Inseguridad jurídica de los arrendamientos urbanos por el Real Decreto-Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y Alquiler, y posible inconstitucionalidad del derecho de tanteo y retracto en favor de la Administración

Con fecha 18 de diciembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, con vigencia del día 19 de diciembre; reforma el régimen jurídico civil de los arrendamientos urbanos de vivienda, entre otras materias conexas y no conexas. En su extenso artículo 1 ("Modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos", dentro del Título I sobre "Medidas de reforma de la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda"), el RDL 21/2018 introduce numerosas modificaciones tanto sustantivas como procesales en el régimen jurídico de los contratos de arrendamiento de vivienda posteriores a su entrada en vigor, con los matices de la Disposición transitoria primera sobre el régimen de los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto-ley. De los treinta y siete artículos de que consta actualmente la hasta ahora vigente Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos con sus sucesivas modificaciones, el RDL 21/2018 afecta a un significativo número (artículos 4.2, 5.e, 9, 10, 16.4, 18.1, 19, 20.1 y 2, 25.7 y 36).

En presente trabajo se efectúan algunas reflexiones sobre el problema de la seguridad jurídica del RDL 21/2018 en los arrendamientos urbanos de vivienda desde el punto de vista de Derecho Civil, con especial referencia al nuevo derecho de tanteo y retracto