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TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 5.ª, 229/2019, de 22 de febrero

SP/SENT/992871

Recurso 656/2017. Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO.

Un procedimiento de devolución de ingresos indebidos no interrumpe el plazo de prescripción de una acción de reclamación de responsabilidad patrimonial 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesto el precitado recurso, admitido a trámite y recibido el expediente administrativo, el aquí recurrente formalizó demanda en la que, reconociendo que lo que presentó (22 de abril de 2015) fue una solicitud de devolución de ingresos indebidos (35.544,76 €;, con sus intereses legales), correspondiente a la autoliquidación del impuesto de sucesiones (pagado el 7 de mayo de 2010), como consecuencia de la STJUE de 3 de septiembre de 2014 que declaró nula por contraria a derecho la discriminación sufrida por los no residentes, considera -como único argumento- que ""El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no puede ser un obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito presentado se deduzca su verdadero carácter, tal como determina el apartado 2 del artículo 110 de la citada Ley. Este artículo 110.2 dice textualmente "El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter", lo que no puede dudarse en nuestro caso, ya que en el escrito presentado figuraban todos los datos necesarios: del solicitante, del hecho que motiva la solicitud, los fundamentos de la petición y la petición. Lo anterior tiene que suponer necesariamente que la Administración al recibir el escrito de solicitud de ingresos indebidos lo tendría que haber tramitado como ejercicio de la acción de responsabilidad del estado, pues en esa fecha, como hemos visto en los hechos, estaba en p
lazo para el ejercicio de esta acción. Y a sensu contrario, el no haberlo hecho supone la violación del principio constitucional de tutela jurídica efectiva a la vez que un enriquecimiento injusto para la Administración, autora del precepto ilegal que dio lugar al ingreso de la cantidad reclamada. Si la Administración en el ejercicio de su labor de tutela hubiese bien informado o bien tramitado conforme a procedimiento de responsabilidad patrimon

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