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TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 1.ª, de 6 de julio de 2020

SP/AUTRJ/1057660

Recurso 1652/2020. Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO.

Un procedimiento de contratación inadecuado con amparo en el art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones , ¿puede constituir un supuesto de reintegro de la cantidad objeto de la subvención? 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. - La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sección Tercera), dictó sentencia, de 11 de diciembre de 2019, por la que se desestimó el recurso contencioso-administrativo n. 160/2017, deducido contra la resolución, de 6 de julio de 2016, de la Secretaría General de Medioambiente y Cambio climático, de la Junta de Andalucía, confirmada por resolución presunta desestimatoria, por la que se acordó el reintegro de la subvención recibida por dicho Ayuntamiento, en virtud de Orden de 20 de diciembre de 2010.
SEGUNDO.- La Letrada de la Diputación Provincial de Sevilla, en representación del Ayuntamiento de Tomares, preparó recurso de casación, registrado con el n. 1652/2020, contra dicha sentencia, alegando que se ha infringido el art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, en relación con el art. 31.3, por considerar como causa de reintegro de la subvención, el incumplimiento de la normativa aplicable en materia de contratación de las Administraciones Públicas.
Por lo que concierne al interés casacional objetivo, la parte actora invoca, en primer lugar, la concurrencia del supuesto previsto en el artículo 88.2.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), con cita y reproducción de varias sentencias de contraste, entre las que destaca la sentencia, de 19 de diciembre de 2016, del Tribunal Superior de Justicia de A
dalucía, Sala de Málaga, dictada en el recurso contencioso-administrativo 464/2014, en la que se considera que " el sometimiento de una Administración Pública a las disposiciones legales y reglamentarias, hay que insistir -y, entre ellas, las concernientes a la contratación administrativa- no es sino lógica consecuencia y efecto del principio general de legalidad que ha de regir su actuación, por imperativo constitucional, pero ello no signif

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