Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia

Texto publicado el 19 de junio de 2020 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados).

(Nota de Prensa parcial del Consejo de Ministros de 9 de junio de 2020)

El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que trata de dar respuesta a la obligación de protección de las personas menores de edad establecida en la Convención sobre los Derechos del Niño, (adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990), en el artículo 3 del Tratado de Lisboa y en el artículo 39 de la Constitución Española.

Este Proyecto ha sido desarrollado en un amplio proceso de consultas y aportaciones con el resto de administraciones, las organizaciones especializadas en infancia y el conjunto de la sociedad civil.

El Comité de Derechos del Niño, con ocasión del examen de la situación de los derechos de la infancia en España en 2018, reiteró a nuestro país la necesaria aprobación de una ley integral sobre la violencia contra los niños y niñas, análoga a la aprobada contra la violencia de género.

Esta Ley responde a esta necesidad, e incluye medidas en muchos ámbitos (prevención, actuación en el nivel educativo, apoyo familiar, servicios sociales, sanidad, regulación de la publicidad, redes sociales, justicia…), teniendo en cuenta varias de las Observaciones Generales (12, 13 y 14) realizadas por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y los estándares internacionales desarrollados por el Consejo de Europa en sus distintos convenios.

Además, la Ley está orientada al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, en particular el Objetivo 16 ("Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas") y la meta 16.2 ("Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños").

En concreto, esta nueva norma persigue establecer un nuevo paradigma de prevención y protección común en todo el territorio del Estado frente a la vulneración de derechos que significa la violencia sobre la infancia y la adolescencia.