CARGANDO...
Brand
  • Clasificadores del documento
    • FAMILIA
        • Aspectos Procesales
            • Ejecución
    • PROCESAL
        • Costas
            • Condena
                • Costas de Ejecución Forzosa
        • Ejecución y Medidas Cautelares
            • Ejecución Disposiciones Generales
                • Costas De Ejecución Forzosa
                • Ejecución Oposición
                    • (*General) Ejecución Oposición
                • Procesos De Familia y Sucesorios

Opinión. Abril 2020

SP/DOCT/104308

La complicada interrelación entre las costas de la ejecución y de la oposición a la ejecución

Miguel Guerra Pérez. Director de Sepín Proceso Civil. Abogado

RESUMEN En materia de costas de la ejecución nos encontramos con una doble regulación: por un lado, los arts. 539.2 y 583 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; por otro lado, la norma rituaria contempla las costas de la oposición a la ejecución, que es un incidente dentro de la fase ejecutiva y con su propio régimen en materia de costas, en los arts. 559.2, 561.1.1.ª y 2 LEC, pero ¿cuál es la interrelación entre ambas?

As regards costs of execution, there are two regulations: on the one hand, articles 539.2 and 583 of Law 1/2000, of 7 January, on Civil Procedure. On the other hand, the rituitary norm contemplates the costs of the opposition to the execution, which is an incident within the executive phase and with its own regime in matters of costs in sections 559.2, 561.1.1.ª and 2 of the LEC, but what is the interrelationship between both?

PALABRAS CLAVE Costas, ejecución, oposición a la ejecución.

Costs of execution, costs of the opposition to the execution.

I. Introducción
Hay que partir de dos ideas iniciales:
Por un lado, se encuentran las costas de la ejecución, que tienen una regulación propia independiente de las del procedimiento declarativo o especial del que trae causa. Dicha regulación la encontramos fundamentalmente en los arts. 539.2 y 583 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Esta regulación, sin embargo, adolece de silencios y muchas veces se cuestiona si son omisiones conscientes del legislador o simples lagunas legislativas. Así, por ejemplo, se discute si en ejecución se pueden aplicar los criterios y limitaciones que recoge el art. 394 LEC para los declarativos, como son la no imposición cuando existen dudas de hecho o de derecho o la aplicación o no del límite del tercio.
Por otro, la norma rituaria contempla las costas de la oposición a la ejecución, que es un incidente dentro de la fase ejecutiva y con su propio régimen en materia de costas en los arts. 559.2, 561.1.1.º y 2 LEC.
II. Costas de la ejecución
En el art. 539. 2 LEC se recoge la norma general en materia de costas en fase ejecutiva a cuyo tenor:
"En las actuaciones del proceso de ejecución para las que esta ley prevea expresamente pronunciamiento sobre costas, las partes deberán satisfacer los gastos y costas que les correspondan conforme a lo previsto en el artículo 241 de esta ley, sin perjuicio de los reembolsos que procedan tras la decisión del Tribunal o, en su caso, del Letrado de la Administración de Justicia sobre las costas.
Las costas del proceso de ejecución no comprendidas en el párrafo anterior serán a cargo del ejecutado sin necesidad de expresa imposición, pero, hasta su liquidación, el ejecutante deberá satisfacer los gastos y costas que se vayan produciendo, salvo los que correspondan a actuaciones que se realicen a instancia del ejecutado o de otros sujetos, que deberán ser pagados por quien haya solicitado la actuación de que se trate".
El legislador, en la citada norma general, parte de una premisa consistente en que cuando el ejecutante ha tenido que acudir a la ejecución y esta se despacha es porque se ha visto compelido a ello ante la falta de cumplimiento voluntario, y por eso impone las costas a la parte ejecutada, aun sin necesidad de expresa imposición. Creo que está presente la idea de favorecer la ejecución a toda costa, lo cual se vincula a la tutela judicial efectiva completa y al criterio resarcito
rio, lo cual es lógico y plausible. La justificación debe vincularse con la concesión del plazo de cortesía o espera del art. 548. El condenado dispuso de 20 días para cumplir voluntariamente y, por ello, en consonancia con la obligatoriedad de cumplir las resoluciones firmes, si el órgano judicial, transcurrido este plazo de cortesía, despacha ejecución, habría costas sí o sí.Sin embargo, la afirmación y premisa a

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave 

Formación Recomendada

Productos Recomendados