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Artículo Monográfico. Marzo 2019

SP/DOCT/82013

Los plazos para recurrir contra el silencio administrativo en vía judicial y contenciosa y la conveniencia de recurrir en caso de sanciones

Julián López Martínez. Director Técnico de Sepín Administrativo. Abogado

Introducción: La obligación de resolver y el silencio administrativo
No es ninguna novedad que la Administración se encuentra obligada a resolver expresamente todos los procedimientos. Así, ya en la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 se incluyó un apartado (art. 94.2) que establecía lo siguiente: "La denegación presunta no excluirá el deber de la Administración de dictar una resolución expresa".
Esta previsión se consolidó y desarrollo con la posterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (SP/LEG/2919), cuyo artículo 42, precisamente bajo la rúbrica "Obligación de resolver", ordenaba a la Administración dictar (y notificar) resolución expresa en todos los procedimientos, cualquiera que fuera su forma de iniciación, con la única excepción -lógica, por lo demás, de aquellos que terminen por pacto o convenio y de los que únicamente están sometidos al deber de comunicación previa a la Administración.
En parecidos términos, si bien añadiendo expresamente entre las excepciones los supuestos de procedimientos sujetos únicamente a declaración responsable, se pronuncia el artículo 21 de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (SP/LEG/18504) -LPACAP, en adelante-.
Pese a que sobre la Administración recae ese deber, todos somos conscientes de que el mismo es incumplido con excesiva fr
ecuencia o, en el mejor de los casos, extemporáneamente cumplido ("El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea" -art. 21.2 LPACAP). Es en estos casos donde entre en juego la figura de

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