que la plante贸.
4. Cuando la cuesti贸n de legalidad sea de especial trascendencia para el desarrollo de otros procedimientos, ser谩 objeto de tramitaci贸n y resoluci贸n preferente.
5. La sentencia que resuelva la cuesti贸n de ilegalidad no afectar谩 a la situaci贸n jur铆dica concreta derivada de la sentencia dictada por el Juez o Tribunal que plante贸 aqu茅lla.
CAP脥TULO III-Procedimiento en los casos de suspensi贸n administrativa previa de acuerdos
1. En los casos en que, conforme a las Leyes, la suspensi贸n administrativa de actos o acuerdos de Corporaciones o Entidades p煤blicas deba ir seguida de la impugnaci贸n o traslado de aqu茅llos ante la Jurisdicci贸n Contencioso-administrativa, se proceder谩 conforme a lo dispuesto en este precepto.
2. En el plazo de los diez d铆as siguientes a la fecha en que se hubiera dictado el acto de suspensi贸n o en el que la Ley establezca, deber谩 interponerse el recurso contencioso-administrativo mediante escrito fundado, o darse traslado directo del acuerdo suspendido al 贸rgano jurisdiccional, seg煤n proceda, acompa帽ando en todo caso copia del citado acto de suspensi贸n.
3. Interpuesto el recurso o trasladado el acuerdo suspendido, el Secretario judicial requerir谩 a la corporaci贸n o entidad que lo hubiera dictado para que en el plazo de diez d铆as remita el expediente administrativo, alegue lo que estime conveniente en defensa de aqu茅l y notifique a cuantos tuvieran inter茅s leg铆timo en su mantenimiento o anulaci贸n la existencia del procedimiento, a efectos de su comparecencia ante el 贸rgano jurisdiccional en el plazo de diez d铆as.
4. Recibido el expediente administrativo, el Secretario judicial lo pondr谩 de manifiesto junto con las actuaciones a los comparecidos en el procedimiento, convoc谩ndolos para la celebraci贸n de la vista, que se celebrar谩 como m铆nimo a los diez d铆as de la puesta de manifiesto del expediente.
5. El 贸rgano jurisdiccional podr谩, motivadamente, sustituir el tr谩mite de vista por el de alegaciones escritas, que se presentar谩n en el plazo com煤n de los diez d铆as siguientes a la notificaci贸n del auto en que as铆 se acuerde. Podr谩 tambi茅n abrir un per铆odo de prueba, para mejor proveer, por plazo no superior a quince d铆as.
6. Celebrada la vista o deducidas las alegaciones a que se refieren los apartados anteriores, se dictar谩 sentencia por la que se anule o confirme el acto o acuerdo objeto del recurso, disponiendo lo que proceda en cuanto a la suspensi贸n.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 3 y 4 del art铆culo 127
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. En los casos en que, conforme a las Leyes, la suspensi贸n administrativa de actos o acuerdos de Corporaciones o Entidades p煤blicas deba ir seguida de la impugnaci贸n o traslado de aqu茅llos ante la Jurisdicci贸n Contencioso-administrativa, se proceder谩 conforme a lo dispuesto en este precepto.
2. En el plazo de los diez d铆as siguientes a la fecha en que se hubiera dictado el acto de suspensi贸n o en el que la Ley establezca, deber谩 interponerse el recurso contencioso-administrativo mediante
escrito fundado, o darse traslado directo del acuerdo suspendido al 贸rgano jurisdiccional, seg煤n proceda, acompa帽ando en todo caso copia del citado acto de suspensi贸n.
3. Interpuesto el recurso o trasladado el acuerdo suspendido, el 贸rgano jurisdiccional requerir谩 a la Corporaci贸n o Entidad que lo hubiera dictado para que en el plazo de diez d铆as remita el expediente administrativo, alegue lo que estime conveniente en defensa de aqu茅l y notifique a cuantos tuvieran inter茅s leg铆timo en su mantenimiento o anulaci贸n la existencia del procedimiento, a efectos de su comparecencia ante el 贸rgano jurisdiccional en el plazo de diez d铆as.
4. Recibido el expediente administrativo, el 贸rgano jurisdiccional lo pondr谩 de manifiesto junto con las actuaciones a los comparecidos en el procedimiento, convoc谩ndolos para la celebraci贸n de la vista, que se celebrar谩 como m铆nimo a los diez d铆as de la puesta de manifiesto del expediente.
5. El 贸rgano jurisdiccional podr谩, motivadamente, sustituir el tr谩mite de vista por el de alegaciones escritas, que se presentar谩n en el plazo com煤n de los diez d铆as siguientes a la notificaci贸n del auto en que as铆 se acuerde. Podr谩 tambi茅n abrir un per铆odo de prueba, para mejor proveer, por plazo no superior a quince d铆as.
6. Celebrada la vista o deducidas las alegaciones a que se refieren los apartados anteriores, se dictar谩 sentencia por la que se anule o confirme el acto o acuerdo objeto del recurso, disponiendo lo que proceda en cuanto a la suspensi贸n.
CAP脥TULO IV-Procedimiento para la garant铆a de la unidad de mercado
Precepto modificado por Ley 20/2013, de 9 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 11-12-2013
路 A帽adido Cap铆tulo IV del T铆tulo V
1. Cuando la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia considere que una disposici贸n, acto, actuaci贸n, inactividad o v铆a de hecho procedente de cualquier Administraci贸n p煤blica sea contraria a la libertad de establecimiento o de circulaci贸n en los t茅rminos previstos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garant铆a de la unidad de mercado, podr谩 presentar el recurso contencioso-administrativo regulado en este Cap铆tulo.
2. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo para la garant铆a de la unidad de mercado ser谩 de dos meses conforme a lo previsto en los apartados 1 a 3 del art铆culo 46. Cuando el recurso se interponga a solicitud de un operador econ贸mico el plazo de dos meses se computar谩 desde la presentaci贸n de la solicitud ante la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia.
Precepto modificado por Ley 20/2013, de 9 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 11-12-2013
路 A帽adido art铆culo 127 bis
1. En el mismo d铆a de la interposici贸n del recurso por la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia en garant铆a de la unidad de mercado o en el siguiente, el Secretario judicial requerir谩 con car谩cter urgente al 贸rgano administrativo correspondiente, acompa帽ando copia del escrito de interposici贸n, para que en el plazo m谩ximo de cinco d铆as a contar desde la recepci贸n del requerimiento remita el expediente acompa帽ado de los informes y datos que se soliciten en el recurso, con apercibimiento de cuanto se establece en el art铆culo 48.
2. La falta de env铆o del expediente administrativo dentro del plazo previsto en el apartado anterior no suspender谩 el curso de los autos.
3. El Secretario judicial pondr谩 de manifiesto al recurrente el expediente y dem谩s actuaciones para que en el plazo improrrogable de diez d铆as pueda formalizar la demanda y acompa帽ar los documentos oportunos. Si el expediente administrativo se recibiese una vez formalizada la demanda, se conceder谩 un tr谩mite adicional de alegaciones a las partes.
4. Formalizada la demanda, el Secretario judicial dar谩 traslado de la misma a las partes demandadas para que, a la vista del expediente, presenten contestaci贸n en el plazo com煤n e improrrogable de diez d铆as y acompa帽en los documentos que estimen oportunos.
5. Evacuado el tr谩mite de contestaci贸n, el 贸rgano jurisdiccional decidir谩 en el siguiente d铆a sobre el recibimiento a prueba, con arreglo a las normas generales establecidas en la presente Ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en el art铆culo 57. El per铆odo de pr谩ctica de prueba no ser谩 en ning煤n caso superior a veinte d铆as.
