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Artículo Monográfico. Octubre 2020

SP/DOCT/106976

El fortalecimiento del derecho de defensa tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015

Bernardo Mestres Maza. Funcionario de la Administración de Justicia

RESUMEN En el presente trabajo se exponen las modificaciones operadas sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal a través de la LO 5/2015, de 27 de abril y la LO 13/2015, de 5 de octubre, que transponen a su vez tres directivas de la Unión Europea. Las reformas se analizan desde el punto de vista de afectación al derecho de defensa, que se configura como “sagrado” dentro de la estructura del proceso penal (SSTS 2320/1993, de 18 de octubre y 851/1993, de 4 de junio) y se estudiará en profundidad cómo han afectado dichas reformas al Estatuto del Investigado regulado en el art. 118 de la Ley, así como al Estatuto del Detenido o Preso previsto en el art. 520.

In this work, the modifications made to the Criminal Procedure Law are exposed through LO 5/2015, of April 27 and LO 13/2015, of October 5, which in turn transpose three directives of the Union European. The reforms are analyzed from the point of view of affecting the right of defense, which is configured as "sacred" within the structure of the criminal process (SSTS 2320/1993, of October 18 and 851/1993, of June 4) and how these reforms have affected them will be studied in depth to the Statute of the Investigated party regulated in art. 118 of the Law, as well as the Statute of the Arrested or Prisoner provided for in art. 520.

PALABRAS CLAVE derecho de defensa, estatuto del investigado, estatuto del detenido o preso

right of defense, status of the investigated, status of the arrested or prisoner

I. Presentación
El interés que suscita el presente trabajo arranca con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECrim) a través de dos normas con rango de Ley Orgánica dada su afectación directa a derechos a fundamentales regulados en el art. 24 de la Constitución Española; la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril (SP/LEG/17499), sobre derechos de interpretación, traducción e información en los procesos penales (publicada en el BOE núm. 101, de 28/04/2015) y la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre (SP/LEG/18523), de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica (publicada en el BOE núm. 239, de 06/10/2015).
En este punto cabe destacar que por acuerdo del Consejo de Ministros de 02/03/2012 Nota el Ministerio de Justicia creó una Comisión Ministerial a fin de que impulsara la elaboración
de un Código Procesal Penal, que viniese a paliar el carácter anacrónico de la LECrim, promulgada en el año 1882, tratando de sustituir un texto que ha sobrevivido los más variados regímenes políticos, pasando desde la monarquía de Alfonso XII y Alfonso XIII, las dictaduras de Antonio Primo de Rivera (1923-1930), la II República (1931- 1936), la Guerra Civil española (1936-1939), la dictadura franquista (1939-1975), así como la vigente Constituc

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