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AP Lleida, Sec. 2.ª, 64/2020, de 12 de marzo

SP/AUTRJ/1051496

Recurso 56/2019. Ponente: BEATRIZ TERRER BAQUERO.

El procedimiento de jura de cuentas es un procedimiento sumario con garantías limitadas 
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La procuradora ha cumplido con sus funciones con relación al recurso de apelación mencionado, por lo que se habrían devengado sus derechos por tales actuaciones 
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La vigencia del arancel de procuradores es admisible conforme a la Ley, siendo que además se han mantenido en vigor las normas procesales que prevén la retribución mediante arancel 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. En el presente proceso, el/la Procurador/a Maria Jose Altisent Camarasa, en nombre y representación de Constancio, presentó un escrito en el que interponía un recurso de revisión contra el Decret núm. 10/2020 de fecha 31/01/2020.
SEGUNDO. Admitido a trámite el recurso, se ha dado traslado del mismo a las demás partes personadas, por plazo común de cinco días, dentro del cual la procuradora Rosalia ha presentado escrito impugnando el recurso formulado de contrario.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. En los presentes autos se presentó escrito por la Procuradora Sra. Rosalia instando el procedimiento de jura de cuentas de Procurador, respecto a los derechos devengados por su actuación como Procuradora con relación al recurso de apelación objeto del Rollo 663/2016, frente a su cliente Sr. Constancio.
La Procuradora tasa sus derechos en total en 33.204,62 €; más IVA por su intervención en la segunda instancia, partiendo del Arancel de derechos de los Procuradores de los Tribunales (RD 1373/2003), respecto de su representación conjuntamente de tres codemandados que se opusieron al recurso de apelación, reclamado la tercera parte de dicho importe al Sr. Constancio, más 18,57 €; y más el IVA correspondiente, lo que determina un importe total reclamado de 13.414,99 €;.
Incoado el procedimiento previsto en el art. 34 LECivil, el Sr. Constancio presentó impugnación que ha sido resuelta en el Decreto nº 10 de 31 de enero de 2020, desestimando la misma y fijando la cuantía de los derechos de la Procuradora en 13.414,99 €; por apreciar que no hay ninguna prueba que determine que la Procuradora haya incumplido sus deberes del art. 26 LECivil, y que, examinados los autos del Rollo nº 663/2016, se valora que ha cumplido con sus funciones, constando el apoderamiento notarial; poniendo de relieve que la fijación en 2.000 €; de los derechos de la Procuradora que propone la impugnante no se ajusta a ningún criterio establecid
o.En el recurso de revisión interpuesto ahora contra dicho Decreto por el Sr. Constancio se reiteran las alegaciones de la impugnación, alegando la vulneración del art. 246 LECivil y del art. 24 CE con relación al derecho a la tutela judicial efectiva. Se cuestiona el devengo de los derechos de la Procuradora, por incumplir con una serie de obligaciones y por el defecto de información que le imputa el recurrente; e

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