El procedimiento administrativo sancionador. Real Decreto 1398/1993

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAPyPAC), dedica su Título IX a la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas, llevando a cabo la consagración legal de una serie de principios básicos predicables tanto de la potestad sancionadora en sí (principios de legalidad, irretroactividad, proporcionalidad, etc.) como del propio procedimiento sancionador (derechos del presunto responsable, presunción de inocencia, etc.). Por el contrario, en la LRJAPyPAC no encontramos un desarrollo del procedimiento para el ejercicio del ius puniendo de la Administración, sino que se limita, en su art. 127, a señalar que la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio, ratificando en su art. 134 que "el ejercicio de la potestad sancionadora requerirá procedimiento legal o reglamentariamente establecido". Pues bien, ese procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora al que se refería la LRJAPyPAC es el plasmado en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. Como su propia Exposición de Motivos establece, este Reglamento tiene una intención racionalizadora, al configurar un procedimiento general que permita la reducción del número de procedimientos sancionadores, sin perjuicio de la existencia de los procedimientos específicos necesarios para los ámbitos sectoriales correspondientes.