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Artículo Monográfico. Abril 2017

SP/DOCT/22954

La inconstitucional desprotección administrativa de la mujer-víctima de hechos delictivos e ilícitos de acoso sexual, acoso laboral o trato vejatorio y degradante, cometidos por su superior jerárquico funcionario público

Juan Luis Gómez Colomer. Catedrático de Derecho procesal en la Universitat Jaume I de Castellón

A Rafa, amigo del alma
I. Un problema jurídico real y muy trascendente: la discusión sobre la condición de parte en el expediente administrativo sancionador de la víctima de hechos punibles e ilícitos de acoso sexual, acoso laboral y trato vejatorio y degradante por ser mujer
II. El fundamento constitucional para su admisión como parte está en la propia doctrina del Tribunal Constitucional, al afirmar el equivalente esencial entre los principios inspiradores del proceso penal y del expediente administrativo sancionador, sin distinción de partes
III. El sorprendente olvido del Estatuto de la Víctima del Delito de 2015
1. La mejora de la posición jurídica de la víctima del delito en el proceso penal
A) La situación hasta 2014 y el Estatuto de la Víctima de 2015 y sus precedentes
B) El estado de la cuestión hoy, tras la nueva legislación de 2015, y su desarrollo
2. Los derechos concretos de la víctima en el proceso penal
A) Como parte procesal
B) Sea o no sea parte
C) Sobre los derechos de protección de la víctima
3. El olvido consciente de la mejora del Estatuto Jurídico de la Víctima del Delito, que lo es también administrativamente, en un expediente disciplinario contra su agresor, funcionario público
IV. La escasa, y a veces equívoca, jurisprudencia sobre el tema ha permitido, ello, no obstante, a la víctima ser parte en el procedimiento administrativo sancionador hasta 2016 en algunos casos
V. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre Hombres y Mujeres, proporciona a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998, y también ahora a la nueva Ley de Procedimiento Administrativo de 2015, un fundamento explícito y suficiente para sostener que la víctima del delito, que ha sido denunciante y parte acusadora particular en el proceso penal, tiene un interés legítimo y, por tanto, también tiene derecho a ser parte en el posterior procedimiento administrativo sancionador, cuando los hechos sean de acoso sexual y acoso por razón de sexo (lo que incluye el acoso laboral y el trato vejatorio y degradante por ser mujer), porque al ultrajarse su dignidad siempre es "interesado"
VI. En conclusión, la interpretación más ajustada a la Constitución en favor de la víctima mujer de los hechos indicados es que, si lo solicita, es parte en el expediente administrativo sancionador, y negárselo vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva
Nota
A Rafa, amigo del alma
Nota Nota
I. Un problema jurídico real y muy trascendente: la discusión sobre la condición de parte en el expediente administrativo sancionador de la víctima de hechos punibles e ilícitos de acoso sexual, acoso laboral y trato vejatorio y degradante por ser mujer
El Estatuto de la Víctima del Delito de 2015 Nota no ha resuelto un problema, tan grave como actual, que afecta a las mujeres víctimas de determinados delitos, hechos ilícitos que, al constituir también infracciones muy graves o graves de naturaleza administrativa, están
siendo valorados y fijados por la Administración en procedimientos sancionadores en los que la propia Administración es juez y parte, cuando el autor del delito sexual, o de los delitos de abuso y acoso sexual, acoso laboral o tratos degradantes y humillantes, que son varios delitos distintos en el Código Penal (arts. 178, 179, 181, 184.1, 184.2, 173.1 y 173.2, respectivamente, entre otros), es un funcionario y la mujer es o funcionaria o contratada (o estudiante, por ejemplo), que está en relación jerárquica de dependencia con el autor del delito porque es su jefe o su superior (o su maestro o profesor).
El problema al que me refiero, insisto, de gravedad extrema, es que no se reconoce en forma indubitada, más bien se niega en la mayor parte de las ocasiones, a la víctima ser parte en el procedimiento administrativo sancionador contra su verdugo, acosador, agresor o violador, porque las Leyes administrativas nada dicen al respecto
expresamente. Es cierto que las nuevas sensibilidades de cara a la protección de la mujer, muy extendidas ya socialmente, sobre todo tras la legislación de igualdad entre hombres y mujeres, y de protección a las víctimas de la violencia de género aprobadas en España en los últimos años <a href="javascript:void(null);" class="nota_en_documento" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="Básicamente, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marz

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