SP/DOCT/106726
Artículo Monográfico. Julio 2020
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV): el derecho y el deber de trabajar
Fernando Sicre Gilabert. Doctor en Derecho y Doctor en Ciencias Económicas. Inspector de Trabajo y Seguridad Social
RESUMEN
Análisis de la situación actual de las figuras del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), recientemente aprobado por el RD-ley 20/2020, de 29 de mayo, como asistencia social. Ambas son cuestiones impuestas por la inercia de los acontecimientos, dado los compromisos electorales adquiridos. Examen económico de ambas figuras frente al uso generalizado del “contrato de colaboración social”, que sería más fiable por la finalidad de poner a disposición de determinadas entidades elementos para mejorar la experiencia laboral de los trabajadores en situación de desempleo y facilitar el acceso al mercado de trabajo.
PALABRAS CLAVE
Salario Mínimo Interprofesional; Ingreso Mínimo Vital; Mercado de trabajo; Producción
1. Introducción
Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Máxime hoy en día, cuando un altísimo porcentaje de la población obtiene las rentas necesarias para vivir del trabajo, bien por cuenta propia o ajena. Pero, la ineficiencia regulatoria del Estado impide el equilibrio en el mercado de trabajo. El desempleo en España es un problema de carácter estructural. En 2007, momento de menor tasa de desempleo en los últimos cuarenta años, con una economía sobrecalentada, la tasa de desempleo se situó en el 7,93% en el segundo trimestre del año.
El Estado de bienestar requiere la generación de renta por toda la población. No sólo por algunos. El principal problema es por tanto la erradicación del desempleo. La ingente cantidad de gasto que supone todos los años financiar prestaciones públicas de toda índole exige el concurso de todos, y no solo el de algunos. La legislación promulgada en estos dos años ha sido contraria a la generación de riqueza que permitiera crear empleo. Ha impedido de manera sistemática incrementar el índice de productividad del factor de producción trabajo, que permita incrementar el índice competitividad empresarial. Todas las decisiones legislativas de la era del Presidente Sánchez son contrarias a incentivar dicho concepto. El incremento del salario mínimo es un clamoroso ejemplo.
El Consejo de Ministros aprobó el RD-ley 20/