6. Conclusas las actuaciones, el 贸rgano jurisdiccional dictar谩 sentencia en el plazo de cinco d铆as. La sentencia estimar谩 el recurso cuando la disposici贸n, la actuaci贸n o el acto incurrieran en cualquier infracci贸n del ordenamiento jur铆dico que afecte a la libertad de establecimiento o de circulaci贸n, incluida la desviaci贸n de poder.
Conforme a lo dispuesto en el art铆culo 71, la sentencia que estime el recurso implicar谩 la correcci贸n de la conducta infractora, as铆 como el resarcimiento de los da帽os y perjuicios, incluido el lucro cesante, que dicha conducta haya causado.
Cuando se trate de asuntos en los que no quepa ulterior recurso, el 贸rgano jurisdiccional podr谩 convocar a las partes a una comparecencia con la finalidad de dictar su sentencia de viva voz, exponiendo verbalmente los razonamientos en que sustente su decisi贸n, resolviendo sobre los motivos que fundamenten el recurso y la oposici贸n y pronunciando su fallo, de acuerdo con lo dispuesto en los art铆culos 68 a 71.
La no comparecencia de todas o alguna de las partes no impedir谩 el dictado de la sentencia de viva voz.
En cuanto se refiere a la grabaci贸n de la comparecencia y a su documentaci贸n, ser谩n aplicables las disposiciones contenidas en el art铆culo 63.
Caso de haberse dictado la Sentencia de forma oral, el Secretario judicial expedir谩 certificaci贸n que recoja todos los pronunciamientos del fallo, con expresa indicaci贸n de su firmeza y de la actuaci贸n administrativa a que se refiera. Dicha certificaci贸n ser谩 expedida en el plazo m谩ximo de cinco d铆as notific谩ndose a las partes.
La anterior certificaci贸n se registrar谩 e incorporar谩 al Libro de Sentencias del 贸rgano judicial. El soporte videogr谩fico de la comparecencia quedar谩 unido al procedimiento.
7. Durante la tramitaci贸n del procedimiento, podr谩 solicitar su intervenci贸n, como parte recurrente, cualquier operador econ贸mico que tuviere inter茅s directo en la anulaci贸n del acto, actuaci贸n o disposici贸n impugnada y no la hubiera recurrido de forma independiente.
La solicitud del operador se resolver谩 por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en el plazo com煤n de cinco d铆as.
Admitida la intervenci贸n, no se retrotraer谩n las actuaciones, pero el interviniente ser谩 considerado parte en el proceso a todos los efectos y podr谩 defender las pretensiones formuladas o las que el propio interviniente formule, si tuviere oportunidad procesal para ello.
El interviniente podr谩 utilizar los recursos que procedan contra las resoluciones que estime perjudiciales para su inter茅s, aunque las consienta la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia o las dem谩s partes personadas.
8. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acordar谩 la acumulaci贸n al promovido por la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia de todo procedimiento que, iniciado por un operador econ贸mico ante el mismo u otro 贸rgano jurisdiccional, se dirija frente a la misma disposici贸n o actuaci贸n y se funde en la vulneraci贸n de la libertad de establecimiento o de circulaci贸n conforme a lo previsto en esta Ley.
9. A todos los efectos, la tramitaci贸n de estos recursos tendr谩 car谩cter preferente.
10. El procedimiento para la garant铆a de la unidad de mercado, en lo no dispuesto en este Cap铆tulo, se regir谩 por las normas generales de la presente Ley.
Precepto modificado por Ley 20/2013, de 9 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 11-12-2013
路 A帽adido art铆culo 127 ter
1. La Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia podr谩 solicitar en su escrito de interposici贸n la suspensi贸n de la disposici贸n, acto o resoluci贸n impugnados, as铆 como cualquier otra medida cautelar que asegure la efectividad de la sentencia.
2. Solicitada la suspensi贸n de la disposici贸n, acto o resoluci贸n impugnados, la misma se producir谩 de forma autom谩tica, una vez admitido el recurso y sin exigencia de afianzamiento de los posibles perjuicios de cualquiera naturaleza que pudieran derivarse. La Administraci贸n cuya actuaci贸n se haya recurrido podr谩 solicitar el levantamiento de la suspensi贸n en el plazo de tres meses desde su adopci贸n, siempre que acredite que de su mantenimiento pudiera seguirse una perturbaci贸n grave de los intereses generales o de tercero que el tribunal ponderar谩 en forma circunstanciada.
Formulada la solicitud se dar谩 traslado de la misma a la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia para que, en el plazo de diez d铆as, alegue lo procedente en orden al mantenimiento o el levantamiento de la suspensi贸n en orden a los intereses en conflicto.
Evacuado el anterior tr谩mite, el tribunal resolver谩 lo que estime procedente mediante auto en los cinco d铆as siguientes.
3. La solicitud de cualquier otra medida cautelar se tramitar谩 en la forma prevista en el Cap铆tulo II del T铆tulo VI.
Precepto modificado por Ley 20/2013, de 9 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 11-12-2013
路 A帽adido art铆culo 127 qu谩ter
Nota
Declarado inconstitucional y nulo el apartado 2 del art铆culo 127 qu谩ter por STC 79/2017, de 22 de junio. Recurso de inconstitucionalidad 1397-2014 (SP/SENT/911735).
CAP脥TULO V-Procedimiento para la declaraci贸n judicial de extinci贸n de partidos pol铆ticos
Precepto modificado por LO 3/2015, de 30 de marzo, con entrada en vigor a partir del 1-4-2015
路 A帽adido Cap铆tulo V del T铆tulo V
1. El procedimiento para la declaraci贸n judicial de extinci贸n de un partido pol铆tico se regir谩 por lo dispuesto en el art铆culo 78, con las siguientes especialidades:
a) En la demanda, deber谩 especificarse en cu谩l o cu谩les de los motivos recogidos en el art铆culo 12 bis.1 de la Ley Org谩nica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol铆ticos, se fundamenta la petici贸n de declaraci贸n judicial de extinci贸n.
b) El plazo de dos meses para la presentaci贸n de la demanda se contar谩 a partir del d铆a siguiente al vencimiento del plazo se帽alado en el art铆culo 12 bis.2 de la misma ley.
c) Cuando la sentencia declare la extinci贸n del partido, ser谩 notificada al registro para que 茅ste proceda a la cancelaci贸n de la inscripci贸n.
2. El Ministerio Fiscal ser谩 parte del proceso.
Precepto modificado por LO 3/2015, de 30 de marzo, con entrada en vigor a partir del 1-4-2015
路 A帽adido art铆culo 127 quinquies
T脥TULO VI-Disposiciones comunes a los T铆tulos IV y V
1. Los plazos son improrrogables, y una vez transcurridos el Secretario judicial correspondiente tendr谩 por caducado el derecho y por perdido el tr谩mite que hubiere dejado de utilizarse. No obstante, se admitir谩 el escrito que proceda, y producir谩 sus efectos legales, si se presentare dentro del d铆a en que se notifique la resoluci贸n, salvo cuando se trate de plazos para preparar o interponer recursos.
2. Durante el mes de agosto no correr谩 el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ning煤n otro plazo de los previstos en esta Ley salvo para el procedimiento para la protecci贸n de los derechos fundamentales en el que el mes de agosto tendr谩 car谩cter de h谩bil.
