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Artículo Monográfico. Febrero 2018

SP/DOCT/73153

De la responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital por deudas insatisfechas con la Seguridad Social

D. José Ramón Parra Bautista. Socio Director Lealtadis Abogados. Profesor asociado al área de derecho mercantil de la Universidad de Almería

I. De la prerrogativa recogida en el art. 18.3 de la Ley de la Seguridad Social y el marco normativo de remisión que efectúa dicha norma
II. La Responsabilidad por daños y su imposibilidad de ser ejercida por la vía recogida en el art. 18.3 TRLGSS
III. La responsabilidad solidaria por no haber promovido la disolución de una sociedad de capital o, en su caso, no haber solicitado la declaración de concurso
1. Regulación mercantil de este supuesto de responsabilidad
2. De la aplicación, en el ámbito administrativo, de la limitación de la responsabilidad, recogida en el art. 367 TRLSC, a las obligaciones acaecidas con posterioridad a la concurrencia de la causa de disolución
3. Exoneración de responsabilidad de los administradores sociales por incumplimiento de los deberes legales referentes a su obligación de disolución de la sociedad
4. En cuanto a la responsabilidad por no haber solicitado el concurso de acreedores, conforme indica el art. 367 TRLSC
A) El incumplimiento de la obligación de solicitar el concurso de acreedores como causa sobre la que justificar la exigencia la responsabilidad a los administradores sociales
B) De cómo el incumplimiento de la obligación de solicitud de concurso constituye un presupuesto de responsabilidad de los administradores sociales, en caso de insolvencia de la sociedad, aun cuando no concurra de forma simultánea una causa de disolución de la compañía
C) De cómo el incumplimiento de la obligación de solicitud de concurso constituye un presupuesto de responsabilidad de los administradores sociales, en caso de insolvencia de la sociedad, siempre que concurra de forma simultánea una causa de disolución de la compañía
D) De la postura mayoritaria seguida por los Tribunales del Orden Mercantil
E) De la limitación de la responsabilidad prevista en el art. 367 TRLSC
IV. De las reglas de distribución de la carga de la prueba
V. De la posible responsabilidad exigible a los administradores con cargos caducados o a aquellos que renuncian a su cargo cuando existen obligaciones insatisfechas
1. Del supuesto de caducidad del cargo como administrador social
2. Del supuesto de renuncia al cargo de administrador social
3. Conclusión
I. De la prerrogativa recogida en el art. 18.3 de la Ley de la Seguridad Social y el marco normativo de remisión que efectúa dicha norma
El art. 18.3 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante TRLGSS) –antes recogido en el art. 15 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio– regula la facultad que se otorga a la Administración a fin de que pueda exigir, en régimen de autotutela, y por tanto sin tener que acudir a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional mercantil, el cumplimiento y pago de las cuotas de la Seguridad Social a aquellos que, con arreglo a cualquier norma de rango legal, sean responsables en cualquier grado, o sucesores, del deudor principal. A estos efectos, el referido precepto dispone lo que sigue:
"3. Son responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar y del pago de los demás recursos de la Seguridad Social las personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad a las que las normas reguladoras de cada régimen y recurso impongan directamente la obligación de su ingreso y, además, los que resulten responsables solidarios, subsidiarios o sucesores mortis causa de aquellos, por concurrir hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos que determinen esas responsabilidades, en aplicación de cualquier norma con rango de ley que se refiera o no excluya expresamente las obligaciones de Seguridad Social, o de pactos o convenios no contrarios a las leyes. Dicha responsabilidad solidaria, subsidiaria o mortis causa se declar
ará y exigirá mediante el procedimiento recaudatorio establecido en esta ley y en su normativa de desarrollo".Con la referida regulación, introducida por primera vez por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social <a href="javascript:void(null);" class="nota_en_documento" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="La citada norma entró

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