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TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 5.ª, 273/2020, de 26 de febrero

SP/SENT/1042312

Recurso 1531/2019. Ponente: FRANCISCO JAVIER BORREGO BORREGO.

Ante la personación de letrado designado de oficio sin el poder acreditativo de su representación, el requerimiento de subsanación se dirige al mismo y no a quien pretende representar 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La Sala Contencioso-Administrativo de del TSJ del País Vasco, en el recurso de apelación nº. 579/2018, dictó sentencia de fecha 29 de noviembre de 2018 cuyo Fallo era del siguiente tenor literal: "QUE, DESESTIMAMOS EL PRESENTE RECURSO DE APELACION NÚM.579/2018 INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE 5 DE JULIO DE 2018 DICTADO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚM.168/2018 SEGUIDO ANTE EL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚM. 4 DE BILBAO".
SEGUNDO: Notificada a los interesados, la representación procesal de D. Justo preparó recurso de casación contra la citada sentencia, y la Sala Contencioso-Administrativa del TSJ del País Vasco dictó resolución teniendo por preparado el mismo y emplazando a las partes para ante este Tribunal de Casación.
Recibidas las actuaciones, el Abogado del Estado deja transcurrir el plazo para personarse como recurrido, y la Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de este Tribunal dictó Auto de 10 de junio de 2019, que acuerda:
" 1º) Admitir a trámite el recurso de casación nº 1531/19 preparado por la representación procesal de D. Justo frente a la sentencia nº 552/18 -29 de noviembre- de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por la que, desestimando el recurso de apelación nº 579/18 deducido frente al auto nº 111/18 -5 de julio-del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº
4 de Bilbao, se archiva el Procedimiento Abreviado nº 168/18 interpuesto frente a la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya -13 de abril de 2018- por la que se acuerda la expulsión del recurrente del territorio nacional con prohibición de entrada por periodo de dos años, como responsable de una infracción prevista en el artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero -Exp. 480020180002285-at-.<div class="Texto_Norm

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