3. En casos de urgencia, o cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario, las partes podr谩n solicitar al 贸rgano jurisdiccional que habilite los d铆as inh谩biles en el procedimiento para la protecci贸n de los derechos fundamentales o en el incidente de suspensi贸n o de adopci贸n de otras medidas cautelares. El Juez o Tribunal oir谩 a las dem谩s partes y resolver谩 por auto en el plazo de tres d铆as, acordando en todo caso la habilitaci贸n cuando su denegaci贸n pudiera causar perjuicios irreversibles.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 128
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Los plazos son improrrogables y una vez transcurridos se tendr谩 por caducado el derecho y por perdido el tr谩mite que hubiere dejado de utilizarse. No obstante, se admitir谩 el escrito que proceda, y producir谩 sus efectos legales, si se presentare dentro del d铆a en que se notifique el auto, salvo cuando se trate de plazos para preparar o interponer recursos.
2. Durante el mes de agosto no correr谩 el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ning煤n otro plazo de los previstos en esta Ley salvo para el procedimiento para la protecci贸n de los derechos fundamentales en el que el mes de agosto tendr谩 car谩cter de h谩bil.
3. En casos de urgencia, o cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario, las partes podr谩n solicitar al 贸rgano jurisdiccional que habilite los d铆as inh谩biles en el procedimiento para la protecci贸n de los derechos fundamentales o en el incidente de suspensi贸n o de adopci贸n de otras medidas cautelares. El Juez o Tribunal oir谩 a las dem谩s partes y resolver谩 por auto en el plazo de tres d铆as, acordando en todo caso la habilitaci贸n cuando su denegaci贸n pudiera causar perjuicios irreversibles.
1. Los interesados podr谩n solicitar en cualquier estado del proceso la adopci贸n de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia.
2. Si se impugnare una disposici贸n general, y se solicitare la suspensi贸n de la vigencia de los preceptos impugnados, la petici贸n deber谩 efectuarse en el escrito de interposici贸n o en el de demanda.
1. Previa valoraci贸n circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podr谩 acordarse 煤nicamente cuando la ejecuci贸n del acto o la aplicaci贸n de la disposici贸n pudieran hacer perder su finalidad leg铆tima al recurso.
2. La medida cautelar podr谩 denegarse cuando de 茅sta pudiera seguirse perturbaci贸n grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderar谩 en forma circunstanciada.
El incidente cautelar se sustanciar谩 en pieza separada, con audiencia de la parte contraria, que ordenar谩 el Secretario judicial por plazo que no exceder谩 de diez d铆as, y ser谩 resuelto por auto dentro de los cinco d铆as siguientes. Si la Administraci贸n demandada no hubiere a煤n comparecido, la audiencia se entender谩 con el 贸rgano autor de la actividad impugnada.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 131
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
El incidente cautelar se sustanciar谩 en pieza separada, con audiencia de la parte contraria, en un plazo que no exceder谩 de diez d铆as, y ser谩 resuelto por auto dentro de los cinco d铆as siguientes. Si la Administraci贸n demandada no hubiere a煤n comparecido, la audiencia se entender谩 con el 贸rgano autor de la actividad impugnada.
1. Las medidas cautelares estar谩n en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en el que se hayan acordado, o hasta que 茅ste finalice por cualquiera de las causas previstas en esta Ley. No obstante, podr谩n ser modificadas o revocadas durante el curso del procedimiento si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se hubieran adoptado.
2. No podr谩n modificarse o revocarse las medidas cautelares en raz贸n de los distintos avances que se vayan haciendo durante el proceso respecto al an谩lisis de las cuestiones formales o de fondo que configuran el debate; y, tampoco, en raz贸n de la modificaci贸n de los criterios de valoraci贸n que el Juez o Tribunal aplic贸 a los hechos al decidir el incidente cautelar.
1. Cuando de la medida cautelar pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podr谩n acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podr谩 exigirse la presentaci贸n de cauci贸n o garant铆a suficiente para responder de aqu茅llos.
2. La cauci贸n o garant铆a podr谩 constituirse en cualquiera de las formas admitidas en Derecho. La medida cautelar acordada no se llevar谩 a efecto hasta que la cauci贸n o garant铆a est茅 constituida y acreditada en autos, o hasta que conste el cumplimiento de las medidas acordadas para evitar o paliar los perjuicios a que se refiere el apartado precedente.
3. Levantada la medida por sentencia o por cualquier otra causa, la Administraci贸n o la persona que pretendiere tener derecho a indemnizaci贸n de los da帽os sufridos, podr谩 solicitar 茅sta ante el propio 贸rgano jurisdiccional por el tr谩mite de los incidentes, dentro del a帽o siguiente a la fecha del alzamiento. Si no se formulase la solicitud dentro de dicho plazo, se renunciase a la misma o no se acreditase el derecho, se cancelar谩 la garant铆a constituida.
1. El auto que acuerde la medida se comunicar谩 al 贸rgano administrativo correspondiente, el cual dispondr谩 su inmediato cumplimiento, siendo de aplicaci贸n lo dispuesto en el Cap铆tulo IV del T铆tulo IV, salvo el art铆culo 104.2.
2. La suspensi贸n de la vigencia de disposiciones de car谩cter general ser谩 publicada con arreglo a lo dispuesto en el art铆culo 107.2.
Lo mismo se observar谩 cuando la suspensi贸n se refiera a un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas.
1. Cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia en el caso, el juez o tribunal sin o铆r a la parte contraria, en el plazo de dos d铆as podr谩 mediante auto:
a) Apreciar las circunstancias de especial urgencia y adoptar o denegar la medida, conforme al art铆culo 130. Contra este auto no se dar谩 recurso alguno. En la misma resoluci贸n el 贸rgano judicial dar谩 audiencia a la parte contraria para que en el plazo de tres d铆as alegue lo que estime procedente o bien convocar谩 a las partes a una comparecencia que habr谩 de celebrarse dentro de los tres d铆as siguientes a la adopci贸n de la medida. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo en su caso o bien celebrada la comparecencia, el juez o tribunal dictar谩 auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificaci贸n de la medida adoptada, el cual ser谩 recurrible conforme a las reglas generales.
En cuanto se refiere a la grabaci贸n de la comparecencia y a su documentaci贸n, ser谩n aplicables las disposiciones contenidas en el art铆culo 63.
b) No apreciar las circunstancias de especial urgencia y ordenar la tramitaci贸n del incidente cautelar conforme al art铆culo 131, durante la cual los interesados no podr谩n solicitar nuevamente medida alguna al amparo del presente art铆culo.
2. En los supuestos que tengan relaci贸n con actuaciones de la Administraci贸n en materia de extranjer铆a, asilo pol铆tico y condici贸n de refugiado que impliquen retorno y el afectado sea un menor de edad, el 贸rgano jurisdiccional oir谩 al Ministerio Fiscal con car谩cter previo a dictar el auto al que hace referencia el apartado primero de este art铆culo.
Precepto modificado por Ley 37/2011, de 10 de octubre, con entrada en vigor a partir del 31-10-2011
路 Modificado art铆culo 135
Redacci贸n hasta el 31-10-2011
El Juez o Tribunal, atendidas las circunstancias de especial urgencia que concurran en el caso, adoptar谩 la medida sin o铆r a la parte contraria. Contra este auto no se dar谩 recurso alguno. En la misma resoluci贸n, el Juez o Tribunal convocar谩 a las partes a una comparecencia, que habr谩 de celebrarse dentro de los tres d铆as siguientes, sobre el levantamiento, mantenimiento o modificaci贸n de la medida adoptada. Celebrada la comparecencia, el Juez o Tribunal dictar谩 auto, el cual ser谩 recurrible conforme a las reglas generales.
