Procedimiento Administrativo Sancionador adaptado a las nuevas leyes 39/2015 y 40/2015

Procedimiento Administrativo Sancionador adaptado a las nuevas leyes 39/2015 y 40/2015

Autor: Departamento Jurídico de Sepín Administrativo

Publicación: 1 / 2017

ISBN: 978-84-1332-711-2

Editorial: SEPIN

Referencia: 3471

Precio: 18

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Analizamos el procedimiento sancionador, que se recogía en el RD 1398/1993 y que, tras la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, ha quedado integrado como una especialidad dentro del procedimiento administrativo común; igualmente, se estudian los principios de la potestad sancionadora que aparecían regulados en la ya derogada Ley 30/1992 y que ahora, al no tratarse de principios "procedimentales" sino "orgánicos", encuentran encaje en la nueva Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Esta completa Guía no sólo incorpora la opinión de juristas expertos sino que va acompañada de las resoluciones judiciales más relevantes, de esquemas y de un caso práctico que le serán de ayuda e


Doctrina
El nuevo procedimiento sancionador tras las Leyes 39 y 40/2015. En especial, en materia de protección de datos
Breve síntesis de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público: principios del procedimiento sancionador y de responsabilidad de las Administraciones Públicas
La tramitación de un procedimiento sancionador de forma simplificada, ¿vulnera el derecho de defensa al prescindir del trámite de prueba?
Principios de la Potestad Sancionadora
Esquemas
Procedimiento Sancionador Administrativo
Procedimiento Sancionador Administrativo - Tramitación Simplificada
Caso Práctico
Procedimiento Administrativo Común y Procedimiento Sancionador
Jurisprudencia
Principio de Legalidad
La sanción disciplinaria al funcionario de Correos vulnera el principio de legalidad pues un mero reglamento no puede tipificar infracciones y sanciones, no pudiendo el vacío normativo atribuirse a los tribunales
Sanción por riesgo de derrumbe de fachada junto a vías de tren; no se vulnera el principio de legalidad; la actora propietaria no atendió los requerimientos del ayuntamiento y ministerio para repararla; ponderación juzgador conforme sana crítica
Irretroactividad
No se ha infringido el principio de tipicidad: la infracción apreciada consiste en transportar piezas de caza muertas a las proximidades del lugar donde fue abatido el animal sin que vayan acompañadas del precinto correspondiente
En el RD 1434/2002 no se preveía el consentimiento verbal del consumidor para el cambio de suministro de gas, y podía interpretarse que la grabación telefónica no garantizaba la identificación del usuario y la autenticidad del consentimiento prestado
Principio de Tipicidad
Las actas incorporadas al expediente sancionador no gozan de mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en Derecho y, por ello, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas
Principio de tipicidad; la empresa no puede invocar que desconociera sus obligaciones en relación con los reconocimientos médicos; los hechos constatados son constitutivos de la infracción tipificada en la norma
Responsabilidad
Las actuaciones de la inspección administrativa en cada caso particular gozan en nuestro sistema legal de presunción legal de certeza o de veracidad que les otorga, con un carácter general y para todas las actuaciones administrativas sancionadoras
El hecho es indudable y encaja en el tipo teniendo en cuenta que conforme al art. 130.1 LRJAP , las infracciones administrativas no son dolosas, bastando la mera culpa leve o negligencia leve para cometerlas
Principio de Proporcionalidad
Se cuestiona una indebida aplicación del principio de proporcionalidad de las sanciones en relación con los preceptos legales que se citan como infringidos en relación con el art. 131 de Ley 30/1992: la infracción denunciada ha sido correctamente encauzada
Sin constar la entrada en España ni arraigo familiar y existiendo condena penal por delito de resistencia, es preceptiva la expulsión del extranjero en situación irregular
Prescripción
La infracción urbanística no está prescrita, pues la notificación del decreto de inicio de este expediente sancionador actuó, por aplicación del art. 132.1 de la Ley 30/92, de efecto interrumptivo del plazo de cuatro años
No resulta de aplicación la prescripción del artículo 132.1 de la Ley 30/1992 pues la normativa autonómica no establece plazo temporal en materia de reposición de la legalidad urbanística
Concurrencia de Sanciones
La expulsión establecida en el régimen de comunitarios no vulnera el principio non bis in idem dado que no es una sanción, si no la consecuencia derivada de una circunstancialidad objetiva de que así lo impongan razones de orden público
No se ha vulnerado el principio non bis in idem por cuanto las obras ilegales se ejecutaron con posterioridad a la sentencia penal

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