Desde la publicación de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, nadie puede dudar de la vigencia del principio de inmediación, como integrante fundamental del derecho a un proceso con todas las garantías en todas las fases del proceso civil. Lejos quedan aquellas resoluciones del Tribunal Constitucional que no consideraban la inmediación como un requisito esencial en los procesos civiles, entendiendo que su inobservancia no tenía ni dimensión constitucional ni consecuencia alguna Nota , y que se han visto superadas por la realidad legislativa, al introducirse expresamente en el Capítulo III del Título V del Libro I LEC, como parte integrante del proceso civil.

El principio de inmediación aparece indefectiblemente unido al principio de oralidad y al de publicidad de las actuaciones. Por esta razón, nadie dudaba desde el primer momento de su plena vigencia en todas las fases del proceso penal y son numerosas las resoluciones, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, que sancionan con nulidad la vulneración del citado principio. Sin embargo, fue necesario que se instaurara el principio de oralidad en el proceso civil para que cobrara vigencia el principio de inmediación y, aunque en lo que se refiere a la primera instancia no parece plantear problema alguno, por las características de la ap