En cuanto se refiere a la grabaci贸n de la comparecencia y a su documentaci贸n, ser谩n aplicables las disposiciones contenidas en el art铆culo 63.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 A帽adido 煤ltimo p谩rrafo del art铆culo 135
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
El Juez o Tribunal, atendidas las circunstancias de especial urgencia que concurran en el caso, adoptar谩 la medida sin o铆r a la parte contraria. Contra este auto no se dar谩 recurso alguno. En la misma resoluci贸n, el Juez o Tribunal convocar谩 a las partes a una comparecencia, que habr谩 de celebrarse dentro de los tres d铆as siguientes, sobre el levantamiento, mantenimiento o modificaci贸n de la medida adoptada. Celebrada la comparecencia, el Juez o Tribunal dictar谩 auto, el cual ser谩 recurrible conforme a las reglas generales.
1. En los supuestos de los art铆culos 29 y 30, la medida cautelar se adoptar谩 salvo que se aprecie con evidencia que no se dan las situaciones previstas en dichos art铆culos o la medida ocasione una perturbaci贸n grave de los intereses generales o de tercero, que el Juez ponderar谩 en forma circunstanciada.
2. En los supuestos del apartado anterior, las medidas tambi茅n podr谩n solicitarse antes de la interposici贸n del recurso, tramit谩ndose conforme a lo dispuesto en el art铆culo precedente. En tal caso el interesado habr谩 de pedir su ratificaci贸n al interponer el recurso, lo que habr谩 de hacerse inexcusablemente en el plazo de diez d铆as a contar desde la notificaci贸n de la adopci贸n de las medidas cautelares. En los tres d铆as siguientes, el Secretario judicial convocar谩 la comparecencia a la que hace referencia el art铆culo anterior.
De no interponerse el recurso, quedar谩n autom谩ticamente sin efecto las medidas acordadas, debiendo el solicitante indemnizar de los da帽os y perjuicios que la medida cautelar haya producido.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 136
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. En los supuestos de los art铆culos 29 y 30, la medida cautelar se adoptar谩 salvo que se aprecie con evidencia que no se dan las situaciones previstas en dichos art铆culos o la medida ocasione una perturbaci贸n grave de los intereses generales o de tercero, que el Juez ponderar谩 en forma circunstanciada.
2. En los supuestos del apartado anterior las medidas tambi茅n podr谩n solicitarse antes de la interposici贸n del recurso, tramit谩ndose conforme a lo dispuesto en el art铆culo precedente. En tal caso el interesado habr谩 de pedir su ratificaci贸n al interponer el recurso, lo que habr谩 de hacerse inexcusablemente en el plazo de diez d铆as a contar desde la notificaci贸n de la adopci贸n de las medidas cautelares. En los tres d铆as siguientes se convocar谩 la comparecencia a la que hace referencia el art铆culo anterior.
De no interponerse el recurso, quedar谩n autom谩ticamente sin efecto las medidas acordadas, debiendo el solicitante indemnizar de los da帽os y perjuicios que la medida cautelar haya producido.
CAP脥TULO III-Incidentes e invalidez de actos procesales
Todas las cuestiones incidentales que se susciten en el proceso, se sustanciar谩n en pieza separada y sin suspender el curso de los autos.
1. Cuando se alegue que alguno de los actos de las partes no re煤ne los requisitos establecidos por la presente Ley, la que se halle en tal supuesto podr谩 subsanar el defecto u oponer lo que estime pertinente dentro de los diez d铆as siguientes al de la notificaci贸n del escrito que contenga la alegaci贸n.
2. Cuando el Juzgado o Tribunal de oficio aprecie la existencia de alg煤n defecto subsanable, el Secretario judicial dictar谩 diligencia de ordenaci贸n en que lo rese帽e y otorgue el mencionado plazo para la subsanaci贸n, con suspensi贸n, en su caso, del fijado para dictar sentencia.
3. S贸lo cuando el defecto sea insubsanable o no se subsane debidamente en plazo, podr谩 ser decidido el recurso con fundamento en tal defecto.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 138
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Cuando se alegue que alguno de los actos de las partes no re煤ne los requisitos establecidos por la presente Ley, la que se halle en tal supuesto podr谩 subsanar el defecto u oponer lo que estime pertinente dentro de los diez d铆as siguientes al de la notificaci贸n del escrito que contenga la alegaci贸n.
2. Cuando el 贸rgano jurisdiccional, de oficio, aprecie la existencia de alg煤n defecto subsanable, dictar谩 providencia en que lo rese帽e y otorgue el mencionado plazo para la subsanaci贸n, con suspensi贸n, en su caso, del fijado para dictar sentencia.
3. S贸lo cuando el defecto sea insubsanable o no se subsane debidamente en plazo, podr谩 ser decidido el recurso con fundamento en tal defecto.
1. En primera o 煤nica instancia, el 贸rgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondr谩 las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y as铆 lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
En los supuestos de estimaci贸n o desestimaci贸n parcial de las pretensiones, cada parte abonar谩 las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el 贸rgano jurisdiccional, razon谩ndolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acci贸n o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.
2. En los recursos se impondr谩n las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el 贸rgano jurisdiccional, razon谩ndolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposici贸n.
3. En el recurso de casaci贸n se impondr谩n las costas de conformidad con lo previsto en el art铆culo 93.4.
4. La imposici贸n de las costas podr谩 ser a la totalidad, a una parte de 茅stas o hasta una cifra m谩xima.
5. Para la exacci贸n de las costas impuestas a particulares, la Administraci贸n acreedora utilizar谩 el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario.
6. En ning煤n caso se impondr谩n las costas al Ministerio Fiscal.
7. Las costas causadas en los autos ser谩n reguladas y tasadas seg煤n lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 22-7-2016
路 Modificado art铆culo 139
Redacci贸n hasta el 22-7-2016
1. En primera o 煤nica instancia, el 贸rgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondr谩 las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y as铆 lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
En los supuestos de estimaci贸n o desestimaci贸n parcial de las pretensiones, cada parte abonar谩 las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el 贸rgano jurisdiccional, razon谩ndolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acci贸n o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.
2. En las dem谩s instancias o grados se impondr谩n al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el 贸rgano jurisdiccional, razon谩ndolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposici贸n.
3. La imposici贸n de las costas podr谩 ser a la totalidad, a una parte de 茅stas o hasta una cifra m谩xima.
4. Para la exacci贸n de las costas impuestas a particulares, la Administraci贸n acreedora utilizar谩 el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario.
5. En ning煤n caso se impondr谩n las costas al Ministerio Fiscal.
6. Las costas causadas en los autos ser谩n reguladas y tasadas seg煤n lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Precepto modificado por Ley 37/2011, de 10 de octubre, con entrada en vigor a partir del 31-10-2011
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 139
Redacci贸n hasta el 31-10-2011
1. En primera o 煤nica instancia el 贸rgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondr谩 las costas, razon谩ndolo debidamente, a la parte que sostuviere su acci贸n o interpusiere los recursos con mala fe o temeridad.
No obstante lo dispuesto en el p谩rrafo anterior, se impondr谩n las costas a la parte cuyas pretensiones hayan sido desestimadas cuando de otra manera se har铆a perder al recurso su finalidad.
2. En las dem谩s instancias o grados se impondr谩n al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el 贸rgano jurisdiccional, razon谩ndolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposici贸n.
