1. El 22 de octubre de 2010, tuvo entrada en el registro general del Tribunal Constitucional un escrito del Letrado don Arturo García-Tizón López que, comisionado por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, interpone recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 128-1, apartados primero y segundo; 211-5; 331-3, apartados a) y h); 331-4, apartados e) y f); 331-6, apartados h), k) y l); 332-2, apartado primero; 332-3, apartado primero b) y 333-1, apartados primero a) y b) de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña. La fundamentación que sustenta la impugnación se resume a continuación:

a) Los recurrentes comienzan su escrito de interposición poniendo de relieve que la norma impugnada se ha dictado tras la publicación de la STC 31/2010, de 28 de junio, relativa al Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), sin que el legislador autonómico tuviera en cuenta los pronunciamientos contenidos en dicha sentencia. La interposición del recurso pretende la declaración de inconstitucionalidad de una serie de preceptos de la ley impugnada, pero el eje de la vulneración es el artículo 128-1 que reconoce un derecho a los consumidores, y por ende, impone una correlativa obligación a las empresas, de ser atendidos de forma oral y escrita en catalán si así se lo exigen, y el de recibir determinada información en lengua catalana. Los demás preceptos se relacionan de manera directa o indirecta con el artículo 128-1. Los preceptos