Notas confidenciales, filtraciones públicas y limitaciones de derechos fundamentales en fase de investigación delictiva: a propósito del caso Cursach

RESUMEN

RESUMEN

El propósito del presente estudio es analizar los alcances y límites de la libertad de información del periodista, cuando estos colisionan con la administración de justicia, en concreto, con las diligencias de investigación policial de un delito, en fase pre-procesal surgida de una confidencia Muchos derechos salen a luz como el de la intimidad, el honor la presunción de inocencia, y en definitiva el derecho a un proceso con todas las garantías. Bajo el principio rector de, “no todo es válido para conseguir el descubrimiento de la verdad”, nuestro Tribunal Supremo desarrolla una doctrina jurisprudencial muy valiosa, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En efecto, las diligencias de investigación penal, ante hechos presuntamente delictivos, ya sean policiales o judiciales, deben realizarse dejando a salvo las garantías constitucionales de los derechos y libertades fundamentales, por lo que en cada caso habrá que ponderar si las intromisiones que tales investigaciones suponen son legítimas, para lo que resulta necesario atender a la confrontación de los intereses en conflicto. Igualmente, en una sociedad tecnológica como la nuestra, con transferencias de comunicación e información vertiginosa, deben asegurarse los derechos constitucionales a transmitir, recibir información veraz y al secreto profesional y esta protección no se agota en la dimensión subjetiva de sus titulares, sino que trasciende a una dimensión objetiva y se constituyen en pieza clave de nuestro Estado social y democrático de Derecho: sin una prensa libre que cuente con un marco adecuado de protección no es posible el desenvolvimiento de una sociedad democrática. La reforma de la LECrim de 2015, que incorpora por primera vez, el respeto al principio de proporcionalidad penal, como principio claudicante en toda fase de investigación, y concreto, en la práctica de las diligencias de investigación tecnológica policial, saca a la luz a raíz del caso Cursach, las deficiencias actuales en la coordinación de la policía con Fiscalía y ésta con el órgano judicial instructor, echando en falta una ley habilitante para la actuación investigadora de la fuerza policial. Las noticias, o informaciones confidenciales, no pueden ser aunque se consideren fidedignas, fundamento por sí solas, de una medida cautelar o investigadora que implique el sacrificio de derechos fundamentales y en ese sentido, nuestra propuesta es modificar la reglamentación policial existente, a nuestro modo de ver, anacrónica y desfasada. Sería conveniente potenciar que se arbitren los mecanismos para que la práctica de la prueba se lleve con las máximas garantías dentro del proceso, sin merma de ningún derecho fundamental.