3. La imposici贸n de las costas podr谩 ser a la totalidad, a una parte de 茅stas o hasta una cifra m谩xima.
4. Para la exacci贸n de las costas impuestas a particulares, la Administraci贸n acreedora utilizar谩 el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario.
5. En ning煤n caso se impondr谩n las costas al Ministerio Fiscal.
6. Las costas causadas en los autos ser谩n reguladas y tasadas seg煤n lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Primera. Territorios Hist贸ricos y Comisi贸n Arbitral del Pa铆s Vasco
1. En la Comunidad Aut贸noma del Pa铆s Vasco, la referencia del apartado 2 del art铆culo 1 de esta Ley incluye las Diputaciones Forales y la Administraci贸n Institucional de ellas dependiente. Asimismo, la referencia del apartado 3, letra a), del art铆culo 1 incluye los actos y disposiciones en materia de personal y gesti贸n patrimonial sujetos al derecho p煤blico adoptados por los 贸rganos competentes de las Juntas Generales de los Territorios Hist贸ricos.
2. No corresponde a la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa el conocimiento de las decisiones o resoluciones dictadas por la Comisi贸n Arbitral a que se refiere el art铆culo 39 del Estatuto de Autonom铆a del Pa铆s Vasco.
Segunda. Actualizaci贸n de cuant铆as
El Gobierno queda autorizado para actualizar cada cinco a帽os las cuant铆as se帽aladas en esta Ley, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.
1. Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo remitir谩n al Consejo General del Poder Judicial, dentro de los diez d铆as siguientes a su firma, testimonio de las sentencias dictadas en los procesos de que conozcan.
2. El Consejo General del Poder Judicial constituir谩, con dichas sentencias, un Registro, cuyas certificaciones har谩n fe en todo tipo de procesos.
Cuarta. Recursos contra determinados actos, resoluciones y disposiciones
Ser谩n recurribles:
1. Los actos administrativos no susceptibles de recurso ordinario dictados por el Banco de Espa帽a y las resoluciones del Ministro de Econom铆a y Hacienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por el Banco de Espa帽a, as铆 como las disposiciones dictadas por la citada entidad, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonom铆a del Banco de Espa帽a.
2. Los actos administrativos no susceptibles de recurso ordinario dictados por la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores y las resoluciones del Ministro de Econom铆a y Hacienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores, as铆 como las disposiciones dictadas por la citada entidad, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
3. Las resoluciones y actos del Presidente y del Consejo de la Comisi贸n Nacional de la Competencia, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
4. Las resoluciones de la Junta Arbitral regulada por la Ley Org谩nica 3/1996, de 27 de diciembre, de Modificaci贸n parcial de la Ley Org谩nica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci贸n de las Comunidades Aut贸nomas, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
5. Los actos y disposiciones dictados por la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos, Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, Consejo Econ贸mico y Social, Instituto Cervantes, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Universidades y Secci贸n Segunda de la Comisi贸n de Propiedad Intelectual, directamente, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
6. Las resoluciones del Ministro de Econom铆a y Competitividad que resuelvan recursos de alzada contra actos dictados por el Instituto de Contabilidad y Auditor铆a de Cuentas, as铆 como las resoluciones de car谩cter normativo dictadas por el Instituto de Contabilidad y Auditor铆a de Cuentas directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
7. .....
Precepto modificado por Ley 22/2015, de 20 de julio, con entrada en vigor a partir del 17-6-2016
路 A帽adido apartado 6 de la disposici贸n adicional cuarta
Redacci贸n hasta el 17-6-2016
Ser谩n recurribles:
1. Los actos administrativos no susceptibles de recurso ordinario dictados por el Banco de Espa帽a y las resoluciones del Ministro de Econom铆a y Hacienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por el Banco de Espa帽a, as铆 como las disposiciones dictadas por la citada entidad, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonom铆a del Banco de Espa帽a.
2. Los actos administrativos no susceptibles de recurso ordinario dictados por la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores y las resoluciones del Ministro de Econom铆a y Hacienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores, as铆 como las disposiciones dictadas por la citada entidad, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
3. Las resoluciones y actos del Presidente y del Consejo de la Comisi贸n Nacional de la Competencia, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
4. Las resoluciones de la Junta Arbitral regulada por la Ley Org谩nica 3/1996, de 27 de diciembre, de Modificaci贸n parcial de la Ley Org谩nica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci贸n de las Comunidades Aut贸nomas, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
5. Los actos y disposiciones dictados por la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos, Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia, Consejo Econ贸mico y Social, Instituto Cervantes, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Universidades y Secci贸n Segunda de la Comisi贸n de Propiedad Intelectual, directamente, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
6. .....
7. .....
Precepto modificado por Ley 3/2013, de 4 de junio, con entrada en vigor a partir del 6-6-2013
路 Derogado apartado 7 de la disposici贸n adicional cuarta
路 Modificado apartado 5 de la disposici贸n adicional cuarta
Redacci贸n hasta el 6-6-2013
Ser谩n recurribles:
1. Los actos administrativos no susceptibles de recurso ordinario dictados por el Banco de Espa帽a y las resoluciones del Ministro de Econom铆a y Hacienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por el Banco de Espa帽a, as铆 como las disposiciones dictadas por la citada entidad, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonom铆a del Banco de Espa帽a.
2. Los actos administrativos no susceptibles de recurso ordinario dictados por la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores y las resoluciones del Ministro de Econom铆a y Hacienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores, as铆 como las disposiciones dictadas por la citada entidad, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
3. Las resoluciones y actos del Presidente y del Consejo de la Comisi贸n Nacional de la Competencia, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
4. Las resoluciones de la Junta Arbitral regulada por la Ley Org谩nica 3/1996, de 27 de diciembre, de Modificaci贸n parcial de la Ley Org谩nica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci贸n de las Comunidades Aut贸nomas, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
5. Los actos administrativos dictados por la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos, Comisi贸n Nacional de Energ铆a, Comisi贸n del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisi贸n Nacional del Sector Postal, Comisi贸n de Regulaci贸n Econ贸mica Aeroportuaria, Consejo Econ贸mico y Social, Instituto Cervantes, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Universidades y Secci贸n Segunda de la Comisi贸n de Propiedad Intelectual, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
6. .....
7. Las resoluciones del Ministro de Econom铆a y Hacienda que resuelvan recursos de alzada contra actos o disposiciones dictados por el Instituto de Contabilidad y Auditor铆a de Cuentas, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Precepto modificado por RD-Ley 11/2011, de 26 de agosto, con entrada en vigor a partir del 31-8-2011
路 Modificado apartado 5 de la disposici贸n adicional cuarta
Redacci贸n hasta el 31-8-2011
Ser谩n recurribles:
1. Los actos administrativos no susceptibles de recurso ordinario dictados por el Banco de Espa帽a y las resoluciones del Ministro de Econom铆a y Hacienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por el Banco de Espa帽a, as铆 como las disposiciones dictadas por la citada entidad, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonom铆a del Banco de Espa帽a.
2. Los actos administrativos no susceptibles de recurso ordinario dictados por la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores y las resoluciones del Ministro de Econom铆a y Hacienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores, as铆 como las disposiciones dictadas por la citada entidad, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
3. Las resoluciones y actos del Presidente y del Consejo de la Comisi贸n Nacional de la Competencia, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
4. Las resoluciones de la Junta Arbitral regulada por la Ley Org谩nica 3/1996, de 27 de diciembre, de Modificaci贸n parcial de la Ley Org谩nica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci贸n de las Comunidades Aut贸nomas, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
5. Los actos administrativos dictados por la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos, Comisi贸n Nacional de Energ铆a, Comisi贸n del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisi贸n Nacional del Sector Postal, Consejo Econ贸mico y Social, Instituto Cervantes, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Universidades y Secci贸n Segunda de la Comisi贸n de Propiedad Intelectual, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
6. .....
