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TC, Pleno, 81/2020, de 15 de julio. Con Comentarios

SP/SENT/1059834

Recurso 1203/2019. Ponente: Andrés Ollero Tassara.

Protección de los animales y reparto constitucional de competencias: nulidad del precepto legal autonómico que prohíbe la donación, filmación, venta y cesión de animales, al invadir la competencia estatal sobre legislación civil 
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ANTECEDENTES DE HECHO
1. Con fecha 26 de febrero de 2019 tuvo entrada en el registro de este tribunal el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de cincuenta senadores del grupo parlamentario Popular del Senado contra los siguientes artículos de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja, publicada en el "Boletín Oficial de La Rioja" de 30 de noviembre de 2018: 1; 2.1; 2.2 g); 5 e); 5 i); 5 o); 6.1; 6.2, letras a), b), c), d), e), f), g), h) y l); 7, apartados 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 28; 11.l; 11.2; 12.2, letras a) y b); 15; 39.1 a); 45.1 e); 54, apartados 6 y 19; 55.1; 56.1, letras b) y c); y 56.4, letras b), c), d), e) y f).
2. El recurso se fundamenta en las alegaciones que seguidamente se resumen.
a) La ley autonómica impugnada vulnera el sistema de valores recogido en el art. 10.1 CE, así como el principio de proporcionalidad en la finalidad de la ley y en el establecimiento de obligaciones de los propietarios y poseedores de animales, al imponer como obligatoria una ideología animalista que establece una peligrosa equiparación entre la dignidad de la persona, valor constitucional supremo, y la protección de los animales. La Ley 6/2018 recoge el principio de "máximo nivel de protección y bienestar de los animales" (art. 2.1) y esa protección máxima en nuestro derecho solo corresponde a las personas y no a los animales. Establece obligaciones para los propietarios y posee
dores de animales (art. 6) que ni siquiera están previstas para los seres humanos (dos paseos al día, una dieta equilibrada, evitarles estados de ansiedad, etc.). No hay objeciones al establecimiento de recomendaciones para el cuidado de los animales, pero el máximo de protección solo compete a la persona, en función de la dignidad que le es intrínseca, tal y como determinan la Constitución y los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos

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