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Artículo Monográfico. Abril 2019

SP/DOCT/82064

Competencia para ejecución de jura de cuentas

Antonio Fraga Mandián. Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 8 de A Coruña

Notas previas
El objeto del presente artículo es el estudio de la competencia para la ejecución de las reclamaciones por parte de abogados y procuradores en los procedimientos conocidos como de jura de cuentas regulados en los arts. 34 y 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero (en adelante LEC) cuando se hayan tramitado los mismos en un órgano judicial diverso a aquel en que se ha sustanciado la primera instancia del procedimiento en el que se han generado. Esto acontece respecto a los honorarios, derechos y gastos reclamados por abogados y procuradores y devengados en recursos devolutivos, por ejemplo, de apelación o casación.
Expondremos, en primer lugar, la tesis jurisprudencial, y, en segundo término, la que mantenemos y que difiere de aquella.
I. Tesis jurisprudencial
Las diversas resoluciones (autos) del Tribunal Supremo que se han pronunciado al respecto se inclinan porque lo más adecuado es considerar que será competente el que ha conocido del proceso principal en primera instancia, y no el órgano judicial que conoció de los recursos frente a las diversas resoluciones judiciales (que no tienen por qué ser sentencias, pues los autos también pueden acceder a recursos devolutivos) y ante el que se han tramitado las reclamaciones con amparo en los arts. 34 y 35 LEC.
La postura del Alto Tribunal defiende que es el órgano judicial ad quem el que dicta auto despachando ejecución, bien si el deudor no paga ni formula oposición, bien tras desestimar la oposición (art. 34.2 y 3 LEC) y al tiempo acuerda entregar testimonio del mismo al profesional reclamante para que acuda al órgano judicial que hubiera tramitado el proceso principal en primera instancia para la vía ejecutiva.
Aun cuando el art. 34 utiliza en sus apdos. 2 y 3 (con oposición o sin ella) la palabra "apremio" para el primer caso, y "se despachará ejecución" para el segundo, en realidad, lo procedente será siempre despachar ejecución, y es que la "vía de apremio" es una fase de la ejecución, y, además, de la dineraria, concepto, por lo tanto, mucho más restringido que el despacho de ejecución, y así la ejecución se regula en el Libro III LEC, y el procedimiento de apremio, entendido como la rea
lización de los bienes previamente embargados, en el Capítulo IV del Título IV de aquel libro tercero. De este modo, cuando no hay oposición tal despacho se contiene ya en el auto que pone fin al procedimiento de jura de cuentas, y cuando se formula oposición, en primer lugar se dicta auto determinando la cantidad adeudada, si es el caso, apercibiéndole de apremio si el pago no se efectúa en el plazo de cinco días, y solo transcurrido este podrá

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