TC, Pleno, 13/2019, de 31 de enero. Recurso 2501/2016. Con Comentarios
Ponente: Andrés Ollero Tassara
SP/SENT/988824
EXTRACTOS
Procede declarar la inconstitucionalidad del art.3 de la Ley catalana 24/2015 que invade la competencia en materia procesal que corresponde al Estado "procedimiento judicial para la resolución de situaciones de sobreendeudamiento"
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Inconstitucionalidad art. 4 y D.A. Ley Cataluña 24/2015, al establecer un régimen obligacional del fiador en préstamos hipotecarios y una regulación sobre el importe que ha de pagar el deudor para liberarse del crédito hipotecario, respectivamente
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Voto Particular D.Juan Antonio Xiol Ríos. Ambas disposiciones están amparadas en las competencias autonómicas en materia de consumo y de vivienda, además de encuadradas en la competencia establecida en el artículo 129 EAC
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ANTECEDENTES DE HECHO
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 5 de mayo de 2016, el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, interpone recurso de inconstitucionalidad contra los artículos. 2.2, 3, 4, 5 (apartados 1 a 4 y 9) y 7; así como las disposiciones adicional, transitoria segunda (apartados 1 y 2, en lo relativo a la aplicación del art. 7) y final tercera, de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Invoca los artículos 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a fin de producir la suspensión de la aplicación de los preceptos impugnados.
El Abogado del Estado subraya la similitud entre estas previsiones y las de las Comunidades Autónomas de Andalucía (Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, y Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda), Navarra (Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda), Canarias (Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2013, de vivienda) y País Vasco (Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda), igualmente impugnadas por el Presidente del Gobierno (recursos de inconstitucionalidad núms. 4286/2013, 7357/2013, 6036/2013 y 1824/2015, respectivamente). Señala también que desde 2012 el Estado habría adoptado medidas destinadas a cumplir el objetivo pers