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TJCE/TJUE, Sala Gran Sala, de 25 de julio de 2018. Recurso C-216/18 PPU

Ponente: R. Silva de Lapuerta
SP/SENT/963705
 La ejecución de la Orden Europea de Detención y Entrega constituye el principio, mientras que su denegación se concibe como una excepción, que ha de ser objeto de interpretación estricta
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 El grado de confianza elevado entre los Estados miembros se basa en la premisa de que los órganos judiciales penales de los demás Estados miembros cumplen las exigencias de la tutela judicial efectiva, independencia e imparcialidad
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 La denegación de la OEDE solo cabrá cuando exista una decisión del Consejo Europeo que haya constatado violación grave y persistente de los principios del Estado de Derecho por el Estado emisor y la suspensión de la aplicación de la Decisión Marco
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 La autoridad de ejecución realizará comprobaciones cuando consten datos que parezcan acreditar la existencia de riesgo real de violación del derecho fundamental a juicio equitativo, por deficiencias sistémicas en el poder judicial del Estado emisor
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ANTECEDENTES DE HECHO
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
El 1 de febrero de 2012, el 4 de junio de 2012 y el 26 de septiembre de 2013, los órganos jurisdiccionales polacos emitieron tres órdenes de detención europeas (en lo sucesivo, «ODE») contra el interesado, con vistas a su detención y a su entrega a dichos órganos jurisdiccionales a efectos de su enjuiciamiento penal, en particular por tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas.
El 5 de mayo de 2017, el interesado fue detenido en Irlanda, en virtud de dichas ODE, y compareció ante el tribunal remitente, la High Court (Tribunal Superior, Irlanda). Informó a dicho tribunal de que no consentía en su entrega a las autoridades judiciales polacas y fue encarcelado en espera de una decisión sobre su entrega a dichas autoridades.
En apoyo de su oposición a la entrega, el interesado alega, en particular, que la entrega lo expondría a un riesgo real de denegación de justicia flagrante, contraria al artículo 6 del CEDH. A este respecto, el interesado sostiene, en concreto, que las recientes reformas legislativas del sistema judicial de la República de Polonia lo privan de su derecho a un proceso equitativo. En su opinión, estas reformas socavan fundamentalmente la base de la confianza mutua entre la autoridad emisora de la orden de detención europea y la autoridad de ejecución de tal orden, lo que pone en entredicho el funcionamiento del mecanismo de