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Notas y Comentarios. Enero 2021

SP/DOCT/108104

Medidas de suspensión del desahucio y lanzamiento según Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, 1/2021, 19 de enero, y 8/2021, de 4 de mayo, que modifican el RDL 11/2020, de 31 de marzo

Begoña Costas de Vicente. Directora de Sepin Arrendamientos Urbanos. Abogada

RESUMEN El Real Decreto-Ley 37/2020, de 22 de diciembre, de Medidas Urgentes para hacer frente a las Situaciones de Vulnerabilidad Social y Económica en el Ámbito de la Vivienda y en materia de Transportes, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2020, amplió la suspensión del desahucio y los lanzamientos hasta el 9 de mayo de 2021, y añadió el art. 1 bis, modificando el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo. El Real Decreto-Ley 8/2021, de 4 de mayo extiende esta posibilidad hasta el 9 de agosto de 2021.

Royal Decree-Law 37/2020 of 22 December, Urgent Measures to Address Situations of Social and Economic Vulnerability in housing and transport, with the entry into force on 23 December 2020, extended the suspension of eviction and launches until 9 May 2021, and added Article 1a, amending DRL 11/2020 of 31 March. Royal Decree-Law 8/2021 of 4 May extends this possibility until 9 August 2021.

PALABRAS CLAVE COVID-19, arrendamiento de vivienda, desahucio

COVID-19, housing lease, eviction

Nota Editorial: El plazo para solicitar la suspensión del desahucio y lanzamientos ha sido ampliada hasta el 9 de agosto de 2021 por Real Decreto-Ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el RD 926/2020, de 25 de octubre.
Introducción
El Gobierno había considerado necesario en el mes de octubre de 2020 ofrecer una respuesta a la grave situación de aquellas personas y hogares que estaban experimentando con mayor crudeza los efectos de la pandemia, en un contexto marcado por la declaración de un estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por COVID-19, a través del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaró el estado de alarma, que fue prorrogado en virtud del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre.
Desde el mes de marzo de 2020 se habían ido adoptando importantes medidas a efectos de paliar la situación a través del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, como es el periodo de suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos, cuando afecten a arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional, medida que se ha ido adaptando de forma progresiva a la evolución de la situación, extendiendo su alcance temporal, a través del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, y del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.
El Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, con entrada en vigor el 23 de dic
iembre, recogía en el Capítulo I las diferentes medidas urgentes adoptadas para hacer frente a determinadas situaciones de vulnerabilidad en el ámbito de la vivienda. Con posterioridad, unas semanas después, se aprueba el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, con entrada en vigor el 21 de enero de 2021, que, en la Disposició

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