7. Las resoluciones del Ministro de Econom铆a y Hacienda que resuelvan recursos de alzada contra actos o disposiciones dictados por el Instituto de Contabilidad y Auditor铆a de Cuentas, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Precepto modificado por Ley 2/2011, de 4 de marzo, con entrada en vigor a partir del 6-3-2011
路 Modificado apartado 5 de la disposici贸n adicional cuarta
路 Suprimido apartado 6 de la disposici贸n adicional cuarta
Redacci贸n hasta el 6-3-2011
Ser谩n recurribles:
1. Los actos administrativos no susceptibles de recurso ordinario dictados por el Banco de Espa帽a y las resoluciones del Ministro de Econom铆a y Hacienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por el Banco de Espa帽a, as铆 como las disposiciones dictadas por la citada entidad, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonom铆a del Banco de Espa帽a.
2. Los actos administrativos no susceptibles de recurso ordinario dictados por la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores y las resoluciones del Ministro de Econom铆a y Hacienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores, as铆 como las disposiciones dictadas por la citada entidad, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
3. Las resoluciones y actos del Presidente y del Consejo de la Comisi贸n Nacional de la Competencia, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
4. Las resoluciones de la Junta Arbitral regulada por la Ley Org谩nica 3/1996, de 27 de diciembre, de Modificaci贸n parcial de la Ley Org谩nica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci贸n de las Comunidades Aut贸nomas, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
5. Los actos administrativos dictados por la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos, Comisi贸n Nacional de Energ铆a, Comisi贸n del Mercado de las Telecomunicaciones, Consejo Econ贸mico y Social, Instituto "Cervantes", Consejo de Seguridad Nuclear y Consejo de Universidades, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
6. Las resoluciones administrativas dictadas por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, que resuelven recursos de alzada contra actos dictados por la Comisi贸n Nacional de Energ铆a, as铆 como las disposiciones dictadas por la citada entidad, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
7. Las resoluciones del Ministro de Econom铆a y Hacienda que resuelvan recursos de alzada contra actos o disposiciones dictados por el Instituto de Contabilidad y Auditor铆a de Cuentas, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 5 y 7 de la disposici贸n adicional cuarta
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Ser谩n recurribles:
1. Los actos administrativos no susceptibles de recurso ordinario dictados por el Banco de Espa帽a y las resoluciones del Ministro de Econom铆a y Hacienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por el Banco de Espa帽a, as铆 como las disposiciones dictadas por la citada entidad, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonom铆a del Banco de Espa帽a.
2. Los actos administrativos no susceptibles de recurso ordinario dictados por la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores y las resoluciones del Ministro de Econom铆a y Hacienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores, as铆 como las disposiciones dictadas por la citada entidad, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
3. Las resoluciones y actos del Presidente y del Consejo de la Comisi贸n Nacional de la Competencia, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
4. Las resoluciones de la Junta Arbitral regulada por la Ley Org谩nica 3/1996, de 27 de diciembre, de Modificaci贸n parcial de la Ley Org谩nica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci贸n de las Comunidades Aut贸nomas, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
5. Los actos administrativos dictados por la Agencia de Protecci贸n de Datos, Comisi贸n del Sistema El茅ctrico Nacional, Comisi贸n del Mercado de las Telecomunicaciones, Consejo Econ贸mico y Social, Instituto "Cervantes", Consejo de Seguridad Nuclear y Consejo de Universidades, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
6. Los actos administrativos no suceptibles de recurso ordinario dictados por la Comisi贸n Nacional de Energ铆a y las resoluciones del Ministro de Industria y Energ铆a que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por la Comisi贸n Nacional de Energ铆a, as铆 como las disposiciones dictadas por la citada entidad, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
(sic) 6. Las resoluciones del Ministro de Econom铆a y Hacienda que resuelvan recursos de alzada contra actos o disposiciones dictados por el Instituto de Contabilidad y Auditor铆a de Cuentas, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Precepto modificado por Ley 15/2007, de 3 de julio, con entrada en vigor a partir del 1-9-2007
路 Modificado apartado 3 de la disposici贸n adicional cuarta
Redacci贸n hasta el 1-9-2007
Ser谩n recurribles:
1. Los actos administrativos no susceptibles de recurso ordinario dictados por el Banco de Espa帽a y las resoluciones del Ministro de Econom铆a y Hacienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por el Banco de Espa帽a, as铆 como las disposiciones dictadas por la citada Entidad, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonom铆a del Banco de Espa帽a.
2. Los actos administrativos no susceptibles de recurso ordinario dictados por la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores y las resoluciones del Ministro de Econom铆a y Hacienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores, as铆 como las disposiciones dictadas por la citada Entidad, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
3. Las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
4. Las resoluciones de la Junta Arbitral regulada por la Ley Org谩nica 3/1996, de 27 de diciembre, de Modificaci贸n parcial de la Ley Org谩nica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci贸n de las Comunidades Aut贸nomas, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
5. Los actos administrativos dictados por la Agencia de Protecci贸n de Datos, Comisi贸n del Sistema El茅ctrico Nacional, Comisi贸n del Mercado de las Telecomunicaciones, Consejo Econ贸mico y Social, Instituto Cervantes, Consejo de Seguridad Nuclear y Consejo de Universidades, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
6. Los actos administrativos no suceptibles de recurso ordinario dictados por la Comisi贸n Nacional de Energ铆a y las resoluciones del Ministro de Industria y Energ铆a que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por la Comisi贸n Nacional de Energ铆a, as铆 como las disposiciones dictadas por la citada entidad, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
(sic) 6. Las resoluciones del Ministro de Econom铆a y Hacienda que resuelvan recursos de alzada contra actos o disposiciones dictados por el Instituto de Contabilidad y Auditor铆a de Cuentas, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Precepto modificado por Ley 41/1999, de 12 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 14-11-1999
路 A帽adido apartado 6 (sic) de la disposici贸n adicional cuarta
Redacci贸n hasta el 14-11-1999
Ser谩n recurribles:
1. Los actos administrativos no susceptibles de recurso ordinario dictados por el Banco de Espa帽a y las resoluciones del Ministro de Econom铆a y Hacienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por el Banco de Espa帽a, as铆 como las disposiciones dictadas por la citada Entidad, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonom铆a del Banco de Espa帽a.
2. Los actos administrativos no susceptibles de recurso ordinario dictados por la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores y las resoluciones del Ministro de Econom铆a y Hacienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores, as铆 como las disposiciones dictadas por la citada Entidad, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
3. Las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
4. Las resoluciones de la Junta Arbitral regulada por la Ley Org谩nica 3/1996, de 27 de diciembre, de Modificaci贸n parcial de la Ley Org谩nica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci贸n de las Comunidades Aut贸nomas, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
5. Los actos administrativos dictados por la Agencia de Protecci贸n de Datos, Comisi贸n del Sistema El茅ctrico Nacional, Comisi贸n del Mercado de las Telecomunicaciones, Consejo Econ贸mico y Social, Instituto Cervantes, Consejo de Seguridad Nuclear y Consejo de Universidades, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
6. Los actos administrativos no suceptibles de recurso ordinario dictados por la Comisi贸n Nacional de Energ铆a y las resoluciones del Ministro de Industria y Energ铆a que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por la Comisi贸n Nacional de Energ铆a, as铆 como las disposiciones dictadas por la citada entidad, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Precepto modificado por Ley 50/1998, de 30 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 1-1-1999
路 A帽adido apartado 6 de la disposici贸n adicional cuarta
Redacci贸n hasta el 1-1-1999
Ser谩n recurribles:
1. Los actos administrativos no susceptibles de recurso ordinario dictados por el Banco de Espa帽a y las resoluciones del Ministro de Econom铆a y Hacienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por el Banco de Espa帽a, as铆 como las disposiciones dictadas por la citada Entidad, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonom铆a del Banco de Espa帽a.
