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Opinión. Enero 2019

SP/DOCT/81279

El arbitraje y la mediación para los contratos agrarios de Castilla y León: postureo legislativo

Gema Murciano Álvarez. Redacción Jurídica de Sepín. Analista y gestora de conflictos. Abogada

El 20 de noviembre de 2018, entró en vigor el Decreto 47/2018, de 31 de octubre, por el que se crea la junta de arbitraje y mediación para los contratos agrarios en Castilla y León.
A priori, esta es una muy buena noticia, si atendemos a su preámbulo. En él se incluye el razonamiento que lleva a la adopción de la creación de estas juntas: el sector agrario está obligado a una continua adaptación a las nuevas condiciones del mercado, a la creciente sensibilidad de la sociedad con la calidad y la seguridad alimentaria y al establecimiento de métodos de producción compatibles con el mantenimiento y la mejora del medio ambiente.
Esta multiplicidad de elementos que deben conjugarse en la formalización de un contrato agrario, sin duda, aumentan las posibilidades de discrepancias en la interpretación de las cláusulas contractuales.
Con el objeto de lograr estabilidad, mediante este Decreto se pretende la introducción en los contratos agrarios de fórmulas extrajudiciales de resolución de conflictos, el compromiso de la Administración de acercar a las partes a estas fórmulas y la creación de dos juntas especialistas, tanto en arbitraje y mediación como en el sector agrario y agroalimentario. A estos efectos, estas juntas tendrán la consideración de un órgano vinculado a la Conserjería de Agricultura y Ganadería, evitando así cargas administrativas innecesarias, algo en línea con lo preceptuado en el art. 6, que ex
presa que no podrán generar aumento de las dotaciones presupuestarias.Como regla general, el acceso a este órgano será telemático.Con esta norma nace una nueva figura: el defensor de la cadena alimentaria, que es quien ostentará la presidencia compartida de ambos órganos. Al defensor de la cadena alimentaria le acompañarán en su labor dos vocales por cada sec

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