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Jurisprudencia Comentada. Marzo 2019

SP/DOCT/81845

El TC se pronuncia: la Ley 5/2018, de 11 de junio, no vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio ni a una vivienda digna TC, Pleno, 28-2-2019 SP/SENT/994068

Kristina Nikolaeva Georgieva. Redacción Jurídica de Sepín Proceso Civil

Comentario
Como consecuencia de la compleja y dura realidad socioeconómica, se ha producido, en los últimos años, un considerable número de desahucios de personas y familias en sobrevenida situación de vulnerabilidad económica y de exclusión residencial. Por esta razón el día 12 de junio de 2018, el BOE publicó la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas (SP/LEG/24248).
La Ley 5/2018, de 11 de junio, consta de un artículo único, una disposición adicional y dos disposiciones finales. El artículo único reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil, añadiendo un apartado 4 al art. 150, modificando el numeral 4.º del apdo. 1 del art. 250, e incorporando un apdo. 3 bis al art. 437, un apdo. 1 bis al art. 441 y un apdo. 1 bis al art. 444. Con ello se pretende, según el preámbulo, adecuar y actualizar el tradicional interdicto de recobrar la posesión para una recuperación inmediata de la vivienda ocupada ilegalmente. La disposición adicional de la Ley 5/2018 ordena a las Administraciones públicas competentes establecer medidas ágiles de coordinación y cooperación con los responsables de los servicios sociales, a fin de dar respuesta adecuada y lo más inmediata posible a aquellos casos de vulnerabilidad que se detecten en los procedimientos conducentes al lanzamiento de ocupantes de viviendas.
Con fecha 11 de septiembre de 2018 se presentó un recurso de inconstitu
cionalidad por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, contra la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con la ocupación ilegal de viviendas.Los recurrentes consideraban, entre otros, que la Ley vulneraba el derecho a la inviolabilidad del domicil

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