2. Los actos administrativos no susceptibles de recurso ordinario dictados por la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores y las resoluciones del Ministro de Econom铆a y Hacienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores, as铆 como las disposiciones dictadas por la citada Entidad, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
3. Las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
4. Las resoluciones de la Junta Arbitral regulada por la Ley Org谩nica 3/1996, de 27 de diciembre, de Modificaci贸n parcial de la Ley Org谩nica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci贸n de las Comunidades Aut贸nomas, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
5. Los actos administrativos dictados por la Agencia de Protecci贸n de Datos, Comisi贸n del Sistema El茅ctrico Nacional, Comisi贸n del Mercado de las Telecomunicaciones, Consejo Econ贸mico y Social, Instituto Cervantes, Consejo de Seguridad Nuclear y Consejo de Universidades, directamente, en 煤nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
Quinta. Modificaci贸n del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral
El art铆culo 3 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, queda redactado como sigue:
"1. No conocer谩n los 脫rganos Jurisdiccionales del Orden Social:
a) De la tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho a huelga relativa a los funcionarios p煤blicos y al personal a que se refiere el art铆culo 1.3.a) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
b) De las resoluciones dictadas por la Tesorer铆a General de la Seguridad Social en materia de gesti贸n recaudatoria o, en su caso, por las Entidades Gestoras en el supuesto de cuotas de recaudaci贸n conjunta, as铆 como de las relativas a las actas de liquidaci贸n y de infracci贸n.
c) De las pretensiones que versen sobre la impugnaci贸n de las disposiciones generales y actos de las Administraciones P煤blicas sujetos al derecho administrativo en materia laboral, salvo los que se expresan en el apartado siguiente.
2. Los 脫rganos Jurisdiccionales del Orden Social conocer谩n de las pretensiones sobre:
a) Las resoluciones administrativas relativas a la imposici贸n de cualesquiera sanciones por todo tipo de infracciones de orden social, con las excepciones previstas en la letra b) del apartado 1 de este art铆culo.
b) Las resoluciones administrativas relativas a regulaci贸n de empleo y actuaci贸n administrativa en materia de traslados colectivos.
3. En el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitir谩 a las Cortes Generales un Proyecto de Ley para incorporar a la Ley de Procedimiento Laboral las modalidades y especialidades procesales correspondientes a los supuestos del anterior n煤mero 2. Dicha Ley determinar谩 la fecha de entrada en vigor de la atribuci贸n a la Jurisdicci贸n del Orden Social de las materias comprendidas en el n煤mero 2 de este art铆culo."
Precepto modificado por Ley 50/1998, de 30 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 1-1-1999
路 Modificada disposici贸n adicional quinta
Redacci贸n hasta el 1-1-1999
El art铆culo 3 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, queda redactado como sigue:
«1. No conocer谩n los 贸rganos jurisdiccionales del orden social:
a) De la tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho a huelga relativa a los funcionarios p煤blicos y al personal a que se refiere el art铆culo 1.3.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
b) De las resoluciones dictadas por la Tesorer铆a General de la Seguridad Social en materia de gesti贸n recaudatoria o, en su caso, por las Entidades Gestoras en el supuesto de cuotas de recaudaci贸n conjunta, as铆 como de las relativas a las actas de liquidaci贸n y de infracci贸n.
c) De las pretensiones que versen sobre la impugnaci贸n de las disposiciones generales y actos de las Administraciones p煤blicas sujetos al Derecho Administrativo en materia laboral salvo los que se expresan en el apartado siguiente.
2. Los 贸rganos jurisdiccionales del orden social conocer谩n, en todo caso, y previa reclamaci贸n en los t茅rminos previstos en los art铆culos 69 a 73 del presente texto refundido, ante la Administraci贸n p煤blica correspondiente, de las pretensiones sobre:
a) Las resoluciones administrativas relativas a la imposici贸n de cualesquiera sanciones por todo tipo de infracciones de orden social, con la excepci贸n prevista en la letra b) del apartado 1 de este art铆culo.
b) Las resoluciones administrativas relativas a regulaci贸n de empleo y actuaci贸n administrativa en materia de traslados colectivos».
Sexta. Modificaci贸n del Texto Articulado de la Ley de Bases sobre el Procedimiento Econ贸mico-Administrativo
El art铆culo 40 del Texto Articulado de la Ley de Bases 39/1980, de 5 de julio, sobre el Procedimiento Econ贸mico-Administrativo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre, queda redactado como sigue:
"1. Las resoluciones del Ministro de Econom铆a y Hacienda y del Tribunal Econ贸mico-Administrativo Central ser谩n recurribles por v铆a contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional, salvo las resoluciones dictadas por el Tribunal Econ贸mico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos, que ser谩n recurribles ante el Tribunal Superior de Justicia competente.
2. Las resoluciones dictadas por los Tribunales Econ贸mico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la v铆a econ贸mico-administrativa ser谩n recurribles ante el Tribunal Superior de Justicia competente".
Los juzgados y tribunales del orden Contencioso-Administrativo tambi茅n conocer谩n de las cuestiones que se promuevan entre Sociedad Estatal Correos y Tel茅grafos, S.A., y los empleados de 茅sta que conserven la condici贸n de funcionarios y presten servicios en la misma, en los mismos t茅rminos en que conocen las cuestiones que se plantean entre los organismos p煤blicos y su personal funcionario, atendiendo a la naturaleza espec铆fica de esta relaci贸n.
Precepto modificado por LO 19/2003, de 23 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 15-1-2004
路 A帽adida disposici贸n adicional s茅ptima
Octava. Referencias al recurso de s煤plica
Las referencias en el articulado de esta Ley al recurso de s煤plica se entender谩n hechas al recurso de reposici贸n.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 A帽adida disposici贸n adicional octava
Novena. Incidencia de las competencias de la Uni贸n Europea en el proceso contencioso-administrativo tributario
1. De conformidad con lo dispuesto en el art铆culo 1 de esta Ley, cuando el recurso contencioso-administrativo tenga por objeto un acto administrativo que, relativo a una deuda aduanera, est茅 vinculado a una decisi贸n adoptada por las instituciones de la Uni贸n Europea, la revisi贸n no podr谩 extenderse al contenido de dicha decisi贸n.
De no proceder la anulaci贸n del acto administrativo recurrido en base al resto de alegaciones del demandante, en el supuesto de que la normativa de la Uni贸n Europea haga depender la no contracci贸n a posteriori, la condonaci贸n o la devoluci贸n de la deuda aduanera de una Decisi贸n de la Comisi贸n Europea, y el acto objeto de recurso haya sido dictado sin someter dicha cuesti贸n a la Comisi贸n, el 贸rgano jurisdiccional deber谩 pronunciarse sobre si, conforme a lo dispuesto en la normativa de la Uni贸n Europea, procede tal sometimiento. Si el 贸rgano jurisdiccional entiende que dicho sometimiento es procedente, suspender谩 el procedimiento e instar谩 a la Administraci贸n Tributaria para que someta el asunto a la Comisi贸n en el plazo m谩ximo de dos meses.
