Jurisprudencia y Resoluciones
Doctrina del Tribunal Supremo
Al discutirse si la inexactitud del folleto, según normativa contable y de valores, generó error vicio al adquirir acciones, no hay prejudicialidad, es irrelevante la decisión penal sobre falseamiento, además del derecho a proceso sin dilaciones
Las diligencias previas del proceso tienen por objeto un presunto delito de falsedad documental que puede afectar a la resolución del procedimiento civil, por lo que se suspende por prejudicialidad penal
El juez decide suspender el proceso civil por prejudicialidad penal hasta que decaiga resolución definitiva del proceso penal, ya que concurre misma identidad de objeto entre juicios y la resolución penal tiene influencia sobre el presente caso civil
El objeto del contrato de aprovechamiento por turnos quedó definido, sin que la posibilidad de optar a otros complejos en virtud de determinados programas de intercambio suponga su indefinición
Suspensión por prejudicialidad penal
La denuncia interpuesta por la apelante contra el psicólogo del IMELGA no es causa para suspender el procedimiento por prejudicialidad penal, pues ni consta que esté incoado el proceso penal, ni se dan los requisitos del art. 40 LEC
En un procedimiento de reclamación por una compraventa de participaciones sociales se acuerda la suspensión en el curso de las actuaciones por prejudicialidad penal, interponiendo la parte demandante recurso de apelación
Se suspende el procedimiento civil por prejudicialidad penal, al entenderse que la decisión que se adopte en el ámbito penal puede tener una repercusión directa y una influencia decisiva por ser la entidad demandante la querellante
Requisitos para que la prejudicialidad penal suspenda un procedimiento civil
Prejudicialidad penal por falsedad documental
En la causa, ha habido prejudicialidad penal pues se alegaba falsedad documental y en el proceso penal el informe de grafística de Guardia Civil señala que la firma era del causante y se descartaba firma en blanco; no cabe insistir en la falsedad
La imputación penal de algunos de los recurrentes en causa penal por delitos de falsedad y fraude societario permite apreciar la prejudicialidad penal y suspender las actuaciones civiles de desahucio hasta resolución del proceso penal
La falta de prueba de la influencia del proceso penal por el delito de falsedad en documento privado en relación al acta de la junta de propietarios sobre el proceso civil impide la prejudicialidad penal
Conforme art. 40 LEC, la suspensión que venga motivada por la posible existencia de un delito de falsedad de alguno de los documentos aportados se acordará, tan pronto como se acredite que se sigue causa criminal
El acusado realizó una clara imputación de falsedad documental y estafa procesal para alargar el proceso de desahucio: hay denuncia falsa
Desahucio por precario al no acreditarse indefensión por incomparecencia de la representación procesal del demandado, ni la existencia de prejudicialidad penal donde se dictó auto de archivo
Prejudicialidad penal por estafa
En procedimiento de desahucio por precario, no se estima la prejudicialidad penal pues la decisión del tribunal penal sobre existencia del delito de estafa no influirá en el procedimiento, ya que no afecta a la condición de propietaria de la actora
No existe prejudicialidad penal pese a haberse instado un proceso penal de estafa contra el presidente de la comunidad que permitió el cerramiento que ahora la sentencia exige que se derribe ya que si se estima se podrá promover la revisión
Se aprecia prejudicialidad penal, pues consta que las actoras han presentado un escrito en el que imputan actos constitutivos de un delito de estafa y apropiación indebida, directamente relacionados con el crédito que invocan las actoras
La interposición y admisión a trámite de la querella sobre estafa y falsedad se estima puede influir en el presente procedimiento por lo que ha de estimarse la existencia de prejudicialidad penal
Concurren los requisitos del art. 40 LEC a fin de ordenar la suspensión del procedimiento cambiario por prejudicialidad penal toda vez que los cuatro pagarés que intentan ejecutarse se hallan sometidos a procedimiento penal por falsedad y estafa
Prejudicialidad penal por alzamiento
No correspondía la suspensión del proceso por prejudicialidad penal pues la denuncia por alzamiento de bienes y estafa procesal dirigida frente al actor no influye en la condición de arrendador que adquirió por el contrato aunque no fuese propietario
Procede el alzamiento de la suspensión del embargo sobre los bienes de los codemandados al no concurrir los requisitos de prejudicialidad penal porque ya existe una sentencia firme que declara como hecho probado el objeto de la ejecución
Prejudicialidad penal por usurpación
No existe prejudicialidad penal alegada por el arrendatario demandado dado que el pleito civil de desahucio por precario versa sobre la ocupación sin título y el penal lo es por usurpación pretendiendo averiguar la identidad de los ocupantes
Desahucio por precario pues no puede entenderse que exista prejudicialidad penal aunque estuviera pendiente el procedimiento penal a que hace referencia la apelante, ni ocupa la vivienda en virtud de contrato de arrendamiento
Aún cuando existiera una instrucción penal basada en la existencia de una usurpación de la vivienda, ello no sería impedimento para el desahucio por precario, que puede ser enjuiciado y decidido con abstracción del resultado del proceso penal
Prejudicialidad penal por impago de pensiones
Aunque existan varias denuncias por el impago de pensiones ello no afectará al proceso civil de ejecución de sentencia donde se pretende la ejecución y el pago de la pensión alimenticia, no procediendo la prejudicialidad penal
Debió haberse suspendido la ejecución civil por prejudicialidad penal sólo respecto de las pensiones alimenticias que se estaban reclamando en sede penal, sin embargo, como ya existe sentencia absolutoria no hay peligro de doble reclamación
Es improcedente la prejudicialidad penal alegada porque se haya iniciado el proceso penal por el delito de impago de pensiones, pues la decisión de este tribunal no va a incidir en la ejecución civil planteada posteriormente
Prejudicialidad penal en proceso de familia
No cabe declarar la nulidad de actuaciones por no haber estimado prejudicialidad penal por haber una causa penal por sustracción de menores incoada contra la madre, pues la LEC no lo prevé; además, ese proceso penal ha sido archivado
El sobreseimiento de la causa penal contra el progenitor impide mantener la prejudicialidad penal debiendo continuar el proceso civil y acordarse la continuación de régimen de visitas para el mismo
Tampoco hay nulidad por no haber apreciado prejudicialidad penal por haberse abierto proceso penal contra la albacea, pues hace falta que afecte a la decisión que se vaya a tomar y no es algo aplicable a jurisdicción voluntaria como este proces
Caso acciones Banco Popular
La petición de prejudicialidad penal contenida en el recurso pretende la desestimación de la demanda, sin que exista una solicitud expresa de suspensión del procedimiento, lo que hace inviable su acogimiento
La resolución que pudiera recaer en el previo proceso penal -absolutoria o de condena- no afectará de manera decisiva al presente civil, no es antecedente lógico de él por lo que el mismo habrá de seguir adelante hasta su conclusión
Similitud del caso planteado con la reclamación al Banco Santander por la adquisición de acciones del Banco Popular, a los supuestos de prejudicialidad penal en los casos de Bankia
Formularios
Escrito planteando cuestión prejudicial penal por estafa
Escrito planteando cuestión prejudicial penal por falsedad de documentos
Escrito presentado por los interesados de común acuerdo en el que solicita el alzamiento de la suspensión de la división de la herencia por estar pendiente causa penal en la que se investiga un delito de cohecho cometido en el avalúo de los bienes
Acciones banco popular. Alegaciones frente a la solicitud de suspensión del procedimiento por prejudicialidad penal
Idental: Alegaciones frente a la solicitud de suspensión del procedimiento por prejudicialidad penal