2. Cuando el acto relativo a la liquidaci贸n de una deuda aduanera objeto de recurso, haya sido sometido a una decisi贸n de las instituciones de la Uni贸n Europea que haya de pronunciarse sobre la no contracci贸n a posteriori, la devoluci贸n o la condonaci贸n de dicha deuda, se suspender谩 el curso de los autos desde que esa circunstancia se ponga en conocimiento del 贸rgano jurisdiccional y hasta que sea firme la resoluci贸n adoptada por dichas instituciones.
Igualmente proceder谩 la suspensi贸n del curso de los autos desde que se inicie el procedimiento amistoso en materia de imposici贸n directa a que se refiere la disposici贸n adicional primera del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, hasta que finalice dicho procedimiento amistoso.
Precepto modificado por Ley 34/2015, de 21 de septiembre, con entrada en vigor a partir del 12-10-2015
路 A帽adida disposici贸n adicional novena
D茅cima. Delitos contra la Hacienda p煤blica
De conformidad con lo dispuesto en el art铆culo 3.a) de esta Ley, no corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocer de las pretensiones que se deduzcan respecto de las actuaciones tributarias vinculadas a delitos contra la Hacienda P煤blica que se dicten al amparo del T铆tulo VI de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, salvo lo previsto en los art铆culos 256 y 258.3 de la misma.
Una vez iniciado el correspondiente proceso penal por delito contra la Hacienda P煤blica, tampoco corresponder谩 al orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocer de las pretensiones que se deduzcan respecto de las medidas cautelares adoptadas al amparo del art铆culo 81 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Precepto modificado por Ley 34/2015, de 21 de septiembre, con entrada en vigor a partir del 12-10-2015
路 A帽adida disposici贸n adicional d茅cima
Primera. Asuntos de la competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
1. Los procesos pendientes ante las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia cuya competencia corresponda, conforme a esta Ley, a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, continuar谩n tramit谩ndose ante dichas Salas hasta su conclusi贸n.
2. En tanto no entren en funcionamiento los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia ejercer谩n competencia para conocer de los procesos que, conforme a esta Ley, se hayan atribuido a los Juzgados. En estos casos, el r茅gimen de recursos ser谩 el establecido en esta Ley para las sentencias dictadas en segunda instancia por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
1. Los recursos contencioso-administrativos interpuestos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley continuar谩n sustanci谩ndose conforme a las normas que reg铆an a la fecha de su iniciaci贸n.
2. No obstante, cuando el plazo para dictar sentencia en tales procesos se hubiere iniciado con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, se har谩 aplicaci贸n en la sentencia de lo dispuesto en la Secci贸n 8.陋 del Cap铆tulo I del T铆tulo IV. Si hubiera de aplicarse un precepto que supusiera innovaci贸n, se otorgar谩 a las partes un plazo com煤n extraordinario de diez d铆as para o铆r sobre ello.
3. Ser谩n asimismo aplicables las reglas de la Secci贸n 9.陋 del Cap铆tulo I del T铆tulo IV a todos los recursos contencioso-administrativos en que no se hubiese dictado sentencia a la entrada en vigor de esta Ley.
1. El r茅gimen de los distintos recursos de casaci贸n regulados en esta Ley ser谩 de plena aplicaci贸n a las resoluciones de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia que se dicten con posterioridad a su entrada en vigor y a las de fecha anterior cuando al producirse aqu茅lla no hubieren transcurrido los plazos establecidos en la normativa precedente para preparar o interponer el recurso de casaci贸n que procediera. En este 煤ltimo caso, el plazo para preparar o interponer el recurso de casaci贸n que corresponda con arreglo a esta Ley se contar谩 desde la fecha de su entrada en vigor.
2. Los recursos de casaci贸n preparados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regir谩n por la legislaci贸n anterior.
La ejecuci贸n de las sentencias firmes dictadas despu茅s de la entrada en vigor de esta Ley se llevar谩 a cabo seg煤n lo dispuesto en ella. Las dictadas con anterioridad de las que no constare en autos su total ejecuci贸n se ejecutar谩n en lo pendiente con arreglo a la misma.
Quinta. Procedimiento especial para la protecci贸n de los derechos fundamentales de la persona
Los recursos interpuestos en materia de protecci贸n de los derechos fundamentales de la persona con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley continuar谩n sustanci谩ndose por las normas que reg铆an a la fecha de su iniciaci贸n.
La cuesti贸n de ilegalidad s贸lo podr谩 plantearse en todos los procedimientos cuya sentencia adquiera firmeza desde la entrada en vigor de esta Ley.
S茅ptima. Procedimiento especial en materia de suspensi贸n administrativa de acuerdos
El r茅gimen del procedimiento especial en los casos de suspensi贸n administrativa de acuerdos regulado en el art铆culo 127 ser谩 de aplicaci贸n a las impugnaciones y traslados de actos suspendidos que tengan lugar con posterioridad a su entrada en vigor, aunque dichos actos hubieran sido dictados antes de esa fecha.
En los procedimientos pendientes a la entrada en vigor de esta Ley podr谩n solicitarse y acordarse las medidas cautelares previstas en el Cap铆tulo II del T铆tulo VI.
El r茅gimen de costas procesales establecido en esta Ley ser谩 aplicable a los procesos y a los recursos que se inicien o promuevan con posterioridad a su entrada en vigor.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Primera. Cl谩usula general de derogaci贸n
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que se opongan a la presente Ley.
Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) La Ley Reguladora de la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.
b) Los art铆culos 114 y 249 de la Ley 118/1973, de 12 de enero, Texto Refundido de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.
c) Los art铆culos 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protecci贸n Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona.
d) El apartado 3 del art铆culo 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R茅gimen Jur铆dico de las Administraciones P煤blicas y del Procedimiento Administrativo Com煤n.
Primera. Supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil
En lo no previsto por esta Ley, regir谩 como supletoria la de Enjuiciamiento Civil.
Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones de aplicaci贸n y desarrollo de la presente Ley sean necesarias. En concreto, en el plazo de un a帽o a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, regular谩 la organizaci贸n y r茅gimen de acceso al Registro previsto en la disposici贸n adicional cuarta. Al mismo tiempo, el Gobierno elaborar谩 los programas necesarios para la instauraci贸n de los 贸rganos unipersonales de lo contencioso-administrativo en el per铆odo comprendido entre 1998 y 2000, correspondiendo al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia o, en su caso, al 贸rgano competente de la Comunidad Aut贸noma, el desarrollo y ejecuci贸n, dentro del 谩mbito de sus respectivas competencias.
La presente Ley entrar谩 en vigor a los cinco meses de su publicaci贸n en el Bolet铆n Oficial del Estado, sin perjuicio de lo establecido en la Disposici贸n Adicional Quinta.
Precepto modificado por Ley 50/1998, de 30 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 1-1-1999
路 Modificada disposici贸n final tercera
Redacci贸n hasta el 1-1-1999
La presente Ley entrar谩 en vigor a los cinco meses de su publicaci贸n en el «Bolet铆n Oficial del Estado», salvo en lo concerniente a la atribuci贸n a la jurisdicci贸n social de las materias comprendidas en la letra a) del apartado 2 del art铆culo 3 de la Ley de Procedimiento Laboral, que lo har谩 al a帽o de la entrada en vigor del resto de la Ley.